Extractivismos: el concepto, sus expresiones y sus múltiples violencias

Por Eduardo Gudynas

El autor, uno de los investigadores de referencia en extractivismo en América Latina, define en este artículo el fenómeno y sus características –comunes con los extractivismos en otros puntos del planeta– y evalúa los impactos negati- vos que tiene sobre las políticas estatales a través del denominado “efecto derrame”. La frecuencia con que los extractivismos se entretejen con ilegalidades, alegalidades y corrupción lleva al autor a plantear que en su mayoría conllevan en sus prácticas el signo de la violencia. Para estos extractivismos realizados con fuerte violencia se ha acuñado un nuevo término: extrahección.

Los llamados extractivismos se han convertido en un drama social y ambiental que se repite en casi todo el planeta. En América Latina aparecen en todos los rincones del continente: desde las perforaciones petroleras en la Amazonia de Ecuador al monocultivo de soja en las sabanas del centro de Brasil, desde la megaminería chilena al fracking en la Patagonia de Argentina.

Este tipo de explotación de la naturaleza no es nueva, pero más allá de su larga historia, el particular contexto de la década de 2000 hizo que se multipli- cara en todo el continente americano. Eran tiempos de optimismo y expansión económica, de cambios políticos y muchas ilusiones. Pero de todos modos, América Latina volvió a apostar por extraer recursos naturales para seguir siendo el gran proveedor de materias primas de la globalización.

Los extractivismos se multiplicaron e intensificaron, y eso promovió toda una secuencia de problemas. Aumentaron los impactos ambientales y sociales, comenzaron a sumarse accidentes de todo tipo y se incrementó la denuncia y protesta ciudadana. Los gobiernos y las empresas reaccionaron y en varios sitios hostigaron o criminalizaron a los movimientos ciudadanos, especialmente indígenas y campe- sinos. Los extractivismos quedaban empantanados en la violencia, pero los gobiernos seguían protegiéndolos dada su dependencia económica.

Los debates fueron cada vez más intensos a partir de la segunda mitad de la década de 2000, tanto en la denuncia de esos emprendimientos como en la búsqueda de alternativas a ellos. La existencia de gobiernos progresistas obligó a un debate en términos distintos a los que tradicionalmente tenían lugar con las administraciones conservadoras. No faltaban quienes sostenían que la solución serían algo así como unos extractivismos estatales o bajo control obrero, o los que argumentaban que no existían alternativas posibles y eran un mal necesario para financiar programas contra la pobreza. Incluso estaban los que afirmaban que cualquier tipo de aprovechamiento de la naturaleza sería un extractivismo, y por ello no habría diferencia entre un campesino que cultiva la tierra y las enormes superficies sembra- das con soja.

Estas y otras circunstancias obligaron a que se definiera con la mayor precisión posible el campo de los extractivismos. Esto no se debía a una necesidad académica, sino a una inevitable condición para poder esgrimir debates políticos y para pensar alternativas de sali- da a esa dependencia.1

Definiendo los extractivismos

Bajo esas condiciones se arribó a una definición de trabajo de los extractivismos: correspon- den a un tipo de apropiación de recursos naturales en grandes volúmenes y/o la alta intensidad, donde la mitad o más son exportados como materias primas, sin procesamiento industrial o procesamientos limitados. Esta es una delimitación acotada, que recoge buena parte de los antecedentes históricos en el manejo del concepto, pero a la vez permite dis- tinguir entre la agricultura campesina, orientada al autonconsumo o el mercado nacional, de actividades como un campo de petróleo o una mina a cielo abierto que comercia con los mercados internacionales.

Es importante advertir que el tipo de impacto ambiental no define a los extractivismos. Hay otros modos de apropiación de la naturaleza que pueden tener muy altos impactos ambientales y que no constituyen extractivismos, ya que están destinados al consumo local o nacional. De todos modos, son bien conocidos un amplio conjunto de efectos negativos de los extractivismos, que van desde la pérdida de biodiversidad a la contaminación de suelos, aire y agua. En algunos casos, esos impactos y el enorme volumen de recursos naturales removidos genera “amputaciones” ecológicas, como son las enormes canteras en las minas de hierro, carbón u oro, y que no pueden ser restauradas o remediadas.

La definición deja muy en claro la dependencia de los extractivismos con la globaliza- ción. Eso explica que el volumen de recursos que se extrae alcanza los millones de toneladas o millones de barriles, muy por encima de las necesidades de los propios países, ya que en realidad está alimentando el consumo de otros continentes. Esa voracidad de la globalización explica que este tipo de actividades sean hoy en día la mayor causa de impactos ambientales y territoriales en América Latina, superando a cualquier otra problemática que esté restringida a nivel nacional. Además, esa dependencia global implica que sea muy difí- cil su manejo por los gobiernos nacionales, ya que en realidad responde a las demandas de consumo y disponibilidad de capital de los mercados globales. Dicho de otro modo, los extractivismos están localmente anclados, pero dependen de la globalización.

Otra consecuencia de esta definición es que los extractivismos son plurales, incluyendo los clásicos sectores minero y petrolero, muy conocidos en los países andinos, pero también cubre otros sectores como la agropecuaria, ganadería, bosques o pesca. También deja en claro que no existe algo así como una “producción” de minerales o granos, tal como hacen economistas convencionales o los informes gubernamentales. En los extractivismos nada se produce sino que existe una extracción por ejemplo de cobre, o una cosecha de soja.

Este concepto permite superar otro error común, y en especial en la academia y algunas redes globales, que los califican como industrias. Eso es incorrecto referirse a “industrias extractivas”, ya que en ellos no hay una transformación industrial; no se elaboran productos manufacturados y lo que se exportan son materias primas (también denominados como commodities). La insistencia en hablar de “industrias extractivas” tampoco es ingenua, ya que tiene unas connotaciones culturales que apelan a los imaginarios de fábricas con muchos obreros para así lograr adhesión ciudadana. Es necesario abandonar esa denomi- nación no solo por la rigurosidad conceptual, sino por esas implicaciones políticas.

Esta definición permite avanzar en la comprensión de algunas particularidades de los actuales extractivismos. Es posible comprender que ocurren bajo muy diversos regímenes de propiedad y acceso. Están los conocidos emprendimientos en manos de empresas privadas, las que pueden ser extranjeras, como ocurre con muchas corporaciones mineras o petroleras, nacionales, como el grupo Buenaventura en Perú, o asociaciones entre unos y otros. Otros enclaves son controlados por compañías estatales (como las petroleras nacionales en Bolivia o Venezuela), o por empresas mixtas (como es el caso brasileño de la petrolera Petrobras). Incluso se han sumado otros modos, tales como las cooperativas mineras en Bolivia, o una impactante proliferación de una minería ilegal del oro en zonas tropicales, en manos de decenas de miles de mineros que actúan individualmente o en pequeños grupos en países como Colombia, Perú, Bolivia y Brasil. A su vez, mientras que la propiedad puede ser de un tipo, el acceso al recurso natural puede tener un régimen distinto (como ocurre en Venezuela, donde la empresa estatal realiza todo tipo de joint-ventures para extraer, procesar y comercializar con las conocidas corporaciones transnacionales).

La política de los extractivismos

Estas y otras características explican que los extractivismos se repitieran bajo todo tipo de gobiernos en América Latina, desde los progresismos brasileños o venezolanos al conservadurismo de Colombia o Chile. Los estilos de implementación fueron diferentes, ya que en unos casos se intentaron mayores controles desde el Estado, sea por medio de las propias empresas nacionales o elevando la tributación, mientras que en otros persistieron estrategias que descansaban en las corporaciones transnacionales. Seguramente los gobiernos progresistas en sus primeras etapas, impusieron en varios países cambios positivos sobre el acceso y la tributación en el sector petrolero, y pudieron sacar provecho de los altos precios que se disfrutaban años atrás. Esas circunstancias económicamente ventajosas le daban mayores márgenes de maniobra a los gobiernos. Pero con el paso del tiempo, a medida que las condiciones de los mercados internacionales se volvieron más difíciles, los gobiernos, en lugar de diversificarse hacia otros sectores productivos, redoblaron sus apegos por los extractivismos.

Aunque existieron diferencias entre distintas posturas ideológicas, lo impactante es que coincidieron en defender y promover los extractivismos. Cuando aquella bonanza económica decayó a medida que avanzaba la década de 2010, todos los gobiernos, fuesen conservado- res o progresistas, apuntaron a redoblar los extractivismos para enfrentar la crisis. Buscaron aumentar el volumen de recursos exportados para así recuperar sus ingresos por exportación. O bien, se lanzaron a buscar nuevos sectores extractivos, tales como el fracking o ampliar la frontera agrícola para dar lugar a nuevos monocultivos. En esto se utilizaron todo tipo de herramientas como concesiones territoriales, rebajas en los controles ambientales y socia- les y hasta subsidios económicos.

Todo ello originó el aumento de las denuncias y resistencias ciudadanas. Los grupos locales padecían cada vez más problemas por impactos como la contaminación o el desplazamiento, o sus territorios pasaban a ser concesionados a mineras o petroleras, las que finalmente los controlaban. Escalaban los reclamos y las protestas, y en algunos casos esta- llaron en masivas movilizaciones ciudadanas (como ocurrió en Colombia, Bolivia, Perú y Ecuador). Las reacciones de los gobiernos, fuesen conservadores o progresistas, fue pro- teger los extractivismos y buscar anular o controlar la movilización local. Escaló todavía más la violencia que acompaña a muchos de esos emprendimientos, sea la que hace el propio Estado al criminalizar la protesta ciudadana, como al tolerar la represión de fuerzas de represión o incluso los asesinatos de líderes locales.

