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Cuarenta años de neoliberalismo en toda Norteamérica, Sudamérica y Europa han dejado lo público completamente expuesto y sin preparación para enfrentarse a una crisis de salud pública de esta clase

David Harvey (Jacobin)

Cuando trato de interpretar, entender y analizar el flujo diario de noticias, tiendo a situar lo que está ocurriendo en un contexto que abarca dos modelos, distintos pero entrecruzados, de cómo funciona el capitalismo. El primero es la cartografía de las contradicciones internas de la circulación y la acumulación de capital, producidas por los desplazamientos del valor monetario en su búsqueda de beneficio a través de los distintos “momentos” (como Marx los llama) de la producción, realización (consumo), distribución y reinversión. Este es un modelo de la economía capitalista como espiral de crecimiento y expansión sin fin. La cuestión se complica bastante cuando se tienen en cuenta, por ejemplo, rivalidades geopolíticas, desarrollos geográficamente desiguales, instituciones financieras, políticas estatales, reconfiguraciones tecnológicas y la red, en constante cambio, de las divisiones del trabajo y las relaciones sociales.

En cualquier caso, imagino este modelo como integrado en un contexto más amplio de reproducción social (en hogares y comunidades), en una relación metabólica en curso y en perpetua evolución con la naturaleza (incluyendo la “segunda naturaleza” que es la urbanización y el entorno urbanizado) y en toda clase de articulaciones sociales contingentes, culturales, científicas (basadas en el conocimiento) o religiosas que las poblaciones humanas han creado en todo lugar y en todo momento. Estos “momentos” posteriores incorporan la expresión activa de las necesidades y los deseos humanos, el ansia de sabiduría y de significado y la búsqueda cambiante de realización en contra de un entorno hostil de medidas institucionales inestables, disputas políticas, confrontaciones ideológicas, pérdidas, derrotas, frustraciones y alienaciones. Todo ello funcionando en un mundo marcadamente diverso geográfica, cultural, social y políticamente. Este segundo modelo constituye, por así decirlo, mi comprensión actual del capitalismo global como una formación social específica; mientras que el primero habla sobre las contradicciones dentro del motor económico que impulsa esta formación social a lo largo de ciertos itinerarios de su evolución histórica y geográfica.

Cayendo en picado

Cuando el 26 de enero de 2020 leí por primera vez sobre un coronavirusque ganaba terreno en China, enseguida pensé en las repercusiones para las dinámicas globales de la acumulación de capital. Sabía por mis estudios del modelo económico que las obstrucciones e interrupciones en la continuidad del flujo de capital resultarían en devaluaciones, y que si las devaluaciones se volvían más extensas y profundas eso indicaría el comienzo de una serie de crisis. Era también muy consciente de que China es la segunda economía más grande del mundo y que rescató eficazmente al capitalismo global en el periodo posterior a 2007- 2008, de forma que cualquier golpe a la economía china estaba ligado a serias consecuencias para la economía global, que estaba ya, en cualquier caso, en una condición lamentable. Me parecía que el modelo existente de acumulación de capital estaba, de por sí, en grandes problemas. Estaban aconteciendo protestas prácticamente en todas partes (de Santiago a Beirut), muchas de las cuales se centraban en el hecho de que el modelo económico dominante no estaba funcionando bien para el grueso de la población. Dicho modelo neoliberal es cada vez más dependiente del capital ficticio y de una vasta expansión de la oferta de dinero y de la creación de deuda; y se está enfrentando al problema de una demanda efectiva insuficiente para realizar los valores que el capital es capaz de producir. Así que, ¿cómo hará el modelo económico dominante, con su debilitada legitimidad y su delicada salud, para absorber y sobrevivir a los inevitables impactos de lo que podría convertirse en una pandemia? La respuesta depende en gran medida de cuánto dure y se extienda la interrupción, ya que, como Marx señaló, la devaluación no ocurre porque las mercancías no puedan ser vendidas, sino porque no puedan ser vendidas a tiempo.

Desde hace tiempo vengo rechazando la idea de “naturaleza” como algo ajeno e independiente de la cultura, la economía y la vida diaria; mi punto de vista sobre la relación metabólica con la naturaleza es más relacional y dialéctico. El capital modifica las condiciones medioambientales de su propia reproducción, pero lo hace en un contexto de consecuencias no deseadas (como el cambio climático) y sobre una base de fuerzas evolutivas autónomas e independientes que están constantemente reconfigurando tales condiciones medioambientales. Desde este punto de vista no hay algo así como un desastre completamente natural. Por supuesto que los virus mutan continuamente, pero las circunstancias en que una mutación se vuelve una amenaza letal para la vida dependen de las acciones humanas.

Hay dos elementos importantes en esto. Primero, las condiciones ambientales favorables aumentan la probabilidad de mutaciones vigorosas; es plausible, por ejemplo, esperar que los sistemas intensivos o erráticos de suministro de alimentos en los climas subtropicales contribuyan a esto. Dichos sistemas existen en muchos lugares, incluido el sudeste asiático y China al sur del Yangtsé. Y segundo, las condiciones que favorecen la rápida transmisión a través de los cuerpos de los huéspedes varían enormemente, siendo las poblaciones humanas de alta densidad vistas como un blanco fácil. Es bien sabido que las epidemias de sarampión, por ejemplo, solo florecen en grandes centros urbanos mientras que mueren rápidamente en regiones escasamente pobladas. Cómo interactúan los seres humanos entre ellos, cómo se mueven, se autodisciplinan o se olvidan de lavarse las manos afecta a la forma que tiene la enfermedad de transmitirse. En años recientes tanto el SARS como la gripe aviar y la porcina parecen haber surgido de China o el sudeste asiático; la propia China sufrió el año pasado una devastadora peste porcina, la cual implicó la matanza masiva de cerdos y el aumento de los precios de la carne de cerdo. No digo todo esto para acusar a China, hay muchísimos lugares con altos niveles de riesgo ambiental en cuanto a que ocurran mutaciones y a que se facilite la dispersión de los virus: posiblemente la gripe española de 1918 proviniese de Kansas, África dio origen al virus del Nilo Occidental y al ébola y quizás incubase el VIH/SIDA, mientras que el dengue parece prosperar en Latinoamérica. Pero los impactos económicos y demográficos que produce la propagación del virus dependen de grietas y vulnerabilidades preexistentes en el modelo económico hegemónico.

No me sorprendió excesivamente que el COVID-19 hubiese sido encontrado en Wuhan (aunque se desconoce dónde se originó). Inequívocamente los efectos locales serían significativos y, dado que este es un importante centro de producción, seguramente se darían repercusiones económicas globales (aunque no tenía ni idea de su magnitud). La gran pregunta era cómo podría darse el contagio y la propagación, y cuánto duraría (hasta que se encontrase una vacuna). Experiencias anteriores nos han mostrado que una de las contrapartidas de la creciente globalización es la imposibilidad de detener la rápida difusión internacional de nuevas enfermedades. Vivimos en un mundo altamente interconectado donde prácticamente todo el mundo viaja, las redes humanas de potencial propagación son extensas y están abiertas. El peligro (económico y demográfico) sería que la interrupción durase un año o más.

A pesar de que hubo una recesión inmediata en los mercados de valores de todo el mundo cuando se conoció la noticia original, sorprendentemente fue seguida de algo más de un mes en el que los mercados alcanzaron nuevas máximas, lo cual parecía indicar que los negocios seguían transcurriendo con normalidad en todas partes menos en China. La creencia era que se iba a repetir lo que ocurrió con el SARS, que fue contenido bastante rápido y tuvo una escasa repercusión global, a pesar de su alta tasa de mortalidad, causando a los mercados financieros un ataque de pánico (en retrospectiva) innecesario. Cuando apareció el COVID-19 la reacción mayoritaria fue tildarlo de repetición del SARS, entendiendo que el pánico era superfluo. El hecho de que la epidemia se desatara en China, que se movió rápida e implacablemente para contener sus efectos, también llevó al resto del mundo a tratar erróneamente el problema como algo que está sucediendo “allí” y, por lo tanto, fuera de la vista y de la mente (algo, además, acompañado de algunas problemáticas muestras de xenofobia hacia los chinos en ciertas partes del mundo). El pico que el virus causó en la, de otra manera, triunfante historia del crecimiento chino fue incluso recibido con alegría en ciertos círculos de la administración Trump.

Sin embargo, comenzaron a circular las noticias de la interrupción de las cadenas globales de producción que pasaban por Wuhan, lo cual fue largamente ignorado o simplemente considerado como problemas de algunas cadenas de producción o corporaciones particulares (como Apple). Las devaluaciones eran locales y concretas y no sistémicas. Se restó importancia a los indicios de que estaba cayendo la demanda de los consumidores, incluso cuando corporaciones que tenían una ingente actividad en el mercado chino, como McDonald’s y Starbucks, tuvieron que cerrar sus puertas por un tiempo. El solapamiento del Año Nuevo chino con el estallido del virus ocultó su impacto durante enero. La complacencia ante esta reacción estaba completamente fuera de lugar.

Las primeras noticias sobre la propagación internacional del virus eran episódicas y ocasionales, con un brote serio en Corea del Sur además de algunos otros focos de infección, como Irán. Fue el estallido italiano el que provocó la primera reacción violenta. El derrumbe bursátil que comenzó a mediados de febrero osciló un poco, pero para mediados de marzo ya había provocado una devaluación neta de casi el 30% en los mercados de valores de todo el mundo.

El escalado exponencial de las infecciones suscitó una serie de reacciones en ocasiones derivadas del pánico y a menudo incoherentes: el presidente Trump realizó una imitación del rey Canuto en medio de una marea potencialmente creciente de enfermedad y muerte. Algunas de las respuestas han sido realmente extrañas, como hacer que la Reserva Federal bajase las tasas de interés frente a un virus, algo que resulta raro incluso cuando se reconoció que la táctica pretendía aliviar las consecuencias para los mercados más que detener el progreso del virus.

Las autoridades y los sistemas de salud públicos fueron sorprendidos en todas partes por una gran falta de personal. Cuarenta años de neoliberalismo en toda Norteamérica, Sudamérica y Europa habían dejado lo público completamente expuesto y sin preparación para enfrentarse a una crisis de salud pública de esta clase; a pesar de que los sustos anteriormente provocados por el SARS y el ébola dieron avisos más que suficientes, así como lecciones contundentes sobre lo que debía de hacerse. En muchos lugares del mundo supuestamente “civilizado”, los gobiernos locales y las autoridades regionales o estatales (que forman indefectiblemente la primera línea de defensa en este tipo de emergencias de seguridad y salud públicas) se han quedado sin fondos gracias a una política de austeridad diseñada para financiar subsidios y recortes de impuestos a las corporaciones y a los ricos.

