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por Salvador Schavelzon*

El intento de golpe de Estado del Gral. Juan José Zúñiga revive el debate sobre la inestabilidad y fragilidad institucional sudamericana, a partir de una crisis política en Bolivia que viene desarrollándose al tiempo en que se acercan las elecciones presidenciales de agosto de 2025. Es a partir de estos acontecimientos que nos preguntamos y buscamos responder, en este texto, cuáles son las fuerzas que prevalecen hoy en el capitalismo de la región.

Una tentativa de golpe de Estado que “murió en la playa” y fue controlada rápidamente por el gobierno de Luis Arce Catacora, sin fuerzas militares acudiendo al llamado de un general, permiten que se exponga, como en una radiografía, la situación política que vive el país. Más allá de reconocer la fuerza del argumento más simple, que explica estos actos como una aventura individual de un militar que hace un golpe porque se le ordenaba la dimisión, y que descarta, así, otras explicaciones como la teoría del autogolpe de Arce y la de las tentativas de intervención norteamericana en procura del control del litio boliviano, el episodio quijotesco permite vislumbrar:

1. Un contexto político: el gobierno progresista debilitado.

 

Después de casi 20 años en el gobierno y 30 desde su fundación, el MAS presenta una crisis relacionada con la gestión del poder, la falta de proyecto y la distancia con los movimientos sociales y luchas que le dieron origen. Con la crisis de sucesión de fondo, el gobierno aparece sin respuestas frente a una crisis económica donde la escasez de dólares y de combustibles interrumpe la estabilidad anterior y abre el camino a una profundización del discurso del cansancio con el sistema político. La situación ha dado espacio a discursos populistas de derecha, que vienen ganando espacio en el país, la región y el mundo. Esta crisis deriva en la explicación que da primeramente el propio Zúñiga, cuando percibe que su movimiento no terminaría bien: fue un pedido del presidente para mejorar su imagen[1].

 

2. Sucesión indefinida dentro del MAS.

Vemos el conflicto candente en torno a la posibilidad de una nueva candidatura de Evo Morales en la elección de 2025. Además de la oposición de parte de la ciudadanía a una nueva reelección, que ya fue rechazada en el referendo de 2016 y que detonó el levantamiento popular de 2019, la candidatura enfrenta hoy la oposición del actual presidente, su sucesor y ex ministro de hacienda por varios años[2]. Luis Arce fue elegido para el cargo por el mismo Evo Morales, contradiciendo la decisión de las bases del MAS, que votaron a favor del actual vicepresidente, David Choquehuanca, también ex ministro de Morales, y posible candidato. Sólo estos elementos dan cuenta de formas de construir liderazgo y poder estatal que alimentan disputas encarnizadas. La disputa por los cargos y la centralización del poder no permiten la renovación y revitalizar un partido que nació como partido-movimiento y que hoy sostiene una guerra interna, entre dos facciones: evistas y arcistas[3].

Las candidaturas de Evo, como lo fueron las de Lula, Maduro y Cristina Kirchner se ha tornado una plataforma para el crecimiento y organización de las fuerzas de oposición. El progresismo está atrapado en la disyuntiva entre el respeto y la lealtad al líder y a la dificultad de lidiar con formas personalistas de poder que empobrecen los procesos y apartan el poder de las bases sociales. Al mismo tiempo, la volatilidad política, se impone, cuando, ni las encuestas, ni la experiencia de 2019, transforman a Evo en el candidato natural, imprescindible, para mantener el poder con el progresismo, como se pensaba antes de 2016. Al mismo tiempo, el MAS aún es la principal fuerza política y recuperó apoyo popular en el gobierno de Jeanine Áñez. Si no fuese por la disputa de facciones, podría permanecer en el gobierno. Trágicamente para el MAS, sin embargo, esta lucha se encuentra en un punto de no retorno. Tanto Arce como Morales van a luchar hasta el fin para que el otro no sea candidato, y un tercero no alineado, por ahora, no aparece como posibilidad.

 

3.  Fuerzas armadas descontentas y buscando participar en las decisiones.

Influenciados por los discursos antisistema de la derecha populista, los militares se encuentran hoy ganando espacio en la política, tanto en los discursos “intervención militar”, comunes en la base del bolsonarismo, o también vestidos de demócratas y con opiniones de jerarcas castrenses en las redes sociales. Fortalece este posicionamiento la tendencia en la población a seguir discursos de mano dura en la línea de Bukele, así como el de la crítica a la “casta política”, al modo de Milei, Vox, Trump y otras derechas. Esta tendencia se encuentra con el contexto boliviano, donde los acuartelamientos y tensiones entre poder político, militares y policiales han ocurrido con cierta frecuencia. En febrero de 2003 hubo enfrentamientos con militares y policías por cuestiones gremiales y salariales; militares y policías interferirían como grupo de presión en la redacción de la nueva constitución en 2007; rechazarían actuar contra la movilización autonomista de la Media Luna en 2008; y desobedecerán también al gobierno de Morales en 2019, en rechazo a la represión contra los movilizados.

A pesar de los intentos, en los primeros años del gobierno del MAS, para reformar las fuerzas armadas, que incluso comenzaron a gritar como parte del protocolo las consignas del Che Guevara: “Patria o Muerte, Venceremos”, siempre han mantenido una tendencia a posicionarse de manera antidemocrática. En América Latina, se posicionan como un grupo de poder que obtiene beneficios presupuestarios e influencia en la gestión pública, con inserción en sectores mando político, como fue el caso de los 10 mil militares en el anterior gobierno brasileño, muchos aún en funciones. La vicepresidenta de Milei fue escogida por su proximidad al sector militar más reaccionario, negacionista del terrorismo de Estado del mismo modo que lo es Jair Bolsonaro.

 

4. La explicación geopolítica.

El intento de golpe trae nuevamente la discusión de los intereses transnacionales, por los recursos naturales y el litio, siempre presente en el imaginario de la izquierda y del nacionalismo. Es necesario aclarar, en las interpretaciones de la izquierda cuál ha sido la política del MAS en relación a este tema y también la de los Estados Unidos y otras potencias, que parecen lejos de buscar una solución mediante una acción improvisada y torpe, como fue la de Zuñiga el 24 de junio, por más antipático que les resulte el MAS, que en el pasado ya expulsó embajadores, a la DEA y a la Agencia de Cooperación y Desarrollo norteamericana, USAID.

Como en Ecuador, que en los últimos años pasó de escenarios de movilización social indígena y urbana, con un alto protagonismo de la Confederación de Nacionalidades Indígenas, a una agenda de seguridad pública y respuestas a la derecha, Bolivia hoy parece estar lejos de la época en que el cuestionamiento del orden venía de la fuerza de la comunidad andina y de los movimientos sociales. Ni la fuerza sindical de los trabajadores del campo y de la minería, ni las comunidades indígenas, que dieron lugar a la plurinacionalidad, aparecen hoy con fuerza, después de un ciclo político de casi 20 años, que se inició como un movimiento de las calles, pero se constituyó como un proyecto de Estado, con un discurso orientado a la clase media urbana, asumiendo el contexto neoliberal, y con las rentas estatales para los más pobres  a modo de programa electoral y enfocado en el estímulo del consumo.

Entonces, si el progresismo del MAS está en crisis y dividido, también es verdad que ni la Media Luna, ni la derecha tradicional o republicana tienen respuestas para la crisis y tampoco tienen un buen candidato para oponerse al MAS. La extrema derecha racista, religiosa y violenta, que apareció en Bolivia con una década de antelación en relación a países como Brasil y Argentina, tampoco está controlando la situación política. Grupos políticos representados por nombres como Tuto Quiroga, ex vicepresidente del dictador Hugo Banzer − electo en democracia− y Fernando Camacho, gobernador de Santa Cruz preso por los acontecimientos de 2019, representante de la línea dura de la Media Luna fracasaron en el gobierno de Jeanine Añez. Nadie apuesta mucho por las candidaturas de la derecha liberal republicana, como Carlos Mesa y Doria Medina, actores políticos desprestigiados y asociados a “la casta” tanto por el MAS como por las nuevas derechas. El empresario y pastor evangélico, de origen sud coreano, Chi Hyun Chung, que quedó tercero en 2019 y fue denominado como el Bolsonaro de Bolivia, tampoco tiene presencia ni capacidad de seducción electoral.

Nuevas y viejas modalidades de golpe en América del Sur

La izquierda latinoamericana discutió hasta el cansancio sobre los golpes de estado y el avance de la derecha en los últimos años en la región. Después de los casos del Paraguay, con Fernando Lugo, en 2012, y el de Manuel Zelaya en Honduras, en 2009. Al mismo tiempo, la democracia prevalece en toda la región, inclusive el intento de evitar la dimisión de Zúñiga se realizó con vociferaciones en defensa de la democracia, aunque esto se hiciese con tanques frente al Palacio de Gobierno.

La idea del golpe fue el marco que el PT le confirió al impeachment de la presidenta Dilma Rousseff, a pesar de que el gobierno de Temer, en los hechos, no fue considerado ni tratado por el partido de Lula da Silva como una dictadura. Se trataría de un golpe, porque las pedaleadas fiscales no configuran un delito de responsabilidad, como la constitución exige en la norma relativa a destitución presidencial. Pero Dilma fue destituida del cargo por no contar con los votos para impedirlo en el Congreso Nacional, frente al avance electoral de las fuerzas opositoras, del mismo modo que Collor de Melo en 1992. Del mismo modo, Pedro Castillo sería seguramente destituido, en Perú, cuando hizo un discurso para cerrar el Congreso y convocar a una Asamblea Constituyente, lo que derivó en su detención acusado de intentar realizar un autogolpe, con el sombrío antecedente de Fujimori, también en 1992.

Dina Boluarte, la vicepresidenta que sucedió a Castillo en diciembre de 2022, no convocó a elecciones, como debería haber hecho, y se atrincheró en el poder, con el apoyo del sector conservador del parlamento, que quiso se mantuviera el mandato −corporativamente− y de las fuerzas armadas. Su gobierno es sí, de hecho, considerado dictatorial por la oposición, pero como en otros casos, es importante notar que no hubo un gobierno de reformas importantes que pudiesen explicar la caída de Castillo como una contrarrevolución, o resistencia a las reformas progresistas favorables a un pueblo movilizado o con demandas satisfechas.

La respuesta de Chávez al golpe de 2002, cuando volvió al poder, luego de un golpe de Estado efectivamente consumado y con apoyo explícito de USA, y gracias a la movilización popular y de militares leales, que lo repuso en el poder, no fue posible ni para el PT en 2016, ni para el MAS en 2019. En junio de 2024 no hubo un golpe consumado, ni fue necesaria la movilización que tanto Evo Morales, como la CUT y las juntas vecinales habían rápidamente convocado y no fue necesaria porque Luis Arce se mantuvo firme en el poder. El ejemplo de Venezuela, es importante como referencia para entender la fragilidad política que llevó a las caídas de Dilma, en 2016, y Evo, en 2019, pero mantuvo aislada los movimientos irregulares de Zúñiga.