Ilegalidades y alegalidades

Bajo estas condiciones no puede sorprender el descubrimiento de prácticas ilegales en muchos extractivismos. Los ejemplos más conocidos van desde la escala local como sobor- nar un inspector que debe verificar las consecuencias de la fumigación con agroquímicos o incumplir los requisitos de calidad ambiental, hasta otros a nivel nacional como los negociados en obtener concesiones mineras o petroleras.

Ese tipo de situaciones son bien conocidas, y actualmente se volvieron muy visibles con los grandes casos de corrupción (que serán comentados más abajo). Pero un examen de la situación en América Latina muestra que en paralelo tienen lugar lo que se reconocen como “alegalidades”. Estas son acciones que formalmente son legales o que al menos no están prohibidas por la normativa, pero cuya finalidad evidente es un aprovechamiento espurio uti- lizando los vacíos legales, aunque así perjudicando los intereses colectivos. Son las prácticas que aprovechan los vacíos, limitaciones o imperfecciones normativas para obtener un bene- ficio ilegítimo que daña a la sociedad o el ambiente, y que una norma buscaba impedir. El ejemplo más conocido reside en las corporaciones mineras que usan trucos formales para evadir impuestos. Recientes evaluaciones para Perú, muestran que hay empresas mineras que aprovechando alegalidades el Estado termina devolviéndoles más dinero de los impuestos que pagaron. De este modo se cae en una alegalidad donde es el Estado el que termina subsidiando a los extractivismos mineros.

La articulación entre ilegalidades y alegalidades confluyen en una reducción de la cobertura de los derechos de las personas y de la naturaleza para poder sostener un emprendimiento extractivista. Son casos donde se aceptan violaciones de todo tipo sobre la calidad del ambiente y las condiciones locales, se tolera la corrupción, y se criminaliza y reprime a movimientos sociales. Las situaciones extremas llegan a la violencia sobre las personas, tales como la muerte de manifestantes por fuerzas de seguridad pública o privada (como ha ocurrido en Paraguay), o el asesinato de líderes locales (en varios casos perpetrado por sicarios, como ha sido denunciado en Brasil y Colombia). Los gobiernos pocas veces investigan y penalizan esas violaciones, y en algunos casos son cómplices (como ocurre con la participación de la policía).

Hay algunos extractivismos que son tan violentos que es necesario distinguirlo con una etiqueta específica: “extrahección”. Este nuevo término proviene del vocablo en latín, extraher, que quiere decir: “arrancar con violencia”. Por lo tanto, las extrahecciones aluden a los casos de extractivismos donde se violan los derechos de las personas y la naturaleza, en especial cuando ello se hace con violencia.

En América del Sur las extrahecciones no son casos aislados o “accidentes” en la implantación de un proyecto, sino que son una condición necesaria, previa y frecuente para llevar adelante emprendimientos de gran escala o muy intensivos. En efecto, los extractivis- mos actuales imponen efectos tan agudos que si las comunidades fuesen adecuadamente informadas, los estudios de impacto ambiental fuesen rigurosos o se contabilizaran realmen- te todos sus costos económicos ocultos casi nunca serían aprobados. Por lo tanto, es necesario debilitar y recortar la cobertura de derechos para imponer este tipo de actividades.

Efectos derrame

Ese debilitamiento de la cobertura y salvaguarda de los derechos muestra una consecuen- cia de los extractivismos que es muy distinta de los impactos locales más conocidos, como puede ser la contaminación. Por lo tanto, nos encontramos ante dos procesos, por un lado los conocidos impactos locales, y por otro lado efectos más difusos, pero no menos graves, que alteran las políticas públicas.

Estos últimos son denominados “efectos derrame”, correspondiendo a cambios en las políticas públicas, e incluso en conceptos políticos básicos como justicia o derecho, que son transformados como consecuencia de los extractivismos.

Esto se observa cuando, por ejemplo, para poder llevar adelante un proyecto extractivo se modifica una normativa ambiental, pero la consecuencia de ese cambio no se restringe a ese emprendimiento, sino que modifica toda la gestión ambiental, incluso en actividades no extractivas, y se aplican en todo el territorio. No estamos aquí ante impactos locales, y no son pocos los casos donde una normativa se altera aun antes de iniciar un emprendimiento, con el solo propósito de alentar a inversores. Lo que ocurre es que políticas públi- cas, como pueden ser las ambientales, laborales, sanitarias, etc., se modifican para permitir los extractivismos, y eso genera consecuencias que se “derraman” en todas las políticas y en todo el país. Existen múltiples derrames y se entrelazan unos con otros, afectando los modos de entender la economía, la justicia y la democracia, e incluso las concepciones de la naturaleza.

Distinción entre impactos locales y efectos derrame, con ejemplos de algunas de sus expresiones más comunes

 

La sombra de la corrupción

Uno de los flancos donde se hace más evidente la incidencia de la ilegalidad en los extrac- tivismos, operando en función de esos efectos derrame, se encuentra en la corrupción. Esa problemática tampoco es nueva, ya que la corrupción asoma de muchos modos en varios extractivismos, como puede ser sobornar a un funcionario estatal para obtener permisos ambientales o dejar impunes a los que violan derechos humanos. Posiblemente el caso más conocido sea el que envolvió a la petrolera brasileña estatal Petrobras y un conjunto de corporaciones que trabajaban con ellas, tales como Odebrecht.

Los resultados de la conocida operación Lava Jato lanzada desde la ciudad de Curitiba, incluyeron 1.765 procesos, 73 acusaciones criminales contra 305 personas distintas, 188 condenas sobre 123 individuos, y 163 acuerdos de testimonios a cambio de reducción de las penas (datos a abril de 2018). A nivel federal están en marcha 100 acusaciones, 7 acciones penales y 121 acuerdos de testimonios premiados. La cifra estimada de los sobornos paga- dos sigue elevándose, pero podría haber alcanzado los 10.000 millones de reales (alrededor de 3.000 millones de dólares). A partir de todo esto perdieron sus cargos, han sido procesa- dos o están encarcelados, entre otros, quienes fueron presidentes de la cámara de senado- res y de diputados, ex ministros y legisladores.

Aunque menos publicitados por la prensa convencional, hay otros casos que son tanto o más graves que los de Brasil. Entre ellos se destaca la situación en Chile, donde, a pesar de ser presentado como un ejemplo empresarial y económico, se comprobó que en el primer gobierno de Sebastián Piñera se desplegó una trama de pagos ilegales desde una corpora- ción minera a los legisladores. Ese esquema es escandaloso, pero a la vez revelador, ya que los pagos de la empresa llegaron a todos los partidos políticos y eran proporcionales al número de votos (y de legisladores). Más recientemente se descubrió que el fondo estatal acumulado por la explotación del cobre era usado por los militares que lo controlan en viajes y juergas en Las Vegas. Estos y otros ejemplos muestran que la corrupción alrededor de la explotación de la naturaleza está mucho más extendida de lo que se cree.

Cuando la corrupción está presente en las prácticas de apropiación de la naturaleza, las definiciones convencionales de corrupción son insuficientes, ya que no incorporan adecuadamente sus implicancias ambientales y territoriales, y además tienen dificultades en lidiar con las alegalidades.

Por ello se trabaja con otra definición, concibiéndola como prácticas ilegítimas, irregulares e incorrectas, tanto ilegales como alegales, realizadas en ámbitos públicos como privados, por distintos actores, quienes logran beneficios propios, aprovechando posiciones de poder, que a su vez desencadenan perjuicios sociales y ambientales, y por lo tanto expresan injusticias.

Un examen de 139 casos en diez países sudamericanos encontró que la corrupción está presente en todos los tipos de extractivismos, desde los más clásicos como minería y petróleo a otros, como pesca y forestal. Ocurre en todos los países de la región, incluyendo aquel que tiene los más bajos indicadores de corrupción (Uruguay). Por lo tanto, ha afectado a gobiernos de todo sesgo ideológico, desde las administraciones conservadoras en los paí- ses andinos a los progresismos como los de Argentina, Bolivia y Brasil. Del mismo modo, se la detecta bajo todos los regímenes de propiedad y acceso a los recursos naturales (emprendimientos privados, mixtos, estales, cooperativos, etc.).

La corrupción en los extractivismos obviamente opera en la ilegalidad, pero la misma investigación mostró que incide sustancialmente en el campo de la alegalidad. Es más, se puede argumentar que los esquemas de corrupción en los extractivismos buscan ampliar el campo de las alegalidades ya que de esa manera aumentan sus chances de impunidad.

La enorme importancia económica de los sectores extractivos explica la atracción que ejercen sobre los actores políticos, ya que ven allí fuentes de dinero para nutrir sus actividades. No debe pensarse en ocasionales encuentros a las sombras, donde un empresario le traspasa un bolso con dólares a un político, sino que los casos brasileños revelaron una ingeniería administrativa y financiera que involucraba decenas de ejecutivos, intermediarios y políticos, que usaron canales empresariales, bancarios y gubernamentales, muy estable y engrasada, y que por ello perduró durante años.