A las grandes corporaciones farmacéuticas les interesa entre poco y nada la investigación altruista de las enfermedades infecciosas (como es el caso de la familia de los coronavirus, que se conoce perfectamente desde los años sesenta). Las grandes farmacéuticas raramente invierten en prevención y tienen escaso interés en invertir para la preparación ante una crisis de salud pública, ya que adoran diseñar curas. Cuanto más enfermos estemos más dinero ganan. La prevención no contribuye a la maximización del valor para los accionistas. El modelo empresarial aplicado a los servicios de salud pública acabó con las reservas de infraestructuras necesarias para afrontar una emergencia; la prevención ni siquiera era un campo lo suficientemente atractivo como para garantizar colaboraciones entre lo público y lo privado. El presidente Trump recortó el presupuesto de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades y disolvió el grupo especializado en pandemias del Consejo de Seguridad Nacional, de la misma forma que les cerró el grifo a los fondos dedicados a la investigación, incluyendo la del cambio climático.

Si quisiera hablar de manera metafóricamente antropomórfica, diría que el COVID-19 es la venganza de la naturaleza por casi cuarenta años de flagrante y abusivo maltrato por parte del violento y desregulado extractivismo neoliberal.

Quizá sea sintomático que los países menos neoliberales (China, Corea del Sur, Taiwán y Singapur) hayan conseguido atravesar la pandemia en mejor forma que Italia, aunque Irán desmiente que este sea un principio universal. A pesar de que China manejó la crisis del SARS de forma más bien pésima, inicialmente ocultando y negando hechos, esta vez el presidente Xi ordenó rápidamente que hubiese transparencia tanto en las evaluaciones como en los informes, algo que también ha hecho Corea del Sur. Con todo, en China se perdió tiempo muy precioso, pues apenas unos días marcan completamente la diferencia. Sin embargo, lo más destacable de la gestión china fue el confinamiento de la epidemia en la provincia de Hubei, con Wuhan en el centro, gracias a ello la epidemia no llegó ni a Pekín, ni al este, ni tan siquiera más al sur. Las medidas tomadas para confinar el virus geográficamente fueron draconianas; casi imposibles de replicar en cualquier otro lugar debido a razones políticas, económicas y culturales. Los informes que vienen desde China sugieren que los tratamientos y las medidas tomadas no tuvieron en cuenta en ningún caso los cuidados, más aún, el nivel de vigilancia personal al que llegaron China y Singapur es claramente invasivo y autoritario. No obstante, tales medidas parecen haber sido extremadamente efectivas en conjunto, a pesar de que, si hubiesen sido puestas en marcha apenas unos días antes, se hubiesen evitado muchas muertes, según señalan algunos modelos. Esta información es importante: en cualquier proceso de crecimiento exponencial hay un punto de inflexión a partir del cual la masa en aumento se descontrola por completo (nótese aquí, una vez más, la importancia de la masa en relación al ritmo de crecimiento). El hecho de que Trump perdiese el tiempo durante semanas puede pagarse caro en vidas humanas.

Ahora, la economía está cayendo en picado, completamente fuera de control, tanto en China como más allá. Los trastornos en la cadena de valor de las corporaciones y de ciertos sectores se han revelado más sustanciales y sistémicos de lo que originalmente se pensaba. El efecto a largo plazo será el acortamiento o la diversificación de las cadenas de suministros a la vez que una búsqueda de nuevas formas de producción de menor intensidad laboral (con enormes consecuencias para el empleo) y una mayor dependencia en sistemas de producción administrados por inteligencias artificiales. La interrupción de las cadenas de producción acarrea el despido o cese de los trabajadores, lo que, al final, disminuye la demanda; mientras que la demanda de materias primas disminuye el consumo productivo. Estos impactos en la demanda habrían producido, por derecho propio, cuanto menos una recesión moderada.

Pero los mayores puntos débiles estaban en otra parte. Los modos de consumismo que explotaron tras 2007-2008, y que consistían en reducir el tiempo de rotación del consumo lo más cerca posible de cero, se han estrellado dejando consecuencias devastadoras. La avalancha de inversiones a dichos modos de consumismo tenía que ver con la maximización de la absorción de volúmenes exponencialmente crecientes de capital en formas de consumo que tuvieran los tiempos de rotación más cortos posibles. El ejemplo del turismo internacional es emblemático. Los viajes internacionales aumentaron de 800 a 1.400 millones entre 2010 y 2018; esta forma de consumismo instantáneo requiere de inversiones masivas en aeropuertos, aerolíneas, hoteles, restaurantes, parques temáticos, eventos culturales, etc. Este espacio de acumulación de capital está ahora paralizado: las aerolíneas cerca de la bancarrota, los hoteles vacíos; y en el sector de la hostelería es inminente el desempleo masivo, pues comer fuera no es una buena idea, los bares están cerrados en muchas localidades e incluso la comida para llevar parece arriesgada. El vasto ejército de trabajadores de la industria del espectáculo, o de cualquier otra basada en el trabajo precario, está siendo abandonado sin ningún medio de subsistencia aparente. Eventos como festivales culturales, torneos de fútbol y baloncesto, conciertos, convenciones empresariales y profesionales, e incluso reuniones políticas en torno a las elecciones no paran de ser cancelados. Estas formas de consumo de experiencias basadas en los eventos han sido clausuradas, los ingresos de los gobiernos locales se han estrellado y las universidades y las escuelas se están cerrando.

Gran parte del modelo más puntero de consumismo capitalista contemporáneo es directamente inservible en las condiciones actuales. Incluso fue frenado el impulso hacia lo que André Gorz llama “consumo compensatorio” (por el cual se supone que trabajadores alienados van a recuperar su espíritu gracias a un paquete de vacaciones en una isla tropical).

Pero las economías capitalistas contemporáneas están basadas en el consumo en un 70% o incluso en un 80%. La confianza del consumidor y el sentimentalismo se han convertido, a lo largo de los últimos 40 años, en la clave del flujo de la demanda efectiva, y el capital se ha orientado cada vez más a las demandas y necesidades personalizadas. Esta fuente de energía económica no ha sufrido grandes fluctuaciones, excepto por algunas excepciones como la erupción volcánica en Islandia, que bloqueó el tráfico aéreo transatlántico durante algunas semanas. Sin embargo, el COVID-19 está suponiendo no meramente una fluctuación salvaje, sino directamente una quiebra absoluta en el corazón de las formas de consumo dominantes en los países más prósperos. La forma helicoidal de la acumulación ilimitada de capital está colapsando hacia dentro en todo el planeta y la única manera de salvarlo sería que surgiese de la nada un consumismo masivo motivado y financiado por los gobiernos. Esto requeriría de la socialización de toda la economía en, por ejemplo, los EE.UU., sin que se la llamase socialismo.

La primera línea del frente

Existe el mito, muy conveniente, de que las enfermedades infecciosas no distinguen de clases o de otras diferencias y fronteras sociales. Como les ocurre a muchas de estas máximas, se puede encontrar una cierta verdad en ellas: en las epidemias de cólera del siglo XIX la transgresión de las barreras de clase fue lo suficientemente dramática como para dar lugar al nacimiento de la higiene pública y de los movimientos por la salud (que posteriormente se profesionalizaron) que alcanzan hasta nuestros días. Si este movimiento fue concebido para proteger a todo el mundo o únicamente a la clase alta no ha sido nunca realmente esclarecido. Sin embargo, hoy las diferencias de clase y los efectos e impactos sociales revelan una situación completamente distinta; las repercusiones económicas y sociales son filtradas a través de discriminaciones “habituales” evidentes en todas partes. Para empezar, la mano de obra que se espera se encargue de los números cada vez más altos de enfermos está, en la mayor parte del planeta, atravesada por el género, la raza y la etnia, lo cual imita las diferencias de clase en los empleados de, por ejemplo, aeropuertos, así como de otros sectores logísticos.

Esta “nueva clase trabajadora” es la primera línea del frente y soporta la carga de, o bien ser el sector de mayor riesgo, dentro de quienes trabajan, de contraer el virus a través de sus empleos, o bien ser despedidos sin recursos debido a los recortes económicos impuestos por el virus. Existe, por ejemplo, la cuestión de quién puede trabajar desde casa y quién no, lo cual, junto con la cuestión de quién puede permitirse el aislarse en su casa en caso de contacto o infección (con o sin salario), agudiza la división social. En el mismo sentido en que aprendí a llamar “terremotos de clase» (“class-quakes”) al terremoto de 1973 en Nicaragua y al de 1995 en México D.F., el desarrollo del COVID-19 muestra todos los elementos de una pandemia marcada por la clase, el género y la raza. Mientras que los esfuerzos por atenuar los daños se camuflan bajo la retórica del “estamos todos juntos en esto”, las prácticas, especialmente por parte de los gobiernos nacionales, indican motivaciones ocultas más siniestras. La clase obrera norteamericana contemporánea (compuesta principalmente por afroamericanxs, latinxsy mujeres asalariadas) se enfrenta a la difícil decisión de exponerse a la contaminación en nombre del cuidado y mantenimiento de los lugares de abastecimiento clave (como abrir las tiendas de alimentación) o al desempleo sin prestaciones (como una atención sanitaria adecuada). El personal asalariado (como yo) trabaja desde casa y sigue recibiendo su salario igual que antes, mientras que los CEO dan vueltas por ahí en helicópteros y jets privados.

Los trabajadores han sido socializados, en la mayor parte del mundo, para que se comporten como buenos sujetos neoliberales, lo cual significa culparse a sí mismos, o a Dios, si algo sale mal, pero nunca atreverse a sugerir que el problema puede ser el capitalismo. Pero incluso los buenos sujetos neoliberales pueden ver que hay algo defectuoso en cómo se está gestionando la pandemia.

