Carlos Ruíz: “La izquierda corre el riesgo de pavimentarle el camino a la ultraderecha”

Carlos Ruiz Encina, actual presidente de la Fundación Nodo XXI, doctor en sociología e ideólogo del Frente Amplio, se muerde los labios para no ser tan severo con los parlamentarios del sector, pero no puede evitar criticarlos. Teme que se extravíen en los personalismos y en los errores políticos, como la visita de Gabriel Boric a Ricardo Palma Salamanca y que, en ese mareo, pasen de largo ante la oportunidad de levantar un proyecto político viable y en sintonía con los ciudadanos que, según su análisis, la Concertación dejó abandonados. Es allí donde, dice, pueden alimentarse y creer alternativas de corte fascista.

Partamos por la muerte de Camilo Catrillanca ¿Cuál es tu opinión de lo que está ocurriendo en la Araucanía? 

La militarización que hay en la región no es privativa de este gobierno. Es de más largo andar y arrastra a varios gobiernos anteriores. Es la respuesta al agotamiento de la distribución clientelar que se intentó, sobre todo en los años 90, con la distribución de terrenos, pero sin abordar la demanda de fondo que es el reconocimiento de la multinacionalidad y la multiculturalidad. Es el fracaso de políticas estatales sistemáticas y transversales, de Concertación y derecha. Aquí se cae toda la República de la Transición.

No obstante, pareciera que el gobierno de Aylwin dio los primeros pasos de una política de reconocimiento que los siguientes gobiernos no continuaron.

Sí, el gobierno de Aylwin fue mucho más progresista que los gobiernos posteriores que se autodenominaron así. Ahora, lo cierto es que en todos los gobiernos de la Concertación se fue instalando una restricción al procesamiento de demandas sociales y, por lo tanto, a inaugurar diálogos sociales con distintos sectores de la sociedad. Nunca hubo una disposición “socialdemócrata” real por construir un consenso social, como en Suecia, donde los sindicatos están institucionalizados. Detrás de las movilizaciones estudiantiles en 2001, en 2006 y en 2011 empiezan a estallar muchas otras demandas que no tuvieron cabida en los sistemas de procesamiento de conflictos. Por lo tanto, desbordan la política y los canales institucionales.

Pero la movilización tampoco sirve para procesar las demandas. Después de un peak, el tema de disuelve y desaparece, aunque no se haya resuelto. 

Hay una propensión a la movilización muy alta en la sociedad en cualquier tema, pero, al mismo tiempo, una muy baja propensión a la asociatividad. Marcho y después, chao. Te apuesto que mucha gente se repite en las movilizaciones de distintos temas y sería un error pensar que “son de izquierda”. La desilusión con la política es tan grande que se movilizan personas que se sienten solas y abandonadas por la política. Ahí es donde entra la derecha.

Uno ve a gente que marcha contra las AFP, pero que no quiere que le toquen su fondo y ni escuchar de sistemas de reparto. ¿Se las puede considerar parte del Frente Amplio?

Ojalá fuera así, pero lo veo mucho más complicado. Tengo la impresión de que toda la transformación del modelo produjo un nivel de individualización extremo en la base de la sociedad, de ruptura con todas las tendencias asociativas que existían. Lo que sumado a la negativa del poder político a consensuar las políticas con los actores sociales y buscar, más bien, su fraccionamiento permanente, ha ido dejando a las personas solas, desesperadas por los grados de incertidumbre que tienen, porque no pueden proyectar su vida de aquí a tres años, a cinco y para qué vamos a hablar de la vejez. Como ninguna otra generación previa, la salida a esa angustia tiende a ser individual. Las contradicciones que se pensaban entre el SÍ y el NO, entre Estado y Mercado, han ido desapareciendo. Al final, el individuo de hoy toma el cheque del Estado y el del Mercado, porque los dos son cheques. Está votando en un porcentaje muy bajo, incluso a escala latinoamericana y empezó a votar cruzado. Son las propias burocracias políticas las que sembraron esta despolitización y luego se asombran por el resultado.

El que votó en primera vuelta Bea Sánchez y en segunda vuelta Sebastián Piñera …

En el fondo, no hay lealtades políticas sólidas, porque la política se volvió tremendamente confusa. Esto del partido transversal del que se hablaba volvió las alternativas políticas indiferenciadas. En el abandono de las personas en la base es donde va desembarcando una derecha radicalizada que va incluso mucho más allá de la derecha institucionalizada. Ante la emergencia de ese fenómeno es donde, creo, la izquierda chilena, históricamente, no ha sido capaz de tener política. ¿Qué pasa cuando la derecha se radicaliza? Nos refugiamos en la crítica moral, en la poesía. Y eso no basta.

La crítica moral o el desprecio clasista, como esa idea del “facho pobre”.

A eso voy. En el fondo, nosotros también nos terminamos metiendo en el circuito de la distancia entre política y ciudadanos. Si el FA se encierra en el circuito parlamentario y del ruido atroz, ensimismado, que hay allí, se olvida de cuando lo miraba desde afuera y lo lejos que se veía de la gente.

LA ESCALERA LARGA Y LA CORTA

¿Cómo se reconstruyen esos lazos? Son años de distanciamiento…

Sí, es como el bolero, hay que tener una escalera corta y una larga para empatizar con esta dimensión profunda del problema, que es el divorcio entre política y sociedad. Por ejemplo, creo que Álvaro Elizalde (presidente del Partido Socialista) hace todo lo contrario a esto. Como buen hijo de la burocracia política de los 90, cree que esto se va a salvar con arreglos electorales, que solo son distribución de poder al interior de un sistema que está totalmente alejado de la sociedad.

Apostando, además, a que puede controlar los votos. 

Es como comprar boletos en el Titanic, aunque sabes que se va a hundir ¡No tiene perdón de Dios! Yo he propuesto que, para hacerse cargo del problema, la izquierda desarrolle una agenda corta de temas, absolutamente prácticos, que la acerquen a las preocupaciones de la gente. Educación pública está en el gran horizonte, pero ahora hay que proponer cambios más concretos e inmediatos como la derogación del CAE. Los temas se tienen que resolver entre los actores políticos y sociales. Eso activaría a los únicos que pueden enfrentar, realmente, este divorcio entre política y sociedad y la ofensiva de la derecha radicalizada, con el mundo evangélico, en esa cuestión que empieza a penetrar en todos los espacios. Aquí hay un problema grave, que viene ocurriendo hace décadas, y del cual hay que hacerse cargo.

¿Quién debiera tomar esta tarea? ¿Desde los socialistas hasta el Frente Amplio? 

Aquí hay una tensión que habría que resolver en una discusión mucho más abierta. En la ex Concertación hay gente que considera un acto de realismo político aceptar cierta adaptación al modelo económico, pero otros construyeron intereses sobre el mismo. Por ejemplo, Pilar Armanet se volvió una representante de los negocios y de los lucros en las universidades privadas y operaba en contra de reconstruir las universidades públicas. Ahí ya no tienes ninguna posibilidad de consenso. El problema no es el PPD, ni el PS, ni juntar siglas unas con otras, sino que tener una discusión de fondo respecto de políticas concretas y ahí vamos a entender quiénes están dispuestos a jugársela o quienes, sencillamente, van a empezar a dinamitarlas, porque tienen compromisos.

¿Cuáles son los riesgos de mantener la situación actual?

Esta es una historia de no sacar nunca las cuentas y cada vez que surge un problema, los análisis parten de cero, sin relación con todo lo que ha venido pasando. Los pingüinos se movilizaron contra Bachelet. Y después se preguntan: “Cómo perdió, si tuvo una gran mayoría”. La verdad es que tampoco es cierto. Bachelet sacó algo así como 24 o 25 por ciento en la última elección. No hay mayorías políticas sustantivas y el divorcio entre política y sociedad es tan grande que, en el fondo, no hay fuerza para empujar los cambios y, por eso, la gente revienta abajo. Eso es lo que está creando la situación más compleja y me preocupa que la esfera política se niegue a reflexionar sobre esto. Si seguimos escondiendo la cabeza, vamos a tener que lamentar el error histórico de haber pavimentado el camino para que la derecha radicalizada tenga todo el campo para avanzar, sin ninguna resistencia.

PATADAS A MESSI

Esa distancia de las personas con la política parece ser, hoy, equidistante a la Concertación, al Frente Amplio y a la derecha tradicional ¿Qué pasa con la izquierda? 

Tengo la impresión de que esto se puede resolver hacia adelante. La política nunca está predeterminada. Todavía estamos entre el ciclo anterior de un proceso de descomposición muy fuerte de la política, y otro nuevo que todavía no termina de definir cuáles serán sus proyectos de agrupación de intereses. En medio está el Frente Amplio, con una posibilidad histórica, pero que corre el riesgo también de ahogarse en el ciclo de descomposición de las anteriores fuerzas.
El Frente Amplio no tiene responsabilidad en lo que pasó antes, pero, de alguna manera, muchas veces termina imitando los mismos procesos. Por ejemplo, suponer que la política es un juego comunicacional y de propaganda, de show y televisión, cuando en realidad exige algunos elementos sustantivos para conectar con la gente. O reducir todo a acuerdos electorales.

¿Qué otras cosas habría que considerar?

También me parece, y lo he planteado dentro del Frente Amplio, que esto es mucho más que la corrupción. No estoy justificando a corruptos ni aquí ni afuera, pero el tema es más complejo. A veces, el FA se mete en la discusión de la moralina, creyendo que combatiendo a todos los corruptos vamos a terminar con esta cuestión. En ese campo, la derecha populista puede ser incluso mucho más efectiva. Hay que acordarse de la imagen de Ibáñez barriendo con una escoba, o de Bolsonaro. Nos vamos a tener que hacer corresponsables si la cosa termina yendo para allá. Cuando vienen estos signos de radicalización de la derecha, la izquierda no sabe qué hacer.

¿Qué señales ves de esa radicalización? 

En el mundo, el listado de presidentes de ese tipo aumenta: Trump, Bolsonaro. Para que estas alternativas prosperen es fundamental destruir la cordura, la racionalidad del debate político, reventarlo deliberada y constantemente. No es toda la derecha, porque hay allí políticos liberales que defienden el debate racional, pero los otros entran, sencillamente, a descuartizar la sensatez política y aquí es donde el FA no puede ofrecer ni un espacio. En ese sentido, he sido crítico del asunto Boric-Salamanca. Me parece que se ha dado una discusión absurda: “Si los otros fueron a Londres a ver a Pinochet, nosotros podemos ir a Francia”. O sea, que si los otros asaltan el Banco Central, yo puedo robar una panadería. Esa postura en una izquierda que piensa en grandes transformaciones no se sostiene. Encarnamos un proyecto transformador al que van a estar golpeando todo el tiempo. Es como cuando Messi sale a la cancha: sabe que le van a llegar patadas todo el rato.

Y no se queja.

¡Claro que no! La derecha se engolosina pegándole a Boric, pero ¡obvio! Si nos estamos poniendo ahí. Esto produce una desconcentración tremenda de los temas importantes y, en ese sentido, creo que Jackson y Sharp tenían razón cuando tomaron distancia del asunto. Esta generación no puede subvalorar las cosas que es capaz de hacer la derecha. Ya está muy claro en la historia de Chile, pero es una historia que ellos no vivieron y creo que aquí sí otras generaciones les pueden pasar una cuenta gigantesca. Estos signos de radicalización de la derecha chilena terminan costando carísimo.

¿Crees que se puede repetir un golpe de Estado?

No, pero puede haber represiones enormes. Sabemos que la historia no se repite siempre igual, pero con eso estamos jugando.

PASTO SECO

Rafael Otano sostiene, en su Crónica de la Transición, que en 1988 cuando gana el NO, y Aylwin manda a la gente para la casa, le dio un portazo simbólico a las organizaciones sociales que lucharon por recuperar la democracia. Da la impresión que desde ese minuto todos los partidos abandonaron el trabajo de bases, donde sí están trabajando ahora grupos nacionalsocialistas ¿Crees que existe una manera de reconstruir esa fuerza política?