Los extractivismos, con sus insistencia en mercantilizar la naturaleza y la sociedad, no solo son permeables a la corrupción política a gran escala, sino que también se convierten en canales para que penetren a nivel de grupos ciudadanos, comunidades campesinas o indígenas. Esta triste dimensión del problema se expresa en las distintas situaciones donde se han descubierto redes de corrupción en las que participaban líderes locales. Un ejemplo fue el llamado Fondo Indígena, creado por el gobierno de Evo Morales en Bolivia, que se mantenía con dineros de la exportación de hidrocarburos, y que resultó en desvió de fondos, proyectos fantasmas que nunca se ejecutaron, pago a movilizaciones partidarias, etc.

La corrupción a su vez debilita o anula la visibilización de los impactos de los extractivis- mos, e incluso de la violencia que ocurre en ellos. Incluso opera para dejar impunes sean a los que contaminan un río o a los que asesinan a un líder ciudadano. Es por ello que puede afirmarse que la corrupción en los extractivismos golpea sobre todo a las comunidades locales, especialmente indígenas y campesinas. Y a la vez, sirve para debilitar tanto la salva- guarda de los derechos humanos como la vigencia de democracias plenas.

La justicia y la democracia, otra vez

Este brevísimo y esquemático repaso muestra que los extractivismos encierran fuertes ten- siones y contradicciones. Son un modo de apropiación de la naturaleza, pero por su enorme importancia económica y sus severos impactos son mucho más que eso. Ese tipo de activi- dad está detrás de muy severas consecuencias ambientales y sociales y genera todo tipo de conflictividad. A la vez, alimenta efectos derrame que van mucho más allá de las circunstancias locales, erosionando, por ejemplo, la cobertura de derechos y tolerando la violencia. En los casos de corrupción se entremezclan muchas de esas dimensiones.

Desde una perspectiva como desde otra, los más perjudicados son las comunidades en el medio rural, sean campesinas o indígenas, ya que ellas se ubican allí donde están los yacimientos mineros, petroleros o avanza la nueva fronteras agropecuaria.

En cualquiera de esos casos está en juego la calidad de la democracia y los conceptos sobre la justicia. Tolerar las ilegalidades y alegalidades de los extractivismos, recortar los mecanismos de participación e información ciudadana, o soportar la impunidad de asesinos de líderes comunitarios son todos distintas reconfiguraciones sobre la justicia y la democra- cia. O sea, son efectos derrame alimentados desde la obsesión con los extractivismos.

A pesar de todo esto, es impresionante que la resistencia a los extractivismos se repita en todos los países. No son simples reacciones defensivas, sino que en muchos sitios están dando una batalla, presentando alternativas más allá de los extractivismos, en varios casos con alto nivel de sofisticación, desde el respeto intercultural y sin renunciar a la búsqueda de la justicia social y ecológica.

 

NOTAS

1 Las definiciones y los casos están basados en el trabajo del autor en nueve países sudamericanos, en diálogo con distintos movimientos sociales y centros académicos en la última década.

Publicado: PAPELES de relaciones ecosociales y cambio global No 143 2018

Un salto cualitativo en las tormentas

Por Raúl Zibechi

Estamos entrando en una nueva normalidad. Las cosas no son como eran hace 10 años. Las frases no pertenecen a ningún intelectual sino a alguien realmente importante: el jefe de bomberos de un condado de California. Integran el reportaje del periodista hispano-estadunidense Gustavo Arellano sobre los más recientes y devastadores incendios, que pueden servir como introducción al mundo caótico en el que estamos ingresando (goo.gl/pVezzc).

Los bomberos más experimentados de ese estado aseguran que nunca habían visto algo igual. En la pequeña ciudad de Paradise ardieron 10 mil edificios, hubo cerca de mil desparecidos y los muertos se acercan al centenar. Especialistas aseguran que ya no hay temporada de incendios, como había hasta ahora, porque suceden a lo largo de todo el año.

Al cambio climático se suma la desastrosa urbanización de áreas rurales. Cien millones de árboles muertos en California en sólo cuatro años de sequía (2011-2015), a lo que se suma la brutal especulación inmobiliaria que ha urbanizado las zonas rurales, una impresionante colonización del campo (goo.gl/DneeTq).

¿Podemos imaginarnos lo que sería si los huracanes y los tsunamis dejaran de ser algo excepcional o temporal para convertirse en una nueva normalidad? Agréguese que la mayoría de las grandes ciudades del sur del mundo no tienen más agua potable y sus habitantes deben comprarla, cuando pueden, para no enfermar. Los 20 millones de habitantes de Delhi viven 10 años menos por la contaminación del aire, 11 veces superior a lo permitido por la Organización Mundial de la Salud (goo.gl/v7KNKH).

Estamos ingresando en el momento en cual la tormenta se torna lo cotidiano, agravada por una nueva coyuntura política en la cual los Trump y los Bolsonaro forman parte del nuevo decorado. Hasta el mediocre presidente francés Emmanuel Macron, declaró que el mundo se verá abocado al caos si la decadente Unión Europea no encuentra un rumbo propio (goo.gl/YjBqTH).

Si es cierto, como dice el filósofo brasileño Marcos Nobre, que Bolsonaro fue el candidato del colapso y necesita del colapso para mantenerse, debemos reflexionar sobre este argumento (goo.gl/tSkZaF). A mi modo de ver, tanto el nuevo conservadurismo (fascismo dicen algunos) como el progresismo, son el fruto amargo del colapso y tienen un amplio futuro por delante. Como resultó evidente en Brasil, Lula y Bolsonaro son complementarios y cada quien podrá llegar a conclusiones similares en su propio país.

Creo necesario reflexionar sobre qué entendemos por colapso, a quiénes afectará y cómo podríamos salir del mismo.

En primer lugar, dejar en claro que el colapso en curso es una creación de los de arriba, la clase dominante o el uno por ciento más rico, para superar una situación de extrema debilidad por falta de legitimidad respecto al resto de la humanidad. El colapso es una política de arriba para controlar y disciplinar a los de abajo y, eventualmente, encerrarlos en campos de concentración reales, sin alambradas pero rodeados por campos con glifosato, monocultivos, mega-obras y mineras a cielo abierto.

Rechazo con vehemencia la idea de que el colapso sea un proceso natural o de la naturaleza, e insisto en su carácter de proyecto político que reducir la población del planeta para estabilizar la dominación. Este plan se exterioriza también en los fenómenos naturales, pero su punto de partida es la clase dominante.

La segunda cuestión es que afecta principalmente a los sectores populares, pueblos originarios, africanos liberados de la esclavitud, familias rurales y de las periferias urbanas. Las y los de abajo sobramos en este mundo de acumulación por robo, porque como ya se ha dicho somos el mayor obstáculo para convertir la naturaleza en mercancías.

Los de arriba nos atacan, pero no por razones ideológicas, por racismo o machismo feminicida, sino que utilizan estos instrumentos de dominación y control para lubricar su enriquecimiento ilegítimo y a menudo ilegal. Se volvieron violentos para acumular.

La tercera es que no tiene mayor importancia si estos procesos se producen bajo gobiernos conservadores o progresistas, ya que no pueden controlar la acumulación por robo, lo que no los convierte en inocentes por cierto. El progresismo sudamericano se ha hundido por la violencia y la corrupción que generaron las grandes obras, más que por las acciones de la derecha.

Como señala el periodista de izquierda Leonardo Sakamoto, la aberración de construir una hidroeléctrica como Belo Monte (en plena Amazonia), con su inevitable secuela de violencia contra las poblaciones indígenas, trabajo esclavo y tráfico de personas, fue el fruto de la arrogancia desarrollista del lulismo (goo.gl/44bkpg). Las mega-obras no son errores sino el meollo del progresismo.

Por último, esta nueva realidad inutiliza nuestras viejas estrategias y nos fuerza a construir arcas (o como cada quien quiera llamarle a los espacios de autonomía y autodefensa) que necesitamos para no naufragar y morir en la tormenta.

Fuente: http://www.jornada.com.mx/2018/11/23/opinion/020a1pol

Daniel Innerarity: «La agitación política es perfectamente compatible con que no cambie nada»

  • El filósofo se pregunta en Comprender la democracia por qué la actualidad política resulta tan confusa para los ciudadanos y cómo afecta esto al sistema representativo
  • El volumen forma parte de una serie de ensayos breves y divulgativos que arrojan luz sobre aspectos clave de la organización social, como el funcionamiento de las elecciones o la corrupción

Por Clara Morales

Comprender la democracia. Ese es el título del último libro de Daniel Innerarity (Bilbao, 1959), y la tarea propuesta no parece sencilla. La sensación que puede tener el lector de que la actualidad es veloz e indescifrable, explica el ensayista en el volumen, no es solo una sensación: «Es una ilusión pensar que el ser humano es capaz de entender el funcionamiento de las instituciones y de la sociedad en su conjunto». Que lo diga un catedrático de Filosofía políticano resulta tampoco muy alentador. Entonces, ¿cómo va a votar el ciudadano de manera informada? ¿Cómo va a saber, en esta maraña indescifrable, cuáles son las políticas que más convienen a la sociedad y quién puede defenderlas mejor?