La discusión continúa, hasta hoy, alrededor de la caída de Evo Morales en Bolivia, noviembre de 2019, y vuelve ahora con la sublevación de Zúñiga. Hubo dudas sobre la aplicabilidad del concepto de “golpe”, porque Evo Morales y Álvaro García Linera dejaban el poder, superados por las manifestaciones callejeras, de amplio espectro, contra la reelección y no solo asociadas con la derecha conservadora. En muchos sentidos, la movilización de Zúñiga se parecía más a un golpe de estado tradicional que a las recomendaciones de Kalimán para que Evo Morales renunciara. En 2019, desde la cumbre del MAS hubo un llamado a abandonar cargos y posiciones parlamentarias, que no fue atendido, pero que dejó al país sin gobierno, tal vez esperando una fuerte movilización que no se concretó.

A favor de la tesis de golpe se mencionaba justamente el hecho de que los militares recomendaran la renuncia y el retiro de la colaboración de las fuerzas armadas, que se negaban a continuar reprimiendo sin garantías que no serían responsabilizadas legalmente, como lo fueron en 2003. Hubo, sin embargo, fuerzas sociales relevantes, como la Central Obrera de Bolivia, que también apoyaron la destitución o la celebración de nuevas elecciones. También podemos hablar de golpe de estado si consideramos la formación de un gobierno ilegítimo que no convocó elecciones de inmediato. Los detalles son importantes para evitar explicaciones incompletas que aparecen desde la distancia y ven erróneamente a Evo o Dilma en una situación como la de Salvador Allende o, por el contrario, definen a Evo como un dictador.

Es importante entender las diferencias esenciales de las situaciones que derrocan, o no, un gobierno, así como el sentido político actual de la disputa entre sectores que buscan el control del Estado. ¿Cuál es el proyecto y objetivo de quien busca gobernar? ¿Son golpes que sólo disputan el poder entre grupos políticos? ¿O como décadas atrás, existe una disputa geopolítica y local entre proyectos alternativos de sociedad?

En octubre de 2019, Evo Morales, se vio obligado a abandonar el gobierno después de una elección polémica, que desafiaba el referéndum de 2016 − donde venció el voto popular contrario a la reforma de la constitución para dar lugar a la reelección indefinida− y el conteo de votos, en vivo, por televisión fue interrumpido, cuando el MAS no podía aún lograr la mayoría de diez puntos necesaria para evitar una segunda vuelta con Carlos Mesa. Esa interrupción no fue totalmente explicada, de modo que las sospechas de fraude dieron lugar a las jornadas de movilizaciones que, después de varios días de represión en las calles, mostraron la fragilidad en el control de los poderes establecidos del Estado, y la situación que escapó del control político del MAS.

La caída de Evo Morales se produce luego de que esta autoridad dejara públicamente en manos de la OEA una auditoría de las elecciones, y el organismo interamericano determinara que las mismas debían realizarse nuevamente. La destitución autodeterminada de la línea sucesoria en manos del MAS, dio paso a una toma de posesión ilegítima de la segunda vicepresidenta del Senado. Jeanine Áñez y otros dirigentes serían juzgados y detenidos cuando el MAS regresara a la presidencia con Luis Arce, en 2020.

La diferencia con la confusa tentativa de golpe o sublevación de Zúñiga está dada por la presencia de una fuerte movilización ciudadana en las calles, en 2019, que no existió el 24 de junio. Otros poderes, instituciones, gobiernos, inclinaron la cancha contra Evo Morales en 2019 y no entraron en acción con Zúñiga. Si bien aún está en discusión como participaron en 2019 y seguramente se exagere sobre ese papel, podemos decir dos cosas sobre su ausencia en 2014: por un lado la democracia en Bolivia mostró fortaleza; por otro, mostró debilidad. Basta que una movilización social, del transporte, instituciones (pensemos en la iglesia y fuerzas de seguridad) se alinean contra un gobierno para que este caiga, incluso contando -como el MAS en Bolivia- con mayoría parlamentaria.

Zúñiga fue un militar vinculado al gobierno y asiduo de movimientos sociales, que estuvo lejos de poder convocar a un levantamiento popular. Entre 2019 y 2024 existe la diferencia entre soldados que van con tanques a ocupar la sede del gobierno y soldados que deciden no usar sus armas, solidarizándose con la población contra el gobierno. El debate latinoamericano se ha volcado sobre explicaciones formalistas, sobre la caracterización de un golpe de estado, cuando lo que importa, más allá de las modalidades, es la fuerza política de un bando y del otro, el apoyo de un gobierno o un motín o rebelión golpista.

No sorprende que los militares no simpaticen con los gobiernos progresistas, cuyos orígenes son la izquierda o los movimientos sociales. Mucho dinero en bonos se destinó a los militares en los primeros gobiernos de Evo, para comprar disciplina y obediencia. Por lo tanto, la falta de colaboración, tras semanas de movilizaciones, no puede señalarse como un factor decisivo que un gobierno del MAS no estaba preparado para afrontar. La recomendación de dimisión fue sólo un elemento más para definir la caída de un Gobierno que había perdido la fuerza política real que le permitiera controlar, como en otros momentos, la situación desestabilizadora. En este sentido se cruzan los dos procesos de 2019 y 2024: las fuerzas armadas otorgándole el derecho de intervenir políticamente en las decisiones del país.

Para el gobierno del MAS, altamente atacado, desde la llegada al Palacio, lo que siempre fue determinante, para controlar la situación, fue la fuerza del voto. Es lo que sostuvo a Evo Morales en 2008, cuando obtuvo el 67,4% de aprobación, en un referéndum revocatorio, y lo que sustenta a Arce hoy, pero llevaron al derrocamiento del presidente y vicepresidente en 2019.

Las particularidades de estas coyunturas, de gobiernos depuestos en la región, llevaron a que la izquierda latinoamericana hable de una “nueva modalidad de golpe”. La situación política interna, las condiciones internacionales y también la dinámica de los acontecimientos han sido muy diferentes a las situaciones guardadas en la memoria política de la reciente historia latinoamericana, con golpes militares apoyados por la CIA seguidos de detenciones políticas, censura, exilio, muerte de militantes opositores al régimen, y que hoy los adolescentes estudian en la escuela.

Siguiendo el guión de la toma del capitolio por los seguidores de Trump, cuando éste perdió las elecciones, los seguidores de Bolsonaro dieron un paso más en relación a golpes políticos, suaves o de “nueva modalidad”, con elementos de las “viejas modalidades” golpistas. Los movimientos fuera de la institucionalidad aparecen hoy como una posibilidad en el repertorio político táctico de la derecha, pero siguen no siendo ni centrales ni necesarios en términos del poder geopolítico de las derechas que, son capaces de imponerse mediante el voto y también imponer sus intereses ante gobiernos de cualquier signo político. El movimiento que no reconoció la victoria de Lula el 8 de enero de 2023, de hecho, ocupó sedes de los tres poderes del Estado en Brasilia, con imágenes asociadas a la tradicional idea de golpe de estado, pero sin poder avanzar en el camino de imponerse sobre el poder real, derivado de las elecciones de 2022.

En el mismo sentido debe entenderse el intento de golpe o levantamiento de Zúñiga, el 26 de junio en La Paz. El intento quedó aislado sin apoyo. A diferencia de otras situaciones, esta vez hubo tanques militares rodeando el poder político y un jefe del ejército amenazando con tomar la Casa Grande del Pueblo. Sin embargo, como en Brasil, el poder político estaba protegido. Las críticas de Estados Unidos, o de gobiernos de derecha de la región, fueron tímidas, pero eso no quiere decir que esa sea la táctica utilizada para garantizar contratos a empresas extranjeras o recuperar poder para gobiernos afines. Si ese fuera el caso, Nicolás Maduro, enfrentado fuertemente a los Estados Unidos más que cualquier otro gobierno, con fuerte oposición y crisis económica, ya no sería presidente de Venezuela.

Más allá de la psicología y la desesperación de Zúñiga, y de las especulaciones sobre elementos operando en una coyuntura política, podemos decir que la derecha movilizada por las redes sociales, los militares que se acercan al poder político y los discursos populistas de derecha que desautorizan las instituciones en el contexto de una crisis política real, son parte de un fenómeno político identificable en toda la región latinoamericana. La derecha de  la Media Luna, Milei o Bolsonaro, no son una derecha republicana ni legalista. A pesar de declararse democrática, tiene objetivos políticos que utilizan las instituciones de manera instrumental y coyuntural, como también quiso hacerlo la izquierda, en algunos momentos de la historia. Como fuerzas insurgentes, las derechas hoy son fuerzas institucionales, aliadas al establishment político y que no apuntan a la movilización como estrategia política. En los márgenes o desde adentro de estos movimientos, sin embargo, hay repertorios que nos remiten a las dictaduras y ciertamente continuarán apareciendo en el escenario político.

Podemos hablar de una crisis de la república y de derechas que se rebelan, en las redes sociales o contra la institucionalidad, buscando formas de romper con el orden que, hoy, representa el progresismo. El MAS, como fuerza política dominante, ya movilizó elementos antirrepublicanos presentes en la política boliviana, por ejemplo, con la creación del Estado Plurinacional, en la constitución que, según declara en el preámbulo, busca la superación de la forma republicana y que, en los primeros años del gobierno de Evo Morales, representaba un voto a favor del cambio y en contra del orden.

El gobierno de Luis Arce no tiene la fuerza de la irrupción del MAS en 2005, aunque sea heredero de esa movilización, y siempre ha cultivado la imagen de un técnico responsable, un trabajador bancario que mantenía la economía en orden. Esto fue suficiente para mantener el poder, aun cuando fue cuestionado por Evo Morales y con el descontento de la población en general. Tenemos, al final, veinte años de construcción de poder institucional que requieren más que una corriente de opinión defendida por los tanques de un general desconocido para la mayoría. La pregunta sigue siendo si en 2025 el MAS será con Arce, el voto en defensa de la democracia y el orden, o si ante la eventual habilitación de Evo Morales podrá representar un voto antisistema y de cambio, aún, frente a una derecha que pueda rearticular el discurso ensayado por Zúñiga, ganando un espacio político actualmente inexistente.

Zúñiga, al final, no representó ninguna fuerza más allá de sí mismo, a pesar de su discurso anti-evista y del alto cargo que aún podía intentar ostentar. Hubo, como siempre, muchas llamadas telefónicas e incluso se habló de un plan de intervención elaborado por la inteligencia militar, como también la hubo en Brasil en enero de 2023. Pero Zúñiga actuó sin estrategia y coordinación, fuera de tiempo, apresurado por la inminente destitución, individualmente, junto a unos cientos de soldados que le obedecieron directamente pero que no dispararon ni avanzaron contra el gobierno de Arce.

La desesperación de Zúñiga

Sectores favorables a Luis Arce resaltaron que este enfrento cara a cara el intento de golpe de Estado del general Zúñiga, en medio del levantamiento, mientras que Evo Morales y García Linera abandonaron el país en 2019. La comparación es injusta, porque en 2024 no había el nivel de conflicto y violencia política de 2019. No hubo ninguna amenaza a la vida de Arce, sobre todo porque políticamente no es en él en quien el MAS y el gobierno se apoya. Como Alberto Fernández en relación con Cristina Kirchner, es esta fragilidad la que también alimenta la disputa interna que busca el retorno de Evo a la presidencia. Lo que sale a la luz es la rivalidad entre el presidente y el líder histórico del partido detrás de la crisis. Hubo declaraciones de Zúñiga en televisión el 24 de junio amenazando con una intervención militar si Morales era elegido, lo que motivó el pedido de Luis Arce a la renuncia del comandante, provocando el intento de rebelión.