Qué bueno que nos acordemos de Otano. A esas organizaciones “las desaparecieron”. Hubo una política de desmovilización, de proyectar la desarticulación social iniciada en la dictadura y eso va llevando la política a la burocracia profesional, a la utopía elitista de que es posible hacer política sin sociedad. La política se volvió asunto de técnicos, de conciliábulos, de “cocinas”. Lo nefasto de esto es que así la Concertación se expuso a la colonización empresarial, que es el único grupo social que sí quedó articulado de un modo nunca visto en la Historia de Chile: con universidades propias, centros de investigación, eventos anuales, medios, y entrando con esa artillería pesada a presionar a una clase política aislada de la sociedad. Ahí se inaugura este proceso de confusa trayectoria de la relación entre dinero y política, que ahora termina reventando. Hoy el problema de si vamos a ser una o más oposiciones, el famoso tema de: “Fundámonos, porque tenemos que derrotar a la derecha y al fascismo” es que si lo vuelves a reducir a acuerdos electorales, no resuelves las causas de fondo. En este rato, en este país, no hay oposición al gobierno, esa es la verdad. Esta es una derecha que está caminando sin roce.

¿Para qué ser de izquierda, si así como estamos, el nivel de ingresos ha subido, la gente va de vacaciones y, mientras es joven, al menos, tiene la ilusión de que el mercado provee: se cumple la promesa que hizo Pinochet que algún día todos iban a tener auto?

La propia Concertación ayudó a tapar las paradojas que hay detrás de ese punto. Nosotros venimos de un ciclo económico muy expansivo. Foxley decía, en el año 90, que era la tasa de formación de capital más alta de todo el siglo XX. En ese ciclo gigantesco, disminuyó la pobreza y se incorporaron al consumo distintos sectores que siempre habían estado excluidos. La gente empieza a conocer el mar, por ejemplo. La paradoja es que mientras disminuye la pobreza aumenta la desigualdad. Los sectores altos se disparan más lejos que nunca. Ese auge es el paraíso de la concentración económica y de la protección elitaria: se extrema la impunidad nacida de los pactos de la transición para los casos de derechos humanos y que luego se extendió a los parlamentarios, a los partidos políticos con sus vías de financiamiento, al empresariado para coludirse, a la curia eclesiástica. La élite se impermeabiliza y se neoligarquiza. Hay una especie de vuelta casi al siglo XIX y esta idea de que tú, aunque tengas la plata, no puedes entrar al club, porque para eso necesita sotras credenciales.

¿Cómo se expresa eso?

Para darte un ejemplo, el Boston Consulting Group, que mide estratos altos de consumo, ha tenido que ir cambiando las preguntas sobre las barreras de entrada a la élite. Antes era: tiene auto, cuántas veces ha viajado en el año, cosas que ya no sirven, porque todos tienen auto y viajan. Y se les ocurrió algo que incluso yo, como sociólogo, no había pensado: “¿Cuánta gente trabaja para usted en su casa? El corte es por tramos: de 5, 7, 10. En la sociedad chilena contemporánea hay gente que entró a esos niveles y eso se produjo en democracia. Los sectores que empiezan a tener un poco más de acceso a la cultura y al consumo, sienten ese malestar. Los que se están rebelando aquí ya no son la vieja clase obrera, ni la vieja clase media. Los indignados son los hijos de la modernización y del neoliberalismo, que no tienen ninguna certidumbre de dónde están parados, porque si dejan de pedalear por un instante o se les revienta el neumático de la bicicleta y se caen 3, 4 niveles. De hecho, la tasa de rotación que hay alrededor de la línea de pobreza es gigantesca y abarca dos o tres quintiles. Es decir, si te quedas sin sueldo o se te enferma alguien, te queda la embarrada. Esto genera una crisis de predictividad de la vida del individuo sobre las proyecciones de su vida. Para reconstruir la izquierda en el siglo XXI, hay que pararse delante de la estructura social, que cambió. Hay que hacerse cargo de los dilemas que están planteando estos sectores y que yo me resisto a llamarle clase media, porque es un bolsón gigantesco, con muchas diferencias.

Parece que la izquierda tampoco se ha actualizado respecto de los cambios en la fuerza laboral, que está muy ligado a la relación ingresos/bienestar. Hoy, si no estás en la extrema pobreza, con tus ingresos tienes que pagar todo: salud, educación, previsión. Nada está garantizado.

Claro. Antes tenías una suerte de salario que no te llegaba en la liquidación mensual, pero que era lo que los socialdemócratas europeos -los verdaderos, porque los chilenos no tienen nada de socialdemócratas- llamaban el “salario ciudadano”. Al desmantelarse los sistemas de derechos, se crean nuevas zonas de mercantilización en la vida cotidiana. Aunque no tenga nombre, el malestar está y explota. Y a la izquierda también le toma tiempo elaborar estas nuevas desigualdades. Antiguamente, el puro hecho de ser profesional te garantizaba el ingreso a la clase media y de ahí no te movía nadie. Hoy existen profesionales de categorías A, B y C, dependiendo de en qué universidad estudiaron y qué tipo de nexos sociales tienen.

La apatía política también tiene una racionalidad, porque considerando lo que ha pasado en los últimos 50 años, la gente dice: “Haré el esfuerzo de asociarme con otros, para levantar mis demandas, a qué costo”. La probabilidad de perder la pega y quedar peor que antes es altísima. 

Creo que hay que jugárselas por líneas de acción que conecten con los dramas que la gente identifica más urgentes ahora. Solamente en la medida que vea compromiso real detrás de esos objetivos se puede empezar a construir confianza. Esto tiene que ir en sintonía con la transformación en el mundo del trabajo, con las tasas gigantescas de rotación laboral que hay. Es muy difícil que el sujeto político vuelva a ser el viejo sindicalista. Las formas organizacionales que emerjan van a depender de quienes habitan esos espacios. No puede venir alguien desde arriba y dictarles cómo tiene que ser.

Esos mismos sujetos pueden sentirse tentados a seguir el discurso populista de extrema derecha, que apela a ese mismo malestar.

Ellos apelan al miedo a la delincuencia, al otro, al inmigrante, al que tiene conductas culturales distintas a las tuyas, al que no es heterosexual, y que también es el miedo a la incertidumbre del trabajo. Mi preocupación es que esa radicalización de la derecha puede incluso ir más arriba, y aquí es donde también creo que a veces la izquierda vocifera, pero no le toma el peso a lo que está enfrentando. Se habla de fascismo con mucha liviandad, para repeler una crítica política que viene de la elite. Pero el fascismo nace en las clases populares. Cuando esas radicalizaciones de derecha dan vuelta las banderas de la izquierda y organizan al pueblo en contra de la izquierda, estamos en un nivel superior, que no está presente aún aquí. Una cosa es la demagogia, tipo Lavín, y otra cosa es apostar, realmente, a reorganizar al pueblo, pasando por un proceso conservador. Cuando nosotros usamos la verborrea y le decimos fascismo a cualquier cosa y facho a cualquier persona, caemos en una histeria comunicativa inútil. Estos son procesos sustanciales que ocurren en la base de la sociedad y jugársela por abatirlos con mensajes en redes sociales es jugar en la cancha donde los que van a ganar son ellos.

¿Cuando tú dices “nosotros”? ¿En qué fuerza estás pensando? ¿En qué cuadros? El Frente Amplio no parece tener mucha base popular.

Yo creo que el Frente Amplio tiene una oportunidad histórica, pero ni gratis, ni ganada. Lo peor que puede pensar es que la tiene ganada, porque ese es el pasaporte directo a farreársela. Es posible detectar cuáles son las tareas históricas que tenemos por delante, porque se viene cayendo el ciclo histórico anterior. La oposición inauguró un nuevo ciclo que implica revisar bien qué pasó y no empezar a repetir en forma decadente la tragicomedia de esa Concertación, o Nueva Mayoría, que nunca tuvo nada de nueva ni de mayoría. El riesgo es terminar convirtiendo a la política en el reality más grande de este país, preocupado todo el día de los enredos personales. Eso es alimentar una falsa forma de “empatizar”, que más bien es la digresión absoluta y donde no tenemos ninguna posibilidad de impulsar transformaciones. Por el contrario, lo que se nos puede venir es una ola gigantesca con lo cual hay que tener mucha responsabilidad, porque Chile tiene una historia larga con las radicalizaciones de derecha. Ya sabemos qué pasa cuando se ponen lentes negros.

FALTA DE EMPATÍA

¿Qué pasa con el vínculo de estos temas con la educación y el capital social y cultural del país? Porque esta conversación es absolutamente ajena a mujeres y hombres que viajan por tres horas diarias en el Transantiago, que hacen las compras del mes con tarjeta de crédito y en cuotas, que no pueden pagar un arriendo porque los precios se fueron a las nubes y para quienes es fácil culpar al inmigrante.

A eso me refiero cuando digo que la política construye un divorcio y una distancia gigantesca y que no se va a arreglar con pactos electorales, confiando en que así se funda la unidad de la oposición para detener a la derecha y al fascismo. Álvaro Elizalde, como otros chicos que nacieron en los 90, no entienden esta cuestión. Yo recuerdo cuando se produjo el movimiento de los padres de los colegios particulares subvencionados.

Que fueron descalificados y ridiculizados por la izquierda y por el ministro de Educación.

La izquierda, y sobre todo la izquierda concertacionista, saltó encima de ellos. La derecha, en cambio, viva, los acogió. Ahí tienes gente que está abandonada, porque tú mismo deterioraste la educación pública, más allá de lo que dejó Pinochet, y que ve, en las condiciones actuales, como única posibilidad de proteger a sus hijos, pagar cinco, diez lucas para entrar a un colegio particular subvencionado.

Tenemos mucha cuenta que sacar. Un último ejemplo: donde dicen libertad, la izquierda sale arrancando. Para nosotros, igualdad y la forma de resolver la igualdad es a costa de restringir la libertad, homogenizándolos a todos, vistiéndolos iguales. Hoy, con el nivel de demanda y de identidad individual que hay en la sociedad, es imposible seguir con esas ideas. Tenemos que abordar de otro modo la libertad y enfrentar a la derecha, que restringe el concepto a lo económico. Repensemos el término, como la libertad de la sociedad de definir racionalmente y a través de la política transparente y abierta el futuro que quiere. Yo creo que el mayor ataque de radicalización de la derecha es a la democracia: a ese proceso de deliberación sustantiva que supone la política. Una cosa que nosotros tenemos que aprender como izquierda es a defender la democracia.

actual presidente de la Fundación Nodo XXI, doctor en sociología e ideólogo del Frente Amplio de Chile.

Fuente:

http://www.theclinic.cl/2018/11/21/carlos-ruiz-la-izquierda-corre-el-riesgo-de-pavimentarle-el-camino-a-la-ultraderecha/

Es inútil resistir

Por Murilo Duarte Costa Corrêa / Universidad Nómada

1 Es inútil resistir

Me gustaría decirles que es inútil resistir. Que esta palabra, “resistencia”, tan gastada en el léxico político de los últimos años, se volvió la última trinchera de la anti-política legada por la impotencia de las izquierdas, que hoy la blanden como estrategia de pastoreo moral para sus proyectos fisiológicos de poder. En ese contexto, resistir pasó a ser la última expresion vacía de una multiplicidad de cuerpos y mentes separados de aquello que ellos pueden, y cuya lucha parece haberse tornado una forma de perseverar en su propia deposición.

La circulación de la palabra resistencia por redes y ruedas, su aparición en habitaciones grises conectadas al resto del mundo sólo abstractamente, y su insistencia extinta en la corporeidad de los colectivos políticos que buscan organizarla, ya no contiene más que la capacidad – sino para un nuevo reaccionarismo – para una nueva forma social de reaccionar políticamente. Es decir, resistir se ha convertido progresivamente en la palabra que nombra un automatismo identitario, que nos pone de buen grado en la contracorriente de la vivacidad de las fuerzas sociales que, hoy, son capaces de producir transformación (aunque indeseable, bajo muchos aspectos).