La solución que propone el autor de libros como La política en tiempos de indignación(2015) o Política para perplejos (2018) no es sencilla, pero es contundente: «fortalecer la cooperación y la organización institucional de la inteligencia colectiva». ¿Cómo? Él diría que de varias formas, pero una de ellas quizás se correspondería con el propósito con el que nace la colección a la que pertenece su nuevo título, la serie titulada Más democracia, editada por el sello Gedisa. En ella, la politóloga —y colaboradora de infoLibre— Cristina Monge y el filósofo del Derecho Jorge Urdánoz se proponen lanzar algo de luz sobre algunas cuestiones de actualidad a través de volúmenes concisos y divulgativos. Cogiendo el testigo de Innerarity, se repasarán luego los sistemas electorales (el propio Urdánoz junto a Enrique del Olmo), el fenómeno de la corrupción (Manuel Villoria) o las carencias de la Constitución del 78 (María Eugenia Rodríguez-Palop). Pero con su ensayo de 94 páginas el filósofo bilbaíno empieza por el principio: ¿realmente podemos comprender de qué va todo esto?

Pregunta. ¿A qué nos referimos cuando decimos que los ciudadanos no entendemos la política?

Respuesta. Hay varias cosas. La política en sí misma considerada se ha convertido en algo más complejo que en otras épocas de la historia. La propia democratización, el propio avance de la democracia, es una complicación, porque cada vez hay más cosas que tienen que ser decididas democráticamente, porque cada vez hay más derechos que tienen que intervenir en el debate… Hay un incremento de complejidad objetiva. Y otra razón por la que no entendemos la política es porque no nos la explican bien. Si los gobiernos en Europa de todo lo impopular hacen responsable a Bruselas, y de todo lo bueno son ellos los causantes, terminamos por no entender muy bien quién manda aquí. Además de otros déficits, en la democracia hay un déficit de la inteligibilidad. No entendemos bien, no solamente los que nos dedicamos a esto durante muchas horas, que nos cuesta, sino la gente corriente, que es la que tiene la última palabra. Porque nuestra democracia es para el ciudadano medio, no es para el manejo de unas élites.

P. Hay, de hecho, una corriente –minoritaria, pero ahí está— que partiendo de la idea de que la democracia necesita ciudadanos que estén formados, defiende que solo participe en ella una élite intelectual, una suerte de sufragio censitario. ¿Cómo se puede evitar esa elitización de la democracia?

R. Bueno, es que de hecho ya es así. Nos guste o no nos guste, la gente más cualificada, con mayor acceso a los centros de creación de opinión y poder, de hecho ya influye más que la menos cualificada. Lo que un sistema democrático implica es la corrección de este privilegio de los supuestamente más sabios o poderosos. Pero el principal argumento para esto es que, aunque se diga que la política debería estar hecha por los mejores, primero: ¿cómo los identificamos? ¿Qué criterios hay para establecer que uno es mejor que otro para acceder a un cargo de Gobierno? Y, segundo, suponiendo que hubiéramos acertado y estuvieran los mejores en el Gobierno, ¿se gobernaría mejor? Tengo mis dudas. Y por si fuera poco tenemos experiencias históricas de crisis –la más reciente, la de 2008— que han sido causadas por errores de los expertos. En la crisis económica hubo muchos fallos de muchas gentes, pero hubo malísimas previsiones por parte de agentes económicos que se suponía que tenían unos mecanismos de anticipación del futuro que superaban a todos los demás.

P. Cuando se asocia ser el mejor para gobernar con el requisito de tener una educación superior, y luego se ven escándalos como el caso máster

R. Es que este caso concreto ha sido un caso de titulitis. Si hablamos de una persona que se ha formado en el Derecho público y ha hecho grandes estudios, me merecería respeto y consideración, como mis propios alumnos de máster, que meten muchas horas para prepararse. Este caso concreto, más que la tiranía de los expertos, es el postureo de quien se reviste de unos títulos y ni siquiera se toma el esfuerzo de estudiar esos contenidos. Esa titulitis por parte de la clase política responde a la necesidad de prestigiarse a sí mismos que tienen aquellos que ven erosionada su autoridad. Y luego, por otro lado, el conocimiento que podemos esperar de nuestra clase política no se aprende en la universidad. En la universidad se aprenden cosas que son muy útiles para la política, pero lo necesario para hacer buena política –que, no olvidemos, hay muchos más políticos en las instituciones locales y los ayuntamientos— es capacidad de trabajo, una visión de conjunto, una sensibilidad por los más desfavorecidos, un sentido de la justicia… Eso no te lo garantizas pasando por la universidad.

R. ¿Y qué tipo de conocimiento deberíamos tener los ciudadanos para participar en política?

R. Saber de política, para un ciudadano medio, no significa conocerse las leyes, las disposiciones, y saber cómo se hace un presupuesto. Cosas que, por cierto, no conocen la mayor parte de nuestros representantes. Se trata de tener una visión de conjunto de las cosas y, sobre todo, en tener una empatía, una educación emocional que a uno le lleve a desear vivir en una sociedad equilibrada, igualitaria, sensible ante el sufrimiento, respetuosa con las diferencias, dispuesta al diálogo… Todo esto es muchísimo más importante para que cumplamos con nuestros deberes de ciudadanía que el conocimiento legislativo.

P. ¿Dónde imagina que los ciudadanos podríamos adquirir este conocimiento?

R. Si recordamos aquello de que para educar a un niño hace falta una tribu entera, algo parecido podríamos decir aquí: para educar a un ciudadano o una ciudadana, hace falta una tribu entera. Es decir, hace falta una comunidad política entera actuando en un sentido adecuado: hacen falta unas instituciones educativas, unas familias, unos medios de comunicación que colaboren en esa dirección. Por tanto, aunque a mí me parece una idea estupenda, y siempre lo he defendido, que haya asignaturas concretas en el currículum educativo que enseñen a nuestros hijos e hijas la organización de las instituciones, me parece que eso es una parte nada más de la solución. Se aprende de política cuando uno va y ve cómo sus padres hacen la compra, porque con el carro de la compra se hace política. Se aprende de política cuando, en la familia o en el colegio, uno ve de qué manera se configura la relación con aquellos que no piensan como nosotros. Y por supuesto se aprende mucho de política, o se desaprende, en lo que uno encuentra en los medios de comunicación. Cómo tratan la política, qué tipo de mensajes, qué tipo de emociones nos transmitan es decisivo para nuestra formación.

P. En el libro señala la aparente paradoja de que los ciudadanos más informados sobre política suelen ser menos críticos y más partidistas. ¿Cómo explicamos esto?

R. Es un hallazgo curioso. Dicen algunos estudiosos que, efectivamente, entre la gente más comprometida con la política suele estar la gente menos proclive al acuerdo. Y a veces hay un cierto sesgo dogmático precisamente entre aquellos a quienes más interesa la política, mientras que la gente más despolitizada suele ver con más agrado los acuerdos en política. Esto tendría que llevarnos a revisar nuestro modo de comprometernos con una causa o con un partido, que muchas veces nos ciega al punto de vista y los intereses de quienes no comparten nuestra posición.

P. Resulta descorazonador: si los ciudadanos deben estar formados e implicados, pero eso lleva al dogmatismo y la inflexibilidad…

R. Sería un mal negocio. Pero yo creo que hay una salida: que nos formemos en ideas integradoras y abiertas al diálogo, no en sectas o tribus y en contenidos ideológicos incapaces de ser negociados con quienes no piensan como pensamos nosotros. Si nos formamos políticamente en modos de pensar más abiertos, probablemente ese sesgo sectario no se suscite.

P. Y hay otra idea en el libro aparentemente paradójica: quienes deciden con más información no son necesariamente los que mejor deciden. ¿La responsabilidad la tiene quien emite la información?

R. El problema fundamental que tenemos no es de falta de información, datos y opiniones, sino de todo lo contrario, de un ruido en las redes sociales, un ruido mediático y en la opinión pública tan fuerte que no nos permite hacernos una opinión propia, serena, equilibrada y tener nuestro propio criterio. El problema no es la falta de información, sino la desorientación. Como ciudadano, no distingues el ruido de la información relevante. Cómo conseguimos evitar las distracciones, es una cosa en la que pienso mucho últimamente. Como sujetos individuales y como sociedades somos distraídos. ¿Estamos mirando a lo importante? ¿La agenda política recoge las grandes cuestiones que nos deberían preocupar? ¿No será que somos sociedades tremendamente agitadas, incapaces de detectar los movimientos de fondo o los intereses latentes o los derechos de aquellos que no hacen ruido y no tienen capacidad de presión? Este es el drama en el que estamos. Por eso la agitación política es perfectamente compatible con que no cambie nada, y se convierte muchas veces en un grito improductivo, como en buena medida fue la fase de indignación.

P. Existe una idea más o menos extendida de que parte de esta complejidad de la política es de alguna manera voluntaria, que los poderes públicos tratan de hacer más complicadas las cosas justamente para que los ciudadanos no puedan participar. ¿Qué piensa de esto?

R. No me parece un enfoque muy clarificador. No es que no haya intentos de realizar maniobras en la oscuridad, que ocurre. Pero yo creo que pasa con más frecuencia lo contrario: una transparencia, entendida como visibilidad continua del espacio público, está impidiendo ámbitos de negociación. No digo que sea el único problema, pero muchas veces lo es. Ciertos asuntos requieren un espacio de discreción, y su continua exposición a un debate además muy superficial, binario y antagónico, los banaliza. No es que los políticos nos estén ocultando una cosa cuya revelación resolvería por fin el misterio del universo y de nuestro destino histórico, sino que más bien están chapoteando en la banalidad. Hay una sobreexposición de la clase política de la que salen muchos errores, lo cual no quiere decir que la transparencia no sea una gran conquista. Pero, como todo en democracia, si se absolutiza produce resultados estúpidos.

