Sergio Villalobos-Ruminott<\/b><\/p>\n
Parte 2<\/b><\/p>\n
Juristocracia<\/b><\/p>\n
La juristocracia es el resultado de la consolidaci\u00f3n de una cultura institucional y pol\u00edtica, basada en un mecanismo constitucional y jur\u00eddico en el que las demandas sociales son neutralizadas y diferidas por una burocracia institucional que no responde a los criterios tradicionales de legitimidad, sino a una l\u00f3gica auto-referencial de perpetuaci\u00f3n. Esta auto-referencialidad de las instituciones termina por subsumir la misma actividad pol\u00edtica y convertirla en simple administraci\u00f3n. M\u00e1s all\u00e1 del horizonte weberiano-habermasiano relativo al derecho y al orden burocr\u00e1tico como forma de racionalizaci\u00f3n y de colonizaci\u00f3n del mundo de la vida, nos interesa reparar ac\u00e1 en el an\u00e1lisis del constitucionalismo contempor\u00e1neo desarrollado por Ran Hirschl, quien, revisando los casos de Canad\u00e1, Israel, Nueva Zelanda, Sud\u00e1frica, cuestiona el aparente car\u00e1cter progresista de la llamada juridizaci\u00f3n de los derechos sociales; es decir, cuestiona la incorporaci\u00f3n de las demandas sociales al interior del marco jur\u00eddico constitucional que rige a cada pa\u00eds, precisamente porque dicho \u2018reconocimiento\u2019 jur\u00eddico funciona tambi\u00e9n como dilaci\u00f3n de tales demandas 1. En este sentido, lo que podr\u00eda ser perfectamente pensado como un progreso de la ley en t\u00e9rminos de derechos sociales, tiende a mostrarse como una forma de contenci\u00f3n y de neutralizaci\u00f3n de las luchas sociales que al ser traducidas al marco jur\u00eddico burocr\u00e1tico vigente en cada pa\u00eds, quedan en suspenso, pues el tiempo burocr\u00e1tico del orden institucional y de la Constituci\u00f3n difiere substantivamente del tiempo de la pol\u00edtica, entendida como algo m\u00e1s que una mera representaci\u00f3n parlamentaria.<\/p>\n
Hirschl inscribe su an\u00e1lisis en el horizonte del constitucionalismo desarrollado desde la Segunda Guerra Mundial, caracterizado por un presidencialismo anti-garantista y restrictivo, que termin\u00f3 por acoplarse flexiblemente con los procesos de liberalizaci\u00f3n econ\u00f3mica, hasta los primeros a\u00f1os del siglo XXI, momento en que una serie de reformas constitucionales y procesos constituyentes debieron ser puestos en pr\u00e1ctica, para ajustar los ordenes institucionales tradicionales a las nuevas l\u00f3gicas abiertas con el proceso de globalizaci\u00f3n. Sin embargo, dicha globalizaci\u00f3n, gen\u00e9ricamente descrita como integraci\u00f3n econ\u00f3mica y socio-cultural, en rigor fue propulsada por una serie de procesos hist\u00f3ricos bastante complejos, partiendo por la cancelaci\u00f3n de los Acuerdos de Bretton Woods, y la liberalizaci\u00f3n del d\u00f3lar, hasta la serie de transiciones de los a\u00f1os 1990 que comenzaron con la ca\u00edda del mundo\u00a0socialista y los procesos de democratizaci\u00f3n y pacificaci\u00f3n en Europa del Este y Am\u00e9rica Latina.<\/p>\n
En este contexto, la pacificaci\u00f3n de las guerras civiles en Centroam\u00e9rica y las transiciones a la democracia en el Cono Sur, fueron posibles gracias, en cierta medida, a la firma de un nuevo pacto social sobre las ruinas del anterior, destruido por la violencia militar. Esa fue la funci\u00f3n de los Informes de Derechos Humanos en la regi\u00f3n, pues su promesa de justicia y esclarecimiento permiti\u00f3, al menos a nivel simb\u00f3lico, realizar el duelo por las p\u00e9rdidas y abrirse a la posibilidad de elaborar un nuevo pacto social. Los l\u00edmites irremediables de estos Informes, la incapacidad institucional para cumplir las demandas de justicia y reparaci\u00f3n (en lo que se dio en llamar \u201cdemocracias tuteladas\u201d), la persistencia de grupos de poder capaces de evitar el nuevo marco jur\u00eddico y las mismas demandas provenientes de los procesos de acumulaci\u00f3n intensificados por el neoliberalismo, euf\u00f3ricamente