Autor: admin

Por Alberto Acosta (1)

Me dijeron que en el reino del revés

Nadie baila con los pies

Que un ladrón es vigilante y otro es juez

Y que dos y dos son tres

Vamos a ver como es

El Reino del Revés

Vamos a ver como es

El Reino del Revés

María Elena Walsh,

autora e intérprete

Canción infantil[2]

Real, no ficción. El Ministerio de Recursos Naturales – el mayor interesado – no apeló la sentencia de primera instancia que favoreció a la nacionalidad waorani. ¡Lo hizo el Ministerio del Ambiente! Y fue el abogado de este Ministerio quien, en la audiencia dada en la Corte Provincial de Justicia del Puyo el lunes 1 de julio, lideró el enfrentamiento en contra de dicha comunidad indígena, abanderándose de las tesis extractivistas. Para colmo, los abogados de estos dos ministerios, junto con el abogado de la Procuraduría del Estado, defendieron a ultranza los intereses extractivistas aduciendo el cumplimiento de la consulta previa, libre e informada en el Bloque 22, a partir del decreto 1247 sin priorizar la Constitución.

Sorprende, por decir lo menos, que el Ministerio de Recursos Naturales – realmente el interesado en demostrar que sí hubo tal consulta para realizar sus planes extractivistas – no apelara la sentencia favorable a la nacionalidad waorani, donde se demostró hasta la saciedad el incumplimiento de ese requisito previsto en la Constitución y en instrumentos internacionales, como el Convenio 169 de la OIT. El argumento de los abogados de dicha cartera de Estado de que esta omisión fue una falla técnica no le exime de responsabilidad al gobierno, pues incluso por acción directa de dicha desidia deberían cumplir lo dispuesto por la jueza provincial Esperanza del Pilar Araujo y el Tribunal Penal de Pastaza en su sentencia del 26 de abril pasado; en concreto deberían reconocer la vulneracion cometida y cumplir las obligaciones que de un acto así se desprenden  (por ejemplo no avanzar con la licitacion de ese bloque porque sin consulta previa cualquier acto es nulo). En este caso la Corte Provincial debería disponer no solo la ratificacion de la sentencia y que el Ministerio en mención la cumpla; sino que debiera, además, aceptar la apelación de la nacionalidad Waorani, es decir ampliando las comunidades afectadas y las medidas de reparacion establecidas.

Por otro lado y sin rodeos: el papel del Ministerio del Ambiente es vergonzoso. Su abogado lideraba los intereses extractivistas en vez de cumplir con el objetivo de esa cartera de Estado: defender el ambiente, más aún en el primer país en el mundo que ha constitucionalizado a la Naturaleza como sujeto de derechos. indigna que ese ministerio apelara tan prestamente en contra de la sentencia de primera instancia[3] y que, en la práctica, suscriba la agenda extractivista del gobierno. Desde hace tiempo atrás, el ministerio del ambiente sólo cumple con vulgares trámites administrativos al margen de sus objetivos fundamentales.

El accionar de la Procuraduría, cuyo supuesto papel es el ser “abogado del Estado”, demuestra que perdió sus papeles pues se ha vuelto un mero defensor de los intereses del gobierno. Al no reconocer las vulneraciones a la Constitución y más bien ser cómplice de dichas violaciones, la Procuraduría abre la puerta para que los accionantes –en este caso la nacionalidad waorani– si es del caso, recurran a la vía internacional y se consiga una sanción al Estado por incumplir sus obligaciones constitucionales, que incorporan varios instrumentos internacionales relacionados con los Derechos Humanos (parte activa del bloque constitucional por mandato de los artículos constitucionales 11.3 y 426).

En este reino del revés casi que no sorprendería que a la postre los tres jueces provinciales -Carlos Alfredo Medina Riofrio, Bolívar Enrique Torres Ortíz, Segundo Oswaldo Vimos Vimos- de la mencionada Corte, quienes deben tramitar la mencionadas apelaciones, terminen por priorizar el Decreto Ejecutivo 1247 –a todas luces inconstitucional– sobre la disposiciones de la carta magna, que en su artículo 424 establece la supremacía de la Constitución sobre cualquier otra ley del ordenamiento jurídico del Estado; y, que en el artículo 425, fija un claro orden jerárquico de aplicación de las normas: la Constitución; los tratados y convenios internacionales; las leyes orgánicas; las leyes ordinarias; las normas regionales y las ordenanzas distritales; los decretos…