P. ¿Piensa, por ejemplo, en las conversaciones para formar Gobierno en 2016?

R. Por ejemplo. O a mí me decía una vez hace años Javier Solana que, si cuando él tenía que negociar en su momento tratados internacionales, hubiera habido los mismos criterios de transparencia y publicidad que hay ahora algunos de ellos no se hubieran podido alcanzar nunca. Y probablemente en la crisis catalana, por poner un ejemplo evidente, lo que ha habido es una excesiva exposición de los agentes públicos y una carencia prácticamente absoluta de espacios discretos de negociación.

P. En el lado contrario, estaría el caso del TTIP, cuya opacidad fue muy criticada.

R. Es un caso concreto de una falta de transparencia, pero lo general suele ser lo contrario.

P. En el libro cita a Durkheim asegurando que «la incompetencia de los representantes» es un «reflejo de la incompetencia de los ciudadanos». Y sin embargo existe esta idea, que se convirtió en lema con el 15M, de que los políticos no están a la altura del pueblo. ¿Cómo tendríamos que pensar en quienes nos representan?

R. Ante un problema político, hemos de sospechar de aquellas explicaciones que designan con demasiada facilidad a un culpable. Generalmente los problemas políticos están ahí y no se resuelven porque hay una cantidad de factores que están interviniendo, con distintos grados de responsabilidad. Yo me resisto a pensar que esa nefasta clase política haya salido de una gente tan inocente como nosotros. Aquí algo falla. En la crisis de la representación intervienen varios factores: hay uno que tiene que ver con que ese mundo claramente representados por trabajadores que son defendidos por unos sindicatos, parlamentarios que se adscriben con claridad a la izquierda o a la derecha, intereses nacionales delimitados por una frontera… ese mundo tan westfaliano, tan clásico y contundente, se ha volatilizado. Los ciudadanos nos hemos vuelto también más plurifactoriales: aunque votemos a un partido, hay cosas que nos gustan de otro; pertenecemos a una clase social, pero esta clase social tampoco es tan rotunda; hacemos mezcla de asuntos que son de derechas y que son de izquierdas; y nuestra adscripción nacional tiene diversas intensidades… Ese ciudadano es muy difícil de atrapar en una sola categoría, como pudo ocurrir hace muchos años cuando se creía que se podían identificar con precisión los “intereses de la clase trabajadora”, o “los intereses de los andaluces”… Por lo tanto, representar, en el sentido de hacer una descripción que concuerde con la sociedad, es cada vez más difícil. Y luego están también los errores y las miserias de los políticos, que existen también y no hace falta que abundemos mucho en ello. Pero me gusta insistir en que tenemos que poner en juego varios factores para explicar las cosas.

Fuente: https://www.infolibre.es/noticias/cultura/2018/11/22/daniel_innerarity_agitacion_politica_perfectamente_compatible_con_que_no_cambie_nada_89078_1026.html

El mundo del “arte”: ¿un dispositivo de exclusión?

El “arte” es un instrumento que legitima el orden social de la modernidad capitalista, y ha sido un indispensable para la demarcación de los territorios culturales que la clasificación colonial ha requerido. La crítica posmoderna, a pesar de su fragilidad política y filosófica, puede coadyuvar en la tarea de los pueblos colonizados a desenmascarar los dispositivos que como el “arte”, han servido como estrategia de dominio cultural.

Por Javier Caballero Galván

Tal parece -por más que lo intentamos- que la idea de “arte”1 no puede abandonar su carácter de exclusión, elitismo y colonialidad que siempre la ha caracterizado; tal parece que su propia forma, aquello que lo delimita como disciplina y campo del saber, yace adosado a la estructura de poder colonial que configuró la modernidad capitalista. Y como nos parece imposible sacudirlo de ello, hemos entonces de afirmar que el “arte” ha sido un instrumento fundamental en el proceso de dominación que la cultura europea ha desplegado desde finales del siglo XV.

Se trata desde luego de una afirmación problemática fundamentalmente porque este goza de una muy alta reputación en la sociedad occidental, y, además, porque es común relacionarlo con una instancia espiritual propia de la “naturaleza humana”2. De esta manera, afirmar que el “arte” es un instrumento político de los grupos dominantes para conservar un orden y una clasificación social que los privilegia, puede fácilmente provocar el desacuerdo y vetar al menos, una reflexión por demás pertinente en una sociedad que -como la nuestra- se constituye como parte esencial de un orden colonial global. Creo por ello que es importante partir de ese supuesto y mirar la posibilidad de que aquello que llamamos “arte” sea en realidad un espejismo producido por la ideología colonial; forma sutil que ahora forma parte del sentido común, y que legitima la producción cultural de las clases dominantes.

Desde luego, mis sospechas nos son infundadas, porque al menos encuentro dos instancias en las que es relativamente sencillo observar la exclusividad de esta narrativa: por un lado, el acceso que sólo tienen las capas sociales y/o personas que cuentan con las condiciones materiales de vida para dedicar tiempo y dinero a la reflexión artística, a su consumo, producción y apreciación; y por el otro, la desacreditación por demás perversa de toda producción “artística” que no se sujeta a los parámetros estéticos que el mundo del arte impone como necesarios.

Para minimizar los efectos de esta evidencia, se piensa que el “arte” nada tiene que ver con lo político, y que, por el contrario, se trata de un terreno en el que puede dirimirse cualquier conflicto. En todo caso, aborda contenidos políticos, pero ello no significa que en sí mismo lo sea. De esta manera se ha difundido -desde la narrativa hegemónica- un concepto de “arte”, según el cual, se trata de una actividad de transformación material que es universal y que nada tiene que ver con las relaciones de poder, sino con la expresión o manifestación del pensamiento simbólico; si acaso existe un acceso diferenciado al “arte”-se nos explicará- ese sería otro problema y no responde tanto a que este sea en sí mismo excluyente, sino al orden social existente impide a la mayoría tener proximidad y conocimiento. Sin embargo, el “arte” yace sujeto a relaciones de poder que no son extrínsecas a él, sino constitutivas; es en la obra de “arte” que se sintetiza y se objetiva un mundo político, intersubjetivo y dialógico, y carga, por tanto, con un alto contenido de disputa y conflicto social.

mundo del arteAsí que a pesar de la concepción dominante de “arte” conformada por varios componentes aparentemente autónomos, esto es, la obra, el público, el artista y las instituciones que lo rodean, todas forman parte de un todo articulado que lo hace inminentemente político; un todo que cabe en la ya vieja idea del “mundo del arte” que el filósofo estadunidense Arthur Danto acuñó hace más de 50 años cuando en 1964 visitó la exposición en la que Andy Warhol exhibía las hoy famosas Brillo boxes. Recordemos que la obra consistía en una escultura hecha de cajas de madera serigrafiada que imitaba a las cajas de cartón del famoso detergente (Imagen 1), así que Danto, fascinado ante lo que el artista planteaba, se preguntó: “¿Cómo es posible que dos cosas se perciban como iguales y que una de ellas sea arte y la otra no?” (Bugel, 1999)

La pregunta, que conformará el leitmotiv de su famoso ensayo El mundo del arte (1964), formaría parte de los profundos cuestionamientos que durante los años sesenta agrietaron el edificio teórico de la modernidad3. Con su pregunta, Danto coadyuvaría a poner sobre la mesa la relación oculta que el “arte” siempre ha mantenido con la política4: por un lado, probará el agotamiento del régimen de verdadrepresentado en la imposibilidad de diferenciar perceptualmente la Brillo Box-arte de la Brillo box-objeto; y por el otro, visibilizará a los grupos de poder que, legitimados por este régimen, tenían -y tienen- la capacidad de controlar la producción de los diferentes campos del saber.

La conclusión a la que Danto llegará será que la diferencia entre los objetos ordinarios y los objetos de “arte” la establece un “mundo del arte”, esto es, el “(…) conjunto de teorías, prácticas, creencias, reglas y roles que determinan qué se considera como arte en un determinado momento” (Alcaraz León, 2006, p.89). Un “mundo” que será constituido y a su vez, constituirá, lo que será la era del arte, la cual considera tendrá su vigencia desde el Renacimiento italiano hasta los años sesenta del siglo XX. Después de esta era Danto anunciará la muerte del arte y antes -pensaba- no se producían objetos artísticos porque simplemente la idea en sí no existía. Los artesanos de la era pre-artística producían objetos que pertenecían a otras esferas, a otras lógicas y racionalidades, pero no a la contemplación y valoración de las cualidades estéticas de los objetos creados. El “arte” sólo surge cuando se tiene conciencia de que este es posible y ello ocurre dentro de un contexto que es el que Danto identifica.

Aquí el problema, nos dice Alcaraz León (2006), es que si existe un “mundo del arte” que define lo que este es o no es, ¿qué ocurre con todas las producciones que no tienen un contexto específicamente artístico?:

“(…) ¿es realmente necesario que alguien tenga en cuenta una determinada concepción acerca del arte para hacer arte? ¿No parece una exigencia demasiado fuerte? Después de todo, no parece que todo lo que los libros de historia del arte incluyen en sus páginas haya sido creado satisfaciendo esta condición. Basta recordar los murales de las cavernas o las pirámides egipcias ¿cuál es la teoría del arte que hay tras ellas? ¿Si no hay ninguna, deberíamos considerarlas como no-arte? (p.92)

Si bien es cierto que Danto podría estar “sobreintelectualizando” el arte y apartándolo de su característica espontaneidad y libertad creativa, me parece que la filósofa española asume que el “arte” es externo a cualquier teoría que pueda hacerse de él, o sea, que lo trata como si fuera algo independiente de la cultura y del contexto histórico. Visto así, estaríamos ante un claro ejemplo de la forma en que el eurocentrismo opera: bajo la batuta de una concepción universalista -que por fuerza se inscribe en el pensamiento moderno/colonial- se nos explica que es de lo más lógico o racional que el “arte” no puede estar subordinado a una definición temporal, porque este ha acompañado a la humanidad siempre; sin embargo esto en sí mismo, es ya una idea de “arte” que pertenece a un tiempo y a un lugar en específico, a saber, la Europa moderna que liga el origen humano con su propia cosmogonía.