abrazado por la mayor\u00eda de los gobiernos regionales hacia fines del siglo XX, determin\u00f3 en muchos casos, la emergencia de procesos de movilizaci\u00f3n social que terminaron en la elaboraci\u00f3n de nuevas constituciones (Venezuela, Colombia, Ecuador, Bolivia, etc.) y en la configuraci\u00f3n de una serie de gobiernos auto-declarados como post-neoliberales, asociados con la llamada Marea Rosada latinoamericana. La mayor\u00eda de estos nuevos gobiernos fueron, sin embargo, recientemente desplazados por una re-articulaci\u00f3n de la derecha latinoamericana, la que ahora complementa las intensificadas demandas del neoliberalismo con una ret\u00f3rica identitaria y ultra-conservadora, irracional e incluso salv\u00edfica 2.\u00a0<\/span><\/p>\n En Chile, por otro lado, la \u201creconfiguraci\u00f3n\u201d de una cultura juristocr\u00e1tica ya en los a\u00f1os 1980, permiti\u00f3 no solo la perpetuaci\u00f3n de la Constituci\u00f3n instaurada dicho a\u00f1o, sino que tambi\u00e9n hizo posible el aplazamiento infinito de las demandas de justicia, mientras los gobiernos de turno coincid\u00edan en profundizar el neoliberalismo 3. Para entender el alcance y la profundidad de la cultura pol\u00edtica e institucional juristocr\u00e1tica chilena debemos atender a los procesos hist\u00f3ricos que definen su actualidad, desde el golpe como interrupci\u00f3n del gobierno de Salvador Allende, el \u00faltimo gobierno perteneciente a la historia y al proyecto del Estado nacional y sus esfuerzos de realizaci\u00f3n; pasando por la brutal implementaci\u00f3n del neoliberalismo, en los a\u00f1os inmediatamente posteriores al golpe, incluyendo la imposici\u00f3n fraudulenta de la Constituci\u00f3n de 1980; hasta la expropiaci\u00f3n de la agencia pol\u00edtica democr\u00e1tica\u00a0de los movimientos sociales anti-dictatoriales (los que durante los a\u00f1os 1980s hab\u00edan logrado producir una crisis en el mando dictatorial), expropiaci\u00f3n llevada a cabo por la reconfiguraci\u00f3n del sistema de partidos pol\u00edticos, regulados por la constituci\u00f3n del 80 y su ley electoral, desde el a\u00f1o 1986 en adelante. De todo esto result\u00f3 una transici\u00f3n pactada a la democracia que dej\u00f3 fuera de las negociaciones a la sociedad civil, articulada a la nueva pol\u00edtica chilena mediante el mecanismo de la promesa y del reparto.\u00a0<\/span><\/p>\n En efecto, la juristocracia chilena est\u00e1 marcada por una tradici\u00f3n constitucionalista fuerte, brutalmente derogada y reconstituida en el r\u00e9gimen militar. Por supuesto, no podemos desplegar ac\u00e1 el argumento en su totalidad 4, pero es posible afirmar que el golpe cancela la historia republicana nacional, permite la implementaci\u00f3n del neoliberalismo bajo condiciones dictatoriales, lo que implica, a su vez, que la dictadura no tuvo solo una funci\u00f3n represiva relativa al containment <\/i>del comunismo, sino una dimensi\u00f3n productiva, relativa al redise\u00f1o de la sociedad chilena, nunca m\u00e1s conciliable con su \u201csupuesta\u201d tradici\u00f3n republicana 5. En \u00faltima instancia, el golpe y el redise\u00f1o que le acompa\u00f1\u00f3, trajo consigo una nueva concentraci\u00f3n del poder, de la riqueza y de la propiedad en una nueva clase o sector dominante que ya no respond\u00eda a la clase dominante tradicional, en sus versiones mercantilistas o latifundistas. Este nuevo sector dominante, \u00e9l mismo desterritorializado y ajeno a los criterios distintivos de la hegemon\u00eda tradicional, inscrita en el marco del Estado nacional, fue capaz de protegerse no solo manu militari<\/i>, sino mediante mecanismos persuasivos y juristocr\u00e1ticos que han permitido la reproducci\u00f3n del modelo, sin grandes alteraciones, durante los treinta a\u00f1os posteriores al r\u00e9gimen dictatorial.