Con este Decreto en la mano -sin siquiera haberlo cumplido a cabalidad- el Ministerio de Recursos dio paso a una consulta inconsulta que fue procesada como un simple trámito administrativo, es decir, apenas como una socialización de informaciones, lo que supone en palabras sencillas pero precisas: una tomadura de pelo. Tengamos presente que la inconstitucionalidad del mencionado decreto es inocultable. El 19 de julio de 2012, el presidente de la República, Rafael Correa, emitió el Decreto Ejecutivo 1247, que entró en vigor a través de la publicación en el Registro Oficial No. 759 del 2 de agosto de 2012. Dicho decreto reglamenta la ejecución de la consulta previa, libre e informada en los procesos de licitación y asignación de áreas y bloques hidrocarburíferos, la misma que sería aplicada en el marco de la XI Ronda Petrolera. Cabe señalar que el Decreto 1247 no acata todas las disposiciones establecidas en los instrumentos internacionales de Derechos Humanos y en los que hablan sobre los derechos de los pueblos indígenas. Tampoco se consideran en este Decreto 1247 las dispociones emanadas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Sarayaku, vinculantes para el Estado ecuatoriano, emitidas en el mes de mayo del año 2012.

En su pobre papel, los abogados gubernamentales, a más de apuntalar su posición en base a ese incostitucional decreto, y como medida desesperada ante la falta de argumentos, pedían sanciones penales para dos de los testigos de la comunidad waorani por alguna declaración poco clara o quizás confusa, debida -tal como reconoció el intérprete judicial- a lo complejo que resulta traducir términos y conceptos inexistentes en la cultura waorani, en medio de un proceso de socialización llevado adelante por una persona que tenía 18 años cuando fue contratada como encargada de la oficina de consulta y que nunca fue debidamente capacitada, entre otros temas de gravitan en contra de la posición gubernamental.

Es mucho lo que se juega en este caso. Por un lado la vida misma de la nacionalidad waorani y su selva amenazadas por el extractivismo petrolero. Por otro lado está la posibilidad de construir – aunque lentamente luego de la metida de la mano en la justicia ejecutada por el correísmo – una justicia independiente y autónoma, como se estableció en Montescriti. También está en debate la necesidad de construir otra economía que garantice en simultáneo la justicia social y la justicia ecológica desde sus bases, superando la trampa perversa de los extractivismos. En este escenario se disputa, además, la misma democracia.

¿Podrán los jueces involucrados superar las sombras de un Estado colonial, racista y patriarcal? ¿Darán un paso para salir de esta maraña de contradicciones y empezar así a cristalizar la vigencia de la Constitución de Montecristi?

Vamos a ver como es

El Reino del Revés

Vamos a ver como es

El Reino del Revés

Entrevista a Christophe Guilluy[i]

por Daniel Gascón

 LA RECOMPOSICIÓN GEOGRÁFICA DE LA NUEVA CLASE

Comentario inicial Bruno Cava R.

Provocadora entrevista a Christophe Guilluy, traducida [al portugués][ii] por IHU online. El geógrafo francés piensa a partir del movimiento de los Gilets Jaunes, pero la reflexión podría ser extendida al caso del movimiento brasileño. Hasta hace poco tiempo, se compartía la percepción de que el ciclo mundial de las primaveras árabes tenía por focos las grandes metrópolis globales. Las luchas de nuevo tipo movilizaban un proletariado metropolitano altamente conectado, en las velocidades de la era digital. Ciudades como Rio de Janeiro, Nueva York, Londres, Barcelona, Cairo, Hong Kong o Tel Aviv eran puntos focales de las redes organizativas de la multitud y del enjambre.

Ocurre que, en 2018[iii], el desbordamiento social de la huelga de camioneros en Brasil, así como los gilets franceses colocaron en jaque esa primera lectura. Podríamos también revisar las grandes protestas de Junio de 2013 o del impeachment en la fase 2015-16, en cuanto a la naturaleza del movimiento de diseminación en profundidad de aquellas manifestaciones por el interior del país. En el cómputo total, integrando esa fila larga, son mayorías numéricas.

En el terreno abierto por esta inquietud, Guilluy describe un largo etcétera más allá del ecosistema ultra conectado de las ciudades globales, lo que antiguamente sería la Francia periférica o la América profunda. Es curioso cómo, en Brasil, la expresión “Brasil profundo” se refiere a regiones distantes de los grandes centros que estarían lejos de los proyectos modernizadores. En la Crítica de la Razón Dualista (1972) Francisco de Oliveira explica como la modernización periférica avanza extendiendo y profundizando la división entre centro y periferia, moderno y arcaico. La modernización a la brasileña provocaría una sociedad neo arcaica, en la que el atraso y el subdesarrollo serían contrapartes estructurales de las vanguardias económicas y culturales en el eje Rio-Sao Paulo.