La gran pregunta es: ¿cuánto durará esto? Podría ser más de un año; y cuanto más dure, más devaluación habrá, incluyendo la de la fuerza de trabajo. En ausencia de intervenciones estatales masivas, en contra del pensamiento neoliberal, las tasas de desempleo alcanzarán, casi con total seguridad, los niveles de la década de 1930. Hay múltiples ramificaciones de esto tanto para la economía como para la vida diaria, pero no todas ellas son malas. En la medida en la que el consumismo contemporáneo estaba convirtiéndose en excesivo, se encontraba al borde de lo que Marx describió como “sobreconsumo y consumo insensato, que llevados hasta lo monstruoso y lo extravagante producen la decadencia” de todo el sistema. La imprudencia de este sobreconsumo ha jugado un papel fundamental en la degradación del medio ambiente. La cancelación de vuelos y la disminución de todos los transportes y desplazamientos está teniendo consecuencias positivas al respecto de las emisiones de gases de efecto invernadero; la calidad del aire en Wuhan, y en muchas ciudades estadounidenses, ha mejorado enormemente; los lugares ecoturísticos tendrán algo de tiempo para recuperarse del atropello, y los cisnes han vuelto a los canales de Venecia. En la medida en que se reduzca el interés mismo por el imprudente y absurdo sobreconsumo, podría haber incluso beneficios a largo plazo, como por ejemplo que hubiese menos muertes en el monte Everest. Y, a pesar de que nadie lo dice en voz alta, el sesgo demográfico del virus puede acabar afectando a las pirámides de población con efectos a largo plazo en los costes de la Seguridad Social y en el futuro de la “industria de los cuidados”. La vida diaria será más lenta, lo cual será una bendición para cierta gente, y las medidas de distanciamiento social provocarán, si la emergencia dura lo suficiente, transformaciones culturales. La única forma de consumismo que será, casi con total seguridad, positiva es la que llamo economía de “Netflix”, que, en cualquier caso, satisface a los “espectadores compulsivos”.

En el frente económico, las respuestas han sido condicionadas por la forma de dejar atrás la crisis de 2007-2008, que implicó una política monetaria increíblemente débil unida a los rescates bancarios; todo ello complementado por un aumento dramático en el consumo productivo debido al aumento masivo de inversiones chinas en infraestructura. Esto último no puede repetirse a la escala a la que se requeriría. Los paquetes de rescate establecidos en 2008 se centraron en los bancos, pero también implicaron la nacionalización de facto de General Motors. Quizás sea significativo que, ante el descontento de los trabajadores y la caída de la demanda de mercado, estén cerrando, aunque sea temporalmente, las tres grandes compañías automotrices de Detroit.

Si China no puede repetir el papel que realizó en 2007-2008, entonces la carga de salir de la actual crisis económica recae sobre EE.UU.; y aquí está la ironía definitiva: las únicas medidas que funcionarán, tanto económica como políticamente, y que deberán ponerse en marcha bajo el mandato de Donald Trump (presumiblemente enmascaradas bajo el “Make America Great Again”), son bastante más socialistas que cualquier cosa que pudiese proponer Bernie Sanders.

Todos esos republicanos que se opusieron visceralmente al rescate de 2008 tendrán que asumir sus propios errores o desafiar a Donald Trump, quien, si es sabio, cancelará las elecciones excusándose en la emergencia y declarará una presidencia imperial para salvar al capital y al mundo de “disturbios y revoluciones”.

Este artículo fue publicado originalmente en Jacobin el 20 de marzo de 2020

David Harvey es un geógrafo y teórico social marxista británico. Es catedrático de Antropología y Geografía en la City University of New York y Miliband Fellow de la London School of Economics

Traducción de  Marco Silvano.

Por Au Loong-Yu

Fuente:

Traducción:Valentín Huarte

por Alain Badiou

Por Michael Roberts

Los obstáculos a una recuperación económica mundial

La aprobación y distribución en varios países de las primeras vacunas contra el covid-19 han provocado el entusiasmo de diversos economistas y el júbilo de las principales bolsas de valores. Sin embargo, la recesión pandémica está lejos de haberse superado y podría llevar a un peligro desenlace en los mercados financieros.

La recesión mundial pandémica de este año es diferente de las recesiones anteriores del capitalismo. El ciclo de auge y caída en la producción y la inversión capitalistas a menudo es desencadenado por un colapso financiero, ya sea en el sistema bancario, como sucedió en la Gran Recesión de 2008-2009, o en el mundo del «capital ficticio», de las acciones y bonos, como ocurrió en 1929 o 2001. Por supuesto, la causa subyacente de las caídas regulares y recurrentes radica en los cambios en la rentabilidad del capital. Esta es la causa última. Pero las causas inmediatas pueden diferir. Y no siempre tienen un origen de tipo financiero. La primera recesión mundial simultánea de la posguerra, la de 1974-1975, fue provocada por un fuerte aumento de los precios del petróleo tras la guerra árabe-israelí. La recesión de doble caída de 1980-1982 tuvo orígenes similares, mientras que la de 1991-1992 siguió a la primera guerra del Golfo.

La recesión pandémica tiene también una causa inmediata particular. Esta caída sin precedentes de la economía, que afecta al 97 por ciento de las naciones del mundo, se inició con un evento que podríamos llamar exógeno: la propagación de un virus mortal. Aunque es cierto que, como han argumentado muchos ecologistas, fue el afán de lucro de las empresas capitalistas –la exploración a toda costa de combustibles fósiles, la tala indiscriminada de bosques, la fiebre minera y la expansión urbana sin límites– el que creó las condiciones para el surgimiento de patógenos para los que el cuerpo humano carece de inmunidad.

Pero lo cierto es que la caída de la producción, el comercio, la inversión y el empleo mundiales que vino a continuación no fue provocada por un colapso financiero o bursátil. Lo que hubo fue un colapso en la producción y el comercio, forzado o impuesto por las cuarentenas, que luego condujo a una enorme caída de los ingresos, el gasto y el comercio. La depresión comenzó con un shock exógeno, luego las cuarentenas llevaron a un shock de oferta y, a continuación, a un shock de demanda.

LA FIESTA DE LAS AYUDAS ESTATALES

Lo que no ha habido hasta ahora es un shock financiero. Por el contrario, los mercados de bonos y acciones de los grandes países se encuentran en niveles de alza récord. La razón está clara: la respuesta de los principales Estados fue inyectar billones en crédito en sus economías, para reforzar así los bancos y las grandes y medianas empresas, y realizar transferencias a millones de trabajadores desempleados o enviados al paro. Semejante liberalidad en el gasto como la vista en los últimos meses, financiada por la impresión de dinero de los bancos centrales, no tiene precedentes en la historia del capitalismo moderno.

Esto ha significado, contrariamente a lo que sucedió al comienzo de la Gran Recesión, que los bancos y las grandes instituciones financieras no estén ni cerca del colapso. Los balances bancarios son más sólidos hoy que antes de la pandemia. Las ganancias financieras van en aumento. Los depósitos bancarios se han disparado a medida que los bancos centrales aumentan las reservas de los bancos comerciales y que las empresas y los hogares acumulan efectivo, ya que la inversión se ha detenido y los hogares gastan menos.

De acuerdo con las estimaciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) publicadas a comienzos de mes, en las principales economías las tasas de ahorro de los hogares han aumentado entre un 10 y un 20 por ciento. Buena parte de esos ahorros ha ido a los bancos. De manera similar, ha aumentado el efectivo en manos de corporaciones no financieras a medida que las compañías obtienen préstamos baratos o sin intereses garantizados por el Estado, o que las compañías más grandes emiten aún más bonos, todo ello alentado y financiado por programas estatales. El pago de impuestos ha sido diferido a medida que las empresas han ido a la cuarentena, lo que ha generado aún más liquidez. Según la OCDE, el aplazamiento de impuestos equivale en Italia al 13 por ciento del PBI y en Japón al 5 por ciento del PBI.

De hecho, en Estados Unidos las últimas cifras de ganancias corporativas, correspondientes al tercer trimestre, mostraron un fuerte aumento en las ganancias, casi en su totalidad debido a préstamos y subvenciones del Estado que han impulsado la liquidez, combinados con una reducción de los impuestos sobre las ventas y la producción, experimentada a medida que las empresas paralizaron sus operaciones. Las ganancias corporativas aumentaron 495 mil millones de dólares estadounidenses en el tercer trimestre, en contraste con una caída de 209 mil millones en el segundo trimestre.

La Oficina de Análisis Económico de Estados Unidos explicó, a fines de noviembre, que «las ganancias corporativas y los ingresos de los propietarios se han visto reforzados en parte por lo dispuesto en los programas de respuesta a la pandemia del gobierno federal, como el Programa de Protección de Cheques de Pago, los créditos fiscales para la retención de empleados y la licencia por enfermedad, que brindaron apoyo financiero a las empresas afectadas en el segundo y tercer trimestre». Durante la pandemia, alrededor de 1,5 billones de dólares en subvenciones y préstamos del Estado se destinaron a subsidiar empresas estadounidenses. Por lo tanto, las ganancias corporativas han sido sostenidas por la intervención estatal a costa de niveles sin precedentes de déficit fiscal y de aumentos en la deuda pública.

UNA CRISIS CREDITICIA Y FINANCIERA

Existe la esperanza de que, en 2021, a medida que las vacunas se distribuyan y se terminen las cuarentenas, la economía mundial reverdecerá y lo acumulado en materia de ahorro de los hogares y ganancias corporativas saldrá al mercado una vez que la demanda reprimida vuelva a su curso normal. Volverá el gasto de los consumidores, se reanudarán los viajes y el turismo internacional, retornarán los eventos masivos y las empresas celebrarán un festival de inversiones.

Sin embargo, la OCDE es menos optimista. Le preocupa que gran parte del aumento en los ahorros personales se esté dando entre los ricos, que tienden a gastar un menor porcentaje de sus ingresos (¡es que tienen demasiado!). En las principales economías –y también en las otras–, el hogar promedio no ha acumulado ahorros. Muy por el contrario, ha elevado sus niveles de deuda. Además, con el eventual fin de las ayudas estatales en 2021, su situación bien podría deteriorarse. Esta desigualdad también se da en el sector empresarial. La OCDE estima que el grueso del apoyo estatal en préstamos y subvenciones ha ido a las empresas más grandes, particularmente del sector de la tecnología, uno de los sectores menos afectados por la recesión.

Aquí es donde podremos encontrar la tercera etapa de la recesión pandémica: una crisis crediticia y financiera. Algo así ocurrirá si las pequeñas y medianas empresas van a la quiebra a medida que se evapora el apoyo estatal, se mantienen bajos los ingresos por ventas, y aumentan la deuda y los costos salariales. El Instituto de Finanzas Internacionales informó recientemente que la relación entre la deuda y el PBI mundial pasará de 320 por ciento, en 2019, a una cifra récord de 365 por ciento, en 2020. La asociación empresarial de instituciones financieras concluye su último informe con crudeza: «Más deuda, más problemas». De acuerdo con el periodista económico Martin Wolf, «los mercados financieros han ignorado estas advertencias. La renta variable global ha alcanzado nuevos máximos y los diferenciales crediticios se han reducido, casi como si una deuda extrema fuera un buen desarrollo económico» (Financial Times, 29-XI-20). Como se ha informado anteriormente (véase «¿Hacia una depresión global?», Brecha, 20-III-20), incluso antes de la pandemia la deuda corporativa estaba en niveles récord, ya sea medida con relación al PBI anual o respecto del valor neto de los activos empresariales.