<\/p>\n La constituci\u00f3n de 1980, su trasfondo patrimonialista y retardatario, las premisas pol\u00edticas y t\u00e9cnicas para la reforma electoral, la misma configuraci\u00f3n del sistema de partidos pol\u00edticos y del sistema electoral ampliado, basado en un criterio de proporcionalidad anti-democr\u00e1tico (que niega, en el fondo, la voluntad popular); sistema que termina por fomentar la formaci\u00f3n de un duopolio en torno al poder del Estado, son, m\u00e1s all\u00e1 de las pr\u00e1cticas de corrupci\u00f3n y de financiamiento ilegal de la pol\u00edtica, las instancias distintivas de la trampa soberana o juristocr\u00e1tica<\/i> nacional. De ah\u00ed entonces que la propuesta de cambio constitucional levantada por las revueltas nacionales no sea bien recibida ni por los partidos en el gobierno ni por aquellos que ocupan, al menos simb\u00f3licamente, el lugar de la oposici\u00f3n. Cualquier cambio a este sistema juristocr\u00e1tico pone en cuesti\u00f3n l\u00f3gicas clientelares ya naturalizadas, altera el reparto acotado del poder y afecta el equilibrio entre los grupos econ\u00f3micos due\u00f1os de Chile y un sistema pol\u00edtico que se da, como funci\u00f3n prioritaria, la intensificaci\u00f3n del modelo econ\u00f3mico, la neutralizaci\u00f3n de las luchas y revueltas sociales y la protecci\u00f3n de los procesos de acumulaci\u00f3n de una elite que no puede ser confundida con la representaci\u00f3n moderna de las burgues\u00edas nacionales.<\/p>\n El an\u00e1lisis de la constituci\u00f3n de 1980 elaborado por Renato Cristi y Pablo Ruiz Tagle, junto a la caracterizaci\u00f3n de la agenda ideol\u00f3gica de su forjador, Jaime Guzm\u00e1n, son bastante claros al respecto 6. Pero la verdadera herencia dictatorial no est\u00e1 solo en el modelo econ\u00f3mico\u00a0ni en la Constituci\u00f3n, sino en la transformaci\u00f3n radical de la pr\u00e1ctica pol\u00edtica, la que, bajo el duopolio, aparece monopolizada por partidos burocratizados que no pueden sino cumplir el temprano (1911) vaticinio de Robert Michels relativo a \u2018la ley de hierro de la oligarqu\u00eda\u2019, es decir, a la tendencia inevitable de los partidos pol\u00edticos electorales a constituir una cultura olig\u00e1rquica interna y de espaldas a la sociedad civil, en el contexto de las democracias liberales occidentales 7.\u00a0<\/span><\/p>\n Es esto lo que explica la conducta aparentemente negligente de la oposici\u00f3n y la falta de voluntad pol\u00edtica para apoyar las recientes revueltas sociales, complicitando con el secuestro institucional de la pol\u00edtica y con su reclusi\u00f3n a las instancias de una democracia subsumida a los imperativos del capital. A esto mismo se debe, por supuesto, la generalizada criminalizaci\u00f3n de las pr\u00e1cticas democr\u00e1ticas, asamble\u00edstas y constituyentes por parte de un establishment<\/i> comprometido con la gobernabilidad neoliberal, y el consecuente avance de iniciativas de pacificaci\u00f3n a espaldas del pueblo. Y es precisamente en este contexto donde habr\u00eda que leer la continuidad hist\u00f3rica entre el famoso \u201cAcuerdo Nacional para la Transici\u00f3n a la Plena Democracia\u201d, firmado por 11 partidos pol\u00edticos de oposici\u00f3n al r\u00e9gimen de Pinochet, el 25 de agosto de 1985, acuerdo que dio paso a la infinita transici\u00f3n pactada, y que termin\u00f3 por desactivar las revueltas populares de ese entonces, inscribiendo su intempestiva temporalidad en el tiempo burocr\u00e1tico de los acuerdos y las transacciones oficiales, y el reciente (y rimbombante) \u201cGran acuerdo nacional para la paz social y una nueva constituci\u00f3n\u201d, firmado otra vez a espaldas de los movimientos sociales, por un congreso que sesion\u00f3 en pleno durante la noche del 15 de noviembre del 2019, y que luego se present\u00f3 como fin de las revueltas y triunfo de la democracia chilena.