Lo curioso en esta entrevista es que el atribuye carácter medieval no a los bolsones periféricos, sino que a las propias ciudades globales. Serían ciudadelas con  muros cerrados de protección para las élites económicas y culturales. Como si el eje Rio-Sao Paulo constituyese una burbuja de buen gusto, de la izquierda culta, buarquista, nostálgica de sí misma, en medio de vastos territorios intersticiales, por ejemplo, donde predomina el  sertanejo universitario. Para el geógrafo, está en curso un fenómeno global de recomposición de esos espacios desconectados y alejados del circuito mainstream. Para Guilluy, es la fractura entre somewhere y nowhere: “los que son de un lugar y los no son de ningún lado”.

Más curioso aún es que, en Brasil, un colectivo político-cultural busco constituirse, en el auge de los años de Lula, en ese vasto nowhere: Fuera de Eje. La historia de FdE, no obstante, es la historia de cómo marchó en la dirección del eje Rio-SP y, en ese camino, como se alineo con la defensa del lulismo. El lulismo, a su vez, si antes era un vector político de recomposición de una nueva clase luchadora, hoy en día se atrinchera cada vez más en las elites culturales y universitarias, que vota a Haddad o a Freixo. La ruptura de la polarización entre PT y PSDB se da, justamente, cuando los espacios desconectados son capaces de organizar un vector político de representación. Como si dijeran: “Existimos! Estamos aquí, y ustedes van a tener que oírnos, queremos ser parte de la economía”.

Lo que antes era sustrato del lulismo, la “clase sin nombre” (Hugo Albuquerque), clase del no-where y del no-future, está migrando en grandes cantidades al campo ocupado por las nuevas derechas, del PSL de Bolsonaro. Me parece que es el mismo fenómeno global que, en los EUA, empuja a la clase trabajadora hasta Trump y, en el Reino Unido, hacia el Brexit o el UKIP. En la Francia de Macron, nutre a la tremenda fuerza manifestada por los Gilets Jaunes. Debo a Pablo Ortellado un primer vistazo sobre esas dinámicas más allá de la gramática de la multitud metropolitana en la que yo estaba más sintonizado.

Provocativamente, para Guilluy, la acusación de que los Gilets Jaunes, los votantes de Trump o del Brexit (o de Bolsonaro) serian iletrados fascistas, personas ignorantes y estúpidas, no pasa de ser un mecanismo defensivo de una elite amenazada, que habita los circuitos globalistas de las grandes metrópolis. Su conclusión es espantosa: “en la actualidad, el antifascismo no es un combate contra el fascismo, sino que, al contrario, una retórica que es un arma de clase para protegerse de las reivindicaciones de la clase trabajadora”.

Y aún más: no es que Trump este manipulando a la clase sin nombre hacia su agenda particular. El populista postmoderno no canaliza nada, el canalizado es el. “Al contrario, la clase trabajadora utiliza a Trump como una marioneta”. No será este el caso de Bolsonaro? Antes un instrumento que un instrumentador?

Les dejamos con la entrevista:

El libro es la historia de una separación. Puede parecer la división entre el campo y la ciudad, pero no es solo eso.

ChG: Existe una separación entre los territorios mejor adaptados a la economía globalizada, las grandes ciudades, las grandes metrópolis globalizadas y las demás, que incluyen el campo, pero también las ciudades medias. Esto es lo que llamo la Francia periférica, y tiene que ver con la América profunda, en los Estados Unidos y con la España periférica, si hablamos de ello. En estos territorios vive la mayor parte de la clase popular y de lo que antes llamábamos clase media. Es una separación cultural, económica y geográfica. Por lo tanto, insisto firmemente en la creación de esta nueva ciudadela medieval, las grandes metrópolis globalizadas.

Usted hablaba de la Francia periférica. Aquí, también aborda otros países. ¿Es el modelo extrapolable?

ChG: Sí. Hay una pregunta estructural sobre la composición económica de los territorios. Hoy en día, el trabajo está muy polarizado. Tenemos reubicación en Europa y los Estados Unidos. Hay una fractura económica, porque la mayor parte del empleo y la riqueza se generan en grandes metrópolis. La paradoja es que las grandes metrópolis se definen como territorio abierto. Pero no es así. Es un regreso a la Edad Media, con ciudadelas cada vez más cerradas, con una nueva burguesía cool. Están protegidos detrás del muro de dinero. Esto es algo que encontramos en los Estados Unidos, con Nueva York y Los Ángeles, frente a los Estados Unidos periféricos.