Meses atrás, Evo Morales había denunciado operaciones de inteligencia relacionadas con el grupo Pachajcho, organizado desde el comando del ejército de Zúñiga. Morales advirtió que podrían aparecer pruebas en su contra y que podría ser eliminado físicamente. En un contexto de guerra fría con Arce, las declaraciones responsabilizaron indirectamente al actual presidente, que consideraba a Zúñiga un soldado leal, y lo había mantenido en el cargo durante la última renovación del mando de las Fuerzas Armadas. Las declaraciones contra Evo de Zúñiga en la televisión, habían conducido, efectivamente, a la decisión de su destitución por parte de Arce, quien claramente no tenía ningún interés en escalar de esta manera el conflicto con Morales, prefiriendo buscar descalificar a Evo Morales a través de congresos partidarios, justicia electoral u otros medios políticos, fortalecido por la idea de que mide mejor que el líder histórico en las encuestas.

La inminente destitución que, planeó el gobierno, puede leerse como una victoria de Evo Morales y también una muestra de civilización no fratricida por parte de Arce. Quizás, de hecho, las operaciones contra Morales, en el Chapare, avanzaban por un camino que el gobierno del MAS no aprobaría ni autorizaría internamente, ni consideraba que los beneficiara. Esto nos lleva a pensar en el desenlace y la reacción de Zúñiga, ligada a especulaciones sobre el papel de las operaciones de inteligencia utilizadas en política. En este lugar hay que leer la reacción final de impotencia, con movimientos que no tienen claro si estaban en contra de la posible candidatura de Evo Morales, aún no confirmada, o también iban dirigidos contra Arce, esperando el apoyo de la población y sectores militares que no llegaron.

El día 26, en Plaza Murillo, Zúñiga pronunció un discurso contra la clase política pidiendo la liberación de los “presos políticos” de 2019, mencionando a los militares que se encuentran en prisión, Jeanine Áñez y Fernando Camacho. En medio del levantamiento, dijo en un momento que sólo buscaba el reemplazo de algunos ministros, aparentemente tratando de salvar a Arce quien, de hecho, no parecía ser el objetivo de toda la operación. Sin embargo, dijo a la prensa en el lugar, que entraría y ocuparía el Palacio. Con el intento golpista fracasado, acusó al propio Arce de planear un autogolpe, idea luego reproducida por sectores evistas y también por voces de la extrema derecha latinoamericana, adepta, como es sabido, a las versiones conspirativas[4].

Si la fuerza del gobierno de Arce aparece en el resultado de un intento de golpe incompleto, también es la fuerza de Evo Morales la que aparece detrás de los acontecimientos. Si el plan de Zúñiga parece preocupantemente posible en la América Latina actual, la falta de reacciones favorables es tranquilizadora. Incluso Jeanine Áñez y Fernando Camacho han criticado el movimiento de Zúñiga desde la prisión. La fuerza del MAS, además de Arce y Evo Morales, todavía parece controlar una situación de caos institucional y descontento que permitió el exabrupto de Zúñiga. Podemos decir que después de este episodio y de la presidencia de Jeanine Áñez, será necesario otro tipo de enfoque para superar la fuerza del MAS, todavía considerado la principal fuerza política del país, de manera más contundente que los partidos que apoyan a los gobiernos progresistas de Chile, Brasil y también que el kirchnerismo.

El golpe por el litio boliviano

La versión de que venían por el litio de Bolivia no tardó en aparecer en el imaginario político de la izquierda latinoamericana, que escuchó a la generala Laura Richardson, jefa del comando sur del ejército norteamericano, decir en grupos de WhatsApp que América Latina es importante por su petróleo, el litio y el agua dulce que puede proporcionar.

También está el tuit de Elon Musk, posteriormente borrado, donde daba a entender que los gobiernos podrían ser derrocados cuando fuera necesario, en respuesta a alguien que acusaba a Estados Unidos de dar un golpe de estado contra Evo Morales para obtener litio para Musk. En el inconsciente colectivo latinoamericano quedó la idea, que hoy es rumiada, con el levantamiento de Zúñiga, de que a Evo lo derrocaron para que Estados Unidos tuviera el litio boliviano. Pero en la política boliviana el orden de los factores no es ese.

Es un hecho que la historia de las venas abiertas de América Latina es la de los poderes políticos locales bailando al son de los intereses de explotación, y comerciales, de los poderosos países del norte. En uno de los capítulos del libro de Eduardo Galeano, que Hugo Chávez regaló en su día a Barack Obama, el escritor uruguayo narra los detalles de cómo Estados Unidos garantizó el suministro de hierro barato al país del norte, obteniendo el 49% de la empresa estatal Companhia Vale do Rio Doce, para los capitales estadounidenses, en una trama que se vincula con el golpe de Estado de 1964 en Brasil.

Pero este imaginario, que emerge inmediatamente ante cualquier situación interpretada como un golpe de Estado, necesita adaptarse a la realidad de los actuales gobiernos progresistas que no interfieren en los negocios de las empresas capitalistas extranjeras. Dilma Rousseff entregó todo lo solicitado por los sectores políticos que luego la derrocarían, incluidos los derechos laborales y las concesiones de explotación petrolera, mientras el propio poder político se debilitaba. Asimismo, Evo Morales no tuvo una política contra la explotación del litio por parte de empresas privadas, lo que puede ayudar a eliminar esta interpretación sobre las motivaciones para derrocar al MAS, ahora o en 2019.

Es cierto que la disputa por las materias primas bolivianas hoy puede involucrar intereses chinos, en disputa, con empresas norteamericanas, rusas, indias y europeas occidentales. También es importante recordar que una de las medidas más importantes del primer gobierno de Evo Morales, en 2006, fue aumentar los impuestos a las empresas productoras de hidrocarburos, en el decreto denominado nacionalización, que, sin embargo, permitió a las empresas continuar funcionando, nacionalizando sólo la distribución. Estos impuestos ya habían aumentado de, algo así como, el 30% al 51% en 2005, durante la presidencia de Carlos Mesa, quien asumió después de la huida de Gonzalo Sánchez de Lozada, y con Evo llegaron al 81%. El movimiento que llevó a Evo Morales al gobierno fue una revuelta popular, en 2003, contra Sánchez de Lozada, cuando intentó exportar gas boliviano a Estados Unidos.

Pero hoy, a diferencia de otros líderes latinoamericanos, como Petro en Colombia, ningún dirigente del MAS cuestiona el modelo extractivista con inversión de empresas extranjeras. Esto no significa que el mundo empresarial no interfiera en la política interna y en la diplomacia, y que eventualmente pueden alinearse con la oposición al MAS. Pero Evo Morales no enfrentó los intereses de los grupos de poder, especialmente después de poner fin a la disputa con la oposición de la Media Luna y aprobar la Constitución en 2009, cediendo en casi todos los puntos que podrían generar conflictos e inestabilidad, como las concesiones mineras, la reforma agraria y, también la reelección, que se limitaba a un mandato sucesivo.

Así como la US Steel poseía en 1964 el 49% de las acciones de Vale y el acceso al yacimiento de hierro en la Serra dos Carajás do Pará, argumentando que Brasil no tenía capital para hacerlo, Evo Morales firmó en 2019 un contrato con una empresa alemana que se llevaría el 49% de la producción boliviana de litio[5]. La resistencia del pueblo potosino contra la firma de este contrato acabo consiguiendo revertir la decisión y fue parte importante en el nacimiento del caldo social de organizaciones que se movilizaran contra la reelección de Evo Morales y García Linera.

Lo más importante para entender la crisis actual de Bolivia, parece estar relacionada con el fin de los buenos tiempos que trajo al Estado boliviano la aparición de reservas de gas a principios de los años 2000, lo que unido a los altos precios y las ventas garantizadas, vía gasoducto, a los países vecinos, garantizaban una cierta bonanza de algunos años, en un Estado que poco antes sólo cerró sus cuentas con la ayuda de la cooperación internacional. En cualquier caso, aunque la nueva promesa son las reservas de litio, esto no está en juego en la actual crisis política[6].

La Crisis Política que Continúa Abierta

En 2019, la fuerza del movimiento contra la reelección de Evo, logró derrocar al presidente. En 2024, el discurso de un militar que intentaba sumarse a este mismo movimiento no fue suficiente para dar un golpe de Estado. Es difícil imaginar otro resultado, cuando aún no se ha confirmado la candidatura de Evo Morales para las elecciones que tendrán lugar en agosto de 2025. Nadie hace un movimiento armado preventivo contra una candidatura, no confirmada, y con más de un año de antelación, arriesgándose a una detención que, los militares de alto rango, en diferentes crisis la historia reciente de Bolivia muestra que no logran evitar.

Con una justicia débil y fácilmente manipulable por los sucesivos gobiernos, la candidatura de Evo Morales fue autorizada en 2015, a pesar de la prohibición expresa en la constitución, con el argumento de que era un derecho humano de Evo Morales poder postularse. Del mismo modo, una sentencia del Tribunal Constitucional interpreta ahora que no se permiten dos mandatos sucesivos, sino dos mandatos en cualquier momento, dejando al expresidente en una virtual situación de inhabilitación.

Por eso es más plausible pensar que el General Zúñiga intentó revertir su suerte lanzando una carta con pocas posibilidades de prosperar, como una salida desesperada en un contexto de crisis y sin apoyo internacional, ni plan para que nadie se quede con el litio mediante ese camino. Para los intereses reales del capitalismo y la geopolítica del suministro de energía, es necesaria una solución estable, que hoy no requiere recurrir al ejército, ni derrocar gobiernos, pero que sólo un golpe de Estado podría proporcionar en los años 60 o 70, cuando los ejemplos de Cuba, Allende e incluso los gobiernos nacionalistas burgueses amenazaron los intereses capitalistas y el control político de la región.

Al mismo tiempo vemos que hoy la democracia es fuerte y no está en riesgo, precisamente porque es débil. Respecto a esto, más allá de la fuerza de una respuesta en el Twitter de Elon Musk, de las fuerzas de derecha e izquierda que se organizan con mensajes en WhatsApp, y que también se manipula la justicia para que alguien sea candidato o no, la fuerza está en el sistema capitalista, en el modelo extractivo e intereses que ningún gobierno cuestiona.

La insubordinación de Zúñiga no demuestra la posibilidad de un gobierno militar, ni la fuerza de los intereses capitalistas sobre los recursos naturales bolivianos. Pero sí da cuenta de una crisis política, en la que ni la derecha republicana liberal, ni la derecha conservadora de la Media Luna, ni el MAS parecen tener las herramientas para solucionarla. Es natural que los acontecimientos del 26 de junio remonten a la época de las dictaduras, porque el discurso político de la extrema derecha prepara a la población para ello, pero también es común ver los intentos desestabilizadores hundirse, no siendo necesarias para las bases del poder actual estas intervenciones más allá de la disputa entre sectores y grupos políticos por el control del gobierno y el acceso a los recursos estatales.