En este sentido tendríamos que responderle que efectivamente las pinturas rupestres no son “arte”, así como tampoco los son las producciones espaciales egipcias; y no lo son porque simplemente sus artífices no pensaban -como ya expusimos- que lo que estaban produciendo era “arte”. Por lo tanto, pensar que toda producción material u objetual relacionada con lo que Paul Ricoeur ha denominado el núcleo ético-mítico5 es “arte”, únicamente reafirma la teoría de Danto según la cual efectivamente existe un “mundo” capaz de definirlo en un determinado momento.

Ahora bien, ello nos lleva a un nuevo problema: ¿cómo constituir un “mundo del arte” si la definición de “arte” no existe? Esto equivale a plantear que no se puede establecer una élite académica disciplinar sencillamente porque la disciplina no existe. En efecto hemos de argumentar en contra de ello, que las elites o los grupos de poder político y/o económico de hecho sí producen áreas de conocimiento que le son favorables. Si bien en ocasiones lo hacen inconscientemente, en otras son plenamente conscientes de la potencia que encarna ese conocimiento o saber; no en balde existen las élites académicas anquilosadas en las universidades que no son más que grupúsculos que custodian los intereses y privilegios de la clase a la que pertenecen.

Es en este contexto que se ha desarrollado lo que ahora llamamos “arte”, lo cual no puede ser eximido de su consistencia colonizadora por más que se realicen vuelcos retóricos o discursivos. Tal vez no será coincidencia que la noción difundida por más de 500 años sea justo la que construyó un burgués acaudalado como lo fue Georgio Vasari; un artista y proto-teórico del “arte” que basó su narrativa en la figura del “genio” y de las producciones miméticas, y que, de la mano de la expansión imperial, tendrá la capacidad de obliterar todas y cada una de las producciones simbólicas de las culturas dominadas. Así que, a pesar del intento de las vanguardias y neo-vanguardias artísticas de salir del espacio burgués para introducirse en la vida cotidiana de las personas, el “arte” sigue perteneciendo a un grupo reducido que -no es casualidad- es el que controla los medios de producción, los medios de comunicación y toda industria cultural.

Con base en esto, hemos de agregar que el “mundo del arte” sólo puede constituirse paralelamente a la práctica artística, a la recepción social que van teniendo las producciones simbólicas que representan al núcleo ético-mítico y al desarrollo de una técnica específica. En otras palabras, mientras el “arte” se forja como práctica cultural y se visibiliza como tal en un determinado colectivo, simultáneamente se forma un imaginario que lo arropa y lo soporta. Por ello, refutar le teoría de Danto a partir de la ubicuidad y la abstracción como consistencia conceptual de ese “mundo”, impide observar que detrás de este se anida una serie de relaciones de poder que son determinantes para comprender por qué la definición de “arte” ha sido un dispositivo de colonización cultural.

Ello puede verse fácilmente, por ejemplo, en el pensamiento del crítico estadunidense Clement Greenberg, según el cual, el arte de “masas” o popular era un verdadero peligro para la “alta cultura”. O bien, el caso de la historiadora de arte mexicana Avelina Lesper, a la que le preocupa obsesivamente que el “arte” se salga de un circuito elitista de formación académica y se ponga al servicio de un “cualquiera” que pueda producirlo. Al final, es imposible ocultar el profundo racismo y clasismo que existe en un “mundo” hecho fundamentalmente para ello, es decir, para marcar territorios culturales y definir con ello los contornos del poder que la modernidad capitalista necesita para sobrevivir. Resignificar entonces la noción desde las racionalidades producidas por la marginación y la exclusión que ha producido este orden, será la tarea de los pueblos y comunidades que, en la resistencia, se rehacen en el día a día a través del trabajo y de la objetivación de su propia subjetividad.

Notas

1. El entrecomillado tiene la intención de enfatizar que sabemos poco de la noción o que resulta muy compleja definirla, pero que, de alguna manera, todxs entendemos su significado. Se trata pues, de una forma de enfatizar lo lábil del concepto y de que al final, la idea que tenemos es la que difundió la modernidad europea.
2. En su libro “El instinto del arte” (2014) Denis Dutton sostiene que el arte forma parte del desarrollo evolutivo humano y que este ha permitido que la supervivencia de la especie. En este sentido, el arte y sus temas estarían codificado en el ADN por lo que no todo puede valer: “Los hechos contingentes relacionados con la naturaleza humana no sólo nos aseguran que ciertos aspectos de las artes serán difíciles de apreciar, sino también que apreciarlos puede resultar imposible.” (p. 282)
3. La crítica de Danto es un excelente ejemplo del pensamiento transitorio de la época que desembocará en lo que Lyotard llamó posteriormente “la condición posmoderna”. En resumidas cuentas, se trata de una crítica eurocéntrica a una modernidad que mostraba severos síntomas de agotamiento. En efecto, acudir a la teoría de Danto para cuestionar el concepto eurocéntrico de “arte” me parece un recurso elocuente de la crisis en la que yace sumergido el mundo burgués que actualmente nos domina.
4. Si bien Danto nunca relacionará explícitamente el “mundo del arte” con lo político, pienso que de cualquier forma dio un paso en esa dirección. Retomar sus postulados para sintonizarlos con una teoría política del arte, resulta pertinente en un momento en el que los aparatos ideológicos burgueses cada día hacen más sofisticada su estrategia de dominio sobre las sociedades “periféricas”.
5. Nos explica Enrique Dussel: “Podemos definir al “núcleo ético-mítico” como el complejo orgánico de posturas, concretas de un grupo ante la existencia. El “núcleo ético-mítico” engloba dos aspectos fundamentales, a saber: una visión teórica del mundo (die Weltanschauung) y una postura existencial concreta, un modo de ser, de comportarse y relacionarse (das Ethos).”

Referencias

Alcaráz León, Marí José (2006) La teoría del arte de Arthur Danto: de los objetos indiscernibles a los significados encarnados. Tesis doctoral: Universidad de Murcia. Consultada el 5-11-18 en https://www.tdx.cat/handle/10803/10823

Bugel Clio E. (1999) Arthur C. Danto: La alegría de vivir después del fin del arte. Entrevista para IPS Correspondents. Consultada el 7-11-18 en https://bit.ly/2Bbkn7n

Cathy O´Neil: “Los privilegiados son analizados por personas; las masas, por máquinas”

CATHY O’NEIL / EXPERTA EN ALGORITMOS

La doctora en Matemáticas por la Universidad de Harvard lucha para concienciar sobre cómo el ‘big data’ «aumenta» la desigualdad

Por Ana Torres Menárquez

Cathy O’Neil (Cambridge, 1972), doctora en matemáticas por la Universidad de Harvard, cambió el mundo académico por el análisis de riesgo de inversión de la banca. Pensaba que esos fondos eran neutros desde el punto de vista ético, pero su idea no tardó en derrumbarse. Se dio cuenta de «lo destructivas» que pueden ser las matemáticas, y dio un cambio radical: se sumó al grupo de banca alternativa del movimiento Occupy Wall Street —nacido en 2011 en Nueva York para protestar contra los abusos del poder financiero— y comenzó su lucha para concienciar sobre cómo el big data «aumenta» la desigualdad y «amenaza» la democracia.

O’Neil, que participó hace unas semanas en un foro sobre el impacto de los algoritmos en las democracias, organizado por Aspen Institute España y la Fundación Telefónica, contestó a las preguntas de EL PAÍS.

Pregunta. Afirma en su libro que las matemáticas son más importantes que nunca en los asuntos humanos.

Respuesta. No creo que sean las matemáticas, sino los algoritmos. Ese es parte del problema; estamos trasladando nuestra confianza en las matemáticas a unos modelos que no entendemos cómo funcionan. Detrás, siempre hay una opinión, alguien que decide qué es importante. Si miramos las redes sociales, hay sesgos. Por ejemplo, se ordenan los contenidos en función de quién habla más en Twitter o Facebook. Eso no son matemáticas, sino discriminaciones hechas por humanos. La persona que diseña el algoritmo define qué es el éxito.

P. Detrás de los algoritmos hay matemáticos. ¿Son conscientes del sistema de sesgos que están creando?

R. No son necesariamente matemáticos, sino expertos que puedan lidiar con fórmulas lógicas y tengan conocimientos de programación, estadística o matemáticas. Saben trasladar la forma de pensar de los humanos a los sistemas de procesamiento de datos. Muchos de ellos, ganan mucho dinero con ello y aunque desde el punto de vista técnico son capaces de detectar esos fallos, prefieren no pensar en ello. En empresas como Google, hay quienes se dan cuenta, pero si  manifiestan su compromiso con la justicia, los abogados de la compañía les recordarán que se deben a los accionistas. Hay que maximizar los ingresos. No hay suficientes incentivos para transformar el sistema, para hacerlo más justo. El objetivo ético no suele ir acompañado de dinero.