\u00a0<\/span><\/p>\n De todas maneras, esta caracterizaci\u00f3n de la juristocracia nacional no estar\u00eda completa sino consider\u00e1ramos el rol fundamental que cumplieron las ciencias sociales en esta revoluci\u00f3n neoliberal. Tanto la econom\u00eda, que pretenciosamente se auto-defini\u00f3 como \u201cingenier\u00eda comercial\u201d, como la sociolog\u00eda, que abandonando sus agendas cr\u00edticas del pasado, adquiri\u00f3 nuevas credenciales p\u00fablicas (despu\u00e9s de la censura dictatorial) a partir de convertir sus categor\u00edas hermen\u00e9uticas en conceptos agrupados por una teleolog\u00eda menor relativa a la transici\u00f3n democr\u00e1tica nacional. El papel de la econom\u00eda y su funcionalizaci\u00f3n neoliberal ha sido bastante estudiado, aunque eso no afecte en lo m\u00e1s m\u00ednimo el credo cotidiano de las elites pol\u00edticas, educacionales y econ\u00f3micas de Chile. El papel de la sociolog\u00eda convertida en transitolog\u00eda<\/i> todav\u00eda merece, sobre todo ahora, una nueva menci\u00f3n.\u00a0<\/span><\/p>\n En efecto, si el pensamiento social cl\u00e1sico comprend\u00eda la forma en que los hombres, fruto de su vida colectiva, eran capaces de otorgarse leyes para ir regulando su propia convivencia. Esa comprensi\u00f3n le permit\u00eda pensar la l\u00f3gica de la pol\u00edtica como una l\u00f3gica capaz de auto-instituir un orden, respecto del cual, las normas y leyes que los hombres se daban, no eran sino el producto de un momento instituyente, momento artificioso que no hace sino suplementar las l\u00f3gicas del poder con la proposici\u00f3n prost\u00e9tica de una segunda naturaleza, una naturaleza artificial pero no falsa, en la que descansa un contrato social t\u00e1cito, ya mucho antes\u00a0de la ley y de la constituci\u00f3n. De una u otra forma, ese pensamiento social compart\u00eda con el institucionalismo salvaje la idea de que las leyes son inventos o artificios que los hombres se dan para contrarrestar el hecho de haber sido abandonados por Dios. En la ausencia de una causa primera, de un principio regulativo o de un telos definitivo, los hombres habitan el mundo, an\u00e1rquicamente, pero esa anarqu\u00eda nada tiene que ver con las caricaturas conservadoras sobre el anarquismo hist\u00f3rico, pues se refiere a la falta de arch\u0113<\/i> como condici\u00f3n de posibilidad para la misma invenci\u00f3n democr\u00e1tica, como afirmaba el ya mencionado Claude Lefort (La invenci\u00f3n democr\u00e1tica<\/i>).<\/p>\n Pero, \u00bfporqu\u00e9 nos interesa esto?, porque lo que este pensamiento social propone no es sino la posibilidad auto-instituyente como posibilidad de darse, de manera inmanente o indeterminada, un orden social. Frente al f\u00e1rrago de los acontecimientos, frente a la \u201canarqu\u00eda\u201d de las fuerzas, este institucionalismo salvaje postula una normatividad emergida no desde la voluntad individual y \u201cracional\u201d de cada uno, sino del com\u00fan de la vida colectiva, esto es, desde una eticidad inter-subjetiva<\/i>, para tomar esta cara noci\u00f3n hegeliana, que antecede, en su constituci\u00f3n com\u00fan, a la misma narrativa gen\u00e9tica, individualista y racional del derecho moderno. En vez de pensar esto, las sociolog\u00edas transitol\u00f3gicas, se abocaron a pensar las claves normativas de un nuevo orden gubernamental (Tironi, Garret\u00f3n), cuando no, simplemente a darle la bienvenida a una esquiva modernidad neoliberal (Brunner). En efecto, estas transitolog\u00edas complementaron la herencia juristocr\u00e1tica de la dictadura al preferir pensar las claves institucionales del pacto transicional en vez de abocarse al proceso instituyente que el fin de la dictadura promet\u00eda y que sigue pendiente, respirando en el coraz\u00f3n de las revueltas sociales. A su vez, incapaces de pensar la historicidad de estas revueltas, las sociolog\u00edas transitol\u00f3gicas volvieron a poner de moda el arsenal de una secreta criminolog\u00eda social, para la que el car\u00e1cter de la multitud, la irracionalidad de los reventones hist\u00f3ricos, o la anomia de las pr\u00e1cticas sociales eran evidentes, pues permit\u00edan confirmar te\u00f3rica y \u201ccient\u00edficamente\u201d la misma criminalizaci\u00f3n inmunitaria del pueblo, llevada a cabo, hist\u00f3ricamente, por lo diversos actores institucionales que han configurado la anatom\u00eda del duopolio chileno.