¿Pero no deberíamos estar más atentos a los procesos por los cuales el deseo social fue soldado a una serie de creencias más que al contenido terrible que esas creencias manifiestan? En vez de preguntarnos cómo llegamos hasta aquí, deberíamos preguntar cómo ayudamos a traer el deseo social hasta aquí: al punto en que deseo, identidad y pulsión de muerte se mezclan por toda la extensión del espectro político y social. En el Brasil de 2018, y en el léxico de la izquierda que ya no es capaz de proponer un lenguaje a la altura de la indignación social, resistir es reaccionar y reaccionar es resistir. Hacer política a la izquierda se ha vuelto a remolcar de la derecha, una especie de revuelta de los esclavos en la moral, una infinita discusión de valores sin ninguna eficacia práctica. Por eso, diagnosticar el agotamiento de las izquierdas dejó de ser embarazoso y es, ahora, perfectamente trivial.

Alguien atrapado en el fondo del espejo identitario podría extrañarle que a esta altura del campeonato diga de manera tan brutal que es inútil resistir. Tal vez digan que perdí las esperanzas, el brío, que me vendí, que fui convencido, que me convertí en un fascista, un bolsonarista, un derechista; que, sin nunca haber sido comunista, soy un comunista arrepentido (uno de los comunistas de peor tipo, otro enmendaría). Hablar contra la resistencia, que Foucault decía ser primera en relación al poder, suena mal por esos días, con toda certeza. Pero yo pido sinceramente que ahorren sus juicios y sus clichés, porque si fuéramos al fondo de ellos, veríamos que en su mayor parte ellos no son suyos, auténticamente no les pertenecen – pero, exactamente como imaginamos que se pase con los electores de Bolsonaro (supuestamente «Engañados por el WhatsApp»), ellos pertenecen a alguna fanpage lacradora: un Haddad tranquilo, un Ciro Gomes apetecido, un Boulos presidente de la Ursal, o algo que lo valga.

2 Fascismos

Olvidamos la coyuntura, pero no las inconyunturas en el Brasil contemporáneo. No perdamos tiempo con el estado actual de las fuerzas y la estructura que supuestamente lo sostiene, pero insistamos sobre las líneas de transformación social que la izquierda institucional no puede acompañar, y que ella no cesó de combatir desde antes de junio de 2013. La materia inconyuntural es el abanico de antagonismos globales vivos, es la justa indignación popular, que el Bolsonarismo, sectores del empresariado y del mercado de capitales, tuvieron éxito en capturar, asociando un conjunto de deseos a un conjunto de creencias tan autoritarias como usuales, y que el petismo difuso de las izquierdas apenas logra emular, aunque se parece cada vez más como un nuevo evangelismo político.

Si se analiza la coyuntura puede servir de algo, tal vez se preste a definir cómo la izquierda pudo convertirse en esto: una anestesia general contra la indignación, una epidural contra las transformaciones y fugas del campo social y, al mismo tiempo, una teología personalista, que moviliza el lenguaje de la resistencia y del antifascismo, del feminismo y de los genocidios negro e indígena, de los derechos sociales y laborales contra el neoliberalismo global, como coadyuvantes subalternos a un proyecto hegemonista de poder.

De paso, igualan la multiplicidad del campo social instaurando un binarismo regio, una política de amigo-enemigo que traza autoritariamente un «ellos» y un «nosotros», como imagen social especular del binarismo de la política «real»: Lula-Haddad vs. Bolsonaro; consenso democrático mínimo vs. consenso autoritario-golpista; los demócratas (evidentemente, «nosotros»). los fascistas (por supuesto, «ellos»). Y los fascistas, ¿quiénes son? En potencial, todo el mundo (basta no dominar el código del antifascismo petista para ser considerado como uno, en el esquema sensible del petismo), pero, realmente, nadie. El fascismo, tal como la izquierda hegemonista del PT lo imagina, es un producto de marketing que busca sostener al establishment; una identidad fluida, una capucha prête à porter que tenemos mucha facilidad de denunciar en el otro, pero mucha dificultad de vigilar en nosotros mismos. En el fondo, la operación más profunda de neutralización de la resistencia o del antifascismo, que pasan a ser, en el léxico y en la práctica política efectiva de las izquierdas, del petismo y de sus líneas auxiliares, un conjunto de enunciados inofensivos, incapaces de dar un cuerpo a la indignación social, pero se convierten en herramientas útiles para sostener el hegemonismo lulista – ese cadáver de que buena parte de la centroizquierda y de la extrema izquierda todavía se alimentan.

3 Inconyunturas

Es preciso partir precisamente de ahí, de la única pregunta que vale la pena ser hecha en términos coyunturales y políticos hoy: de unos años para acá, ¿quien dio un cuerpo a la revuelta que poblaba corazones y mentes? ¿Jessé de Souza y la elite universitaria del retraso, gritando golpe? ¿Fernando Haddad, conviniendo con la represión tucana contra junio de 2013 como alcalde de São Paulo y, después, protagonizando, bajo la línea de mando lulo-gleisita, la estrategia general de rifaje electoral de Brasil a la extrema derecha? ¿O la filósofa Marilena Chauí, acompañada por gramscianos como Marco Aurelio Nogueira, que convocaban a las fuerzas del orden a actuar enérgicamente contra los «fascistas adeptos a la táctica del black bloc» al hablar sobre Derechos Humanos para la PMESP? Tal vez el garantismo jurídico-penal del #LulaLibre y sus juristas de sastrería, este correligionario directo de los gobiernos estaduales rapiñadores del PMDB en Rio de Janeiro, responsables de encarcelar a Rafael Braga Vieira por poseer dos botellas de plástico -una de alcohol etílico y otra de agua oxigenada? , ¿Quién conoce a la Dilma de los Programas de Aceleración del Crecimiento neoliberales, etnocidas y ecocidas, de hacer envidiar a Geisel, pero también de Mi Casa, Mi Vida y de los megaeventos operados a costa de remociones, con bancos, financieras y contratistas «campeonas nacionales» más tarde denunciadas en la Lava-Jato y amnistiadas por el CADE); o la Dilma que creó la Fuerza de Seguridad Nacional, que subsidiaría más tarde la temeraria intervención federal en las favelas cariocas, y sanciono la Ley Antiterrorismo con que Bolsonaro amenaza la actuación política legítima de los movimientos sociales que, ironía del destino, constituyen la base social del PT en franca disgregación? Tal vez nuestros miles de amigos de la trinchera algorítmica, que elegimos por identificación narcisista y cuyos menores desvíos políticos causan náusea, revuelta y bloqueo – en ese orden.

Aunque junio no fue la fuente, pero si el tronco principal en el que un conjunto complejo de luchas sociales confluyeron hasta volverse inundación, todo estuvo democráticamente abierto en la brecha de junio: demandas por la ampliación de políticas públicas multi-sectoriales, pautas por la profundización de políticas sociales y de distribución de renta, reivindicaciones anticorrupción, acceso a la metrópoli, el suelo común en el que permanece en juego el estatuto de una nueva ciudadanía biopolítica basada en la producción común; laboratorios sociales y experimentos políticos para transformar la indignación popular de jóvenes, precarios, pobres, mujeres, negros, indígenas, trabajadores cognitivos, etc., en instituciones autonomistas y de radicalización democrática. En una sola palabra, junio fue la sociedad contra el estado – en el sentido que Pierre Clastres dio a la expresión. Junio de 2013 fue un movimiento social general de conjuración del Estado; la manifestación en bloque de un cuerpo social que reivindicaba el poder artificialmente alienado en la forma del Estado, bajo la atmósfera emocional de la indignación y por intermedio de la revuelta profunda de todos los cuerpos. Y fue ese lecho virtual, radicalmente democrático, de junio que las izquierdas no sólo no supieron navegar sino que solo levantaron contra él (sin juego de palabras con Dilma) la inmensa represa.

4 La genealogía lulista

Para comprender el Bolsonarismo, es necesario admitir su genealogía lulista. Entender que lo que hace a Bolsonaro un icono pop es una difracción del lulismo, aunque ella asuma la forma del antipetismo. El antipetismo es un sentimiento socialmente difuso, compartido según un conjunto muy variado de percepciones hipócritas y selectivas que no comporta una explicación homogénea. Desechamos las visiones paranoicas e histriónicas, como la de Jesé de Souza, que encara el antipetismo como un efecto performativo orquestado por los medios, por el poder judicial, por el racismo de las élites y por la clase media. Estos no dejan de ser actores de un proceso ya sintomático de la circulación del antipetismo, pero la explicación por esas vías deja intactas todas las responsabilidades del propio Partido de los Trabajadores en ese proceso, haciéndole parecer como la víctima de una terrible traición de los pobres y de la esperada conspiración de los ricos.

El antipetismo es, por un lado, consecuencia de que el PT no haya capitalizado la indignación de junio. En vez de presentarse como un partido capaz de acelerar las transformaciones en la estructura del Estado, de la democracia y de los servicios públicos metropolitanos que la indignación de junio exigía, el PT se asoció con los sectores más retrógrados de la casta política y económica del país para restaurar las viejas estructuras de legitimidad, actuando como un partido fisiológico, y no de masas. Esto abrió espacio para una candidatura cuya estrategia de marketing era presentarse como anti-sistema. No sólo como «nueva», sino como capaz de «cambiar eso que está ahí, «talquei»?». Cuando en junio de 2013 se preguntaba a muchos manifestantes contra que se estaba manifestando, era común oír como respuesta: «contra todo lo que está ahí. El «eso que está ahí» remite a un estado de cosas contra el cual se antagoniza, y que debería ser superado. Esta es precisamente la definición que Marx y Engels dan del comunismo al final de la primera parte de La ideología alemana. Ellos dicen que el comunismo no es un estado a ser implantado, sino «el movimiento real que anula y supera el estado de cosas actual». Entonces, esa es una línea de explicación: el PT formó casta con la casta política contra la cual junio se levantaba, y luego fue echado a un lado por ella. Actúo concretamente por la restauración de junio que el Bolsonarismo última. Reprimió las manifestaciones tanto como los políticos de los partidos más conservadores. Haddad incluso decía a los muchachos del MPL, en junio: «no hay nada que negociar», hasta que las calles lo hicieron volver atrás y, meses después, disputando la reelección al cargo de alcalde de São Paulo, Haddad fue derrotado en las urnas.

La otra línea de explicación es todo lo que el PT efectivamente hizo, como partido al frente de la administración federal. A parte de todos los avances sociales, el PT lideró un consorcio espurio y corrupto, que junio y el Não Vai Ter Copa ya denunciaban, vinculado a una política neodesarrollista que recuperaba muchos proyectos interrumpidos o engullidos por la dictadura militar. La doctrina de los campeones nacionales (empresas brasileñas, especialmente contratistas, cuyos servicios eran exportados a países africanos y estadounidenses más pobres que Brasil, bajo la forma de un subcolonialismo regional vergonzoso) fue el foco de una sucesión de escándalos. Esto se suma a un escenario macroeconómico de crisis, para el cual el desarrollismo neoliberal de Dilma ya no podía ofrecer respuestas, al activismo institucional del MPF y de jueces federales (que hoy asumen superministerios en el gobierno Bolsonaro), el aumento del desempleo, la inflación – controlada por medio del aumento de los intereses, una política que encarece el crédito y provoca contracción económica; las medidas correccionales del gobierno Dilma II y de Temer afectan negativamente, y con más intensidad, la franja social que había sido beneficiada por las políticas de distribución de la renta en los tres gobiernos petistas anteriores. El PT pierde progresivamente sus bases sociales y listo: se dan las condiciones para el antipetismo, que son atribuibles, en última instancia, más al PT que al cosidetto «golpe».