No necesitas formación matemática para entender que una decisión tomada por un algoritmo es injusta

P. Denuncia que los algoritmos nos son transparentes, que no rinden cuentas de su funcionamiento. ¿Cree que los Gobiernos deben regular?

R. Son opacos incluso para los que los diseñan que, en muchas ocasiones, no están lo suficientemente pagados como para entender cómo funcionan. Tampoco comprueban si cumplen con la legalidad. Los Gobiernos deben legislar y definir, por ejemplo, qué convierte a un algoritmo en racista o sexista.

P. En su libro menciona un caso de una profesora en Estados Unidos a la que echaron por decisión de un algoritmo. ¿Cree que se puede medir la calidad humana con un sistema informático?

R. El distrito escolar de Washington empezó a usar el sistema de puntuación Mathematica para identificar a los profesores menos productivos. Se despidió a 205 docentes después de que ese modelo les considerara malos profesores. Ahora mismo no podemos saber si un trabajador es eficiente con datos. El dilema si es o no un buen profesor no se puede resolver con tecnología, es un problema humano. Muchos de esos profesores no pudieron reclamar porque el secretismo sobre cómo funciona el algoritmo les quita ese derecho.  Al esconder los detalles del funcionamiento, resulta más difícil cuestionar la puntuación o protestar.

P. ¿Cuál es la clave para poder hacerlo en el futuro?

R. Es un experimento complicado. Primero tiene que haber un consenso entre la comunidad educativa sobre qué elementos definen a un buen profesor. Si se quiere valorar si genera la suficiente curiosidad en el alumno como para que aprenda, ¿cuál es la mejor fórmula para medirlo? Si nos metemos en un aula y observamos, podremos determinar si el docente está incluyendo a todos los estudiantes en la conversación, o si consigue que trabajen en grupo y lleguen a conclusiones o solo hablan entre ellos en clase. Sería muy difícil programar un ordenador para que lo haga. Los expertos en datos tienen la arrogancia de creer que pueden resolver esas cuestiones. Ignoran que primero hace falta un consenso en el campo educativo. Un estúpido algoritmo no va a resolver una cuestión sobre la que nadie se pone de acuerdo.

Sería muy difícil programar un ordenador para que lo determine si un profesor hace bien su trabajo

P. ¿Las Administraciones usan cada vez más los algoritmos por la falta de perfiles suficientemente formados?

R. Por un lado, ahorran costes en personal. Pero lo más importante: evitan la rendición de cuentas. Cuando usas un algoritmo, el fracaso no es tu culpa. Es la máquina. Estuve trabajando para el Ayuntamiento de Nueva York mientras investigaba para escribir mi libro. Estaban desarrollando un sistema de ayudas para los sin techo, pero me di cuenta de que no querían mejorar sus vidas, sino no fracasar en sus políticas. Pasó lo que querían evitar: el New York Times publicó un artículo sobre la muerte de un niño como consecuencia de un fallo en esa red de ayuda. La culpa era del algoritmo, que no había calculado bien. Creo que no deberíamos dejar a las Administraciones usar algoritmos para eludir la responsabilidad.

P. El uso de algoritmos para la contratación se está extendiendo. ¿Cuáles son los perjuicios?

R. La automatización de los procesos de selección está creciendo entre el 10% y el 15% al año. En Estados Unidos, ya se utilizan con el 60% de los trabajadores potenciales. El 72% de los currículums no son analizados por personas. Los algoritmos suelen castigar a los pobres, mientras los ricos reciben un trato más personal. Por ejemplo, un bufete de abogados de renombre o un exclusivo instituto privado se basarán más en recomendaciones y entrevistas personales durante los procesos de selección que una cadena de comida rápida. Los privilegiados son analizados por personas, mientras que las masas, por máquinas.

Si quieres trabajar en un call center o de cajero, tienes que pasar un test de personalidad. Para un puesto en Goldman Sachs tienes una entrevista. Tu humanidad se tiene en cuenta para un buen trabajo. Para un empleo de sueldo bajo, eres simplemente analizado y categorizado. Una máquina te pone etiquetas.

P. ¿Cree que falta más formación en matemáticas para ser conscientes de esa manipulación?

R. Eso es ridículo. La gente tiene que entender que es un problema de control político. Hay que ignorar la parte matemática y exigir derechos. No necesitas formación matemática para comprender qué es injusto. Un algoritmo es el resultado de un proceso de toma de decisiones. Si te despiden porque así lo ha determinado un algoritmo, tienes que exigir una explicación. Eso es lo que tiene que cambiar.

P. ¿En qué otros aspectos están perjudicando los algoritmos los derechos laborales?

R. Hay un fenómeno que se conoce como clopenning (en español, cerrar y abrir al mismo tiempo). Son horarios irregulares que, cada vez, afectan a más empleados con salarios bajos. Esos calendarios son el resultado de la economía de los datos, son algoritmos diseñados para generar eficiencia, que tratan a los trabajadores como meros engranajes. Según datos del Gobierno de Estados Unidos, a dos tercios de los trabajadores del sector servicios y a más del 50% de los dependientes se les informa de su horario laboral con una semana o menos de antelación.

Esta es una de las situaciones extremas que provoca el uso de algoritmos en el ámbito laboral. Hay una ley que estipula que si trabajas al menos 35 horas a la semana, se te deben dar beneficios. Pues hay un algoritmo que se asegura de que ningún empleado haga más de 34 horas. Como no hay ninguna ley que determine que debes trabajar el mismo horario todos los días, el algoritmo no se preocupa de tu vida, y te asigna las horas de trabajo en función de las necesidades de la empresa. Si se prevé un día de lluvia, aumentan las ventas, y cambian los turnos. Hasta el último minuto no deciden. Esas personas no conocen su horario con antelación, no pueden organizar su tiempo libre, estudiar o cuidar de sus hijos. Su calidad de vida se deteriora, y los ordenadores son ciegos a eso. La regulación gubernamental es la única solución.

Fuente: https://elpais.com/elpais/2018/11/12/ciencia/1542018368_035000.html?id_externo_rsoc=FB_CC

Insumisos frente a la injusticia

Determinados personajes se han convertido en insumisos a fuerza de luchar contra las injusticias. La insumisión es una constante en la historia de Occidente y ha sido decisiva para garantizar las libertades.

Si me pregunto por las razones que me empujaron a interesarme por el tema que para resumir denomino «la moral en política», veo sobre todo dos, cada una de ellas relacionada con una parte diferente de mi vida. Bulgaria, en donde crecí, había entrado en 1944 en la órbita de la Unión Soviética, y el país fue sometido progresivamente a un régimen totalitario dominado por el Partido Comunista. ¿En qué momento fui consciente de ello? Creo que, en mi caso, el año 1956 marca una ruptura. Fue de entrada el año en el que terminé mis estudios secundarios y me matriculé en la universidad, en la disciplina que se corresponde con lo que en Francia llamamos «letras modernas», y que en la Universidad de Sofía designábamos como «filología». Era pues el momento en el que se suponía que entraba en la vida adulta y adquiría cierta autonomía de pensamiento. Pero el año también estuvo marcado por dos acontecimientos políticos de peso. El primero, en el mes de febrero, fue la difusión del «informe secreto» que Nikita Jrushchov, jefe tanto del Partido Comunista como del Estado soviético, presentó al vigésimo congreso de este partido sobre los crímenes de Stalin y del estalinismo. Hoy en día cuesta imaginar el impacto que tuvo este texto, como mínimo en personas que, como yo, no sospechaban la envergadura del desastre. Se había adorado a Stalin como a un semidiós, antes y después de su muerte, en 1953, su momia descansaba por toda la eternidad —creíamos— en el mausoleo al pie del Kremlin, y de repente nos enterábamos, por la fuente más autorizada posible, de que este personaje era uno de los peores criminales de nuestro tiempo. Retrospectivamente podemos constatar que el «informe secreto» de Jrushchov distaba mucho de revelar toda la verdad del estalinismo, pero en aquel momento, al me-nos para los inocentes como yo, el golpe fue duro. De repente se derrumbaba un mundo. Y yo me decía que sin duda iba a empezar una nueva época.

El segundo acontecimiento tuvo lugar en otoño del mismo año. Por vías indirectas —emisoras de radio extranjeras y rumores diversos— nos enteramos de que en otra «democracia popular», Hungría, se había iniciado un nuevo proceso. Aunque seguían llamándose comunistas, los dirigentes húngaros emprendieron audaces reformas, sobre todo abandonar la alianza militar que formaba el conjunto de países del bloque soviético, el llamado «pacto de Varsovia», y proclamar la neutralidad de su país. A finales de octubre Hungría estaba en plena efervescencia. Nosotros, los búlgaros, seguíamos la evolución de los acontecimientos día tras día. Después, a principios de noviembre, llegó el fin. Era evidente que la tentativa de autonomía y de liberalización era más de lo que los dirigentes soviéticos estaban dispuestos a soportar. Los tanques rusos entraron en Budapest y aplastaron de forma sangrienta toda veleidad de resistencia. El efecto que nos causó esta represión fue devastador. Habíamos imaginado que el discurso de Jrushchov en el vigésimo congreso llevaría a un cambio progresivo de nuestras sociedades hacia la democracia. Nuestra ilusión se desmoronó. Se demostró que los desastres de los años anteriores no eran consecuencia de una deriva criminal del jefe Stalin ni del «culto a la personalidad» de que era objeto (como pretendía Jrushchov), sino que eran producto del propio sistema comunista. El hombre que había denunciado los crímenes de Stalin acababa de ordenar al Ejército Rojo que invadiera Hungría. Por entonces yo tenía diecisiete años y debía sacar las conclusiones que se imponían para mi propia vida.