El movimiento Zúñiga es parte de una crisis política sin fin, donde el progresismo y la derecha se turnan en disputas de gobierno que no modifican la estructura del poder. Aunque el negocio de la minería maneja siempre un alto nivel de violencia e ilegalidad, para el capitalismo de Elon Musk, Biden y las grandes empresas mineras, invitadas a invertir en la región, un contrato aprobado en un gobierno que caería rápidamente o enfrentaría una movilización popular sin ningún apoyo no sirve. Por eso también no hubo una fuerza internacional que garantizara estabilidad política y fortaleza económica a Jeanine Áñez, ahora en la prisión, donde pronto también estarán Zúñiga y los pocos que lo siguieron.

La incertidumbre en torno a las elecciones de 2025 también podría generar situaciones de tensión política. No sabemos quién encabezará el próximo gobierno, pero sí sabemos que el litio será explotado sin importar el impacto ambiental, ni el sector político que lo autorice. La democracia es suficiente para un modelo de desarrollo y de negocios que funcione de manera estable más allá de los señores de la guerra, los golpes militares, las crisis económicas y la inestabilidad gubernamental.

NOTAS:

[1]Según Zúñiga el domingo 24 de junio: “El presidente me dijo: la situación está muy jodida, muy crítica. Es necesario preparar algo para levantar mi popularidad. ‘¿Sacamos los blindados?’ – ‘Sacá’, Luis Arce habría dicho como respuesta.

[2]https://desinformemonos.org/sentidos-de-la-eleccion-boliviana/

[3]https://nuso.org/articulo/307-evistas-versus-arcistas/

[4]https://x.com/i/web/status/1808110552624832630

https://www.bbc.com/mundo/articles/c4ngxn45y0yo

[5]https://passapalavra.info/2019/11/129004/

[6]https://nuso.org/articulo/las-arcenomics-no-escapan-a-la-maldicion-de-los-recursos-naturales/

*Salvador Schavelzon, Profesor del PROLAM (USP) e UNIFESP-Osasco.

Traducción del portugués: Santiago Arcos-Halyburton

por Pablo Stefanoni

La imagen de los militares entrando por la fuerza al Palacio Quemado recorrieron el mundo y sembraron confusión en Bolivia. El frustrado putsch de una facción del Ejército, en medio del rechazo nacional e internacional, se da en el marco de la erosión de la gestión de Luis Arce producto, en gran medida, de las guerras intestinas en el Movimiento al Socialismo (MAS). Pese a su rápido fracaso, la rebelión militar tendrá consecuencias políticas.

Los tanques en la Plaza Murillo terminaron siendo una especie de farsa que podría haber derivado en tragedia, en un clima político crecientemente deteriorado por las disputas en el interior del Movimiento al Socialismo (MAS), hoy fracturado en dos alas: evistas y arcistas. En la tarde del miércoles 26 de junio el comandante general del Ejército, Juan José Zúñiga -quien había sido destituido el martes en la noche pero se negaba a reconocer la decisión presidencial- ocupó esa emblemática plaza con tanquetas. Utilizó incluso una de ellas para abrir por la fuerza la puerta del Palacio Quemado, la antigua sede del gobierno hoy compartida con la aledaña Casa Grande del Pueblo. La confusión sobre las intenciones y las estrategias en juego reinó durante casi toda la asonada, mientras varios ministros colocaban muebles para evitar el ingreso de los uniformados.

La tensión había ido escalando luego de que el general Zúñiga se refiriera a la imposibilidad del ex-presidente Evo Morales de volver a presentarse a las elecciones presidenciales y respondiera a varias de sus acusaciones tildándolo de «mitómano». En una entrevista con el programa local No Mentirás del 24 de junio, el jefe castrense dijo que «legalmente Evo Morales está inhabilitado. La CPE [Constitución Política del Estado] dice que no puede ser más de dos gestiones, y el señor fue reelegido. El Ejército y las Fuerzas Armadas tienen la misión de hacer respetar y cumplir la CPE. Ese señor no puede volver a ser presidente de este país».

Zúñiga se refería a un polémico fallo del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) que, en una sentencia sobre otra cuestión, incluyó una forzada interpretación de la Constitución de 2009 que dejaría afuera de la carrera presidencial al tres veces presidente. La Constitución señala que solo son posibles dos mandatos consecutivos, pero el tribunal «interpretó» que son dos en total -consecutivos o no-, lo que fue presentado por Morales como un intento de proscripción política por parte de la «derecha endógena», en el marco de lo que denominó un «plan negro» para sacarlo del juego político, orquestado, según él, por los ministros de Justicia, Iván Lima, y de Gobierno, Eduardo del Castillo.

Las declaraciones amenazantes de Zúñiga, nombrado comandante del Ejército a fines de  2022 por el presidente Luis Arce Catacora, enervaron al ex-presidente y al evismo, que comenzó a hablar de un «autogolpe» en ciernes. «El tipo de amenazas hechas por el comandante general del Ejército, Juan José Zúñiga, nunca se dieron en democracia. Si no son desautorizadas por el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas [Luis Arce] se comprobará que lo que en verdad están organizando es un autogolpe», denunció Morales en su cuenta de X, desde donde critica a diario al gobierno de Arce, al que considera un traidor al llamado «Proceso de cambio».

Pero no fue solo el ex-presidente. Las amenazas de Zúñiga violaban los reglamentos militares y la Constitución, lo que explica la decisión de Arce de destituirlo. Pero esto fue considerado por el jefe militar como una expresión de «desprecio» pese a su lealtad al presidente. El miércoles, 26 de junio, según informó el diario El Deber, fue citado para ser relevado formalmente, pero llegó a la Plaza Murillo con blindados y soldados encapuchados. Y el país asistió a un general actuando como «movimiento social», lo que en los hechos constituye un golpe de Estado, increpando cara a cara al presidente Arce tras ingresar por la fuerza al Palacio Quemado, mientras los colaboradores del presidente le gritaban golpista y le exigían a gritos que retirara a los uniformados.

El aislamiento de Zúñiga, sin apoyo político ni social, explica posiblemente su intento de darle un contenido político a su rebelión: dijo que iba a liberar a «presos políticos» como la ex-presidenta Jeanine Áñez y el ex-gobernador de Santa Cruz Fernando Camacho y que iba a restaurar la democracia. «Una elite se ha hecho cargo del país, vándalos que han destruido al país», arengó a las puertas de su vehículo blindado, frente al Palacio Quemado y el Parlamento. Su argumento de que «las Fuerzas Armadas pretenden reestructurar la democracia, [para] que sea una verdadera democracia, no de unos dueños que ya están 30 y 40 años en el poder» cayó en saco roto. La reacción interna y externa fue contundente. Hasta opositores actualmente en prisión como Áñez y Camacho condenaron la acción militar. También lo hicieron los ex-presidentes Carlos D. Mesa y Jorge «Tuto» Quiroga. Fuera del país, mandatarios de diverso signo ideológico -salvo el argentino Javier Milei, que lo dejó en manos de su canciller- llamaron a defender las instituciones y condenaron a los sublevados.

Entretanto, organizaciones matrices como la Central Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB) o la Central Obrera Boliviana (COB), al igual que Evo Morales, que sigue siendo el líder de los sindicatos de cultivadores de coca del Chapare en Cochabamba (tiene allí sus oficinas y su emprendimiento de piscicultura), convocaron a la huelga general, el bloqueo de caminos y una gran marcha hacia La Paz.

Arce, por su lado, dio un breve discurso, llamando también a la movilización, en medio de conatos de enfrentamientos en la Plaza Murillo, donde los manifestantes eran expulsados con gases lacrimógenos. Y se dispuso a nombrar un nuevo mando militar en las tres fuerzas.

Sin rebelión en los cuarteles militares ni policiales, la cuerda de Zúñiga para mantener el levantamiento y lograr quedarse en su puesto por la fuerza se iba acabando. Involucrado en al menos un caso de desvío de fondos -del pago del bono Juancito Pinto, en manos de militares- durante el gobierno de Evo Morales, y sin un gran desempeño en su carrera, este militar era considerado muy cercano a Arce y parece haber reaccionado de manera impulsiva. Su retirada de la Plaza Murillo se pareció a una desbandada, con manifestantes persiguiendo a los soldados rezagados.

Tras ser detenido, junto al vicealmirante Juan Arnez, ex-comandante de la Armada, Zúñiga dijo que había actuado por orden del presidente: «El presidente [Arce] me dijo la ‘situación está muy jodida, es necesario preparar algo para levantar mi popularidad’». Eso dejó una granada activada para los próximos días. La idea de un autogolpe stricto sensu parece desmentida por el propio hilo de los acontecimientos -¿cuál era exactamente el plan?-, que se parecen más a una sucesión de hechos descarrilados en el marco de una fuerte erosión de la institucionalidad -y de la gestión del oficialismo-, producto en gran medida del enfrentamiento en el interior del MAS.

Luego de su vuelta al poder en diciembre de 2020 de la mano de Luis Arce, el candidato elegido por Morales desde su exilio en Argentina, las relaciones entre el ex-presidente y su ministro de economía durante más de una década se desgastaron rápidamente y terminaron en una disputa abierta por el poder. Arce, quien al parecer se había comprometido a no competir por la reelección en 2025, decidió luego que sí buscará un segundo mandato; y Evo Morales, que intentó una reelección tras otra, sin reparar en la letra y el espíritu de la nueva Carta Magna, considera que fue destituido por un golpe de Estado en 2019 y que tiene el derecho de competir nuevamente por la presidencia. Esa disputa tiene paralizada a la Asamblea Legislativa, en un contexto económico que hoy tiene poco que ver con los años del auge económico pre-2019.

La escasez de dólares y combustibles deja ver un agotamiento del modelo aplicado desde 2006, cuando Evo Morales fue elegido como el primer presidente indígena de Bolivia y, en medio de una espectacular épica política, dio inicio a la «Revolución democrática y cultural», que en el plano económico desplegó un «populismo prudente» muy pendiente de no aumentar el déficit fiscal y acumular reservas de divisas récord en el Banco Central.

El propio Arce reconoció hace poco que la situación del diésel era «patética» y ordenó la militarización del sistema de provisión de combustibles, con el objetivo de evitar el contrabando a los países vecinos de diésel subsidiado por el Estado boliviano. La crisis económica afecta muy especialmente a Arce, quien, sin gran carisma, construyó su legitimidad como el ministro del «milagro económico». En el plano político, la pinza entre el Poder Ejecutivo y el Judicial ha debilitado al Poder Legislativo, cuya mayoría se divide también en arcistas y evistas, y cada bando acusa al otro de «hacerle el juego a la derecha». También se han prolongado los mandatos de las autoridades judiciales, lo que es denunciado a diario por los evistas.

El presidente del senado, Andrónico Rodríguez, un sindicalista cocalero formado por Evo Morales como una suerte de sucesor, tuiteó tras el repliegue de los militares: «De magistrados autoprorrogados a un supuesto golpe o autogolpe, el pueblo boliviano se hunde en la incertidumbre. Este desorden institucional, donde las autoridades extienden ilegalmente sus mandatos y se socavan los principios democráticos, está llevando al país a una situación de caos y desconfianza, agravando la crisis y amenazando la estabilidad y el bienestar del país». Los coletazos de la asonada continuarán. Lejos de una tregua en el espacio masista, la lucha interna se intensificará.