Es necesario entender bien que estamos en un proceso de recomposición social. Tienes las categorías populares, trabajadores, campesinos, que no comparten una conciencia de clase en el sentido marxista, aunque, sí, una percepción común sobre la globalización. Es por eso que en Francia tenemos el movimiento de chalecos amarillos, que incluía grupos de trabajadores muy diferentes. Hay una recomposición social junto con una recomposición  económica. Implica una gran recomposición política que observamos en el conjunto de países occidentales. Son dinámicas estructurales y continuarán. Es un modelo globalizado que alcanza a todo Occidente, con particularidades contextuales, pero sin alterar la esencia. Es la misma dinámica de desindustrialización y separación. Podemos pensar en Italia, Francia, España, Grecia.

Normalmente, pensamos que Trump y Macron representan dos puntos de vista opuestos. Dijiste que se parecen más de lo que pensamos.

ChG: Trump y Macron son un producto de la globalización. Ambos entendieron que la clase media occidental había terminado. Entendieron que tenemos una importante recomposición política. Macron ya no cree en la fractura entre derecha e izquierda. Estos son puntos comunes. Son productos del siglo XXI, inteligencias muy coherentes con la situación económica. Por supuesto, no tienen el mismo electorado. Trump tiene el electorado de la América periférica, mientras que Macron tiene el de las grandes metrópolis. La fractura fundamental está entre el somewhere y nowhere, los que son de un lugar y los que no son de ningún lado. Sé que en España la fractura de izquierda a derecha sigue estando muy presente, pero la recomposición política también funciona allí.

Habla de la desaparición de la clase media y la marginación de la clase popular

ChG: La clase media integrada desaparece económica, social y culturalmente de los años 80 y 90. La clase popular tenía partidos y discursos culturales muy poderosos, no eran los de otras clases que venían de las metrópolis. Una fractura económica ha provocado una importante ruptura cultural. Eso es lo que se ve bien en los chalecos amarillos. Inicialmente, no era un movimiento apoyado por la intelligentsia, ni por el mundo de la cultura, el cine, el teatro. Esto es muy particular. Históricamente, en Francia, todos los movimientos sociales fueron apoyados por la intelectualidad, los profesores universitarios. Este no lo hizo. Esto muestra la separación de la sociedad, con un proceso de concentración de intelectuales, de periodistas en los mismos lugares o ciudades, que olvidan que hay un pueblo o personas en Francia, España o el Reino Unido.

No se sabía lo que querían, era un malestar con postulados contradictorios, incluso antes de los episodios de violencia

No conocíamos los reclamos concretos. Había malestar, desconfianza, reclamos muy diferentes. El primer reclamo no fue social. Era existencial, cultural. No es una casualidad que hayan elegido como símbolo el chaleco amarillo, el que se usa en la carretera. Era como decir: «Existimos». Y fue el mismo caso en Gran Bretaña. Los británicos de la clase trabajadora, que votan por Brexit, no votan contra Europa, votan contra la élite. Dicen: «Nosotros existimos. Queremos ser parte de la economía».

Por lo tanto, es muy importante pensar en este movimiento como un movimiento existencial de la clase trabajadora. Y creo que cometemos un error cuando pensamos que los populistas manipulan a la clase trabajadora. Por el contrario, la clase obrera utiliza a Trump como un títere. La clase obrera quiere existir culturalmente. Los votantes de Trump en los Estados Unidos, los votantes del Brexit en Gran Bretaña, los chalecos amarillos en Francia y quizás mañana algo más en España. Se dan todas las condiciones para que mañana, en España, haya un movimiento de contestación social.

Hace unos años, existió con el 15M.

Los indignados provocan el inicio de los Podemos. Sin embargo, Podemos, no consiguió conectarse con el lado popular. La derrota de Podemos es la imposibilidad de conectar una clase intelectual y concentrarse en las grandes ciudades con las clases populares españolas. Es algo así como la izquierda francesa. El problema con la izquierda es que está encerrada en su sociología y en las grandes ciudades. Es el caso de Podemos, no consiguió conectarse con la realidad profunda de las clases populares, una realidad cultural y geográfica. Hay una parte de la izquierda que está integrada en la globalización y las clases populares están en un proceso inverso en el territorio. Ese es el gran problema, la gran contradicción.

En el libro, eres muy crítico con los intelectuales y la izquierda académica.

ChG: Hay un problema en la inteligencia francesa de izquierda y en el mundo universitario. Durante mucho tiempo, para la inteligencia francesa, la gente había desaparecido. Y había abandonado la cuestión social para abrazar toda la ideología neoliberal. El mundo intelectual y universitario está muy cerrado en las grandes ciudades, París y los lugares universitarios, y se olvidó de la Francia periférica, de las clases populares, se olvidó de que las clases populares francesas siguen siendo mayoritarias.