La OCDE reconoce que, si las ganancias corporativas cayeran de forma drástica en 2021, cuando los gobiernos retiren el apoyo financiero, muchas empresas «podrían sufrir situaciones de estrés». Ya ha aumentado significativamente el número de las llamadas empresas zombis: aquellas que no obtienen suficientes ganancias para cubrir los intereses de sus terribles deudas. La OCDE señala que una quinta parte de las compañías que operan en Bélgica, por ejemplo, no podrían cumplir con sus pasivos financieros durante más de tres meses sin contraer más deuda o recibir una inyección de capital. La proporción es mucho mayor en sectores como alojamiento, eventos y ocio.

El organismo concluye que «es probable que resurjan las preocupaciones sobre la estabilidad financiera», ya que la rápida acumulación de deuda en el sector público y en el empresarial pronto podría generar «problemas de solvencia en un gran número de compañías». Los defaults corporativos de las empresas más débiles podrían duplicarse en 2021, dice la OCDE, particularmente en «sectores muy afectados, como las aerolíneas, los hoteles y la industria automotriz». Es muy probable que se produzcan quiebras en pequeñas y medianas empresas del sector minorista, del ocio y del mercado inmobiliario comercial. El escenario es aún más sombrío en las llamadas economías emergentes.

De hecho, incluso en China, donde la economía experimenta la recuperación más rápida a nivel mundial, una serie de empresas con fuertes deudas ha comenzado a incumplir sus pagos de bonos, lo que pone al gobierno frente a un dilema. ¿Debería salvar a estas empresas –algunas de ellas propiedad de gobiernos locales– o debería dejar que quiebren para así reducir la carga general de la deuda? Esto no conduciría a un colapso financiero importante ni a un colapso en la recuperación de China porque el gobierno de ese país tiene reservas masivas y puede aprovechar los enormes ahorros de sus hogares, depositados principalmente en bancos estatales, a diferencia de lo que ocurre en otras economías importantes. Pero los problemas de estas empresas chinas sobreendeudadas son un presagio de lo que en 2021 podría ser un entuerto mucho mayor en otras economías.

CICATRICES DE LARGA DURACIÓN

Mucho dependerá de si, en 2021, cuando desaparezcan los subsidios estatales, el sector empresarial logra valerse por sí mismo. Aunque el costo de los intereses de la deuda actual se mantenga bajo, si las ganancias corporativas no aumentan el año que viene y, por el contrario, se desploman, la OCDE estima que a nivel mundial más del 30 por ciento de las empresas podrían atravesar «situaciones de estrés» y enfrentar una eventual bancarrota. Como mínimo, las compañías no aumentarán sus inversiones, sino que se quedarán de brazos cruzados. Existe, afirma la OCDE, el riesgo de un sobreendeudamiento que reduciría el crecimiento de la inversión empresarial en un 2 por ciento en comparación con el promedio a largo plazo anterior a la pandemia.

Así las cosas, incluso si se evita un tsunami de deudas y un colapso financiero causado por una ola de bancarrotas corporativas, es probable que la recuperación en la mayoría de las economías capitalistas sea muy débil. En su último pronóstico para la economía mundial, la OCDE habla de un «futuro más luminoso» para el próximo año, a medida que se distribuyen las vacunas contra el covid-19. Pero, de todas formas, considera que la mayoría de los países no recuperará las pérdidas de producción sufridas en 2020. Para fines de 2021, sólo unas pocas economías habrán experimentado cierto crecimiento del PBI real durante los dos años transcurridos desde fines de 2019.

La economía líder a ese respecto será China, con casi un 10 por ciento de crecimiento, seguida de Corea del Sur e Indonesia. Para finales de 2021 y por sí sola, China contribuirá con un tercio del crecimiento real del PBI mundial. Las economías capitalistas avanzadas del G7 o bien no habrán tenido ningún crecimiento real, como es el caso de Estados Unidos, o bien se habrán contraído entre un 3 y un 5 por ciento, como sucederá en los casos de Europa y Japón. El Reino Unido tendrá el peor desempeño de este grupo, con una contracción del 6,4 por ciento. Grandes economías del G20, como India y Brasil, habrán sufrido descensos significativos en su crecimiento.

La OCDE espera una «recuperación gradual pero desigual». Y eso, con base en los mejores desenlaces posibles en materia de impacto de las vacunas contra el covid-19. Incluso con ese escenario en mente, el organismo cree que el PBI de la economía mundial volverá a su nivel anterior a la pandemia para fines de 2021, pero quedará lejos –a una distancia de, al menos, 6 por ciento– de alcanzar el nivel que habría logrado sin la recesión pandémica.

Autores:

Carolina Viola

Docente Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Doctoranda de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales – Ecuador. Miembro de la Universidad Nómada del Sur.

Decio Machado

Sociólogo y Magister en Innovación Tecnológica y Economía Digital. Director Ejecutivo de la Fundación Nómada y miembro de la Universidad Nómada del Sur.

1. Introducción

La democracia está enferma, tal vez nunca estuvo sana; sin embargo, el cáncer que hoy la aqueja se expande rápidamente, contaminando todas sus dimensiones y vaciando de cualquier contenido originario al gobierno liberal democrático, usurpando al pueblo de todos sus atributos en cuanto sujeto soberano (Brown, 2017). Centrar el origen de esta enfermedad des-democratizante en la pandemia sería un error, sus raíces son más profundas y aquejan, en su propia versión y contexto, todos los rincones de América Latina. Las tendencias des-democratizantes operan desde mucho antes, mermando progresivamente la posibilidad de decidir y administrar el poder del pueblo, desde el pueblo y para el pueblo. Estas prácticas hacen de la democracia un significante vacío, que ignora el necesario rol del sujeto democrático por excelencia en la repartición del poder político. La relación entre gobierno y pueblo es suplantada por un conjunto de interacciones políticas -más o menos legales y parcialmente secretas- que configuran lo que Javier Auyero denomina “zona gris de las interacciones políticas” (Auyero, 2007, pág. 26)

Según Brown (2010), el proceso de des-democractización es el resultado de la cristalización de un conjunto de fuerzas que operan destruyendo y mermando toda capacidad de participación popular. A lo largo de este texto, nos proponemos concentrarnos en cuatro tendencias principales. Primero, la tendencia a la ocupación o captura por parte de las elites económicas, nacionales y transnacionales, de espacios relevantes en los procesos de gobierno y toma de decisiones. Segundo, la delegación de la toma de decisiones en instancias que no han sido elegidas por el proceso democrático, y por lo tanto no son ni responsables ni responsivas, sino nombradas ad hoc para destrabar o esquivar discusiones y debates propios de las instancias democráticas. Tercero, el peso cada vez mayor de los centros de la planificación global del desarrollo – o subdesarrrollo – que conforman el aparato de saber poder de capitalismo de matriz occidental. Cuarto, el progresivo desgaste de la democracia ante los ojos del pueblo, que se traduce en un descrédito creciente de la política y un franco desinterés del pueblo por participar y ser parte activa de un deficiente sistema democrático.

De igual manera argumentamos que la zona gris de las interacciones políticas se expande con vigorosidad alimentada de las tres primeras tendencias, y, a su vez, es determinante en la desaparición del sujeto democrático interesado en la participación política. Ese desinterés es el resultado de la percepción generalizada de la prevalencia de relaciones políticas opacas, poco legales, poco éticas, poco claras y, en definitiva, poco democráticas. 

Finalmente, este artículo se propone problematizar sobre las prácticas políticas que aportan al proceso de des-democratización en América Latina, a partir de la descripción del caso ecuatoriano, con énfasis en las decisiones que se han tomada a partir de la llegada de la pandemia. Desde ahí, reflexionar sobre las nuevas prácticas de control de los cuerpos que están dando forma a nuevos dispositivos para el manejo de las poblaciones, donde la tensión entre lo interno y lo externo, lo nacional y lo global se exacerban y se hacen más evidentes (Foucault, 2006).  El Ecuador ha sido, en el último año y dos meses, el escenario de un levantamiento indígena, una pandemia con niveles de mortalidad que lideran tristemente los rankings mundiales, y, el laboratorio de aplicación de una receta neoliberal de crisis. Un escenario de excepción permanente, relevante para reflexionar sobre las tendencias que se vislumbran en la práctica política y el gobierno de poblaciones en la región.

2. Progresismos del siglo XXI o el desmantelamiento progresivo de las instituciones democráticas en Ecuador.

América Latina vivió entre 1989 y 2005 un apretado ciclo de levantamientos populares y grandes movilizaciones que determinó, directa o indirectamente dependiendo de los casos, la caída de una decena de presidentes. Tres de ellos en Ecuador: Abdalá Bucaram en 1997, Jamil Mahuad en 2000 y Lucio Gutiérrez en 2005. 

Tras esta década de convulsiones sociales cuyo actor principal en el ámbito de las resistencias fue el movimiento indígena y puntualmente sectores ciudadanos de carácter urbano que coincidieron con los primeros en lógicas de organización horizontal y un formato de toma de decisiones de perfil asambleario y radicalmente democrático en el ámbito de lo plebeyo, el campo de lo político quedó abierto para la construcción de nuevas herramientas electorales que canalizaron la salida a la crisis del sistema.

El acumulado de descontento social fue capitalizado por una nueva estructura política -Alianza PAIS- que reproducía la forma jerárquica clásica de toda estructura partido, agudizada en este caso por la relación líder – masa que caracterizó el modelo de liderazgo político durante el reciente ciclo progresista en el subcontinente y que terminó frustrando lógicas participativas en la toma de decisiones que se habían fraguado durante el período de resistencia.

Los progresismos latinoamericanos, concepto utilizado para definir a la izquierda hegemónica continental del momento, llegaron a los gobiernos de sus respectivos países por la vía electoral y con el aval de grandes mayorías que les permitieron gobernar siempre en solitario. Su rol una vez en el poder fue reinstaurar la estabilidad política sin cuestionar la esencia del sistema mediante el fortalecimiento del aparato estatal, convencidos de que el Estado es la herramienta adecuada para impulsar las reformas políticas que consideraron oportunas. En Ecuador la situación no fue diferente, una potente articulación social convertida en contrapoder terminó reconducida a la gestión institucional, pasando a entenderse lo público como desde una perspectiva meramente estatal (Machado y Zibechi, 2017) bajo la égida de una estructura política nueva pero que reproducía formas organizativas clásicas que se presentó bajo el sello del anti-neoliberalismo.