Parte de la disputa es por la siglas del Movimiento al Socialismo (MAS), un partido de movimientos sociales que mostró, en 2020, su capacidad de movilización electoral incluso en contextos difíciles como el que vivió bajo el gobierno de Áñez -y del ministro de Gobierno Arturo Murillo, luego detenido en Estados Unidos por corrupción-: se han judicializado los congresos de cada ala, con miras a 2025, año del bicentenario boliviano.

La debilidad de la oposición, que quedó asociada al gobierno autoritario, ineficiente y marcado por la corrupción de Jeanine Áñez, y tiene grandes dificultades para encontrar nuevas figuras, atiza la «ch’ampa guerra» entre evistas y arcistas, que piensan el poder como una disputa «interna». Pero en medio de la volatilidad electoral regional y global, esta visión entraña un riesgo, incluso si consideramos que la base electoral alrededor del MAS sigue siendo fuerte y que la experiencia de Áñez funciona como una «dosis de recuerdo» para los movimientos sociales e indígenas.

Aún es pronto para saber cómo impactará el putsch fallido en las relaciones de fuerza en el interior del espacio del MAS (que hoy ya no existe como partido unificado). Tras superar el desafío del grupo militar sublevado, Arce se enfrenta ahora al fuego político cruzado de evistas y opositores, que ya comenzaron a hablar de «show político» para tratar de devaluar el capital político que el presidente podría conseguir por el apoyo nacional e internacional a las instituciones y la vigencia de la democracia, y su decisión de increpar cara a cara al «general golpista».

 

Publicado originalmente en https://www.nuso.org/

Pablo Stefanoni es doctor en Historia por la Universidad de Buenos Aires. Publicó varios artículos y libros sobre las izquierdas y América Latina y combina el trabajo periodístico con la investigación en ciencias sociales. Es autor de Los inconformistas del Centenario. Intelectuales, socialismo y nación en una Bolivia en crisis (1925-1939) (La Paz, Plural, 2015) y coautor, con Martín Baña, de Todo lo que necesitás saber sobre la Revolución Rusa (Buenos Aires, Paidós, 2017). Desde 2011 se desempeña como jefe de redacción de la revista Nueva Sociedad. Colabora con la edición Cono Sur de Le Monde Diplomatique y con el suplemento «Ideas» del diario La Nación. Actualmente forma parte del Centro de Documentación e Investigación de la Cultura de Izquierdas (CeDInCI)/Universidad Nacional de San Martín (Unsam).

por Pablo Stefanoni

 

Las elecciones para el Parlamento Europeo, que se desarrollaron entre el 6 y el 9 de junio pasado, anticipaban, según varios titulares de prensa, una ola de triunfos de la extrema derecha en los 27 países de la Unión. «Se viene el fascismo» fue el eco que dominó un proceso electoral que, como suele ocurrir con los comicios europeos, genera menos interés en la población llamada a las urnas. ¿Se ha verificado ese pronóstico? Solo en parte y con varios matices. 

«El relato que ha dominado la campaña electoral europea desde principios de año -el ascenso de la extrema derecha y el retroceso de los ecologistas- se ha confirmado en las urnas. Tras las elecciones de 2014 y 2019, el centro de gravedad del Parlamento Europeo se ha desplazado un poco más a la derecha, al término de unos comicios considerados por muchos decisivos para el futuro del continente», escribió el periodista Ludovic Lamant en la revista francesa Mediapart. Como recuerda Steven Forti, la extrema derecha es primera fuerza en seis países (Francia, Italia, Hungría, Austria, Bélgica y Eslovenia) y segunda en otros seis (Alemania, Polonia, Países Bajos, Rumania, República Checa y Eslovaquia). Y si se unieran todas las facciones ultras, tendrían la segunda bancada de la Eurocámara (25% de los escaños). Hace 20 años, prosigue Forti, las derechas radicales superaban por los pelos el 10% y hace 40 años, en 1984, no llegaban ni a 4%. 

Marine Le Pen y Giorgia Meloni, las grandes ganadoras del domingo 9 de junio, tienen mucho que festejar. Aun así, prosigue Lamant, «la hipótesis de que el Parlamento sea rehén de los partidos de extrema derecha parece descartada. El Partido Popular Europeo (PPE, el bloque conservador de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen) sigue siendo la primera fuerza. Y la coalición saliente, formada por tres grupos etiquetados como «proeuropeos» (el PPE, los socialdemócratas y los liberales), parece capaz de superar por sí sola la barrera de la mayoría absoluta (361 escaños). En esta fase, las proyecciones le otorgan 401 escaños [sobre 720], un orden de magnitud más o menos similar al del Parlamento saliente».

Si en la campaña, cuando los conservadores dudaban de los guarismos que obtendrían, Von der Leyen se había abierto a una alianza con los sectores más «moderados» de la extrema derecha, como el liderado por Giorgia Meloni, una vez hechas las cuentas, la política conservadora alemana se declaró contraria a ambos extremos: «de derecha» y «de izquierda», aunque varios de los partidos conservadores de su bancada ya han deshecho los «cordones sanitarios» y han pactado en sus países con los radicales de derecha domésticos.

El problema es que las extremas derechas han ganado en países centrales de la Unión Europea: Agrupación Nacional (RN, por sus siglas en francés) se ha impuesto en Francia con una lista encabezada por el actual presidente del partido y sobrino político de Marine Le Pen, el joven Jordan Bardella; Hermanos de Italia (FdI, por sus siglas en italiano) se impuso en la tercera economía de la eurozona, y Alternativa para Alemania (AfD, por sus siglas en alemán) dio el sorpasso y quedó segunda, por encima del Partido Socialdemócrata Alemán (SPD), reviviendo fantasmas y traumas variados, en virtud de los vínculos emocionales de una parte de ese colectivo con el pasado nacional-socialista. Si solo se hubiera votado en la ex-República Democrática Alemana (comunista), AfD habría quedado primera. Pero no se trata de una ola sino de un crecimiento sostenido, que plantea desafíos diversos.

En Francia, RN -que viene creciendo desde hace años- cosechó 31,4% de los votos y 30 bancas -es el partido individual con más diputados de la Eurocámara-; Meloni obtuvo 28,8% gracias en parte al declive de la Liga de Matteo Salvini -con la centroizquierda del Partido Democrático, liderado por Elly Schlein, en alza, con 24,1%- y AfD consiguió 15% -y siete diputados más que en 2019-. AfD fue excluida del grupo Identidad y Democracia (ID) -donde están RN de Le Pen y la Liga- por las declaraciones pronazis de uno de sus líderes -Maximilian Krah había dicho que no todos quienes portaban un uniforme de las SS eran criminales y al final terminó dimitiendo-. Ahora AfD quedó como «no alineado», fuera de ambos bloques ultras -ID y Conservadores y Reformistas Europeos- que se redefinirán con los nuevos resultados. Le Pen busca una unión de extremas derechas que no es fácil: Ucrania/Rusia y otros temas los dividen, incluidas disputas a escala nacional.

En el caso alemán, se trató de una mezcla de castigo a la coalición semáforo en el poder -socialdemócratas, verdes y liberales- y de un declive electoral progresivo del SPD (que obtuvo el porcentaje más bajo desde 1949).

La extrema derecha, liderada por el Partido de la Libertad (FPÖ, por sus siglas en alemán), ganó también en Austria -con 25,4%-: se trata de uno de los primeros partidos «desdiabolizados» de la extrema derecha europea, gracias a los acuerdos con los conservadores desde el año 2000. Y en Hungría, el partido de Viktor Orbán, quien se propone una contrarrevolución cultural a escala europea, mantuvo su hegemonía con 44,8%, aunque con el desafío de un disidente de esta fuerza, que formó el partido Respeto y Libertad y obtuvo 30%.

Mientras que en Francia los conservadores de Los Republicanos se hundieron a 7,3%, en España el Partido Popular (PP) quedó en primer lugar con 34,2% -aunque no logró la victoria holgada que deseaba frente al Partido Socialista Obrero Español (PSOE), que resistió con 30,2%- y en Alemania la Unión Demócrata Cristiana (CDU) se impuso cómodamente con 30%. En España, la extrema derecha de Vox, aliada al presidente argentino Javier Milei, obtuvo 9,6% -una mejora respecto de las anteriores elecciones europeas pero limitada por el dinamismo conservador del PP-. La emergencia de la agrupación Se Acabó la Fiesta, con un discurso radical antipolíticos y una campaña heterodoxa en las redes sociales, ha sido una de las sorpresas de la elección con 4,6%. En Portugal, donde los socialistas consiguieron el primer lugar con 32,1%, la extrema derecha de Chega (Basta) aglutinó 9,8% de los votos.

Los conservadores también se impusieron en Irlanda –donde Sinn Féin quedó tercero– y en Grecia, pero allí 38% de los votos fueron a diversas opciones de izquierda: Syriza, socialdemócratas y comunistas. Un dato importante: los liberales de Donald Tusk ganaron en Polonia, donde Ley y Justicia, una fuerza influyente de la extrema derecha europea, quedó segunda -tras perder la elecciones y el gobierno en 2023-.

El panorama de la izquierda es muy variado. El derrumbe de La Izquierda en Alemania obedeció, en parte, a la emergencia de la facción de izquierda antiprogresista de Sahra Wagenknecht. Por su parte, el desplome de Sumar en España, ante un PSOE más dinámico, provocó la renuncia de la vicepresidenta Yolanda Díaz al liderazgo del espacio.

Los medios se refirieron a lo ocurrido en el extremo norte de Europa como «la excepción nórdica». Allí cayó la extrema derecha, que venía en alza, y creció la izquierda. Luz al final del túnel, oasis electoral… los nórdicos -corrientemente idealizados- venían experimentando un auge ultra que esta vez cedió. En Finlandia, la Alianza de la Izquierda obtuvo el segundo lugar; en Suecia, el Partido de la Izquierda fue el que más creció; y en Dinamarca, la izquierda verde del Partido Popular Socialista logró ser la fuerza más votada.

En Finlandia, la Alianza de la Izquierda, liderada por Li Andersson, consiguió 17% de los votos, y sus propios dirigentes mostraron su sorpresa. La extrema derecha del Partido de los Finlandeses (antes Verdaderos Finlandeses), que forma parte del gobierno de coalición conservador, se hundió a 7,6% (había sido la segunda fuerza en las elecciones generales de abril de 2023 con 20,1%). Como recuerda Javier Biosca Azcoiti en un artículo reciente, el partido de extrema derecha, que controla siete ministerios y cuya líder, Riikka Purra, es viceprimera ministra y ministra de Finanzas, ha sufrido varios escándalos desde que alcanzó el poder. Durante su primer mes como viceprimera ministra se filtraron en la prensa las declaraciones racistas de Purra en un foro hace 15 años. «Si están por Helsinki, ¿alguien se apunta a escupir a mendigos y golpear a niños negros?», escribió. Otro ministro debió dimitir tras revelarse que había participado en un evento de una organización pronazi. También había difundido un muñeco de nieve de su factura con capucha del Ku Klux Klan y una soga en la mano.