5 El agenciamiento bolsonarista

Desde el punto de vista de junio, y de la multiplicidad de sus pautas, la victoria del Bolsonarismo representó su restauración total. La indignación social no dejó de ser múltiple, pero fue institucionalmente canalizada hacia un núcleo de creencias más conservador. En los años que siguieron a 2013, la política de las calles fue progresivamente restaurada en el receso de los palacios.

Los resultados de la operación Lava-Jato y el impeachment de Dilma, imaginados por el consorcio peemedebista como eventos que enfriarían los ánimos de los manifestantes anticorrupción de 2013 y del Fora Dilma, de 2016, resultaron en el confinamiento de la política de las calles a la esfera formal de representación. Esto fue como un guiño a la posibilidad de traicionar en la estrategia de reorganización «por arriba» que el establishment preparaba en sus técnicas sacrificiales (perder a Dilma para no perder el lulismo, perder a Cunha para no perder el perder el peemedebismo, perder a Aécio para no perder el tucanato etc.).

La llamada «nueva clase media» inventada por el neodesarrollismo, por las políticas de distribución de renta y de acumulación de capital humano y biopolítico de los años Lula y Dilma, compuesta por trabajadores precarios, empresarios de sí mismos, jóvenes estudiantes suburbanos – y en un corte estereotipadamente masculina, pero no sólo-, migró al Bolsonarismo, jugando en el error de la izquierda, que sólo conseguía pensar el rechazo de junio en relación a los partidos, a la representación, a la sociedad dividida, como una forma social de anti política.

La perspicacia del Bolsonarismo se resume en la posesión de una sensibilidad para lo social que las izquierdas perdieron: la capacidad de identificar quiénes fueron los que más perdieron con la crisis de 2015 (la nueva clase media); la sensibilidad para alinear sus pautas a un deseo de cambio en la esfera de la representación política y de restauración, en la esfera de las costumbres y de la política cotidiana; la capacidad de agenciar deseo y creencia según un lenguaje anti estatista (todo el problema de Brasil es el Estado y su corrupción) y al mismo tiempo nacionalista y patriótica, en una deriva antiglobalización. Es decir, la capacidad de presentarse como alternativa anti-establishment, formando un consenso entre los sectores sociales más afectados económicamente y simbólicamente por la crisis de 2015 (la nueva ex clase media) y los más ricos (formalmente, un nuevo lulismo conservador ). Coló en todo el mundo: por un lado, un discurso anticorrupción y anti-estado, antiglobalización y patriótico pero, paradójicamente, neoliberal desde el punto de vista económico; por otro, una actuación política neoconservadora en las costumbres y creencias, pero transformadora de las viejas caras de la política.

Estas son, en gran medida, las líneas que componen el agenciamiento bolsonarista, que no sólo captó la indignación social, creando un pacto fundado en una mezcla de deseos y creencias socialmente transversales, porque atraviesan todas las clases, de arriba abajo, bajo el mito de Brasil como sociedad «sin divisiones»; pero que reterritorializó los flujos y las fugas que junio ensayaba, cerrándolos en un sistema autovalidante y autorreferente. El voto a Bolsonaro es menos fruto de la negación de Lula, de un antipetismo radical y odiante (aunque ésta no deja de ser un componente), que de su duplicación especular en un agenciamiento bolsonarista: un territorio existencial «nuevo y positivo» que el Bolsonarismo mesiánico promete; un nuevo lulismo, pero ahora derechizado. Por lo tanto, deberíamos analizar el fenómeno del Bolsonarismo no a partir de sus rasgos negativos (lo que él rechaza), sino de sus rasgos positivos (a partir de en qué deseos y creencias él puede afirmarse).

6 Pragmática sensible

Ante ese cuadro, no estoy en condiciones de apuntar salidas. Sólo puedo sugerir que duden de cualquiera que diga que lo está. Intente, si es posible, no seguirlos. Porque los dos hombres que, hoy, tienen salidas para Brasil, son Lula y Bolsonaro. Yo preferiría que no… Pero algo para mí está claro. Es inútil resistir. Es inútil rechazar. Toda reacción política al Bolsonarismo es una forma de confirmación y sello. No hay nuevo progresismo ni campo democrático de resistencia. El progresismo y el campo democrático están dados como condiciones internas al agenciamiento del Bolsonarismo. El fascismo no es un conjunto de creencias personales o colectivas, sino una posibilidad cancerosa, trágica e inherente a las mutaciones que se desarrollan en un campo democrático. Es en él donde hay que investigar los gérmenes de la indignación que permanece encendida y que vendrá, porque el Bolsonarismo ya comenzó a revelarse parte del establishment palaciego. Este es el riesgo que corre el candidato antisistema que quiere ser parte del sistema: el riesgo de conseguir, de convertirse en sistema, de corresponder al deseo social con fraude y destrozar el tejido de las creencias que lo sostenían.

Una nueva videncia colectiva como ésta puede sentar las bases para un nuevo conjunto de deseos y creencias sociales, más radicalmente democráticos. Por eso, si las izquierdas desean auténticamente recuperar algo de su potencia política, necesitan abandonar todos los proyectos personalistas, toda la curaduría partidaria, toda la servidumbre voluntaria que los envuelve; deben llevar al límite la operación política que anima el bolsonarismo: rechazar al PT, reconocer que el campo de luchas ya le escapa y lo excede. Y, además del bolsonarismo y del lulismo, incapaces de esa ética, vigilar al fascista en nosotros, bajo la forma de una ascesis continua, que permita comenzar a gestar las condiciones para la emergencia de una nueva capacidad colectiva de sentir …
Deleuze definía a la izquierda como una forma especial de la sensibilidad, un modo de sentir y experimentar el mundo. Quien es de derecha se preocupa primero consigo mismo, después con su familia, su vecindad, su ciudad, su país y, con suerte, con el mundo. Quien es de izquierda se preocupa ante todo con el mundo, su continente y su país, con su ciudad y su vecindad, con su familia y, por último, consigo mismo. Por eso, no hay, ni habrá, programa de izquierda, o gobierno de izquierda: o la izquierda será una pragmática sensible o no será nada. Para ello, tal vez sea útil remover la ceniza, revolver las cenizas de junio. Buscar en junio no el huevo de la serpiente (es histriónico encontrarlo ahí), sino que una chispa para reabrir su brecha. Junio todavía espera por nosotros. La izquierda es la que no estuvo a la altura de junio.

Traducción del portugués: Santiago De Arcos-Halyburton

De luchas, renta y médicos cubanos

Bruno Cava Rodriguez / Universidad Nómada

Cuando la izquierda escucha Cuba ya comienza a soñar con las epopeyas en las montañas cubanas y de fondo una canción de Violeta Parra, como si el programa Más Médicos (lanzado en 8 de julio de 2013 por el gobierno de Dilma Rousseff, cuyo objetivo es suplir la carencia de médicos en los municipios del interior y en las periferias de las grandes ciudades de Brasil) fuese la última floración del internacionalismo latinoamericano. Del otro lado, la derecha ideológica denuncia el experimento perverso de un Estado totalitario que somete a sus propios ciudadanos al trabajo forzado. Unos y otros protagonizan una película mala, plagada de clichés, vagamente inspirados en la historia del siglo pasado.

Es difícil pensar el Más Médicos sin tomar en cuenta Junio de 2013. Ahora se habla bastante en conceptos del pensamiento económico: concurrencia, salario justo, corporativismo, formación de precios; pero son colocadas en segundo plano las jornadas de Junio de 2013 y la huelga de los camioneros, que están asociadas a la conducción de los precios administrados por el gobierno: las tarifas de autobuses urbanos (2013) y el precio del diesel (2018). Las luchas resultaran en reducciones de 20 a 46 centavos, respectivamente.

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Existen varias teorías sobre la formación de precios. El padre del liberalismo económico, Adam Smith, tuvo la idea revolucionaria de que, dado un conjunto suficientemente grande de agentes racionales, si cada uno persigue su propio interés, de manera egoísta, la acción combinada de todos convergirá en la mayor eficiencia del todo. O sea existe una mano invisible, supra personal, que guia la interacción racional de los grandes números llevando a la maximización del producto total. Adam Smith se volvió el marco de la microeconomía: la optimización de los procesos económicos debe partir de abajo hacia arriba, llegando a un equilibrio global fundado en la aglutinación matemática del juego de la oferta y la demanda. León Walras, en la década de 1870, desarrollo un modelaje de formación de precios de abajo hacia arriba, de la nube difusa de sujetos a los índices agregados, elaborando la primera Teoría del Equilibrio General.

Pero Smith también fue un pensador de la macroeconomía. Rompiendo con sus predecesores fisiocráticos, sostenía que aumentar la riqueza de las naciones implicaba abrazar la Revolución Industrial, y que los estados precisaban dirigir sus inversiones al capital productivo. La fuerza de trabajo debería ser movilizada en la dirección de la industria. Otro liberal, J.M. Keynes, profundizó el aspecto macroeconómico de la teoría smithiana: el estado debería coordinarse con los empresarios para promover un mix de inversiones públicas y privadas y, de ese modo, mantener la economia caliente. El estado debería entonces incentivar la “eutanasia del rentista”, es decir, no debería bajo pretexto alguno salvar a los agentes económicos ineficientes o parasitarios. En el keynesianismo, inversión productiva y propensión al consumo son la clave de una demanda efectiva que actúa en la forma de una psicología de masas: la confianza social en la virtud del sistema realiza esa propia virtud, evitando crisis de depresión y paranoia. Pero otro liberal, David Ricardo, contemporáneo de Smith, tenía una pretensión distributiva y es la principal referencia filosófica de la social democracia y de muchos socialismos científicos. Ricardo diferencia precio de valor. La diferencia es que el valor puede ser medido objetivamente y, por lo tanto, las parcelas de valor pueden ser atribuidos a determinados segmentos sociales. Es el racionalismo distributivo. Para Ricardo, la composición del valor está dada por el tiempo de trabajo concretizado en el producto o servicio, multiplicado por un coeficiente cualitativo. Un médico, por ejemplo, incorpora en su tiempo de trabajo una exhaustiva, larga y onerosa formación, generalmente a tiempo completo. El equilibrio ricardiano, en lugar de derivar del producto global de una multitud de interacciones racionales, consiste en considerar a cada uno su parte. O sea, el salario debe corresponder al valor concretizado del trabajo. Existiría por lo tanto un salario justo, dado por el balance entre el precio reconocido al trabajo y el valor agregado por el mismo trabajo. En el fondo, Ricardo es un teorico de la justicia, predecesor de un John Rawls de hoy (los economistas políticos clásicos eran filósofos morales)

Karl Marx no era un economista político clásico y su principal contribución fue contestar la teoría del valor de David Ricardo. Su más famosa obra tiene por subtítulo: “Critica de la economia política”. Contra el socialismo de su tiempo y las teorías distributivas, Marx entiende que la ecuación no puede ser equilibrada. Existe un desequilibrio inamovible en el sistema que es, exactamente, lo que él llama relación del capital. No porque los capitalistas sean ambiciosos o porque la distribución de la riqueza social sea económicamente injusta en virtud del mayor poder político de la clase dominante. Eso ya está, al menos implícitamente, en David Ricardo. La contribución de Marx es mostrar como el desequilibrio es lo que hace al capitalismo funcionar: el desequilibrio es necesario para que el valor pueda ser producido y reproducido, de manera que, dentro de esta lógica, él no tiene como ser reequilibrado. Esto es, no existe salario justo, ese es un concepto quimérico. Toda relacion de trabajo implica un desequilibrio que, en términos políticos, él denomina ‘explotación’: el valor presupone una extracción de plusvalía, de apropiación del trabajo ajeno y la dirección del conjunto de la cooperación social (el trabajo colectivo) para la reproducción del propio sistema. Y más aún: o el capital intensifica y profundiza la explotación y, por lo tanto, aumenta la taza de plusvalía sobre el valor producido, o muere. Como los tiburones, el capital es forzado a continuar depredando y engordando en la compulsión estructural. Por eso, para Marx, la crisis es intrínseca a la relacion del capital y el desarrollo de las fuerzas productivas lleva al sistema a caminar en dirección a su colapso, pues eleva la explotación a altas cimas al mismo paso que incorpora y moviliza ‘en abyme’ a la fuerza de trabajo.