Pensamos que las sociedades se reducen a las grandes metrópolis globalizadas, pero no es así. Las grandes metrópolis siguen siendo minoritarias y estas categorías principales todavía existen. Esto explica el fracaso electoral de la izquierda. Es un proceso lento que comenzó en la década de 1980, y la separación es desafortunadamente total.

Dijo que usan a las minorías en su favor

ChG: La concentración de las minorías también se debe a la geografía. Las minorías se encuentran en grandes metrópolis globalizadas. Es asombroso ver que los intelectuales y las clases dominantes, por un lado, han olvidado a la clase trabajadora y, por otro lado, han usado a las minorías para protegerse. Los explotan y, a su vez, la nueva burguesía usó el arma antifascista para desalentar cualquier reclamo social.

Pensemos en los chalecos amarillos. Cuando surgieron, se dijo: son fascistas, son antisemitas … Era una técnica retórica que permite deslegitimar cualquier reclamo total, permite que la burguesía se proteja a sí misma. Por eso digo que, en la actualidad, el antifascismo no es una lucha contra el fascismo, sino más bien una retórica que es un arma de clase para protegerse de las demandas sociales de la clase obrera.

Está hablando de Mark Lilla. Dijo, pensando en el Partido Demócrata en los Estados Unidos, que si queremos proteger a las minorías, debemos ganar las elecciones. Pero, considera que es importante defender sus derechos.

ChG: En primer lugar, es necesario defender las clases populares. Las minorías no deben ser tratadas como un grupo separado. Los demócratas en los Estados Unidos o la izquierda en Francia están buscando construir una mayoría a través de una asociación de minorías. Y esto, la teoría de la sociedad líquida, en cierto sentido, no funciona. Las minorías son contradictorias entre ellas. La aglomeración de las minorías es una táctica fallida.

En las elecciones europeas, hubo una mayor presencia de estas fuerzas populistas. Pero mientras que los partidos tradicionales de centro-izquierda y centro-derecha han retrocedido, los ecologistas y los liberales lo han hecho bien.

ChG: El electorado de los partidos ecologistas es el mismo que el de los partidos liberales. Existe una coherencia ideológica entre liberales y ecologistas. La base son las grandes ciudades, los profesionales intelectuales. Es sociológicamente coherente. Hoy en día, el espacio electoral entre los verdes y los ecólogos es el mismo que el de Macron, el mismo electorado. Y tenderá a fundirse.

Habla de la reconstrucción de una comunidad nacional. Sin embargo, muchos de los componentes que estructuran estas comunidades han desaparecido y las sociedades son más diversas. ¿Sería posible? Y, por otro lado, esta reconstrucción parece necesitar un componente nacionalista, y conocemos bien sus peligros. ¿Sería deseable?

ChG: El punto es que vivimos en la recomposición del conjunto de clases populares. Es algo muy nuevo. Este bloque no quiere reformarse sobre una ideología del pasado. No creo en un retorno al nacionalismo, al cristianismo ni nada de eso. Hay algunas demandas colectivas y lo importante en el caso de los chalecos amarillos es que hay diferentes categorías unidas. Si nos fijamos en los chalecos amarillos, era algo muy moderno, querían hacer algo colectivo, con un componente social, cultural que pudiera recuperarse, pero no por medio de una categoría. Es la constitución de un bloque, buscaban la preservación de los servicios públicos, el estado del bienestar. No creo que sea con las ideologías pasadas con las que resolveremos estos problemas.

Dijo que son fenómenos que continuarán.

ChG: Creo que van a durar un siglo. Podríamos verlo con indicadores económicos, clases sociales no integradas. Nuestro problema es crear un modelo donde la mayoría de la población pueda vivir. Hoy en día, ya no necesitamos a la clase media para generar riqueza. Hay una desconexión entre la economía y la sociedad. La gran diferencia con el siglo pasado es que antes de que el modelo económico se uniera a la sociedad, integraba económicamente a los trabajadores. Hoy ya no es el caso. Es una cuestión filosófica. Por primera vez, las clases populares no viven donde se crean la riqueza y el empleo.

«La geografía es el destino» parece ser una de las ideas en su libro.