En Suecia, el Partido de la Izquierda consiguió 11% y la socialdemocracia se impuso con 25%. En el caso sueco, relata un artículo del Huffpost, el partido de extrema derecha -que ha caído de 20,5% a 13,2%- ha tenido que lidiar durante las últimas semanas con una investigación periodística que reveló que la formación había estado utilizando cuentas troll en redes sociales para, además de lanzar sus mensajes ultraderechistas, atacar a partidos de gobierno aliados. La noche electoral, uno de sus diputados fue descubierto entonando una canción de corte nazi. 

En Dinamarca, se impuso la izquierda verde del Partido Popular Socialista con 17,4% de los votos y la socialdemocracia en el gobierno -que ha impulsado fuertes políticas antiinmigración- retrocedió al tercer lugar. (El Partido Popular Socialista fue fundado en 1959 tras la expulsión del presidente del Partido Comunista de Dinamarca, Aksel Larsen, tras condenar la invasión soviética de Hungría). Y en Bélgica, los posmaoístas del Partido del Trabajo -que es más fuerte en Valonia que en Flandes- obtuvieron 5,6% a escala federal.

El resultado francés ha impactado con fuerza en la política doméstica. El presidente Emmanuel Macron decidió, de manera sorpresiva, disolver la Asamblea Nacional y convocar a elecciones anticipadas para el 30 de junio. La extrema derecha, con Bardella de candidato, buscará la mayoría parlamentaria para «cohabitar» con Macron eligiendo al primer ministro, mientras Macron busca reeditar un clivaje muy desgastado para posicionar a su espacio, Renacimiento, como el dique republicano contra la extrema derecha. El 15% obtenido por la candidata macronista, Valérie Hayer, muestra el desgaste de su propia figura, extremadamente impopular en gran parte de Francia, donde es visto como «el presidente de los ricos». 

La izquierda francesa, por su parte, se reagrupó de urgencia en un Frente Popular que deberá tomar forma en los próximos días, mientras temas como Ucrania y Gaza tensionan sus filas. Si la anterior alianza -la Nueva Unión Popular, Ecológica y Social (NUPES)- tenía a La Francia Insumisa de Jean-Luc Mélenchon como figura central, con los socialistas debilitados por su marginalidad en las últimas presidenciales, esta vez el Partido Socialista ha logrado revivir con la candidatura independiente de Raphaël Glucksmann, que obtuvo 13,8% de los votos, lo que redefine parcialmente la correlación de fuerzas dentro de la izquierda. El Frente Popular genera entusiasmo en las bases y podría extenderse a la izquierda social y ciudadana. El periódico Liberation tituló su portada del 11 de junio con esa consigna: Faire Front Populaire (Construir un frente popular).

Marine Le Pen vuelve a delegar, como en las europeas, la batalla para el 30 de junio en su joven delfín de 28 años, quien se mueve con destreza en TikTok, donde tiene 1,5 millones de seguidores y varios de sus posteos suman uno, dos y hasta cinco millones. En esas publicaciones, escribió la analista Mary Harrington, no se retrata «la Francia estereotipada» que circula en el extranjero, sino una «Francia conservadora, de pueblo pequeño, de convenciones sociales y orgullo feroz por los detalles minuciosos de la cultura regional»; una Francia tratada durante mucho tiempo como «moribunda, envejecida e irrelevante» a la que se suman hoy nuevas cohortes de jóvenes. «Es difícil saber -añade Harrington- si este fenómeno es un reflejo de la participación política de la Generación Z o un esfuerzo por atraerla. Pero sea cual fuere la causalidad, el paso de la comunicación escrita al vídeo está dando poder a un nuevo tipo de político».

Lejos de una ola mayoritaria, lo que se ve es una fuerte fragmentación del voto -con una alta abstención: solo en 11 de los 27 países se superó el 50% de participación-, con minorías intensas de extrema derecha que, dado el clima político-cultural más amplio de crisis progresista, logran marcar la agenda y la conversación pública. Pero la «rebeldía de derecha», que consigue a menudo capturar el inconformismo respecto de la precarización de la vida social, la dificultad para acceder a una vivienda, las inseguridades culturales y la erosión de los servicios públicos, navega por aguas inciertas cuando esas mismas derechas llegan al gobierno. Reto Mitteregger, investigador en comportamiento electoral y partidos políticos de la Universidad de Zurich, aporta otra razón en una conversación con ElDiario.es: «Lo que vemos en Suecia, Dinamarca y Finlandia podría ser una forma de descontento con los actuales gobiernos. En estos países, la derecha radical es parte del gobierno (Finlandia), lo apoya desde fuera (Suecia) o el Ejecutivo ha adoptado políticas migratorias de la extrema derecha (Dinamarca). Los partidos más a la izquierda son, por el contrario, los principales partidos de la oposición».

Es difícil evaluar el impacto de estas reconfiguraciones. La maquinaria de Bruselas busca ser una aplanadora de radicalismos, a menudo al costo de cierta institucionalidad tecnocrática/posdemocrática. Pero aun así, lo que ocurra en Francia y Alemania puede incidir en la Unión tal como la conocemos, que mantiene a los conservadores como sus ambiguos garantes, moviéndose entre la defensa de las instituciones y la pulsión por pactar con los ultras.

Publicado originalmente en https://www.nuso.org/

Pablo Stefanoni es doctor en Historia por la Universidad de Buenos Aires. Publicó varios artículos y libros sobre las izquierdas y América Latina y combina el trabajo periodístico con la investigación en ciencias sociales. Es autor de Los inconformistas del Centenario. Intelectuales, socialismo y nación en una Bolivia en crisis (1925-1939) (La Paz, Plural, 2015) y coautor, con Martín Baña, de Todo lo que necesitás saber sobre la Revolución Rusa (Buenos Aires, Paidós, 2017). Desde 2011 se desempeña como jefe de redacción de la revista Nueva Sociedad. Colabora con la edición Cono Sur de Le Monde Diplomatique y con el suplemento «Ideas» del diario La Nación. Actualmente forma parte del Centro de Documentación e Investigación de la Cultura de Izquierdas (CeDInCI)/Universidad Nacional de San Martín (Unsam).

por Raúl Prada Alcoreza

 

Ningún instante es el mismo, ninguna singularidad es igual a otra o equivalente, es única. Cada momento es diferente y, obviamente, es diferente no solamente respecto a sí mismo, lo que fue en un momento distinto, en otro momento, en otro instante, incluso en el instante inmediatamente anterior. También en otro contexto, puesto que la singularidad habita, por así decirlo, un espacio-tiempo de singularidades. Este es un contexto de singularidades, se relaciona con otras singularidades, se asocia como estas singularidades y conforma composiciones como estas singularidades.

Compartamos lo siguiente, que es, más o menos, lo que hemos dicho, un tanto de acuerdo con Paul Ricoeur, incluso con Hayden White, que la historia es un relato, es una narración. También podemos coincidir con Marc Bloch, que la historia es lo que hacen los historiadores, refiriéndose a su ocupación y su práctica. Llegando a Peter Sloterdijk, podemos tener en cuenta su hipótesis interpretativa de que la historia moderna, transcurrida desde 1492 hasta la finalización de la segunda guerra mundial, 1945, es el lapso donde donde se emprenden los grandes viajes, que cruzan los océanos y terminan circunnavegando la esfera terrestre. Es cuando se dan las condiciones de posibilidad culturales, económicas y sociales para la llamada globalización, que entendemos también como modernidad. Una vez concluida esta etapa, que propiamente es histórica, por la gran narrativa de su interpretación, por la pretensión global de una historia universal, desde 1945 en adelante, se estaría viviendo lo que se llama la posthistoria. Sin discutir todavía todos estos enunciados, correspondientes a estas hipótesis, lo que nos interesa, de momento, de partida, es tener en cuenta que cualquier análisis del presente, en el presente, compuesto de coyunturas, en la coyuntura actual, que, además, se tenga en cuenta los contextos y las temporalidades. El acontecimiento tiene que situarse en la composición de su contextualidad y su devenir.

No es lo mismo hablar de crisis económica, política, cultural y social en 1929, que en lo que lo que ocurre en 1970, tampoco con lo que ocurre desde el 2008 en adelante, las crisis más recientes generalizadas. Para situarnos en el presente, 2024, tampoco en este caso la crisis es la misma, a pesar de ciertas estructuras subyacentes al sistema mundo capitalista y al ciclo largo capitalista vigente. Hemos compartido con Emanuel Wallerstein en que no hay una historia del capitalismo nacional, sino que hay una historia del capitalismo mundial, porque el capitalismo es un modo de producción mundial, es, sobre todo, un sistema mundo capitalista, que las llamadas historias nacionales del capitalismo no son otra cosa que las singularizaciones del desenvolvimiento del sistema mundo capitalista. Parafraseando a Wallerstein, nosotros dijimos que no hay una historia nacional del Estado, sino que se dan en el contexto de la historia del orden mundial de las dominaciones, donde aparecen las singularidades de la realización de esta dominación, primero colonial, después imperialista y, tomando la palabra a Antonio Negri y a Michael Hardt, luego del imperio. Entendiendo imperio como lo entienden en su libro que lleva el mismo título, el mismo nombre: Imperio.

En consecuencia, para hacer un análisis de la crisis múltiple del Estado nación, debemos situar esta crisis y este Estado en el contexto de la orden mundial, en la coyuntura y el momento determinados, en el contexto particular en el que se inserta el Estado como composición institucional.

Volviendo al libro El mundo como voluntad y representación de Arthur Schopenhauer, podemos coincidir con el filósofo en que nos movemos en el mundo de las representaciones y no en el mundo efectivo. En este sentido hay que tener en cuenta que cuando hablamos de Estado, sobre todo de Estado nación, que es un concepto de la ciencia política y de la filosofía política, si bien el concepto puede mantener su estructura categorial, es decir, su significado teórico, eso no quiere decir que el Estado conceptual sea el mismo Estado efectivo, como tal. El Estado efectivo se desenvuelve en formas de gobierno, asume determinadas políticas, se constituye institucional y jurídicamente, afincándose en el epicentro de la polis, la ciudad. Se configura, conforma y constituye de una determinada manera, construye a su sociedad institucional y registra a su población cuantificada, garantizando y dando lugar a su economía y a su cultura. El Estado conceptual y el Estado efectivo no son lo mismo. En realidad, recurriendo al Uso crítico de la teoría de Hugo Zemelman Merino, debemos organizar y recomponer constantemente el concepto, actualizarlo y contextualizarlo para evitar el anacronismo entre concepto y realidad efectiva.