Es por eso que Marx, contra los liberales smithianos (inclusive, ex ante, Keynes) y Ricardo, realiza un desplazamiento en el pensamiento económico. Lo central no es la formación de los precios ni la teoría del valor, sino que el dinero. El marxismo de Marx es, antes que nada, una teoría monetaria. La lucha por el dinero es directamente politica. El precio no es el resultado de las interacciones racionales en un modelo del equilibrio general (Walras), ni la resultante del reequilibrio vigilante entre microeconomía y macroeconomía (Keynes), sino que un enfrentamiento de fuerzas, una relacion de poder con dos polos asimétricos. El precio del salario está dado por la capacidad de los trabajadores de organizarse y de movilizarse por el precio. El precio es político, que es la base de la teoría marxiana de pensadores económicos como Mario Tronti o Toni Negri. Los 66 centavos (que se van a multiplicar a los billones, pues son precios claves de la economia), conquistados en las principales luchas brasileñas de la década del 2010, son la contribución politica de la multitud en la formación de los precios, contra el contubernio estado/mercado que determina la tarifa de autobús o el precio del combustible.

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Y ahí, hecho el excurso, llegamos nuevamente al caso de Más Médicos. Me voy a referir ahora a dos jóvenes economistas, que se han esforzado por entender la historia del país.

En “Valsa brasileira» (2017), Laura Carvalho interpreta Junio de 2013 como un conflicto redistributivo: empujado por el aumento del salario mínimo por parte del gobierno y por medidas de valorización de la renta popular (un abanico de subsidios), la población se movilizó aún más para ampliar las demandas y presionar por mejores salarios. Aquel año, vale recordar, fue el record de huelgas contabilizadas por el Diesse: 2.050 en un único año. Mientras, el gobierno estaba a contracorriente del incremento de la inversión pública y del consumo popular, pues adoptó una agenda de inversión privada que entendía era el capital más productivo, la llamada “Agenda Fiesp”, donde estaba Odebrecht, constructoras, agronegocios, industriales automotores. El análisis no deja de ser en buena medida correcto, pero aún se limita a la lógica ricardiana, esto es, a la teoría del valor – que por cierto es la base de buena parte de la reflexión socialista y de la socialdemocracia en Brasil.

Monica de Bolle, en «Como matar la mariposa azul» (2017), va más al fondo de la cuestion. Ella muestra el tono del gobierno de Dilma fue subordinar las cuestiones microeconómicas a los problemas macroeconómicos, bajo la ilusión de que el gobierno podría intervenir más directamente sobre los precios. La autora narra cómo el gobierno amplio el margen de discrecionalidad sobre una serie de decisiones relativas a la conducción de los precios administrados (energía eléctrica, petróleo, tarifas, etc…), la tasa de intereses, las reducciones fiscales y todo tipo de subsidio a lo que Dilma entendía era el capital productivo (los campeones nacionales). Fue un menú completo de medidas normativas que pretendían imprimir un control del estado sobre el funcionamiento económico. Muchos análisis más a la izquierda, como el de André Singer, tienden a ver que las medidas de Dilma fueron desastrosas porque no tomaron en cuenta la correlación de fuerzas, pero en esencia justas y hasta valientes, pues estarían enfrentando el poder económico financiero. El texto de Monica es devastador inclusive para revelar como, en verdad, las medidas del gobierno estaban sujetas al corto plazo y no incorporaban, en su génesis, un correspondiente proceso económico capaz de darles sustancia y tendencia.

¿Cuál sería el proceso entonces? Es ahí que las luchas como las de Junio de 2013 y la huelga de los camioneros deben ser pensadas como fuerza económica. Las conquistas de los 20 y 46 centavos reconstruyen la confianza social en la capacidad de movilizarse. Dentro del abatimiento de los precios, existe un margen de produccion de subjetividad que es más virtuosa que los decretazos de palacio, aunque el palacio sea visto como una especie de Kremlin tupiniquim contra los banqueros globalista y su “guerra económica”.

De qué manera una removilización social es removilización productiva, como la conquista de renta (directa o indirectamente) esta acoplada a una nueva composición politica del trabajo, y como todo eso incide sobre la formación de precios? Inclusive la renta, el precio del trabajo social. Un campo enorme a pesquisar y, en ese sentido, recomiendo la produccion teórica de Giuseppe Cocco, que siempre insistió mucho sobre los desaciertos económicos de Dilma y su relacion con las luchas.

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Para terminar, ¿y el Mas Médicos? Fue una respuesta del gobierno a Junio de 2013. Fue lanzado al mes siguiente para atender una de las principales pautas difusas del movimiento, la salud. Desde el punto de vista distributivo, podríamos terminar la argumentación aquí, inclusive racionalizando el bajo precio del salario del médico cubano, que sería compensado en Cuba por una reinversión en servicios públicos y, en el cómputo global, tendríamos un equilibrio ricardiano. O podríamos usar a Smith o Walras para impugnar la descompensación introducida en el sistema de formación de precios (“falta de concurrencia”), perjudicando el mercado de los servicios de salud como un todo. O el propio Ricardo, junto con la categoría de los médicos, para alegar la deflación salarial injusta, reduciendo el valor del trabajo de los médicos en detrimento del médico nacional.
Pero me quedo con lo siguiente: la legión de pobres conquistó, a través de las luchas de Junio (sentido amplio), una solución precaria y desastrosa, pero que venía funcionando. Y no se puede esperar la revolución liberal o socialista para tener atención médica. Así como con las cuotas raciales, no se puede esperar a la abolición del racismo para entrar a la universidad. Esto no exime al gobierno de gobernar: convenir con la sociedad y los movimientos en la construcción de soluciones mejores. Aunque haya trabajado para destruir Junio, inclusive con la ley de organizaciones criminales (agosto de 2013) y la ley antiterrorista (marzo de 2016), en esto, por lineas torcidas, el gobierno de Dilma acabó yendo al encuentro de Junio.

¿Y los médicos cubanos? Esos no son víctimas de un totalitarismo de izquierda y no están en un Gulag. Son, si, explotados a tasas asiáticas por una dictadura fallida y anacrónica que explota el trabajo cualificado para obtener ingresos y sustentar el régimen castrista. La diferencia de ellos y los bolivianos explotados por Zara o por los chinos y que viven en jaulas en la periferia de de São Paulo no es de naturaleza, sino que de grado. Pero no son solo “victimas”. En primer lugar, porque son migrantes y como tales, resistencia en movimiento. En segundo lugar, porque ya venían movilizándose políticamente, a pesar de la represión a la disidencia por el estado cubano, llegando a llamar al propio régimen de trabajo de “esclavo” o de “semi-esclavitud”, palabras de una fracción de ellos.

La lucha genera más lucha y los nuevos problemas siguen su marcha, debiendo ser analizados al interior del propio movimiento.

Traducción del portugués: Santiago De Arcos-Halyburton

Extractivismos: el concepto, sus expresiones y sus múltiples violencias

Por Eduardo Gudynas

El autor, uno de los investigadores de referencia en extractivismo en América Latina, define en este artículo el fenómeno y sus características –comunes con los extractivismos en otros puntos del planeta– y evalúa los impactos negati- vos que tiene sobre las políticas estatales a través del denominado “efecto derrame”. La frecuencia con que los extractivismos se entretejen con ilegalidades, alegalidades y corrupción lleva al autor a plantear que en su mayoría conllevan en sus prácticas el signo de la violencia. Para estos extractivismos realizados con fuerte violencia se ha acuñado un nuevo término: extrahección.

Los llamados extractivismos se han convertido en un drama social y ambiental que se repite en casi todo el planeta. En América Latina aparecen en todos los rincones del continente: desde las perforaciones petroleras en la Amazonia de Ecuador al monocultivo de soja en las sabanas del centro de Brasil, desde la megaminería chilena al fracking en la Patagonia de Argentina.

Este tipo de explotación de la naturaleza no es nueva, pero más allá de su larga historia, el particular contexto de la década de 2000 hizo que se multipli- cara en todo el continente americano. Eran tiempos de optimismo y expansión económica, de cambios políticos y muchas ilusiones. Pero de todos modos, América Latina volvió a apostar por extraer recursos naturales para seguir siendo el gran proveedor de materias primas de la globalización.

Los extractivismos se multiplicaron e intensificaron, y eso promovió toda una secuencia de problemas. Aumentaron los impactos ambientales y sociales, comenzaron a sumarse accidentes de todo tipo y se incrementó la denuncia y protesta ciudadana. Los gobiernos y las empresas reaccionaron y en varios sitios hostigaron o criminalizaron a los movimientos ciudadanos, especialmente indígenas y campe- sinos. Los extractivismos quedaban empantanados en la violencia, pero los gobiernos seguían protegiéndolos dada su dependencia económica.

Los debates fueron cada vez más intensos a partir de la segunda mitad de la década de 2000, tanto en la denuncia de esos emprendimientos como en la búsqueda de alternativas a ellos. La existencia de gobiernos progresistas obligó a un debate en términos distintos a los que tradicionalmente tenían lugar con las administraciones conservadoras. No faltaban quienes sostenían que la solución serían algo así como unos extractivismos estatales o bajo control obrero, o los que argumentaban que no existían alternativas posibles y eran un mal necesario para financiar programas contra la pobreza. Incluso estaban los que afirmaban que cualquier tipo de aprovechamiento de la naturaleza sería un extractivismo, y por ello no habría diferencia entre un campesino que cultiva la tierra y las enormes superficies sembra- das con soja.

Estas y otras circunstancias obligaron a que se definiera con la mayor precisión posible el campo de los extractivismos. Esto no se debía a una necesidad académica, sino a una inevitable condición para poder esgrimir debates políticos y para pensar alternativas de sali- da a esa dependencia.1

Definiendo los extractivismos

Bajo esas condiciones se arribó a una definición de trabajo de los extractivismos: correspon- den a un tipo de apropiación de recursos naturales en grandes volúmenes y/o la alta intensidad, donde la mitad o más son exportados como materias primas, sin procesamiento industrial o procesamientos limitados. Esta es una delimitación acotada, que recoge buena parte de los antecedentes históricos en el manejo del concepto, pero a la vez permite dis- tinguir entre la agricultura campesina, orientada al autonconsumo o el mercado nacional, de actividades como un campo de petróleo o una mina a cielo abierto que comercia con los mercados internacionales.

Es importante advertir que el tipo de impacto ambiental no define a los extractivismos. Hay otros modos de apropiación de la naturaleza que pueden tener muy altos impactos ambientales y que no constituyen extractivismos, ya que están destinados al consumo local o nacional. De todos modos, son bien conocidos un amplio conjunto de efectos negativos de los extractivismos, que van desde la pérdida de biodiversidad a la contaminación de suelos, aire y agua. En algunos casos, esos impactos y el enorme volumen de recursos naturales removidos genera “amputaciones” ecológicas, como son las enormes canteras en las minas de hierro, carbón u oro, y que no pueden ser restauradas o remediadas.

La definición deja muy en claro la dependencia de los extractivismos con la globaliza- ción. Eso explica que el volumen de recursos que se extrae alcanza los millones de toneladas o millones de barriles, muy por encima de las necesidades de los propios países, ya que en realidad está alimentando el consumo de otros continentes. Esa voracidad de la globalización explica que este tipo de actividades sean hoy en día la mayor causa de impactos ambientales y territoriales en América Latina, superando a cualquier otra problemática que esté restringida a nivel nacional. Además, esa dependencia global implica que sea muy difí- cil su manejo por los gobiernos nacionales, ya que en realidad responde a las demandas de consumo y disponibilidad de capital de los mercados globales. Dicho de otro modo, los extractivismos están localmente anclados, pero dependen de la globalización.