Los diez años de gobierno de Rafael Correa en Ecuador que siguieron a ese momento podrían sintéticamente resumirse de la siguiente manera: reposicionamiento y fortalecimiento de un Estado que había quedado muy debilitado por la etapa neoliberal anterior; puesta en marcha de políticas sociales compensatorias -transferencias monetarias provenientes del excedente estatal hacía los sectores históricamente olvidados- como eje de la nueva gobernabilidad; aplicación de un modelo hiper-extractivista para la exportación de commodities como base de la economía nacional; modernización del Estado y realización de grandes obras de infraestructura; construcción político-simbólica de mitos relacionados a una lógica de culto a la personalidad del líder; así como la implantación de un evolutivo modelo de disciplinamiento y control social tanto desde su vertiente represiva como desde la cultural. En referencia a esto último, asistimos a una combinación de las dos formas básicas de poder trabajadas en ciencias políticas desde Maquiavelo hasta Max Weber: el poder como capacidad de intimidación -capacidad de violencia-, pero el poder también como capacidad de influencia y persuasión -organización de las mentes-. Sobre esto último, se construiría estratégicamente el concepto de hegemonía desarrollado por Gramsci.

En 2008 en Ecuador se ponía en marcha una nueva Constitución, la cual lejos de representar una ruptura insurgente que rompiera de manera drástica y definitiva con el sistema jurídico preexistente, terminó facilitando la disolución de diferencias entre poder y gobierno. 

El hecho de que este ciclo progresista se encuadrase en la llamada “década dorada” o “boom de los commodities” hace que se hayan construido axiomas que no se ajustan a la realidad, lo resulta a su vez un indicador respecto al estado de salud en el que se encuentra el pensamiento crítico latinoamericano en este momento.

El eufemísticamente llamado gobierno de la revolución ciudadana convirtió a gran parte de los actores antes de oposición en parte del aparato de poder. Esto implicó el debilitamiento del tejido social activista, conduciendo a una potente y autónoma energía popular forjada desde la multitud hacia estructuras inmóviles y carentes de capacidad para evolucionar como son las derivadas del sistema de representación -la política institucional-. De lo anti-estatal y anti-partidos, por ejemplo la articulación de parlamentos indígenas-populares en el año 2000, se pasó la recomposición estatista desde una visión instrumental del Estado.

Los nuevos gestores estatales reposicionaron el rol del Estado en la economía, recuperaron la planificación central y gestionaron grandes empresas estatales hidrocarburíferas al igual que millonarias inversiones en infraestructura. A la innegable mejora general de los niveles de vida de población, el incremento de la inversión social en salud y educación, el reconocimiento institucional de la diversidad étnica y determinados avances en materia de género, le acompañó una lógica de convivencia cotidiana entre la nueva burocracia estatal progresista y el poder de las élites económicas -tanto con grupos económicos tradicionales como con los emergentes-. Todo ello se hizo sin afectar a los agentes del mercado y a la matriz de acumulación económica heredada del anterior periodo neoliberal.

En la práctica histórica, la construcción de estados fuertes se ha mostrado como la mejor opción para resolver el conflicto inter-élites a favor de los grupos emergentes (Wallerstein, 1998), es así que pese a la desconfianza y resistencias instaladas de las élites tradicionales se generó una nueva casta gestora del Estado que ocupó su espacio sin por ello comprometer la lealtad a la ortodoxia neoliberal de los mercados internacionales y el sistema tradicional instalado en el sistema democrático liberal para la toma de decisiones.

Sin embargo, el progresismo ecuatoriano tuvo más de político que de económico. Es por ello, que el liderazgo populista de Rafael Correa se estableció bajo una modelo que terminó adoptando la lógica de autoritarismo basado en el consenso. En definitiva, lo que se estableció fue una relación de poder marcadamente asimétrica entre un líder/guía muy inspirado y una masa de seguidores que reconocían en él y en su mensaje neodesarrollista la promesa de articulación de un nuevo orden más justo y equitativo para el país.

Sin embargo, el neodesarrollismo ecuatoriano, al igual que el latinoamericano, se mostró notablemente menos transformador que los viejos desarrollismos populistas de mediados del pasado siglo. Mientras los regímenes populistas del siglo XX generaron ciertos niveles de industrialización, la consolidación de las relaciones capitalistas en el ámbito rural y “modernización” del mercado laboral, el neopopulismo del siglo XXI agudizó la dependencia económica de la región respecto a los especulativos mercados de commodities, reprimarizándose las respectivas economías nacionales en busca de mayor renta extractiva y fiscalidad. El método supuso un impacto positivo para Ecuador, lo que se evidenció en sus indicadores socioeconómicos, sin embargo dicho proceso resultó efímero dado que quedó atado a los incontrolables ciclos económicos globales.

El modelo de gestión correista fue exponente del cuestionable papel que juega el control de las instituciones estatales y empresas públicas en la formación de nuevos grupos de poder que posteriormente buscan su reposicionamiento entre las élites.

A su vez, el correísmo entendió la democracia de forma minimalista, vaciando de contenidos mediante políticas clientelares a las hasta entonces vigorosas organizaciones populares, a la par que establecía una lógica de gubernamentalidad foucaultiana basada en relaciones asimétricas del Ejecutivo respecto al resto de poderes del Estado.

La legitimación social del sistema entró en crisis cuando la caída de los precios de los commodities afectó a la economía ecuatoriana y la pérdida de la soberanía monetaria, por efecto de la dolarización (1), no permitió medidas de devaluación para aumentar la competitivas. En estas condiciones llegaron las elecciones del 2017, donde el régimen se vio obligado a presentar una propuesta de relevo presidencial dada la prohibición constitucional de reelección. 

El actual mandatario, Lenín Moreno, se presentó inicialmente en continuidad del régimen. Hicieron falta dos vueltas electorales para consolidar su triunfo, evidenciando la pérdida de apoyo popular respecto a los indicadores que había obtenido el progresismo ecuatoriano en elecciones anteriores.

La carencia de homogenización ideológica al interior de Alianza PAIS y la conformación de un programa electoral débil y de perfil interpretativo, hizo que sin el liderazgo carismático de Rafael Correa en el poder el partido de gobierno implosionase. La ruptura política entre el ex presidente Correa y su sucesor en la poltrona presidencial se consolidó de forma muy rápida. El nuevo equipo de gestor del Estado pasaba a experimentar alternativas políticas de perfil más liberal en la búsqueda de encontrar soluciones económicas para la crisis.

En realidad, desde que terminara la época de bonanza económica y el excedente estatal-extractivo en 2014 -última etapa de gestión gubernamental correísta- hasta la actualidad, la economía nacional se encuentra semiestancada. El ingreso promedio existente en 2014, USD 6.347 anuales incluso se ha contraído, el “empleo informal” ha crecido exponencialmente descendiendo el “empleo formal” a cuotas anteriores a la llegada de Rafael Correa al poder. Las actividades productivas están estancadas y el desempleo aumenta, siendo los grupos más afectados los asalariados privados y los trabajadores por cuenta propia. Los procesos de circulación de la economía ecuatoriana reflejan un grave deterioro debido tanto a la caída de los ingresos generados por las actividades al por mayor y menor como en la caída de los precios o deflación, fruto de una demanda interna mermada que se agudiza ahora fruto de la pandemia. En paralelo, al nivel externo la circulación de dólares se ha debilitado por la caída de las exportaciones petroleras y el estancamiento de las no petroleras, complicándose notablemente la capacidad del país para responder a sus compromisos respecto al servicio de deuda.

Sin embargo y como contraste a todo lo anterior, sectores económicos como la banca y otros grandes capitales han mantenido utilidades millonarias pese al estancamiento, mientras la situación general hace que se agudice la elevada desigualdad existente tanto en el ámbito de la relación de ingresos como en la propiedad de la tierra y de los activos empresariales.

3. El estallido de octubre: re-significaciones populares de la democracia

El 2019 será un año difícil, donde la crisis económica pero también política y social se sentirá con fuerza, convirtiéndose en una constante en la cotidianidad de la población. En nombre de la crisis el gobierno de Moreno defenderá la adopción de medidas durísimas contra los trabajadores, urbanos y rurales, amenazando de forma concreta sus posibilidades de reproducción material y supervivencia cotidiana. Estas decisiones, tomadas en un contexto de secretismo y opacidad, pondrán en evidencia la compleja red de interacciones políticas que se habían establecido entre las élites y el gobierno. 

La austeridad del Estado implicó recortes sistemáticos en los presupuestos y personal de todos los sectores, traduciéndose automáticamente en la reducción dramática de la cantidad y calidad de los servicios sociales. Los planes de austeridad y equilibrio fiscal defendidos por el gobierno respondían a las condiciones impuestas por el Fondo Monetario Internacional, que bajo el eufemismo de organización de las finanzas públicas demandaba recortes en el gasto público como paso previo a la asignación de un importante rescate económico (2). 

Las decisiones se tomarán a puerta cerrada y sin discusión pública previa por parte de un comité técnico ad hoc, compuesto por los representantes del gobierno, de los sectores empresariales y la banca nacional y multilateral. Una práctica que recuerda las negociaciones con las instituciones de Bretton Woods de los años ’90 que, siguiendo las indicaciones del autodenominado Consenso de Washington, sumieron al país en una catastrófica crisis económica, política y social. 

En ambos casos las decisiones se demostraron coherentes con la dinámica des-democratizadora que amenaza desde siempre a las democracias latinoamericanas. Lejos de los ojos del pueblo, la decisión del ajuste económico se tomó a puerta cerrada en la cartera de finanzas (3), con la participación de las cámaras empresariales, los representantes de la banca privada nacional y la banca multilateral. Las decisiones serán el resultado de las interacciones políticas grises y poco transparentes que se establecieron entre las élites y el poder político.

De ahí que, los sucesos de octubre ocurrirán en medio de en un clima enrarecido por los sentimientos de engaño, sumados a las preocupaciones sobre las posibilidades reales de reproducción cotidiana de los más pobres y excluidos, en un ambiente de incertidumbre generalizado en la población. Las instituciones democráticas se verán interpeladas, con un gobierno de discursos agotados y un desempeño económico profundamente cuestionado. Debilitado por su incapacidad y limitado por el contexto económico post- boom de los commodities, el gobierno abrió las ventanas para el estallido de las protestas sociales. 

El anuncio de la eliminación de los subsidios a los combustibles, así como la introducción de otras medidas que se ensañaban particularmente con los salarios de los trabajadores públicos, se enfrentará con la respuesta del movimiento indígena, los sindicatos y el gremio del transporte. Este último llamará a una paralización total el día 3 de octubre. El paro encontró el respaldo de estudiantes universitarios, sindicatos y otros sectores sociales que se sumarán a las protestas. La acumulación de descontentos respecto a la corrupción imperante, la política económica gubernamental y la ausencia de cualquier gestión política autónoma respecto a las élites sirvieron de combustible para la movilización.