ChG: Cuando vives fuera de la ciudadela, tu destino no está garantizado. Esto obliga a una recomposición política fundamental. Pensemos en el papel del nacionalismo catalán. Si Cataluña fuera independiente, tendría la misma contradicción, tendría una diferencia fundamental entre Barcelona y entre la Cataluña periférica. Podría ser independiente, pero este conflicto social y geográfico no desaparecería. Las clases populares que no pueden vivir en la ciudadela y están en la periferia de Cataluña. Entonces en una región encuentras la misma dificultad. La delicada cuestión del nacionalismo en España es casi una cuestión del pasado. Fundamental es la integración económica y cultural de la clase trabajadora.

El apoyo a la independencia está relacionado con factores étnico-lingüísticos y de ingresos. Además, partes de la Cataluña rural son más grandes que una ciudad como Barcelona.

ChG: Los independentismos europeos (Cataluña, Escocia, Lombardía) suelen provenir de regiones ricas. Conecta la cuestión del nacionalismo con la secesión de las élites. Cuando eres rico ya no quieres ser solidario. Querer la independencia de Cataluña es rechazar el bien común de España. Es rechazar la redistribución con el sur, por ejemplo. Hay problemas históricos, pero creo que este conflicto de clases del siglo XXI es fundamental, más que la vieja cuestión del nacionalismo.

Traducción del portugués al español: Santiago de Arcos-Halyburton

NOTAS

[i] Christophe Guilluy (Montreuil, 1964) es un geógrafo que escribió obras sobre la desconexión entre las grandes ciudades y la Francia periférica, como L’Atlas des nouvelles fractures sociales en France y La France Périphérique. En No Society (Taurus), extiende hacia otras sociedades occidentales la idea de esa separación –entre los que están integrados en la economía globalizada y los que no, entre los que gozan de referencias culturales de prestigio y los que no – y sus consecuencias políticas.

[ii] Corchetes del traductor al español

[iii] Aunque el Movimiento de Aysén de 2012 en Chile, que va de febrero a marzo de 2012, ya había anticipado esas visiones, no hubo lectura de ellas por la intelligentzia de izquierda. Así mismo con el movimiento de Chiloé entre el 2 y 19 de mayo de 2016.

Por Amanda Andrades

Sara Prestianni (Fano, 1979) creció en el centro norte de Italia como hija de inmigrantes sicilianos, en una época en la que La Liga aún incluía el apellido Norte en su denominación y los del sur, calabreses y sicilianos, eran su chivo expiatorio favorito. Esa vivencia, se cruzó en su adolescencia, en los años noventa, con las imágenes de los barcos cargados de albaneses en la costa de Puglia. Y “esa mezcla de cosas”, explica un lunes muy temprano en un café del madrileño barrio de Lavapiés, le hizo pensar en que “algo estaba pasando y algo había que hacer”. Su trayectoria vital y profesional ha ido concretando esos algos en la defensa del derecho a migrar y la denuncia de la externalización de fronteras.

“La primera propuesta de externalizar campos de refugiados a países como Túnez, Libia, Egipto para que se procesen allí las solicitudes de asilo es la de Tony Blair”, recuerda la coordinadora del proyecto Externalisation Policies Watch de la asociación italiana ARCI y miembro de la red europea y africana Migreurop.

Ceuta, Melilla, Canarias, Lampedusa, Mauritania, Senegal, Níger, Sudán… son algunas de esas fronteras, cada vez más lejanas, a las que Prestianni ha viajado para investigar, entrevistar y recabar testimonios.

¿Qué es la externalización de fronteras?

Es colaborar con terceros países, de origen y tránsito de los migrantes, para que ellos se encarguen del bloqueo y del control de la frontera y además colaboren en acelerar las devoluciones de sus ciudadanos o de los que han transitado por sus países y que ya están en territorio europeo.

¿Por qué es peligroso? 

Por muchas razones. Primero, no se eligen los países que más respetan los derechos humanos, sino aquellos que a nivel geográfico son interesantes. A lo largo de los años se ha colaborado con dictaduras como la que ahora es Turquía o Sudán, con democracias muy frágiles que habrían necesitado otro tipo de colaboración como la de Níger o Túnez, con Estados que reprimen cotidianamente a sus ciudadanos como Egipto, y también con países que hacen negocio con los migrantes para sus intereses económicos y geopolíticos como Marruecos o Libia. En la época de Gadafi, este hizo un verdadero negocio. No económico, pero sí para ser aceptado a nivel internacional, después del embargo, para que le pusieran la alfombra roja en sus visitas a París y Roma. Por supuesto, eso tiene impacto en la violación de los derechos humanos de los migrantes, pero, además, también en la desestabilización de esos países. Ahora el ejemplo, muy evidente, es Libia. Estamos apoyando a uno de los tres gobiernos que hay porque desde su zona salen los migrantes. Y solo mirando los intereses electorales de Italia, para que el ministro de Interior pueda decir que no llega ningún migrante.