Otra consecuencia de esta definición es que los extractivismos son plurales, incluyendo los clásicos sectores minero y petrolero, muy conocidos en los países andinos, pero también cubre otros sectores como la agropecuaria, ganadería, bosques o pesca. También deja en claro que no existe algo así como una “producción” de minerales o granos, tal como hacen economistas convencionales o los informes gubernamentales. En los extractivismos nada se produce sino que existe una extracción por ejemplo de cobre, o una cosecha de soja.

Este concepto permite superar otro error común, y en especial en la academia y algunas redes globales, que los califican como industrias. Eso es incorrecto referirse a “industrias extractivas”, ya que en ellos no hay una transformación industrial; no se elaboran productos manufacturados y lo que se exportan son materias primas (también denominados como commodities). La insistencia en hablar de “industrias extractivas” tampoco es ingenua, ya que tiene unas connotaciones culturales que apelan a los imaginarios de fábricas con muchos obreros para así lograr adhesión ciudadana. Es necesario abandonar esa denomi- nación no solo por la rigurosidad conceptual, sino por esas implicaciones políticas.

Esta definición permite avanzar en la comprensión de algunas particularidades de los actuales extractivismos. Es posible comprender que ocurren bajo muy diversos regímenes de propiedad y acceso. Están los conocidos emprendimientos en manos de empresas privadas, las que pueden ser extranjeras, como ocurre con muchas corporaciones mineras o petroleras, nacionales, como el grupo Buenaventura en Perú, o asociaciones entre unos y otros. Otros enclaves son controlados por compañías estatales (como las petroleras nacionales en Bolivia o Venezuela), o por empresas mixtas (como es el caso brasileño de la petrolera Petrobras). Incluso se han sumado otros modos, tales como las cooperativas mineras en Bolivia, o una impactante proliferación de una minería ilegal del oro en zonas tropicales, en manos de decenas de miles de mineros que actúan individualmente o en pequeños grupos en países como Colombia, Perú, Bolivia y Brasil. A su vez, mientras que la propiedad puede ser de un tipo, el acceso al recurso natural puede tener un régimen distinto (como ocurre en Venezuela, donde la empresa estatal realiza todo tipo de joint-ventures para extraer, procesar y comercializar con las conocidas corporaciones transnacionales).

La política de los extractivismos

Estas y otras características explican que los extractivismos se repitieran bajo todo tipo de gobiernos en América Latina, desde los progresismos brasileños o venezolanos al conservadurismo de Colombia o Chile. Los estilos de implementación fueron diferentes, ya que en unos casos se intentaron mayores controles desde el Estado, sea por medio de las propias empresas nacionales o elevando la tributación, mientras que en otros persistieron estrategias que descansaban en las corporaciones transnacionales. Seguramente los gobiernos progresistas en sus primeras etapas, impusieron en varios países cambios positivos sobre el acceso y la tributación en el sector petrolero, y pudieron sacar provecho de los altos precios que se disfrutaban años atrás. Esas circunstancias económicamente ventajosas le daban mayores márgenes de maniobra a los gobiernos. Pero con el paso del tiempo, a medida que las condiciones de los mercados internacionales se volvieron más difíciles, los gobiernos, en lugar de diversificarse hacia otros sectores productivos, redoblaron sus apegos por los extractivismos.

Aunque existieron diferencias entre distintas posturas ideológicas, lo impactante es que coincidieron en defender y promover los extractivismos. Cuando aquella bonanza económica decayó a medida que avanzaba la década de 2010, todos los gobiernos, fuesen conservado- res o progresistas, apuntaron a redoblar los extractivismos para enfrentar la crisis. Buscaron aumentar el volumen de recursos exportados para así recuperar sus ingresos por exportación. O bien, se lanzaron a buscar nuevos sectores extractivos, tales como el fracking o ampliar la frontera agrícola para dar lugar a nuevos monocultivos. En esto se utilizaron todo tipo de herramientas como concesiones territoriales, rebajas en los controles ambientales y socia- les y hasta subsidios económicos.

Todo ello originó el aumento de las denuncias y resistencias ciudadanas. Los grupos locales padecían cada vez más problemas por impactos como la contaminación o el desplazamiento, o sus territorios pasaban a ser concesionados a mineras o petroleras, las que finalmente los controlaban. Escalaban los reclamos y las protestas, y en algunos casos esta- llaron en masivas movilizaciones ciudadanas (como ocurrió en Colombia, Bolivia, Perú y Ecuador). Las reacciones de los gobiernos, fuesen conservadores o progresistas, fue pro- teger los extractivismos y buscar anular o controlar la movilización local. Escaló todavía más la violencia que acompaña a muchos de esos emprendimientos, sea la que hace el propio Estado al criminalizar la protesta ciudadana, como al tolerar la represión de fuerzas de represión o incluso los asesinatos de líderes locales.

Ilegalidades y alegalidades

Bajo estas condiciones no puede sorprender el descubrimiento de prácticas ilegales en muchos extractivismos. Los ejemplos más conocidos van desde la escala local como sobor- nar un inspector que debe verificar las consecuencias de la fumigación con agroquímicos o incumplir los requisitos de calidad ambiental, hasta otros a nivel nacional como los negociados en obtener concesiones mineras o petroleras.

Ese tipo de situaciones son bien conocidas, y actualmente se volvieron muy visibles con los grandes casos de corrupción (que serán comentados más abajo). Pero un examen de la situación en América Latina muestra que en paralelo tienen lugar lo que se reconocen como “alegalidades”. Estas son acciones que formalmente son legales o que al menos no están prohibidas por la normativa, pero cuya finalidad evidente es un aprovechamiento espurio uti- lizando los vacíos legales, aunque así perjudicando los intereses colectivos. Son las prácticas que aprovechan los vacíos, limitaciones o imperfecciones normativas para obtener un bene- ficio ilegítimo que daña a la sociedad o el ambiente, y que una norma buscaba impedir. El ejemplo más conocido reside en las corporaciones mineras que usan trucos formales para evadir impuestos. Recientes evaluaciones para Perú, muestran que hay empresas mineras que aprovechando alegalidades el Estado termina devolviéndoles más dinero de los impuestos que pagaron. De este modo se cae en una alegalidad donde es el Estado el que termina subsidiando a los extractivismos mineros.

La articulación entre ilegalidades y alegalidades confluyen en una reducción de la cobertura de los derechos de las personas y de la naturaleza para poder sostener un emprendimiento extractivista. Son casos donde se aceptan violaciones de todo tipo sobre la calidad del ambiente y las condiciones locales, se tolera la corrupción, y se criminaliza y reprime a movimientos sociales. Las situaciones extremas llegan a la violencia sobre las personas, tales como la muerte de manifestantes por fuerzas de seguridad pública o privada (como ha ocurrido en Paraguay), o el asesinato de líderes locales (en varios casos perpetrado por sicarios, como ha sido denunciado en Brasil y Colombia). Los gobiernos pocas veces investigan y penalizan esas violaciones, y en algunos casos son cómplices (como ocurre con la participación de la policía).

Hay algunos extractivismos que son tan violentos que es necesario distinguirlo con una etiqueta específica: “extrahección”. Este nuevo término proviene del vocablo en latín, extraher, que quiere decir: “arrancar con violencia”. Por lo tanto, las extrahecciones aluden a los casos de extractivismos donde se violan los derechos de las personas y la naturaleza, en especial cuando ello se hace con violencia.

En América del Sur las extrahecciones no son casos aislados o “accidentes” en la implantación de un proyecto, sino que son una condición necesaria, previa y frecuente para llevar adelante emprendimientos de gran escala o muy intensivos. En efecto, los extractivis- mos actuales imponen efectos tan agudos que si las comunidades fuesen adecuadamente informadas, los estudios de impacto ambiental fuesen rigurosos o se contabilizaran realmen- te todos sus costos económicos ocultos casi nunca serían aprobados. Por lo tanto, es necesario debilitar y recortar la cobertura de derechos para imponer este tipo de actividades.

Efectos derrame

Ese debilitamiento de la cobertura y salvaguarda de los derechos muestra una consecuen- cia de los extractivismos que es muy distinta de los impactos locales más conocidos, como puede ser la contaminación. Por lo tanto, nos encontramos ante dos procesos, por un lado los conocidos impactos locales, y por otro lado efectos más difusos, pero no menos graves, que alteran las políticas públicas.

Estos últimos son denominados “efectos derrame”, correspondiendo a cambios en las políticas públicas, e incluso en conceptos políticos básicos como justicia o derecho, que son transformados como consecuencia de los extractivismos.

Esto se observa cuando, por ejemplo, para poder llevar adelante un proyecto extractivo se modifica una normativa ambiental, pero la consecuencia de ese cambio no se restringe a ese emprendimiento, sino que modifica toda la gestión ambiental, incluso en actividades no extractivas, y se aplican en todo el territorio. No estamos aquí ante impactos locales, y no son pocos los casos donde una normativa se altera aun antes de iniciar un emprendimiento, con el solo propósito de alentar a inversores. Lo que ocurre es que políticas públi- cas, como pueden ser las ambientales, laborales, sanitarias, etc., se modifican para permitir los extractivismos, y eso genera consecuencias que se “derraman” en todas las políticas y en todo el país. Existen múltiples derrames y se entrelazan unos con otros, afectando los modos de entender la economía, la justicia y la democracia, e incluso las concepciones de la naturaleza.

Distinción entre impactos locales y efectos derrame, con ejemplos de algunas de sus expresiones más comunes

 

La sombra de la corrupción

Uno de los flancos donde se hace más evidente la incidencia de la ilegalidad en los extrac- tivismos, operando en función de esos efectos derrame, se encuentra en la corrupción. Esa problemática tampoco es nueva, ya que la corrupción asoma de muchos modos en varios extractivismos, como puede ser sobornar a un funcionario estatal para obtener permisos ambientales o dejar impunes a los que violan derechos humanos. Posiblemente el caso más conocido sea el que envolvió a la petrolera brasileña estatal Petrobras y un conjunto de corporaciones que trabajaban con ellas, tales como Odebrecht.

Los resultados de la conocida operación Lava Jato lanzada desde la ciudad de Curitiba, incluyeron 1.765 procesos, 73 acusaciones criminales contra 305 personas distintas, 188 condenas sobre 123 individuos, y 163 acuerdos de testimonios a cambio de reducción de las penas (datos a abril de 2018). A nivel federal están en marcha 100 acusaciones, 7 acciones penales y 121 acuerdos de testimonios premiados. La cifra estimada de los sobornos paga- dos sigue elevándose, pero podría haber alcanzado los 10.000 millones de reales (alrededor de 3.000 millones de dólares). A partir de todo esto perdieron sus cargos, han sido procesa- dos o están encarcelados, entre otros, quienes fueron presidentes de la cámara de senado- res y de diputados, ex ministros y legisladores.

Aunque menos publicitados por la prensa convencional, hay otros casos que son tanto o más graves que los de Brasil. Entre ellos se destaca la situación en Chile, donde, a pesar de ser presentado como un ejemplo empresarial y económico, se comprobó que en el primer gobierno de Sebastián Piñera se desplegó una trama de pagos ilegales desde una corpora- ción minera a los legisladores. Ese esquema es escandaloso, pero a la vez revelador, ya que los pagos de la empresa llegaron a todos los partidos políticos y eran proporcionales al número de votos (y de legisladores). Más recientemente se descubrió que el fondo estatal acumulado por la explotación del cobre era usado por los militares que lo controlan en viajes y juergas en Las Vegas. Estos y otros ejemplos muestran que la corrupción alrededor de la explotación de la naturaleza está mucho más extendida de lo que se cree.