La negociación de prebendas corporativas con los gremios de transportistas se superó rápidamente; la multitud asumió el protagonismo de la revuelta con las movilizaciones en las calles. El movimiento indígena, apoyado por sus bases de la Sierra Centro y la Amazonía, se ubicó a la cabeza, convirtiendo la revuelta en un levantamiento indígena y popular. Amplias zonas del centro de Quito adquirieron nueva vida durante los días de las protestas, resignificando estos espacios urbanos como símbolo de la resistencia y la lucha popular.

De las montañas y los cerros que pueblan la Sierra Central del Ecuador bajaron mujeres y hombres, jóvenes y niños a protagonizar el primer levantamiento indígena y popular del siglo XXI. El histórico parque El Arbolito, ubicado en las puertas del casco colonial, adquirió una nueva vida a lo largo de los días de las protestas. El centro de la ciudad será resignificado una vez más como espacio de la lucha popular y lugar de las nuevas resistencias; indígenas, ecologistas, feministas, estudiantes, proletarios, informales cuestionando la esencia de ese poder político elitista y colonial. 

El gobierno, incapaz de comprender y ponerle freno a la ira popular, decretaría el estado de excepción en todo el territorio nacional. Los poderes fácticos que controlan la comunicación observarían horrorizados a las multitudes ejercer sus atributos, construyendo –de forma ficticia– un relato de los hechos cercanos al poder. La manipulación de la comunicación y de los relatos no pasarán desapercibidos en la población; según la encuestadora CEDATOS en un estudio publicado en noviembre de 2019, durante las protestas la aprobación a la gestión del presidente llegó a caer al 12% y, los medios de comunicación obtuvieron una valoración negativa por parte del 47.8% de la población (4). Esta tendencia ha ido recrudeciéndose, en septiembre de 2020 la aprobación de la gestión del presidente será tan sólo del 6,2% según la misma fuente (5). 

La territorialización de las protestas dotó de característica particulares a estas movilizaciones. El perfil territorial que caracteriza las reivindicaciones de autonomía que llegan desde los territorios indígenas, se plasmó en la territorialización de un Quito incendiado por las protestas. Durante nueve días la geografía de la capital se transformó, la centralidad política dejó el palacio de Gobierno y se trasladó a las zonas de movilización y acampada del movimiento indígena, generándose nuevos escenarios para la conformación de continuas asambleas populares. De igual manera, las universidades mutaron en centros de acopio, descanso, atención y refugio a los movilizados. Se resignificaron y redefinieron los límites y las rutas de la circulación cotidiana teniendo como centralidad el espacio y los tiempos de la protesta. Con el pasar de los días se extendió en los barrios de la capital poniendo en jaque al gobierno nacional.

La respuesta fue violenta, desplegándose el aparato represivo del Estado y dotando a la capital de un paisaje bélico. La estrategia de aislamiento de la capital, mediante toques de queda y despliegue de dispositivos militares, resultó poco exitosa (6);  las movilizaciones seguirían escalando en intensidad y radicalidad, obligando al gobierno a una negociación pública retransmitida en tiempo real por TV en la tarde del 13 de octubre de 2020. Una exigencia que buscaba sacar las negociaciones de la zona gris, mostrando que son posibles las interacciones políticas a la luz del día. Tras un debate demoledor en favor de los movilizados, se derogará el decreto 883 (7) y se establecería un acuerdo para iniciar un dialogo nacional. La dirigencia indígena daría por terminado el levantamiento y llamaría al retorno a sus comunidades. 

El dialogo prometido con los sectores sociales para la revisión de las medidas económicas se vio empañado por una campaña de represión y desprestigio del Estado contra las figuras más visibles del levantamiento, así como contra organizaciones sociales que manifestaron su apoyo. Arrestos, detenciones y allanamientos serán parte fundamental de los dispositivos represivos desplegados por el gobierno. Ha esto se sumará una importante inversión –en un contexto de crisis– destinado a la compra de equipamiento policial y militar antimotines. El discurso oficial (8) identificará como enemigo a la ciudadanía bajo el ambiguo concepto de subversión, lo que se agudizará con la llegada de la pandemia COVID–19 a finales del mes de febrero de 2020. 

4. Pandemia y desigualdad: Guayaquil 

El gobierno demoraría hasta el 16 de marzo de 2020 en decretar el estado de excepción en todo el territorio nacional para hacer frente al COVID-19. El virus, importado desde Europa por las clases altas de la ciudad de Guayaquil que allá vacacionaban, se expandió de forma incontenible en los barrios donde habitan los trabajadores que brindan servicios en las casas de la burguesía.  

Guayas es una provincia de 3’645.483 habitantes, más de tres cuartos de la población se concentra en la ciudad de Guayaquil (INEC, 2020). Los datos socioeconómicos de la ciudad la ubican en el extremo de la desigualdad; en un país profundamente desigual Guayaquil lidera la lista: el segundo lugar por ingresos a nivel nacional -solo detrás de Quito, y el primer lugar en niveles de desigualdad. Una desigualdad grosera, donde enormes villas con piscinas y canchas de tenis se alzan frente a las chabolas que pueblan la otra orilla del estero que atraviesa toda la ciudad, dividiéndola geográficamente y, sobre todo, socialmente.

Las restricciones de movilidad impuestas por las autoridades pusieron en evidencia las brechas que afectan a la población en todo el país. Masas de población vulnerable, con economías precarias ligadas al comercio informal y sin capacidad alguna de ahorro se han visto acorraladas hacia los límites de la indigencia como consecuencia de la pandemia (9).  

El resultado de esta combinación no podía ser más dramático. Las imágenes que dieron la vuelta al mundo con cadáveres abandonados en las calles y morgues hospitalarias saturadas. Guayaquil sería rebautizado como el Wuhan latinoamericano. A todo esto, se sumaría el debilitamiento de lo institucional plagado de prácticas políticas corruptas, que se evidencio en los escándalos de tráfico de influencias y sobreprecios en procesos de compras públicas de insumos hospitalarios destinados a enfrentar la pandemia (10). Este constituirá otro golpe más a la institucionalidad, agudizándose la desconfianza y rechazo de la población respecto a su clase política y autoridades. 

Uno de los desaciertos más grandes del gobierno a lo largo de la pandemia ha sido el manejo de los datos y las cifras de forma poco transparente y, por decir lo menos, presentando un escenario distante respecto a la realidad observada y vivida por la población. Por un lado, la incapacidad o falta de voluntad de mostrar las cifras reales del impacto de la pandemia contribuyeron a mermar la legitimidad de las vocerías gubernamentales: el subregistro de fallecidos y contagiados de las cifras oficiales se evidenciaba en las pilas de muertos abandonados en los hospitales de Guayaquil. Por otro lado, los datos que recitaban los voceros gubernamentales eran un insulto para las familias que aun buscaban sus muertos entre cadáveres apilados (11) y en proceso de descomposición (12). 

Por su parte, las autoridades gubernamentales transferían la culpa de su deficiente gestión a la indisciplina y la falta de compromiso cívico de la ciudadanía. Desde ese relato el Estado intentaría legitimar el uso desproporcionado de la fuerza contra la población, clasificada sobre la base de perjuicios étnicos y de clase. Es así como el Estado profundizará aún más el proceso de normalización del disciplinamiento social y el uso de la violencia, dando tintes autoritarios y antidemocráticos a modelo de gubernamentalidad imperante. La demografía post-pandemia se vuelve clave en la administración y despliegue de estos dispositivos legales, de disciplinamiento y de seguridad para la administración de las poblaciones.

5. La nueva normalidad: un pueblo sin atributos

El 4 de mayo de 2020 las autoridades en el gobierno proclamaron el inicio de una “nueva normalidad en el Ecuador”. Las declaraciones de la ministra de gobierno justificaron la reactivación económica aduciendo que “no podemos permanecer encerrados en casa (…) ahora la responsabilidad es de los ciudadanos” (13). Esta nueva normalidad implicó el retorno de miles de trabajadores a sus fábricas y oficinas, sin embargo, no implicó el fin del estado de excepción que se renovó reiteradamente hasta la última caducidad permitida por la Constitución, el 15 de septiembre de 2020. En la nueva normalidad, sustentada en la presión de las cámaras empresariales y no en las recomendaciones de las mesas técnicas de médicos conformadas en diversos gobiernos locales, la curva de contagios y mortandad se mantiene alta, no ha disminuido y presenta repuntes periódicos principalmente en los centros urbanos y, particularmente, en las ciudades de Quito y Guayaquil. 

La reactivación implicó también la activación de los procesos de despidos, liquidación de empresas y cierre de negocios en todos los puntos de la ciudad. Uno de los sectores más afectados será el sector turístico y de servicios de hostelería. Ante la difícil tarea de establecer un equilibrio que repartiese de forma justa – a cada uno según su capacidad de resistencia – los costos de la pandemia, el Estado actuará con su acostumbrada coherencia inclinando la balanza de forma más que proporcional en beneficio de las élites. La profunda desigualdad económica y social que caracteriza al Ecuador se vio exacerbada con la pandemia, determinando de esta manera las posibilidades reales de superar o soportar esta compleja situación en el largo plazo. De ahí que la aprobación de la paradójicamente denominado Ley de Apoyo Humanitario ocurra en el marco de una intensa discusión entre los sectores sociales, y una escasa voluntad de escucha por parte de las autoridades.

La negociación política que determinó las decisiones ocurre, una vez más como lo muestran los resultados, en la zona gris de interacciones políticas entre el gobierno y las élites. De igual manera, con la opacidad acostumbrada, el aparato negociador del ejecutivo comprará las conciencias en saldo de los deslegitimados representantes que aún sentaban – o dormían – en la Asamblea Nacional. El costo político de esta decisión antipopular no se hará esperar; en septiembre de 2020 la encuestadora CEDATOS ubicaba la aceptación de la gestión presidencial en el 6% y la de los asambleístas en el 2%. Estas cifras indican de forma contundente la escasa aceptación y legitimidad de las autoridades políticas al mando. Estos niveles de deslegitimación del sistema político en el contexto de la pandemia bordean de forma peligrosa el margen crítico que puede poner en crisis la estabilidad del sistema político.

La Ley Orgánica de Apoyo Humanitario legisló sobre las siguientes cuestiones: reducción de la jornada laboral y acuerdos entre empleado y empleador, regulación del tele trabajo y el establecimiento del derecho a la desconexión, regulación de los despidos de fuerza mayor, facilidades para el establecimiento de nuevos emprendimientos, extensión en la cobertura de la seguridad social hasta 60 días después de la ultima aportación, prorrogas en el pago de deudas, congelamiento y reducción de pensiones educativas, acuerdos de pago para empresas, negocios y personas, prelación de créditos de pensiones alimenticias y, suspensión del desahucio en arriendo. 