Pero los acuerdos con Libia ya se los encontró hechos Salvini.

Los acuerdos con Libia son de febrero de 2017. Y fueron ratificados por el Parlamento, en una clara violación del artículo 80 de la Constitución que prevé que cada convenio internacional tiene que votarse en las Cámaras. Se justificó con que era un anexo al acuerdo de 2008 de Berlusconi y Gadafi. Este es el marco general de colaboración, pero Italia ya había empezado en 2017 a tener dinero del fondo fiduciario europeo, 46 millones de euros, para gestionar y apoyar a la guardia costera y a la de fronteras terrestres libias. Sin tener en cuenta que estas tenían relaciones muy cercanas, o estaban muy mezcladas, con algunos de los actores que gestionaban la salida de los migrantes y con muchas milicias. La conexión con las milicias quedó clara en un informe del Consejo de Seguridad de la ONU. Fue un pacto en el que Italia de alguna manera convencía a los traficantes de personas para que se transformasen en gendarmes de Europa. De hecho, así fue; en Italia hubo un bajón de llegada de migrantes de hasta el 80%. Todo eso era instrumental a la elección de marzo [de 2018], en la que el Partido Demócrata reivindicaba mucho ese resultado. Nosotros denunciábamos sus efectos. Si los traficantes no tienen ingresos con la salida de los migrantes en barcos, tienen que hacer un balance económico, y desarrollaron otro business, los centros de internamientos, la manera de venderse migrantes unos a otros. Con torturas cotidianas, violencia, violación de los derechos humanos…

¿La externalización de las fronteras es eficaz con respecto a sus objetivos?

No es eficaz, si el objetivo era parar la llegada de inmigrante, no. Lo vemos con el ejemplo del fortalecimiento de las fronteras de Ceuta y Melilla, sobre todo, en 2006 con la concertina en Melilla. Se desplazó la salida a Mauritania, a Senegal, hacia Canarias. Además, colaborar con dictadores también tiene un impacto muy frágil. Por ejemplo, tras el acuerdo en 2008 con Gadafi, se produce una disminución de llegadas los dos años siguientes, y en 2011, la instrumentalización total de los migrantes, puestos en barcos desde el lado de Gadafi para intentar convencer y bloquear la acción de la OTAN contra él. Ahora nos arriesgamos a una situación parecida. Tanto desde el lado de [Jalifa] Hafter como desde el de [Fayez] Al Sarraj se está instrumentalizando la cuestión de las migraciones. Va a llegar un día en que les puede interesar más dejar salir a los migrantes. También ocurre en Turquía, puede llegar un día en que a Erdogan le pueda interesar más abrir sus fronteras. Es un negocio con las vidas de las personas.

Por Michael Roberts

Fuente:

Por Sato Díaz

• Entrevista con la coautora de ‘Contra la caridad. En defensa de la renta básica’

– ¿Por qué se manifiesta «contra la caridad»?

Además, muchas organizaciones benéficas se establecen como una forma de evasión fiscal. Como resultado de la evasión fiscal de los ricos, hay menos dinero para los servicios públicos esenciales como la salud, la educación, la vivienda y un aumento concomitante de la pobreza y la desigualdad. Y si los servicios públicos se subcontratan a empresas privadas que excluyen a los más pobres, estamos hablando de un grave problema de derechos humanos, literalmente una cuestión de vida o muerte: las personas de las comunidades pobres tienden a morir diez o veinte años antes que las de las zonas ricas. Y hay otro aspecto del tema de género. Cuando se recortan los servicios públicos, las mujeres y las niñas suelen pagar el precio más alto. A las niñas se las sacan de la escuela cuando no hay dinero para pagar las cuotas, y las mujeres tienen que pasar más horas cuidando a los niños y a los parientes enfermos cuando se les excluye de los sistemas de atención de la salud. De hecho, el trabajo de cuidado no remunerado realizado por las mujeres se estima en 10 billones de dólares (sí, 18 ceros).

– ¿Deben los ricos no colaborar con donaciones destinadas a los pobres?

– ¡Los ricos no deben existir! Me refiero a personas que son tan ricas que unas veinte de ellas controlan tanta riqueza como la mitad del mundo. Este hecho es realmente obsceno cuando cerca de mil millones de personas en el mundo no tienen suficiente comida para llevar una vida activa. Y los ricos y su caridad o filantropía son en parte responsables de esto. Tomemos, por ejemplo, el apoyo de la Fundación Gates a la “revolución verde” en África. Se trata de un paquete tecnológico caro que los pequeños agricultores no pueden permitirse. Los beneficios van a empresas como Monsanto para semillas y agroquímicos y todo el proyecto es una forma de racismo neocolonial porque los agricultores del país no pueden decidir por sí mismos.