Por lo tanto, las discusiones que hubo sobre el Estado nación, a principios del siglo XX, no pueden mantenerse como válidas en una etapa posterior, por ejemplo, durante la revolución de 1952 en Bolivia. Menos aún si hablamos de la problemática estatal y de su crisis múltiple, evidenciada en la movilización prolongada del 2000 al 2005. La situación y las condiciones de interpretación también cambian después del proceso constituyente y la promulgación de la Constitución en 2009, sobre todo cuando ya se ha experimentado la forma, la manera y la institucionalidad efectiva del llamado Estado plurinacional, que, como hemos dicho, de plurinacional solo tiene el nombre. Entonces, estamos hablando de distintas situaciones y condiciones de realización, por lo tanto, dadas en distintas condiciones de interpretación. Sin embargo, sabemos que esto no se tiene en cuenta en la formación discursiva política; se mantiene una suerte de continuidad lineal de las discusiones, como si los contextos no hubieran cambiado, como si las problemáticas no habrían vivido desplazamientos. En consecuencia, las interpretaciones políticas, incluyendo a los análisis políticos, se vuelven anacrónicos, en la medida que pasa el tiempo y nos situamos en coyunturas y contextos diferentes, en relación a lo que podríamos llamar las referencias básicas, tanto espaciales como temporales, tanto contextuales como coyunturales.

Al principio del siglo XX y en adelante el problema que preocupaba a la intelectualidad era el de la constitución del Estado nación, dado de manera efectiva e institucional, así como preocupaba la soberanía nacional, basada en la defensa de los recursos naturales. En este itinerario se encuentran Sergio Almaraz Paz, René Zavaleta Mercado y Marcelo Quiroga Santa Cruz. Incluso también, desde antes, se ocuparon de esta preocupación Aguirre Gainsbourg y Tristan Marof. Así mismo, se ocuparon de la problemática ideólogos como Guillermo Lora, que, a diferencias de los anteriores, lo hacía desde la perspectiva de la revolución permanente. El ideólogo trotskista se plantea un Estado nación de transición al socialismo, basado en la alianza obrero-campesina, que logre la soberanía, sustentada en la defensa de los recursos naturales y en su industrialización.

Efectivamente la revolución se da en 1952, pero no se trata de una revolución socialista, sino de la revolución nacional, de una revolución que convierte en preponderante el carácter nacional popular, emergido de la insurrección proletaria y campesina, donde el marco estatal es el del Estado nación, que se materializa en una institucionalidad revolucionaria de carácter nacionalista. Las milicias obreras y campesinas se mantienen durante doce años, los doce años de la revolución nacional, para sostener a un régimen de característica nacionalista revolucionaria, muy distinto a lo que esperaba Guillermo Lora, muy distinto a la dictadura del proletariado y al programa de transición, que estaba establecido en la Tesis de Pulacayo y, después, en las tesis de la COB.

Se puede decir que la resultante de la correlación de fuerzas, de la concurrencia de fuerzas, no es lo que esperan los programas políticos, los postulados ideológicos, los objetivos inherentes al partido; esto no sólo respecto al programa y a la ideología trotskista de la revolución permanente, sino también al programa de la revolución por etapas del Partido Comunista de Bolivia. Lo mismo ocurre con los objetivos del Movimiento Nacionalista Revolucionario, que, si bien su proyecto se acerca más a lo que efectivamente ocurre, lo que ocurre se le escapa de las manos, no controla los desenlaces políticos. El MNR quiere evitar la nacionalización inmediata, pero no puede hacerlo por la intervención de las milicias de la COB; el MNR quiere una reforma agraria institucional, que podemos denominar de vía farmer, pero no puede cumplir con su objetivo, puesto que los sindicatos campesinos y los ayllus toman las haciendas en el altiplano y en los valles.

El desenlace histórico es irónico respecto a la voluntad de los involucrados, de los actores políticos, incluso de los actores sociales. Nadie controla el conjunto de las variables intervinientes, sólo pueden controlar algunas, las que tienen que ver con la convocatoria, las que tienen que ver con las políticas de Estado, las que tienen que ver con las políticas sociales, en tanto no controlan las resistencias sociales. No controlan el conjunto de las variables, son incontrolables una vez que las acciones desencadenan sus efectos, los desenlaces son insospechados, incluso podríamos decir azarosos.

La preocupación por la constitución del Estado nación se diluye en el periodo de las dictaduras militares, las que usan un argumento fútil, de qué la revolución ya se ha dado y de lo que ahora se trata es de administrar la revolución. Ésta se da por la vía y mediación de los militares, que aplican de manera dictatorial sus propios caprichos, que corresponden a los mandatos de la embajada norteamericana, también del pentágono y a sus servicios secretos. Cumpliendo con la voluntad de control de las reservas energéticas, sobre todo del petróleo, por parte de las empresas trasnacionales estadounidenses norteamericanas.

Lo que viene después, en el contexto de las resistencias contra las dictaduras militares, corresponde a la disminución de los alcances y los objetivos políticos, incluso podríamos hablar de una disminución ideológica, del despliegue del cortoplacismo, impreso en las acciones. Solo se trataba de sacar a las dictaduras militares e iniciar un periodo democrático, que se llamó la recuperación de la democracia. La democracia misma ya no era la convocatoria y la acción de las multitudes, de las asambleas y de la deliberación social, mucho menos la acción directa. La democracia se convierte en una pálida caricatura institucional, que se resume a la votación cada cierto tiempo. Es explicable entonces que la UDP, la Unión Democrática y Popular, una débil imitación de la Unidad Popular de Chile, sólo se proponga un programa demasiado estrecho de reformas, renunciando a las nacionalizaciones. El único que propuso un programa de nacionalización, en este contexto liviano, fue Marcelo Quiroga Santa Cruz, que recogió la herencia de la lucha por las nacionalizaciones, buscando que tengan efectos estatales, que logren también nacionalizar el Estado y el gobierno.

En el llamado periodo de la recuperación democrática la política se sumerge en la crisis múltiple, se estrecha dentro de un margen mezquino de limitaciones. Es en esta situación de debilitamiento social y político que emerge el proyecto neoliberal, en el contexto del derrumbe de los Estados socialistas de la Europa oriental y de la Unión Soviética. El ajuste estructural, la privatización de las empresas públicas y de los recursos naturales fueron el tono de los comportamientos de las políticas neoliberales, que, supuestamente, proponen un Estado chico, el achicamiento del Estado, entregando la soberanía a la hegemonía económica de las trasnacionales. El costo social de estas políticas no se hizo esperar, tampoco las resistencias al proyecto neoliberal, que tardaron un tiempo de pasar de la resistencia a la ofensiva, imprimiendo el sello social y popular indígena, en lo que se vino en llamar la movilización prolongada, del 2000 al 2005. Esta movilización heroica abre horizontes nuevos y actualiza la potencia social, en el contexto y en las condiciones de la crisis múltiple del Estado nación y del sistema mundo capitalista de entonces.

La preocupación por el Estado Plurinacional sustituyó a la preocupación por el Estado nación. El proceso constituyente fue el recurso institucional, en el contexto turbulento de realización de un nuevo marco jurídico y político de transformación institucional. Sin embargo, esta voluntad quedó truncada ahí con la llegada al poder de un conglomerado político, que no era ni partido, tampoco movimiento, aunque sí contenía en su seno a organizaciones sociales, emergidas y fortalecidas durante la resistencia al neoliberalismo. El Estado Plurinacional se redujo a la promulgación del texto escrito de la Constitución, que nunca se cumplió. El desenlace político fue la de la conformación de un gobierno con características barrocas, compuesto por la forma de gubernamentalidad clientelar. Otra vez la historia jugaba con ironía, con las resultantes de la correlación de fuerzas. Las gestiones de gobierno del MAS no fueron otra cosa que una comedia grotesca, tanto de la versión nacional popular, como de la versión implícita en la Constitución, que tiene que ver con la descolonización. Este remedo sirvió para enriquecer a una casta política gobernante, que corresponde al ovillo de la dependencia, que está al servicio de las trasnacionales extractivista y de los cárteles.

En otras palabras, la problemática estatal se diluyó a lo largo de los periodos mencionados, prácticamente desapareció. No es tratada ideológicamente, ni teóricamente, ni políticamente, no es asunto de los partidos políticos involucrados. A lo que se reduce el tratamiento de la problemática es a obtener una democracia institucional, a recuperar la institucionalidad; esto es lo que se puede recoger de las voces de la llamada oposición. El coro de intelectuales preocupados por la crisis institucional acompaña está proyección política. En contraposición, el sector oficialista se reduce a decir que se cumplió con la Constitución, que se está, por decreto, en un Estado Plurinacional, que debería ser, además, de acuerdo a la Constitución, Comunitario y Autonómico; sin embargo, esto queda completamente soslayado en la versión de los voceros oficialistas. Consideran que el Estado Plurinacional se reduce a cambiar de nombre al mismo Estado nación en crisis, que lo plurinacional corresponde a la incorporación de dirigencias del partido oficialista a la gestión de gobierno y a la administración del Estado, gestión de gobierno y administración del Estado que han servido para desplegar una expansiva corrosión institucional y a una galopante corrupción. Esta vez la ironía de la historia ha llegado a lo grotesco político.

En la actualidad, en la coyuntura, en el momento presente, en los contextos definidos en este ahora, donde se desenvuelve la crisis múltiple de manera vertiginosa, todo se ha diseminado y se mueve en estrechos márgenes, excesivamente mezquinos. Las grandes narrativas se han hecho trizas, las ideologías prácticamente han desaparecido, los postulados políticos, de cierto alcance, también han periclitado, todo se resume a las más groseras formas del círculo vicioso del poder. Lo que importa es mantenerse en el poder o, en su caso, llegar al poder y preservarlo a como dé lugar, con la salida más insólita, con las prácticas más sinuosas, con las formas institucionales más corroídas, con la corrupción más galopante. Se resalta la miseria humana.

En Bolivia el anhelo político se ha reducido a la unidad de los bolivianos o, en su caso, a continuar el camino decadente del asesinato del proceso de cambio, que de cambio no ha tenido sino el nombre. Lo único que se ha desplazado es la forma clientelar más espantosa, el manejo más doloso de la cosa pública, el desenfreno más compulsivo de enriquecimiento, a costa de los recursos del Estado, mal administrados, a costa de los recursos naturales, entregados a las trasnacionales extractivistas. En otras palabras, los horizontes han desaparecido, sólo hay el círculo estrecho del minuto presente, del mezquino minuto presente de la decadencia.

En este contexto, en este panorama, en este balance, en esta situación calamitosa, ¿qué se puede esperar? ¿Volver a plantear la problemática del Estado, la cuestión nacional, la restauración del Estado nación? ¿Insistir en recuperar la visión del Estado Plurinacional Comunitario y Autonómico, que se establece en la Constitución? Sobre todo, después de que la ironía de la historia ha jugado con desenlaces paradójicos, con la resolución teatral tanto del Estado nación como del llamado Estado plurinacional.

Nuestro planteamiento es el siguiente: Ya no es posible replantear la cuestión nacional, la cuestión del Estado nación, tampoco la cuestión del Estado Plurinacional Comunitario y Autonómico. Resultaría anacrónico hacerlo, aunque mucho menos en el caso del Estado Plurinacional Comunitario y Autonómico establecido por la Constitución, puesto que no se puso un solo ladrillo, no se tuvo ni la más mínima voluntad por realizar transformaciones estructurales e institucionales para la construcción del Estado Plurinacional. En este caso, amerita continuar la evaluación crítica de lo que ha ocurrido, desde la perspectiva de las dinámicas complejas, que hacen a las dinámicas moleculares sociales y a las dinámicas molares sociales.