En la práctica la ley establece una serie de facilidades para el despido y la precarización de condiciones laborales y derechos adquiridos de larga data. Incluso cuando plantea la protección de derechos, como podría ser el caso de la regulación del teletrabajo, la facilidad de los empleadores de ejecutar los despidos y establecer unilateralmente reducciones de jornada laboral ponen al trabajador en una posición muy vulnerable para exigir el respeto de sus derechos; la libre negociación entre las partes, en un contexto de profunda asimetría, inclina la balanza en favor del empleador. Sin embargo, en esta feria libre de los derechos de los ciudadanos, los bancos serán los principales beneficiarios; la ley establece la libre renegociación de las deudas de la banca privada con sus deudores, está aprovechará la urgencia por ampliar loa plazos de pago calculando reajustes con intereses draconianos. Los resultados de esta libertad pesarán, una vez más como era de esperarse, sobre los desgatados bolsillos de los ciudadanos y los restos de su violentada subjetividad democrática. 

Finalmente, el rechazo a esta democracia que expropia al pueblo de sus atributos, imposibilitando el ejercicio pleno de su soberanía, se pone en evidencia en la apatía generalizada ante el proceso electoral convocado para el domingo 7 de febrero de 2021, donde se elegirán las cabezas del gobierno: presidente y vicepresidente, y los representantes que ocuparán los curules nacionales y provinciales en el Legislativo. Inversamente proporcional a la relevancia de la elección es el interés que manifiestan los ciudadanos; según el informe de encuestadora CEDATOS (2020), sólo el 20% de la población está muy interesada en el proceso electoral y 49,7% declaraban, a sólo 4 meses del día de las elecciones, no tener ningún interés en el proceso. 

6. En qué estado está la democracia en Ecuador (14)

La evolución de las prácticas de gobierno en los últimos meses ha puesto en evidencia la necesidad de las élites de establecer cambios en la gubernamentalidad que normalicen la estructura de desigualdades, a través de una reactualización de los dispositivos legales, de seguridad y disciplinamiento de la población. Si bien este proceso no inicia con la pandemia, en el contexto de la crisis sanitaria se acelera la formación de un Estado de seguridad cada vez más distante de la idea del gobierno del pueblo. 

En definitiva, podemos afirmar que las democracias latinoamericanas post-pandemia se presentan débiles en prácticas democráticas y populares, e intensas en prácticas des–democratizantes controladas desde las élites. Nos encontraríamos frente a la normalización de un modelo de gubernamentalidad autoritario, que mina las bases de la gubernamentalidad democrática. Una democracia que han venido persiguiendo, con mucha fatiga y de forma nada lineal, desde la década de 1980. 

En el Ecuador, esta inclinación hacia prácticas autoritarias y antipopulares han acelerado exponencialmente las tendencias des-democratizantes, retrocediendo rápidamente logros y derechos alcanzados en las últimas décadas en el ejercicio del poder desde el pueblo. En este artículo hemos planteado la existencia de cuatro tendencias que consideramos necesarias para la aceleración, y llevadas en sentido inverso también la reversión, del proceso des-democratizador. 

En primer lugar, vemos como se multiplican en número y relevancia las instancias técnicas de toma de decisiones creadas ad hoc, sin el peso de la responsabilidad y responsividad que deben al pueblo las instituciones democráticas. La re-localización de los espacios de toma de decisión en instituciones que puedan ser controladas por la población, sea de forma indirecta – a través de organismos de control – como directa – ejerciendo de forma directa del control social sobre las acciones de los gobiernos e instituciones públicas es vital si queremos devolver el poder al pueblo. De igual manera es importante cuestionar y exigir retirar el velo técnico de las decisiones que afectan la vida de los ciudadanos. Esto implica un cuestionamiento de las jerarquías poder sobre las que se asienta el acceso y la posibilidad de producción del saber en la sociedad.  

En segundo lugar, las demandas de la banca multilateral -FMI, pero también otros acreedores y tenedores de bonos- se pondrán por encima de la población, acelerando el pago del servicio de la deuda sin reparar en las necesidades de salud, educación y alimentación básica de su ciudadanía. La banca global suplanta al pueblo mermando sus atributos, ignorando las demandas de las movilizaciones de octubre. Se revierten los logros obtenidos en las luchas populares traicionando, una vez más, al pueblo por quien dicen gobernar. De igual manera la legitimidad de esta decisiones se verá empañada por la migración del ministro de economía y finanzas a un alto cargo en la banca internacional de desarrollo ignorando, la prohibición constitucional; estas acciones, que huelen a puertas giratorias, llevan a la población a cuestionarse sobre la prioridad del servicio anticipado de tramos de deuda – que después fueron aplazados como medida de apoyo a los deudores en el marco del COVID-19 – por encima de sueldos de profesores, personal de salud y otros funcionarios públicos imprescindibles en el contexto actual. 

Tercero, las prácticas de represión y violencia contra la población más vulnerable se normalizan; la perdida de derechos y condiciones para su garantía es incluso más veloz, infectando a la población de forma más eficiente que la pandemia. De ahí que, los aparatos represivos del Estado devengan objetivo prioritario de los esfuerzos de inversión pública, aun en un momento de crisis del sistema sanitario y de seguridad social. La normalización de la violencia estatal se refleja, a su vez, en la normalización de la violencia social, alterando el delgado equilibrio que permite la seguridad. 

Finalmente, a las puertas de un nuevo proceso electoral, la población no tiene ninguna expectativa respecto a la política y las instituciones democráticas formales. La zona gris de las interacciones políticas ha dejado los márgenes del Estado y ocupa el centro de la política, afectando de forma profunda la legitimidad de las instituciones democráticas, transformándolas en un contenedor vacío. Queda solo esperar a ver si esta ausencia de democracia institucional podrá ser paliada por las multitudes en las calles.

NOTAS:

1. La economía ecuatoriana fue dolarizada el 9 de enero de 2000 por el entonces presidente Jamil Mahuad, luego de una gran crisis económica e inflacionaria. El impacto de la dolarización implicó la pérdida de soberanía monetaria, así como un aumento exponencial de los niveles de migración ecuatoriana a otros países, estimada en unos dos millones de personas, y el colapso de las clases medias por pérdida del valor de sus ahorros y salarios.
2.  En ese momento el FMI se encontraba negociando préstamos con el gobierno del Ecuador por un valor de $4.200 millones bajo la condición de un ajuste estructural enfocado en la reducción del déficit público. 
3.  Es importante señalar que la Cartera de Finanzas se encontraba ocupada por un el ex presidente de la Cámara de Industrial y Producción del Ecuador, y del Comité Empresarial Ecuatoriano. El economista Richard Martínez ocupó el cargo de ministro de finanzas hasta octubre de 2020. Días después de abandonar su cargo fue nombrado por el Banco Interamericano de Desarrollo como Vicepresidente de países miembros, a pesar de que el artículo 153 de la Constitución ecuatoriana prohíbe expresamente este tránsito de altos funcionarios del ministerio de finanzas hacia altos cargos de la Banca Internacional. Ante el cuestionamiento suscitado en la opinión pública por el nombramiento, el exfuncionario declarará no estar violando la Constitución pues a su criterio el BID “no es un organismo que capta y presta recursos como un banco comercial”, además “no califica como acreedor del país porque no tiene fines de lucro y no persigue intereses de accionistas particulares”. Más allá de las elaboradas justificaciones de técnica jurídica utilizadas para esconder una violación evidente de la Constitución, nos encontramos en la compleja zona gris donde ocurren los procesos de captura del Estado, a partir de la ocupación directa de las elites de altos cargos públicos y, el accionar de las puertas giratorias que acercan el gobierno a los intereses empresariales nacionales y globales, y lo alejan, cada vez más, de las demandas del pueblo.
4.  Estos datos fueron publicados por la empresa CEDATOS en 15 de noviembre de 2019. También se incluyeron en un artículo de la revista digital Primicias del 18 de noviembre de 2019: https://www.primicias.ec/noticias/politica/ffaa-policia-instituciones-mejor-evaluadas-tras-protestas-octubre/?fbclid=IwAR1-b2XIZvU7zqtSIBrAKcWbiM9etdTxTplmbhLppdpnD_lYav7jK3hXBfc 
5.  En septiembre de 2020 CEDATOS publica un nuevo informe con un balance sobre la opinión pública del periodo septiembre 2019 – septiembre 2020. 
6.  Según Human Right Watch: “Durante las protestas de octubre, agentes de las fuerzas de seguridad ecuatorianas emplearon excesivamente la fuerza contra manifestantes y periodistas (…) De las 11 personas que fallecieron en el contexto de las protestas, al menos 4 habrían muerto por la acción de integrantes de las fuerzas de seguridad”.
7.  El decreto ejecutivo número 883 fue publicado el 1 de octubre de 2019 y eliminaba el subsidio al combustible.
8.  Al respecto, Oswaldo Jarrín, ministro de defensa del Ecuador declaraba el 7 de diciembre de 2019 “(…) las protestas se dieron con la presencia de la insurgencia. No solo sacamos una lección, sino que aplicamos una reacción. La directiva del Ministerio de Defensa es para enfrentar ese tipo de conflicto interno que está como insurgencia y no es otra cosa que grupos sociales de diverso tipo que se organizan, se valen del conflicto interno, de la rebelión, de violencia criminal, de actos de terrorismo para quebrantar el orden constitucional y democrático y sacar al Gobierno; eso se llama insubordinación e insurgencia”.
9.  El empobrecimiento de la población es el escenario que se avizora para el Ecuador. Según un informe publicado por la CEPAL en el mes de abril, se espera que el país cierre con un PIB negativo de -6,5%; uno de los peores desempeños económicos de la región. (CEPAL, 2020). Un informe posterior del FMI elevaría la contracción al -9.5%.
10.  El periódico español El País publicó el 4 de junio de 2020: “Una oleada de casos de corrupción golpea Ecuador en medio de la pandemia”. 
11.  La respuesta de las autoridades locales y las elites fue la donación ataúdes de cartón para enterrar a los más pobres, condenados a vivir y morir en cajas de cartón.
12.  El 4 de mayo de 2020, Diario El Comercio publicaba la siguiente nota: “237 cadáveres en descomposición se hallaron en contenedores cerca de hospital en Guayaquil; 131 de ellos sin identificar”.  
13.  Declaraciones de la Ministra de Gobierno María Paula Romo a los medios de comunicación. Romo es la principal responsable política de los excesos de la violencia policial en octubre 2019. 
14.  Hacemos referencia los textos escritos por Agamben, Brown, Rancier, Luc Nancy entre otros, y recopilados en el texto Democracia ¿en qué estado? .