<\/p>\n …<\/span><\/p>\n 1\u00a0<\/span>Toward Juristocracy. The Origins and Consequences of New Constitutionalism<\/i>, 2004. Tomamos de este trabajo la noci\u00f3n de juristocracia, pero para pensarla en t\u00e9rminos m\u00e1s amplios, relativos a la configuraci\u00f3n de una cultura institucional y no solo como efecto de una \u2018constitucionalizaci\u00f3n\u2019 de las demandas sociales. A la vez, la juristocracia no est\u00e1 pensada ac\u00e1 como efecto de una tendencia inherente en la modernidad occidental hacia la racionalizaci\u00f3n (propia del horizonte weberiano-habermasiano), sino como efecto de un dise\u00f1o pol\u00edtico program\u00e1tico, relativo a las metamorfosis hist\u00f3ricas de la soberan\u00eda.<\/p>\n \u00a02.\u00a0<\/span>En efecto, si la gobernabilidad neoliberal, siempre m\u00e1s preocupada de la desregulaci\u00f3n y de la flexibilidad de los procesos de acumulaci\u00f3n, parece carecer de una propuesta substantiva de sociedad, estas nuevas derechas se muestran como ultra-neoliberales en lo econ\u00f3mico, pero recuperan una agenda val\u00f3rica relativa a un integrismo moral que se centra, otra vez, en la familia hetero-patriarcal, la identidad cultural y nacional y la mediaci\u00f3n comunitaria y religiosa como esenciales contra un mundo desterritorializado que es presentado como ca\u00f3tico y sin sentido. Las ret\u00f3ricas de Donald Trump y Jair Bolsonaro son ejemplares, aunque el avance de grupos religiosos protestantes, junto a la misma orientaci\u00f3n conservadora de la Iglesia Cat\u00f3lica (como reacci\u00f3n a la Teolog\u00eda de la liberaci\u00f3n), se han hecho sentir en Am\u00e9rica Latina desde mucho antes.<\/p>\n 3. <\/span>Pensada en el largo plazo hist\u00f3rico, la juristocracia chilena no responde solo a su eventual refundaci\u00f3n bajo dictadura, sino que compete a la totalidad de la historia moderna del pa\u00eds, al menos, desde la constituci\u00f3n del llamado orden portaliano, que marc\u00f3 los l\u00edmites de la pol\u00edtica oficial desde el siglo XIX y que pesa, tan fuertemente, en el imaginario restaurador de G\u00f3ngora y del nuevo constitucionalismo chileno.<\/p>\n 4.\u00a0Perm\u00edtasenos referir ac\u00e1 Soberan\u00edas en suspenso. Imaginaci\u00f3n y violencia en Am\u00e9rica Latina<\/i>, 2013.<\/p>\n 5.\u00a0V\u00e9ase Renato Cristi y Pablo Ruiz-Tagle, La rep\u00fablica en Chile<\/i>, 2007.<\/p>\n 6.\u00a0V\u00e9ase de Renato Cristi, El pensamiento pol\u00edtico de Jaime Guzm\u00e1n<\/i>, 2011.<\/p>\n \u00a07.\u00a0<\/span>Political Parties<\/i>, 1962.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Sergio Villalobos-Ruminott Parte 2 Juristocracia La juristocracia es el resultado de la consolidaci\u00f3n de una cultura institucional y pol\u00edtica, basada en un mecanismo constitucional y jur\u00eddico en el que las demandas sociales son neutralizadas y diferidas por una burocracia institucional que no responde a los criterios tradicionales de legitimidad, sino a una l\u00f3gica auto-referencial de […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":2909,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"jetpack_post_was_ever_published":false,"_jetpack_newsletter_access":"","_jetpack_dont_email_post_to_subs":false,"_jetpack_newsletter_tier_id":0,"_jetpack_memberships_contains_paywalled_content":false,"_jetpack_memberships_contains_paid_content":false,"footnotes":"","jetpack_publicize_message":"","jetpack_publicize_feature_enabled":true,"jetpack_social_post_already_shared":true,"jetpack_social_options":{"image_generator_settings":{"template":"highway","enabled":false},"version":2}},"categories":[2],"tags":[],"class_list":["post-2908","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-blog"],"jetpack_publicize_connections":[],"yoast_head":"\n