Cuando la corrupción está presente en las prácticas de apropiación de la naturaleza, las definiciones convencionales de corrupción son insuficientes, ya que no incorporan adecuadamente sus implicancias ambientales y territoriales, y además tienen dificultades en lidiar con las alegalidades.

Por ello se trabaja con otra definición, concibiéndola como prácticas ilegítimas, irregulares e incorrectas, tanto ilegales como alegales, realizadas en ámbitos públicos como privados, por distintos actores, quienes logran beneficios propios, aprovechando posiciones de poder, que a su vez desencadenan perjuicios sociales y ambientales, y por lo tanto expresan injusticias.

Un examen de 139 casos en diez países sudamericanos encontró que la corrupción está presente en todos los tipos de extractivismos, desde los más clásicos como minería y petróleo a otros, como pesca y forestal. Ocurre en todos los países de la región, incluyendo aquel que tiene los más bajos indicadores de corrupción (Uruguay). Por lo tanto, ha afectado a gobiernos de todo sesgo ideológico, desde las administraciones conservadoras en los paí- ses andinos a los progresismos como los de Argentina, Bolivia y Brasil. Del mismo modo, se la detecta bajo todos los regímenes de propiedad y acceso a los recursos naturales (emprendimientos privados, mixtos, estales, cooperativos, etc.).

La corrupción en los extractivismos obviamente opera en la ilegalidad, pero la misma investigación mostró que incide sustancialmente en el campo de la alegalidad. Es más, se puede argumentar que los esquemas de corrupción en los extractivismos buscan ampliar el campo de las alegalidades ya que de esa manera aumentan sus chances de impunidad.

La enorme importancia económica de los sectores extractivos explica la atracción que ejercen sobre los actores políticos, ya que ven allí fuentes de dinero para nutrir sus actividades. No debe pensarse en ocasionales encuentros a las sombras, donde un empresario le traspasa un bolso con dólares a un político, sino que los casos brasileños revelaron una ingeniería administrativa y financiera que involucraba decenas de ejecutivos, intermediarios y políticos, que usaron canales empresariales, bancarios y gubernamentales, muy estable y engrasada, y que por ello perduró durante años.

Los extractivismos, con sus insistencia en mercantilizar la naturaleza y la sociedad, no solo son permeables a la corrupción política a gran escala, sino que también se convierten en canales para que penetren a nivel de grupos ciudadanos, comunidades campesinas o indígenas. Esta triste dimensión del problema se expresa en las distintas situaciones donde se han descubierto redes de corrupción en las que participaban líderes locales. Un ejemplo fue el llamado Fondo Indígena, creado por el gobierno de Evo Morales en Bolivia, que se mantenía con dineros de la exportación de hidrocarburos, y que resultó en desvió de fondos, proyectos fantasmas que nunca se ejecutaron, pago a movilizaciones partidarias, etc.

La corrupción a su vez debilita o anula la visibilización de los impactos de los extractivis- mos, e incluso de la violencia que ocurre en ellos. Incluso opera para dejar impunes sean a los que contaminan un río o a los que asesinan a un líder ciudadano. Es por ello que puede afirmarse que la corrupción en los extractivismos golpea sobre todo a las comunidades locales, especialmente indígenas y campesinas. Y a la vez, sirve para debilitar tanto la salva- guarda de los derechos humanos como la vigencia de democracias plenas.

La justicia y la democracia, otra vez

Este brevísimo y esquemático repaso muestra que los extractivismos encierran fuertes ten- siones y contradicciones. Son un modo de apropiación de la naturaleza, pero por su enorme importancia económica y sus severos impactos son mucho más que eso. Ese tipo de activi- dad está detrás de muy severas consecuencias ambientales y sociales y genera todo tipo de conflictividad. A la vez, alimenta efectos derrame que van mucho más allá de las circunstancias locales, erosionando, por ejemplo, la cobertura de derechos y tolerando la violencia. En los casos de corrupción se entremezclan muchas de esas dimensiones.

Desde una perspectiva como desde otra, los más perjudicados son las comunidades en el medio rural, sean campesinas o indígenas, ya que ellas se ubican allí donde están los yacimientos mineros, petroleros o avanza la nueva fronteras agropecuaria.

En cualquiera de esos casos está en juego la calidad de la democracia y los conceptos sobre la justicia. Tolerar las ilegalidades y alegalidades de los extractivismos, recortar los mecanismos de participación e información ciudadana, o soportar la impunidad de asesinos de líderes comunitarios son todos distintas reconfiguraciones sobre la justicia y la democra- cia. O sea, son efectos derrame alimentados desde la obsesión con los extractivismos.

A pesar de todo esto, es impresionante que la resistencia a los extractivismos se repita en todos los países. No son simples reacciones defensivas, sino que en muchos sitios están dando una batalla, presentando alternativas más allá de los extractivismos, en varios casos con alto nivel de sofisticación, desde el respeto intercultural y sin renunciar a la búsqueda de la justicia social y ecológica.

 

NOTAS

1 Las definiciones y los casos están basados en el trabajo del autor en nueve países sudamericanos, en diálogo con distintos movimientos sociales y centros académicos en la última década.

Publicado: PAPELES de relaciones ecosociales y cambio global No 143 2018

Un salto cualitativo en las tormentas

Por Raúl Zibechi

Estamos entrando en una nueva normalidad. Las cosas no son como eran hace 10 años. Las frases no pertenecen a ningún intelectual sino a alguien realmente importante: el jefe de bomberos de un condado de California. Integran el reportaje del periodista hispano-estadunidense Gustavo Arellano sobre los más recientes y devastadores incendios, que pueden servir como introducción al mundo caótico en el que estamos ingresando (goo.gl/pVezzc).

Los bomberos más experimentados de ese estado aseguran que nunca habían visto algo igual. En la pequeña ciudad de Paradise ardieron 10 mil edificios, hubo cerca de mil desparecidos y los muertos se acercan al centenar. Especialistas aseguran que ya no hay temporada de incendios, como había hasta ahora, porque suceden a lo largo de todo el año.

Al cambio climático se suma la desastrosa urbanización de áreas rurales. Cien millones de árboles muertos en California en sólo cuatro años de sequía (2011-2015), a lo que se suma la brutal especulación inmobiliaria que ha urbanizado las zonas rurales, una impresionante colonización del campo (goo.gl/DneeTq).

¿Podemos imaginarnos lo que sería si los huracanes y los tsunamis dejaran de ser algo excepcional o temporal para convertirse en una nueva normalidad? Agréguese que la mayoría de las grandes ciudades del sur del mundo no tienen más agua potable y sus habitantes deben comprarla, cuando pueden, para no enfermar. Los 20 millones de habitantes de Delhi viven 10 años menos por la contaminación del aire, 11 veces superior a lo permitido por la Organización Mundial de la Salud (goo.gl/v7KNKH).

Estamos ingresando en el momento en cual la tormenta se torna lo cotidiano, agravada por una nueva coyuntura política en la cual los Trump y los Bolsonaro forman parte del nuevo decorado. Hasta el mediocre presidente francés Emmanuel Macron, declaró que el mundo se verá abocado al caos si la decadente Unión Europea no encuentra un rumbo propio (goo.gl/YjBqTH).

Si es cierto, como dice el filósofo brasileño Marcos Nobre, que Bolsonaro fue el candidato del colapso y necesita del colapso para mantenerse, debemos reflexionar sobre este argumento (goo.gl/tSkZaF). A mi modo de ver, tanto el nuevo conservadurismo (fascismo dicen algunos) como el progresismo, son el fruto amargo del colapso y tienen un amplio futuro por delante. Como resultó evidente en Brasil, Lula y Bolsonaro son complementarios y cada quien podrá llegar a conclusiones similares en su propio país.

Creo necesario reflexionar sobre qué entendemos por colapso, a quiénes afectará y cómo podríamos salir del mismo.

En primer lugar, dejar en claro que el colapso en curso es una creación de los de arriba, la clase dominante o el uno por ciento más rico, para superar una situación de extrema debilidad por falta de legitimidad respecto al resto de la humanidad. El colapso es una política de arriba para controlar y disciplinar a los de abajo y, eventualmente, encerrarlos en campos de concentración reales, sin alambradas pero rodeados por campos con glifosato, monocultivos, mega-obras y mineras a cielo abierto.

Rechazo con vehemencia la idea de que el colapso sea un proceso natural o de la naturaleza, e insisto en su carácter de proyecto político que reducir la población del planeta para estabilizar la dominación. Este plan se exterioriza también en los fenómenos naturales, pero su punto de partida es la clase dominante.

La segunda cuestión es que afecta principalmente a los sectores populares, pueblos originarios, africanos liberados de la esclavitud, familias rurales y de las periferias urbanas. Las y los de abajo sobramos en este mundo de acumulación por robo, porque como ya se ha dicho somos el mayor obstáculo para convertir la naturaleza en mercancías.

Los de arriba nos atacan, pero no por razones ideológicas, por racismo o machismo feminicida, sino que utilizan estos instrumentos de dominación y control para lubricar su enriquecimiento ilegítimo y a menudo ilegal. Se volvieron violentos para acumular.

La tercera es que no tiene mayor importancia si estos procesos se producen bajo gobiernos conservadores o progresistas, ya que no pueden controlar la acumulación por robo, lo que no los convierte en inocentes por cierto. El progresismo sudamericano se ha hundido por la violencia y la corrupción que generaron las grandes obras, más que por las acciones de la derecha.

Como señala el periodista de izquierda Leonardo Sakamoto, la aberración de construir una hidroeléctrica como Belo Monte (en plena Amazonia), con su inevitable secuela de violencia contra las poblaciones indígenas, trabajo esclavo y tráfico de personas, fue el fruto de la arrogancia desarrollista del lulismo (goo.gl/44bkpg). Las mega-obras no son errores sino el meollo del progresismo.

Por último, esta nueva realidad inutiliza nuestras viejas estrategias y nos fuerza a construir arcas (o como cada quien quiera llamarle a los espacios de autonomía y autodefensa) que necesitamos para no naufragar y morir en la tormenta.

Fuente: http://www.jornada.com.mx/2018/11/23/opinion/020a1pol

Daniel Innerarity: «La agitación política es perfectamente compatible con que no cambie nada»

  • El filósofo se pregunta en Comprender la democracia por qué la actualidad política resulta tan confusa para los ciudadanos y cómo afecta esto al sistema representativo
  • El volumen forma parte de una serie de ensayos breves y divulgativos que arrojan luz sobre aspectos clave de la organización social, como el funcionamiento de las elecciones o la corrupción

Por Clara Morales

Comprender la democracia. Ese es el título del último libro de Daniel Innerarity (Bilbao, 1959), y la tarea propuesta no parece sencilla. La sensación que puede tener el lector de que la actualidad es veloz e indescifrable, explica el ensayista en el volumen, no es solo una sensación: «Es una ilusión pensar que el ser humano es capaz de entender el funcionamiento de las instituciones y de la sociedad en su conjunto». Que lo diga un catedrático de Filosofía políticano resulta tampoco muy alentador. Entonces, ¿cómo va a votar el ciudadano de manera informada? ¿Cómo va a saber, en esta maraña indescifrable, cuáles son las políticas que más convienen a la sociedad y quién puede defenderlas mejor?

La solución que propone el autor de libros como La política en tiempos de indignación(2015) o Política para perplejos (2018) no es sencilla, pero es contundente: «fortalecer la cooperación y la organización institucional de la inteligencia colectiva». ¿Cómo? Él diría que de varias formas, pero una de ellas quizás se correspondería con el propósito con el que nace la colección a la que pertenece su nuevo título, la serie titulada Más democracia, editada por el sello Gedisa. En ella, la politóloga —y colaboradora de infoLibre— Cristina Monge y el filósofo del Derecho Jorge Urdánoz se proponen lanzar algo de luz sobre algunas cuestiones de actualidad a través de volúmenes concisos y divulgativos. Cogiendo el testigo de Innerarity, se repasarán luego los sistemas electorales (el propio Urdánoz junto a Enrique del Olmo), el fenómeno de la corrupción (Manuel Villoria) o las carencias de la Constitución del 78 (María Eugenia Rodríguez-Palop). Pero con su ensayo de 94 páginas el filósofo bilbaíno empieza por el principio: ¿realmente podemos comprender de qué va todo esto?