Bibliografía

Agamben, G. (2014). Estado de excepción: Homo sacer, II, I (F. Costa & I. Costa, Trads.).

Agamben, Giorgio, Et. al. (2010) Democracia ¿En qué Estado? . Prometeo Libros. Buenos Aires.

Auyero, Javier (2007). La zona Gris. Violencia colectiva y política en la Argentina contemporánea. Siglo XXI editores, Buenos Aires, Argentina.

Brown, Wendy. (2010). «Hoy en día, somo todos demócratas». En: Giorgio Agamben et. Al. Democracia ¿En qué Estado? Prometeo Libros. Buenos Aires.

Brown, Wendy, (2017). «La destrucción de la democracia y la reconstrucción neoliberal del Estado y del sujeto». En: El pueblo sin atributos. La secreta revolución del neoliberalismo. Malpaso. México.

CEDATOS. (2020). Opinión de la población entre septiembre de 2019 y septiembre de 2020. Disponible en: https://cedatos.com.ec/blog/2020/09/19/cedatos-opinion-de-la-poblacion-entre-diciembre-2019-y-septiembre-2020/ 

CEPAL. (2020) Informe Especial N. 2, COVID-19. Dimensionar los efectos del COVID-19 para pensar en la reactivación. Abril. 

Diario El País. (2020). “Una oleada de casos de corrupción golpea Ecuador en medio de la pandemia. Disponible en:  https://elpais.com/sociedad/2020-06-05/una-oleada-de-casos-de-corrupcion-golpea-ecuador-en-medio-de-la-pandemia.html . Consultado el: 09/06/2020

Diario Expreso (2019). Oswaldo Jarrín: “Las protestas de octubre llegaron a nivel de insurgencia”. Disponible en: https://www.expreso.ec/actualidad/oswaldo-jarrin-protestas-octubre-insurgencia-980.html . Consultado el: 09/06/2020

Diario El Comercio (2020). “237 cadáveres en descomposición se hallaron en contenedores cerca de hospital en Guayaquil; 131 de ellos sin identificar”.  https://www.elcomercio.com/actualidad/cadaveres-descomposicion-guayaquil-covid19-contenedores.html 

Foucault, Michel (2006) Seguridad, Territorio, Población. Curso del Collège de France (1977-1978). Fondo de Cultura Económica. México D.F

Human Right Watch. (2020) Ecuador: Lecciones de las Protestas de 2019 Fuerza excesiva, muertes y arrestos arbitrarios; Violencia de manifestantes. Disponible en: https://www.hrw.org/es/news/2020/04/06/ecuador-lecciones-de-las-protestas-de-2019

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos del Ecuador. Página oficial: https://www.ecuadorencifras.gob.ec/institucional/home/ 

Los Angeles Time. (2020). Ya no hay cuerpos en las calles, pero el coronavirus sigue golpeando a Ecuador con fuerza desproporcionada. https://www.latimes.com/espanol/internacional/articulo/2020-04-28/ya-no-hay-cuerpos-en-las-calles-pero-el-coronavirus-sigue-golpeando-a-ecuador-con-fuerza-desproporcionada

Orwell, George. (1945). Rebelión en la granja. Edición Digital. Disponible en: https://books.google.com.ec/books/about/Rebeli%C3%B3n_en_la_granja.html?id=BP7JBgAAQBAJ&printsec=frontcover&source=kp_read_button&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false 

Primicias. (2019). “FF.AA. y Policía son las mejor evaluadas tras las protestas de octubre”. Consultado el 10/11/2020. Disponible en: https://www.primicias.ec/noticias/politica/ffaa-policia-instituciones-mejor-evaluadas-tras-protestas-octubre/?fbclid=IwAR1-b2XIZvU7zqtSIBrAKcWbiM9etdTxTplmbhLppdpnD_lYav7jK3hXBfc

Registro Oficial del Ecuador. Ley Orgánica de apoyo humanitario para combatir la crisis sanitaria derivada del Covid-19. 22 de junio, 2020. Disponible en: https://www.emov.gob.ec/sites/default/files/transparencia_2020/a2_41.pdf  

Vanguardia. (2020). “Pista invadida para impedir un aterrizaje de Iberia”. Consultado el 05/06/2020. Disponible en: https://www.lavanguardia.com/internacional/20200319/474256283106/aeropuerto-ecuador-guayaquil-coches-aviones.html 

Por Gilles Deleuze y Félix Guattari

En fenómenos históricos como la Revolución de 1789, la Comuna de París o la Revolución de 1977, hay siempre una parte de acontecimiento irreductible a los determinismos sociales, a las series casuales. A los historiadores no les gusta esta dimensión, así que restauran retrospectivamente las causas. Pero el propio acontecimiento se encuentra en ruptura o en desnivel con respecto a las causalidades: es una bifurcación, una desviación de las leyes, un estado inestable que abre un nuevo campo de posibilidades. Prigogine ha hablado de estos estados en los cuales, incluso en la física, las diferencias mínimas se propagan en lugar de anularse y fenómenos absolutamente independientes entran en resonancia, en conjunción. En este sentido, aunque un acontecimiento sea contrariado, reprimido, recuperado, traicionado, no por ello deja de implicar algo superable. Son los renegados los que dicen: ha quedado superado. Pero el propio acontecimiento, aunque sea antiguo, no se deja superar: es apertura de lo posible. Acontece en el interior de los individuos tanto como en el espesor de una sociedad.

Claro que los fenómenos históricos que estamos invocando van acompañados de determinismos o causalidades, aunque sean de otra naturaleza. Mayo del 68 pertenece al orden de los acontecimientos puros, libres de toda causalidad normal o normativa. Su historia es “una sucesión de inestabilidades y de fluctuaciones amplificadas”. Hubo mucha agitación, gesticulación, palabras, bobadas, ilusiones en el 68, pero esto no es lo que cuenta. Lo que cuenta es que fue un fenómeno de videncia, como si una sociedad viese de repente lo que tenía de intolerable y viese al mismo tiempo la posibilidad de algo distinto. Es un fenómeno colectivo del tipo “Lo posible, que me ahogo…”. Lo posible no preexiste al acontecimiento sino que es creado por él. Es cuestión de vida. El acontecimiento crea una nueva existencia, produce una nueva subjetividad (nuevas relaciones con el cuerpo, con el tiempo, con la sexualidad, con el medio, con la cultura, con el trabajo…).

Cuando se produce una nueva mutación social, no basta con extraer sus consecuencias o sus efectos siguiendo líneas de causalidad económicas o políticas. Es preciso que la nueva sociedad sea capaz de constituir dispositivos colectivos correspondientes a la nueva subjetividad, de tal manera que ella desee la mutación. Ésta es la nueva “reconversión”. El New Deal americano o el despegue japonés son ejemplos muy diferentes de reconversión subjetiva, con todo tipo de ambigüedades y hasta de estructuras reaccionarias, pero también con la dosis de iniciativa o de creación que constituía un nuevo estado social capaz de responder a las exigencias del acontecimiento. En Francia, por el contrario, tras el 68 los poderes no han dejado de convivir con la idea de que “había que acabar con ello”. Y, en efecto, se ha acabado con ello, pero en condiciones catastróficas. Mayo del 68 no fue la consecuencia de una crisis ni de una reacción a una crisis. Más bien al contrario. La crisis actual, los actuales impasses de la crisis francesa, derivan directamente de la incapacidad de la sociedad francesa para asimilar Mayo del 68. La sociedad francesa ha mostrado una particular impotencia para operar una reconversión subjetiva a nivel colectivo, como exigía el 68: de no ser por ello, ¿cómo podría hoy acometer una reconversión económica de condiciones de “izquierda”? No ha sabido proponer nada a la gente, ni en el terreno de los estudiantes ni en el de los trabajadores. Todo lo nuevo se ha marginalizado o caricaturizado. Hoy vemos cómo la gente de Longway se aferra a sus instalaciones siderúrgicas, los productores de leche a sus vacas, etcétera: ¿qué otra cosa podrían hacer, puesto que todo dispositivo para una existencia nueva, para una nueva subjetividad colectiva, ha sido aplastada de antemano por la reacción ante el 68, tanto a la izquierda como a la derecha? Hasta las radios libres. En cada ocasión, lo posible ha quedado clausurado.

Nos encontramos por todas partes a los hijos del 68, aunque ellos no sepan que lo son, y cada país lo produce a su manera. No es una situación brillante. No son los jóvenes directivos. Son extrañamente indiferentes, y sin embargo están bien informados. Han dejado de ser exigentes, o narcisistas, pero saben perfectamente que nada responde actualmente a su subjetividad, a su capacidad de energía. Saben incluso que todas las reformas actuales se dirigen a más bien contra ellos. Se han decidido a dirigir sus propios asuntos hasta donde les sea posible. Mantienen una apertura, una posibilidad.

Esto ocurre en todo el mundo. Con el desempleo, las pensiones o la escolarización, se institucionalizan las “situaciones de abandono” controladas, tomando como modelo a los discapacitados. Las únicas reconversiones subjetivas actuales, en el orden colectivo, son las del capitalismo salvaje al estilo americano, o las del fundamentalismo musulmán al estilo de Irán o de las religiones afroamericanas al estilo de Brasil: son figuras contrapuestas de un nuevo integrismo (a las que habría que añadir el neopapismo europeo). Europa no tiene nada que proponer, y Francia tampoco parece tener una ambición que la de encabezar una Europa americanizada y rearmada que lleve a cabo desde arriba la necesaria reconversión económica. El campo de posibilidades está, por tanto, en otra parte: en el eje Este-Oeste, el pacifismo, en la medida en que se propone despotenciar las relaciones de conflicto, de rearme y también de complicidad y reparto en los Estados Unidos y la Unión Soviética; en el eje Norte-Sur, en un nuevo internacionalismo que ya no se apoa en una alianza con el tercer mundo sino en los fenómenos de tercermundización de los mismos países ricos (por ejemplo, la evolución de las metrópolis, la degradación de los centros urbanos, el crecimiento de un tercer mundo europeo como lo analiza Paul Virilio). No hay mas solución que la solución creadora. Estas reconversiones creadoras son las únicas que contribuirán a resolver la crisis actual y tomar el relevo de un Mayo del 68 generalizado, de una bifurcación o una fluctuación amplificada.

Publicado originalmente en Les Nouvelles Littéraires

3-9 Mayo de 1984.