Mucha de la caridad de las celebridades ricas es altamente conspicua y les encanta publicitarla con galas enormemente extravagantes donde pueden lucir sus joyas y ropa de alta costura. Dicen que hacen caridad para disminuir la tragedia de la desigualdad y la pobreza pero en realidad están realizando un espectáculo que de alguna manera intenta normalizar o justificar el enorme abismo que existe entre ellos y las personas que se supone que son beneficiarios de su magnanimidad.

Ya en el S.XVIII, Adam Smith no solamente señaló el deterioro moral de la idolatría por estas celebridades, sino que también apuntó directamente al meollo de la economía política. Las celebridades juegan un papel necesario en la creación y mantenimiento de la estratificación social: “[La] propensión a admirar, y casi adorar, a los ricos y a los poderosos, y despreciar o, al menos, ignorar a las personas de condición pobre y sencilla, aunque es necesaria tanto para establecer como para mantener el orden social es, al mismo tiempo, la causa mayor y más universal de corrupción de nuestros sentimientos morales”.

¿Qué es exactamente lo que dan los ricos a los pobres? Dan más pobreza, más daño ambiental y más humillación. Hacen su papel caritativo dentro del marco de neoliberalismo y lo sostienen haciéndolo. Así que, por lo general, mi respuesta a tu pregunta es no: los ricos tan ricos no deben colaborar con donaciones destinadas a los pobres porque no deben existir. Su munificencia es liberticida. La explotación de unos humanos por otros es algo espantoso y aún peor cuando se tapa con las finas ropas de la caridad.

– El empresario Amancio Ortega donando a la sanidad pública para combatir el cáncer. ¿Qué opina sobre esta imagen?

– Lo encuentro horrible. Uno de los hombres más ricos del mundo puede obtener un beneficio fiscal de entre 108 y 123 millones de euros, gracias a la normativa tributaria que permite desgravar en el IRPF y el Impuesto de Sociedades, respectivamente, el 35% de las aportaciones empresariales y el 40% de las societarias a las fundaciones que realizan donaciones de este tipo. “Una buena parte de ese dinero lo pone la Administración a través del beneficio fiscal,” explica Carlos Cruzado presidente de Gestha, el sindicato de los técnicos de Hacienda. Además, los 300 millones que Ortega ha donado a través de su fundación a la sanidad pública representan tan sólo la mitad de los casi 600 millones en impuestos que su empresa Zara ha eludido con ingeniería fiscal, según un informe presentado por Los Verdes en el Parlamento Europeo en 2016. En todo caso, la sanidad pública deber tener presupuesto propio. Una persona ajena del sistema no debe decidir cuánto dinero se invierte y donde (como lo hace Bill Gates con la OMS).

En general, el filantrocapitalismo (un oxímoron) tipo Ortega tiene cinco características inaceptables: 1) Utiliza un enfoque del desarrollo basado en el mercado y hace hincapié en la medición de los resultados y el impacto: algoritmos y no indicadores humanos; 2) Las fundaciones filantrópicas pueden tener una influencia despótica en las agendas políticas; 3) La gobernanza mundial se ve debilitada por la influencia antidemocrática de entidades caritativas que, en su calidad de principales financiadores, toman las decisiones en las asociaciones internacionales, devalúan los órganos públicos e ignoran las necesidades locales; 4) Hay una ausencia general de mecanismos de transparencia y rendición de cuentas: y 5) El filantrocapitalismo es una relación de poder y los receptores tienen poco o nada que decir sobre cómo deben ser «ayudados», incluso cuando saben que la ayuda es realmente perjudicial para ellos y su forma de vida.

– ¿Cómo valora el sistema fiscal español?

– No soy economista, así que no puedo dar una respuesta técnica. Según un artículo en El País, España sufre una pérdida anual de ingresos fiscales de entre 50.000 y 60.000 millones de euros, que principalmente se debe al fraude y a la elusión fiscal realizadas por las grandes empresas a través de los paraísos fiscales. Hay consecuencias graves. Debilita al Estado y afecta a la calidad de los servicios públicos y sus recursos. Aumenta el esfuerzo fiscal que deben soportar los ciudadanos: el fraude fiscal le cuesta a cada contribuyente español 2.000 euros anuales para tapar el agujero que provocan los defraudadores. Y perjudica los objetivos de redistribución de la riqueza previstos por la legislación.