Ahora bien, es importante no olvidar las estructuras de larga duración, que hacen a los ciclos largos, medianos y cortos de las temporalidades sociales. En un contexto mayor, no olvidar las distintas urdimbres y texturas del tejido espacio-tiempo territorial y ecológico, que cobija a las sociedades humanas y a las sociedades orgánicas. En las estructuras de larga duración es importante no olvidar que, en el continente de Abya Yala, la configuración preponderante de los pueblos y sociedades se da en términos de confederaciones y alianzas territoriales, además de filiaciones corporales. Las estructuras piramidales son tardías, incluso si consideramos la historia de Caral, además de tener en cuenta los referentes de Tiwanaku, del Tahuantinsuyo, de los mayas, de los mexicas. Las estructuras piramidales se dan tardíamente, ampliando la mirada se trata de 3000 años antes de nuestra era. En el caso de Caral pasa algo parecido a lo que pasa con Tiwuanaku.

Empero, las comunidades ancestrales, los Ayllus, las sociedades sin Estado, los tejidos sociales vitales primordiales son más antiguos, tenemos que hablar por lo menos de unos 15000 años atrás. Cuando llegaron los conquistadores se encontraron con estructuras sociales piramidales, que prácticamente habían desaparecido, como en el caso de los mayas, y con estructuras sociales piramidales persistentes, como en el caso de los mexicas y de los incas. Cuando tomaron Tenochtitlán conquistaban la metrópoli agrícola urbana más grande del continente, pero esto no equivalía a tomar el continente mismo, que estaba mayoritariamente poblado por confederaciones de pueblos y sociedades. Al respecto, se puede hablar inclusive de la derrota de los españoles en combate frente a estos pueblos guerreros, uno de los casos paradigmáticos es la derrota de los españoles por parte de la nación y pueblos mapuches confederados.

Teniendo en cuenta la mirada retrospectiva para hacer un análisis crítico del presente, avizorando nuevos horizontes, es menester, como hemos dicho antes, de desandar el camino, recuperar la memoria y abrirse hacia el porvenir, que libere la potencia social, los saberes las convivencias y consensos comunitarios, la solidaridad y complementariedad ecológica entre los seres.

publicado originalmente en https://pradaraul.wordpress.com/

Un recuerdo de Toni Negri escrito por Gigi Roggero.

Sí, temo que las procesiones y mausoleos, con la regla fija de la admiración, oscurezcan con incienso ácido, la sencillez de Lenin; Temo, yo temo, como se teme por la pupila del ojo, que sea distorsionada por las dulces bellezas del ideal.

                                                                                                                                 Vladimir Mayakovsky, Vladimir Ilich Lenin (1924)

Era el amanecer del nuevo milenio. El milenio que se abre con la globalización en los labios y la crisis en el vientre. El milenio inaugurado, en noviembre de 1999, por la manifestación de Seattle: es un nuevo ciclo del movimiento global que perturba el sueño de quienes creían haber ganado definitivamente la lucha de clases y cerrado las cuentas con la historia, como con el virus del milenio. En ese cruce, Toni Negri junto con Michael Hardt formulan la hipótesis de la formación del imperio: ya no el imperialismo de los Estados-nación, sino un nuevo orden mundial sin centro, en el que se mezclan poderes democráticos, monárquicos y aristocráticos. Y plantean la hipótesis, en primer lugar, de la formación del sujeto que resiste y se opone a ese orden, la multitud, que parece llenar las plazas del movimiento antiglobal.

«Entonces, ¿qué hará ahora el profesor Negri, volverá a hacer la revolución?». Quien hablaba con rencor mal disimulado era un periodista de izquierdas, presentador de un programa al que habían invitado a Toni, en momentos en que cumplía su condena en semilibertad. Del otro lado viene esa risa, famosa e inolvidable para cualquiera que haya tenido el placer o el miedo de escucharla. «Pero ya lo estoy haciendo». Fin de la transmisión.

Sí, este es Toni. La encarnación, una de las más extraordinarias, después de la Segunda Guerra Mundial, del deseo de revolución. Digamos más y aclaremos de inmediato: Toni era una figura obsesionada. No hablamos de obsesión en términos de juicios de valor o sentencias patológicas, como le gustaría a la industria del tratamiento. Hablamos de ello en términos sintomáticos: la obsesión como síntoma del deseo. El ojo conservador de Solzhenitsyn había captado esto en una novela poco conocida y, tal vez precisamente por eso, muy importante: Lenin en Zurich imagina a un líder bolchevique que no piensa en otra cosa, dispuesto a hacer cualquier cosa para regresar a Petrogrado. Porque ahí es donde debe estar un revolucionario, porque hay una posible tendencia minoritaria, cuyo desarrollo depende de fuerzas subjetivas. Virtud y suerte, decía Maquiavelo. Y mucho culo, añadió Mario Dalmaviva. Bueno, la verdad es ésta: un revolucionario es una figura obsesionada, y está obsesionado porque lo impulsa el poder del deseo. En definitiva, no hay revolucionario sin deseo de revolución. Esta es la primera lección que aprendemos de Lenin, de Toni y de todos aquellos que no se limitan a no aceptar el estado actual de las cosas, sino que se arriesgan por completo a arruinarlo.

La revolución, nos explicó nuestro maestro, no como un acontecimiento salvífico, catártico o palingenético. La revolución como forma de vida. No son sólo frases bonitas, es la dura y agotadora realidad. Una forma de vida contradictoria y problemática, siempre inquieta y nunca tranquila. Anna nos lo contó en su hermoso léxico familiar que lleva el igualmente maravilloso título de Con un pie enredado en la historia. Parafraseando de nuevo una consideración bien conocida, quienes esperan un revolucionario puro y sin contradicciones nunca lo verán, y se condenan a no comprender lo que significa la revolución como forma de vida.

Además, hay un aspecto de su biografía que se recuerda muy poco: con poco más de treinta años, Toni era el catedrático italiano más joven de la prestigiosa cátedra de Doctrina de Estado de la Universidad de Padua. Podría haber tenido una vida tranquila y satisfactoria como un gran intelectual, estimado y reconocido por todos. O tal vez podría haber sido un intelectual comprometido, que mantiene separadas la opinión y la acción. O también podría haber sido un intelectual orgánico, obediente a las exigencias indiscutibles de un partido fetiche. Y por qué no, podría haber sido un activista intelectual, una forma homeopática de militancia sin riesgos que se extendió en las décadas siguientes, elegido por profesores que se pronuncian sobre todas las injusticias del mundo mientras estén lejos de su zona. de seguridad académica. Pero no, ésta no era su forma de vida. Apostó por el deseo. Apostó todo lo que tenía y pudo haber tenido. Y en el mundo feudal de la universidad, habitado por barones trombonescos y sirvientes pusilánimes, esto es lo que nunca le han perdonado. Decretando la prohibición de la inteligencia en la academia durante el próximo medio siglo. Este anuncio es la continuación del 7 de abril con otros medios, y en ocasiones con los mismos.

No repasemos lo que hizo Toni aquí, sería una tarea presuntuosa y, además, bastante inútil. De hecho, quienes lean este texto ya saben lo que podríamos decir en unas pocas líneas. Tampoco queremos diseñar un icono sin manchas y claroscuros, dejamos de buen grado esta gratificación a los numerosos aduladores profesionales, que ciertamente no faltan ayer como hoy. Su problema, desde nuestro punto de vista, no es que vio lo que no estaba allí, como tan a menudo lo han acusado los tontos (o los filisteos, se habría dicho alguna vez). El problema es que a menudo veía lo que no podía estar ahí. O, para decirlo en términos familiares para quienes provienen de la tradición del obrerismo, cambió la composición técnica por la composición inmediatamente política, o el desarrollo del capital por el desarrollo del sujeto antagónico. O pensaba que la brillantez de la inteligencia individual podía, en ciertos momentos, prescindir de la fatiga de los procesos colectivos. Todo esto es parte de una discusión abierta: no sobre lo que ha sido, sino sobre lo que puede ser.

El punto a subrayar aquí, sin embargo, es otro: lo que guio a Toni, dentro de sus límites y no sólo en sus riquezas, fue siempre precisamente ese deseo de revolución, esa necesidad de intentar siempre salir adelante. No, no tanto en el entusiasmo de las fases altas de los movimientos. Forzar, ante todo, en las fases de reflujo, derrota y fragmentación. Este fue el caso en las décadas de 1980 y 1990, en medio de la contrarrevolución capitalista. En otros lugares es correcto debatir la sustancia de esos forzamientos. Aquí digamos simplemente que, dentro de la oscuridad, tuvieron la fuerza para centrarse en la luz, para luchar contra la resignación y el retraimiento depresivo, para intentar invertir la perspectiva. Haciéndolo, siempre, con un pensamiento divisivo. Sí, divisivo, utilizamos concretamente la expresión que hoy tanto horror suscita entre los demócratas de izquierda. Porque el pensamiento político siempre es divisivo, es decir, divide a un partido de otro, a un amigo del enemigo. Cuando todo el mundo habla bien de alguien, significa que ese alguien no tiene la capacidad de expresar un pensamiento político, o de expresar un pensamiento. Porque ese «todos» es una abstracción del universalismo moderno, es decir, capitalista. Y si hoy Toni todavía consigue dividir es que ha hecho todo lo que debe hacer un revolucionario.

Quienes lo conocieron, además de leerlo y estudiarlo, saben que era ajeno a cualquier nostalgia, una pasión triste por la que sentía una repulsión natural, incluso a costa de coquetear con el progreso capitalista. Precisamente esta actitud, impulsada por una curiosidad insaciable, le hizo estar especialmente atento a los jóvenes. Se comparaba a sí mismo como a un igual, no por una humildad mal entendida (qué mala palabra), sino porque sabía que la relación entre «maestro» y «alumno» es siempre una relación mayéutica, en la que los roles de quien enseña y quienes aprenden se intercambian continuamente, nutriéndose mutuamente. En esta relación nunca dio nada por sentado: como las grandes figuras de nuestra patrística obrerista (Mario, Romano y todos los demás), te obligaba continuamente a pensar de forma independiente, a no repetir lo que ya se sabía, a costa de quitarte el suelo, a cada paso debajo de tus pies. Así, en ese elogio nietzscheano de la ausencia de memoria no hubo una eliminación del pasado, sino una continua reapertura revolucionaria de la historia.

En definitiva, querido Toni. En esta época de mediocridad gris, en la que reinan los malos maestros, cuánto necesitamos una nueva generación de cattivi maestri. De los que nos enseñan a buscar siempre el amanecer dentro del crepúsculo.

Traducción del italiano, Santiago Arcos-Halyburton

Gigi Roggero es el director editorial de DeriveApprodi. Periodista militante y curador, para Machina, de la sección freccia tenda cammello. Ha publicado con DeriveApprodi: Elogio de la militancia (2016), El tren contra la historia (2017), Obrero político italiano. Genealogía, historia y método (2019), Para una crítica de la libertad. Fragmentos de pensamiento fuerte (2023); también es coautor de: Future anterior y Gli operaisti (2002 y 2005).