Pregunta. ¿A qué nos referimos cuando decimos que los ciudadanos no entendemos la política?

Respuesta. Hay varias cosas. La política en sí misma considerada se ha convertido en algo más complejo que en otras épocas de la historia. La propia democratización, el propio avance de la democracia, es una complicación, porque cada vez hay más cosas que tienen que ser decididas democráticamente, porque cada vez hay más derechos que tienen que intervenir en el debate… Hay un incremento de complejidad objetiva. Y otra razón por la que no entendemos la política es porque no nos la explican bien. Si los gobiernos en Europa de todo lo impopular hacen responsable a Bruselas, y de todo lo bueno son ellos los causantes, terminamos por no entender muy bien quién manda aquí. Además de otros déficits, en la democracia hay un déficit de la inteligibilidad. No entendemos bien, no solamente los que nos dedicamos a esto durante muchas horas, que nos cuesta, sino la gente corriente, que es la que tiene la última palabra. Porque nuestra democracia es para el ciudadano medio, no es para el manejo de unas élites.

P. Hay, de hecho, una corriente –minoritaria, pero ahí está— que partiendo de la idea de que la democracia necesita ciudadanos que estén formados, defiende que solo participe en ella una élite intelectual, una suerte de sufragio censitario. ¿Cómo se puede evitar esa elitización de la democracia?

R. Bueno, es que de hecho ya es así. Nos guste o no nos guste, la gente más cualificada, con mayor acceso a los centros de creación de opinión y poder, de hecho ya influye más que la menos cualificada. Lo que un sistema democrático implica es la corrección de este privilegio de los supuestamente más sabios o poderosos. Pero el principal argumento para esto es que, aunque se diga que la política debería estar hecha por los mejores, primero: ¿cómo los identificamos? ¿Qué criterios hay para establecer que uno es mejor que otro para acceder a un cargo de Gobierno? Y, segundo, suponiendo que hubiéramos acertado y estuvieran los mejores en el Gobierno, ¿se gobernaría mejor? Tengo mis dudas. Y por si fuera poco tenemos experiencias históricas de crisis –la más reciente, la de 2008— que han sido causadas por errores de los expertos. En la crisis económica hubo muchos fallos de muchas gentes, pero hubo malísimas previsiones por parte de agentes económicos que se suponía que tenían unos mecanismos de anticipación del futuro que superaban a todos los demás.

P. Cuando se asocia ser el mejor para gobernar con el requisito de tener una educación superior, y luego se ven escándalos como el caso máster

R. Es que este caso concreto ha sido un caso de titulitis. Si hablamos de una persona que se ha formado en el Derecho público y ha hecho grandes estudios, me merecería respeto y consideración, como mis propios alumnos de máster, que meten muchas horas para prepararse. Este caso concreto, más que la tiranía de los expertos, es el postureo de quien se reviste de unos títulos y ni siquiera se toma el esfuerzo de estudiar esos contenidos. Esa titulitis por parte de la clase política responde a la necesidad de prestigiarse a sí mismos que tienen aquellos que ven erosionada su autoridad. Y luego, por otro lado, el conocimiento que podemos esperar de nuestra clase política no se aprende en la universidad. En la universidad se aprenden cosas que son muy útiles para la política, pero lo necesario para hacer buena política –que, no olvidemos, hay muchos más políticos en las instituciones locales y los ayuntamientos— es capacidad de trabajo, una visión de conjunto, una sensibilidad por los más desfavorecidos, un sentido de la justicia… Eso no te lo garantizas pasando por la universidad.

R. ¿Y qué tipo de conocimiento deberíamos tener los ciudadanos para participar en política?

R. Saber de política, para un ciudadano medio, no significa conocerse las leyes, las disposiciones, y saber cómo se hace un presupuesto. Cosas que, por cierto, no conocen la mayor parte de nuestros representantes. Se trata de tener una visión de conjunto de las cosas y, sobre todo, en tener una empatía, una educación emocional que a uno le lleve a desear vivir en una sociedad equilibrada, igualitaria, sensible ante el sufrimiento, respetuosa con las diferencias, dispuesta al diálogo… Todo esto es muchísimo más importante para que cumplamos con nuestros deberes de ciudadanía que el conocimiento legislativo.

P. ¿Dónde imagina que los ciudadanos podríamos adquirir este conocimiento?

R. Si recordamos aquello de que para educar a un niño hace falta una tribu entera, algo parecido podríamos decir aquí: para educar a un ciudadano o una ciudadana, hace falta una tribu entera. Es decir, hace falta una comunidad política entera actuando en un sentido adecuado: hacen falta unas instituciones educativas, unas familias, unos medios de comunicación que colaboren en esa dirección. Por tanto, aunque a mí me parece una idea estupenda, y siempre lo he defendido, que haya asignaturas concretas en el currículum educativo que enseñen a nuestros hijos e hijas la organización de las instituciones, me parece que eso es una parte nada más de la solución. Se aprende de política cuando uno va y ve cómo sus padres hacen la compra, porque con el carro de la compra se hace política. Se aprende de política cuando, en la familia o en el colegio, uno ve de qué manera se configura la relación con aquellos que no piensan como nosotros. Y por supuesto se aprende mucho de política, o se desaprende, en lo que uno encuentra en los medios de comunicación. Cómo tratan la política, qué tipo de mensajes, qué tipo de emociones nos transmitan es decisivo para nuestra formación.

P. En el libro señala la aparente paradoja de que los ciudadanos más informados sobre política suelen ser menos críticos y más partidistas. ¿Cómo explicamos esto?

R. Es un hallazgo curioso. Dicen algunos estudiosos que, efectivamente, entre la gente más comprometida con la política suele estar la gente menos proclive al acuerdo. Y a veces hay un cierto sesgo dogmático precisamente entre aquellos a quienes más interesa la política, mientras que la gente más despolitizada suele ver con más agrado los acuerdos en política. Esto tendría que llevarnos a revisar nuestro modo de comprometernos con una causa o con un partido, que muchas veces nos ciega al punto de vista y los intereses de quienes no comparten nuestra posición.

P. Resulta descorazonador: si los ciudadanos deben estar formados e implicados, pero eso lleva al dogmatismo y la inflexibilidad…

R. Sería un mal negocio. Pero yo creo que hay una salida: que nos formemos en ideas integradoras y abiertas al diálogo, no en sectas o tribus y en contenidos ideológicos incapaces de ser negociados con quienes no piensan como pensamos nosotros. Si nos formamos políticamente en modos de pensar más abiertos, probablemente ese sesgo sectario no se suscite.

P. Y hay otra idea en el libro aparentemente paradójica: quienes deciden con más información no son necesariamente los que mejor deciden. ¿La responsabilidad la tiene quien emite la información?

R. El problema fundamental que tenemos no es de falta de información, datos y opiniones, sino de todo lo contrario, de un ruido en las redes sociales, un ruido mediático y en la opinión pública tan fuerte que no nos permite hacernos una opinión propia, serena, equilibrada y tener nuestro propio criterio. El problema no es la falta de información, sino la desorientación. Como ciudadano, no distingues el ruido de la información relevante. Cómo conseguimos evitar las distracciones, es una cosa en la que pienso mucho últimamente. Como sujetos individuales y como sociedades somos distraídos. ¿Estamos mirando a lo importante? ¿La agenda política recoge las grandes cuestiones que nos deberían preocupar? ¿No será que somos sociedades tremendamente agitadas, incapaces de detectar los movimientos de fondo o los intereses latentes o los derechos de aquellos que no hacen ruido y no tienen capacidad de presión? Este es el drama en el que estamos. Por eso la agitación política es perfectamente compatible con que no cambie nada, y se convierte muchas veces en un grito improductivo, como en buena medida fue la fase de indignación.

P. Existe una idea más o menos extendida de que parte de esta complejidad de la política es de alguna manera voluntaria, que los poderes públicos tratan de hacer más complicadas las cosas justamente para que los ciudadanos no puedan participar. ¿Qué piensa de esto?

R. No me parece un enfoque muy clarificador. No es que no haya intentos de realizar maniobras en la oscuridad, que ocurre. Pero yo creo que pasa con más frecuencia lo contrario: una transparencia, entendida como visibilidad continua del espacio público, está impidiendo ámbitos de negociación. No digo que sea el único problema, pero muchas veces lo es. Ciertos asuntos requieren un espacio de discreción, y su continua exposición a un debate además muy superficial, binario y antagónico, los banaliza. No es que los políticos nos estén ocultando una cosa cuya revelación resolvería por fin el misterio del universo y de nuestro destino histórico, sino que más bien están chapoteando en la banalidad. Hay una sobreexposición de la clase política de la que salen muchos errores, lo cual no quiere decir que la transparencia no sea una gran conquista. Pero, como todo en democracia, si se absolutiza produce resultados estúpidos.

P. ¿Piensa, por ejemplo, en las conversaciones para formar Gobierno en 2016?

R. Por ejemplo. O a mí me decía una vez hace años Javier Solana que, si cuando él tenía que negociar en su momento tratados internacionales, hubiera habido los mismos criterios de transparencia y publicidad que hay ahora algunos de ellos no se hubieran podido alcanzar nunca. Y probablemente en la crisis catalana, por poner un ejemplo evidente, lo que ha habido es una excesiva exposición de los agentes públicos y una carencia prácticamente absoluta de espacios discretos de negociación.

P. En el lado contrario, estaría el caso del TTIP, cuya opacidad fue muy criticada.

R. Es un caso concreto de una falta de transparencia, pero lo general suele ser lo contrario.

P. En el libro cita a Durkheim asegurando que «la incompetencia de los representantes» es un «reflejo de la incompetencia de los ciudadanos». Y sin embargo existe esta idea, que se convirtió en lema con el 15M, de que los políticos no están a la altura del pueblo. ¿Cómo tendríamos que pensar en quienes nos representan?

R. Ante un problema político, hemos de sospechar de aquellas explicaciones que designan con demasiada facilidad a un culpable. Generalmente los problemas políticos están ahí y no se resuelven porque hay una cantidad de factores que están interviniendo, con distintos grados de responsabilidad. Yo me resisto a pensar que esa nefasta clase política haya salido de una gente tan inocente como nosotros. Aquí algo falla. En la crisis de la representación intervienen varios factores: hay uno que tiene que ver con que ese mundo claramente representados por trabajadores que son defendidos por unos sindicatos, parlamentarios que se adscriben con claridad a la izquierda o a la derecha, intereses nacionales delimitados por una frontera… ese mundo tan westfaliano, tan clásico y contundente, se ha volatilizado. Los ciudadanos nos hemos vuelto también más plurifactoriales: aunque votemos a un partido, hay cosas que nos gustan de otro; pertenecemos a una clase social, pero esta clase social tampoco es tan rotunda; hacemos mezcla de asuntos que son de derechas y que son de izquierdas; y nuestra adscripción nacional tiene diversas intensidades… Ese ciudadano es muy difícil de atrapar en una sola categoría, como pudo ocurrir hace muchos años cuando se creía que se podían identificar con precisión los “intereses de la clase trabajadora”, o “los intereses de los andaluces”… Por lo tanto, representar, en el sentido de hacer una descripción que concuerde con la sociedad, es cada vez más difícil. Y luego están también los errores y las miserias de los políticos, que existen también y no hace falta que abundemos mucho en ello. Pero me gusta insistir en que tenemos que poner en juego varios factores para explicar las cosas.

Fuente: https://www.infolibre.es/noticias/cultura/2018/11/22/daniel_innerarity_agitacion_politica_perfectamente_compatible_con_que_no_cambie_nada_89078_1026.html