Nuestra existencia bajo el régimen comunista tenía muchos inconvenientes, en primer lugar, la permanente escasez de productos de primera necesidad para casi toda la población, y en segundo lugar la privación de las libertades individuales más básicas para una parte más restringida de la población. Esto lo veía claro ya en aquella época, aunque tardé mucho más en ser consciente de otro grave defecto de aquel régimen, a saber, la confusión entre moral y política. Para ser más exacto, aparentemente el régimen reivindicaba determinados valores absolutos —igualdad, libertad, dignidad humana, desarrollo personal, paz y amistad entre los pueblos—, y se suponía que todas las medidas políticas concretas derivaban de estos nobles principios y nos conducían a ellos. Apuntaban a un fin sublime, al futuro radiante y a la sociedad comunista ideal. Pero enseguida entendimos que toda esta construcción no era más que una fachada destinada a camuflar el verdadero orden, que era muy diferente. El auténtico fin era dominar completamente el país, y su único límite eran las directrices que lanzaban los jefes del Partido Comunista soviético. Todos los poderes se concentraban en manos de un pequeño círculo de dirigentes que no toleraba el más mínimo pensamiento herético. En cuanto a los bellos ideales, estaban relegados a la categoría de simples herramientas, de revestimiento cómodo destinado a facilitar la sumisión de la población. En lugar de una política inspirada en valores universales, se trataba de instrumentalizar esos elevados ideales al servicio de los objetivos prácticos más mezquinos.

La consecuencia de esta confusión era la grave erosión de todo el ámbito de la moral. A este respecto debían distinguirse varios grupos en el seno de la población. Para empezar, el de los miembros del equipo dirigente y sus familiares y amigos, que gozaban de numerosas ventajas y cuyo discurso comportaba dosis variables de credulidad y de cinismo, según tuvieran más o menos fe en la ideología que profesaban. Otro grupo estaba formado por la parte de la población que, de buen grado o a la fuerza, había adoptado los valores oficiales e intentaba ajustarse a ellos en su conducta, vigilando a sus vecinos, a sus compañeros de trabajo o a los amigos del grupo del que formaban parte, y denunciando a las personas que suponían que se apartaban de la línea ortodoxa. Por último, el tercer grupo estaba formado por personas que habían renunciado a hacer carrera uniéndose al Partido Comunista, que obedecían las órdenes, pero sin entusiasmo, que daban importancia a los ámbitos que escapaban al control ideológico —vida privada, amistades, amor y contacto con la naturaleza—, y que por lo tanto vivían en una especie de exilio interior. Los miembros de este último grupo intentaban vivir dignamente, pero sólo dentro de un marco privado. En público debían ofrecer garantías al régimen y dar muestras de su fidelidad al dogma. Así pues, en las conversaciones con los amigos o en su lugar de trabajo, debían evitar en la medida de lo posible todo tema político y aprender a recurrir a evasivas. El precio que pagaban era cierta marginación social. Cuando intentaba imaginarme mi existencia futura, me veía en este último grupo, aunque nada estaba garantizado.

Que yo sepa, por aquel entonces no había opositores declarados al régimen. Si los había, debían de estar pudriéndose en la cárcel o en uno de los campos de concentración dispersos por el país, colonias penitenciarias de siniestra reputación. A decir verdad, ni se me pasaba por la cabeza la idea de tomar esta dirección, porque esta actitud me parecía totalmente desesperada. No veía lugar para una vía a medio camino entre el silencio resignado y la revuelta estéril, en la que estás seguro de perder. Unos años después los disidentes trazarían esta otra vía, pero, en aquella época, en Bulgaria no había disidentes. Ya no recuerdo si en aquel mismo año, 1956, había llegado a mis oídos el rumor de que un famoso escritor soviético, Borís Pasternak, había dado varios pasos en esta dirección haciendo circular ilegalmente una obra que se habían negado a publicarle. Es posible que la noticia traspasara las fronteras por vías no oficiales.

Desde aquella época lejana, el tema del lugar de la moral en la vida pública nunca se ha apartado de mí. Tiempo después me di cuenta de que, en la sociedad comunista posterior a la muerte de Stalin, por grande que fuera la presión que la sociedad ejercía sobre los individuos, había sido posible, no desafiar el poder del partido-Estado, por supuesto, pero sí asumir la adhesión personal a determinados valores elegidos por uno mismo: no doblar siempre el espinazo, negarse rotundamente a delatar, favorecer la lealtad con las personas en detrimento de la sumisión a las reglas oficiales, callarse si era preciso, pero jamás decir falsedades. Nunca sabré cuál habría sido exactamente mi trayectoria en el contexto búlgaro, porque, apenas dos años después de haber terminado mis estudios, dejé mi país natal y me trasladé a Francia. Pero no he olvidado la experiencia de vivir en un régimen totalitario. Incluso me da cada vez más la sensación de que ha desempeñado y sigue desempeñando un papel fundamental en la construcción de mi actual identidad, de que esa experiencia es la que explica buena parte de mis decisiones y de mis gustos. Sin duda es una de las razones que hoy en día me empujan a observar más de cerca las vidas que yo no viví, vidas de resistencia moral, no violenta, al orden dominante.

Mi primera sensación al llegar a mi nuevo país, donde desde entonces han transcurrido más de dos tercios de mi existencia, procedía de constatar que había desaparecido la permanente vigilancia de todos por parte de todos. Ya no teníamos que procurar no transgredir los límites de lo permitido. El perímetro de las libertades individuales era incomparablemente más amplio. Ya no era indispensable ser hipócrita todo el tiempo, andarse con rodeos respecto de tus sensaciones y fingir. La amenaza de sanción se había alejado. A primera vista, había desaparecido también la confusión entre moral y política. El régimen democrático que descubría no proponía ni una utopía ni un camino hacia la salvación. Consistía más bien en gestionar asuntos comunes, en principio en interés de todos. Los valores absolutos me parecían reservados al ámbito individual y privado: se elegía libremente la orientación religiosa, se implicaba uno a fondo en una actividad artística, se ponía en práctica una actividad social elegida por propia iniciativa y se podía —si se quería— sacralizar las relaciones íntimas que se mantenían, el amor a un hombre, una mujer, un hijo, un familiar o un amigo. En cuanto a los compromisos políticos, podían ser apasionados, pero raramente tenían un carácter solemne, porque se sabía por experiencia que eran cambiantes. Lo sagrado no había abandonado el mundo, pero ya no era común a todos. Cada uno podía elegir lo que a su juicio era sagrado para él.

Otra diferencia me llamaba la atención. Es cierto que moral y política tienen en común el hecho de orientar nuestra conducta con los demás seres humanos, pero, aparte de esto, casi todo lo demás las opone. En principio, la acción política consiste en hacer lo que conviene más a los intereses de un grupo concreto (un país, un partido o cualquier colectivo humano). La acción moral excluye todo interés particular y reivindica principios universales. La primera se juzga por sus resultados. Es buena si ha alcanzado sus objetivos. La segunda se evalúa a partir de las intenciones de quien la lleva a cabo. El hombre que fracasa en su intento de ayudar al prójimo no es menos virtuoso que el que lo logra. La virtud personal del político importa poco. Puede ser desagradable con los que lo rodean, o defender determinada medida sólo para impulsar su carrera. Lo que le pedimos es simplemente que esas medidas sean ventajosas para nuestro grupo. Por el contrario, la acción moral sólo funciona en primera persona del singular. Moralmente sólo puedo exigirme a mí mismo. A los demás debo darles. Por lo tanto, quien hace moral para los demás sin someterse a ella es doblemente inmoral, consigo mismo y con los demás. En todo caso, la situación había cambiado respecto de mi pasado de europeo del Este. Ya no se trataba de la confusión entre moral y política, de su constante instrumentalización, sino de la progresiva desaparición de la moral del discurso público. Pero es preciso concretar y matizar esta constatación.

Con el paso del tiempo he acabado pensando que es imposible quedarse satisfecho con esta repartición algo mecánica, que relega toda idea del bien al ámbito privado y sólo reserva al ámbito público la gestión eficaz de los asuntos cotidianos. Es cierto que la democracia no ofrece acceso al bien soberano, no exige que los hombres de Estado sean modelos de virtud o profetas de una utopía, pero no es verdad que le sea indiferente su conducta moral. Los ciudadanos del país son seres humanos con necesidades materiales y espirituales, desean que los individuos que, en un momento dado, representan el Estado abran perspectivas, señalen un horizonte e identifiquen el sentido global de la actividad pública que han emprendido. Ahora bien, a este respecto no se puede fingir durante mucho tiempo. Si Francia sigue respetando al general De Gaulle, no es porque se crea que todas sus iniciativas eran buenas, sino porque parecía ser un hombre que actuaba en nombre de un ideal, el bien común de su patria, que estaba por encima de sus intereses personales. Entre la política sometida a la utopía o a la moral y la que se limita a gestionar los asuntos en curso, hay lugar para una política que ofrezca un ideal que todos podamos compartir. ¿O son sólo las circunstancias de crisis y de guerra las que hacen resurgir en los hombres estas cualidades de rectitud moral?

Por lo demás, un valor escapaba a la división individualista: la propia democracia. Entre las dos guerras mundiales, muchas veces la habían acusado de ser un régimen blando, enzarzado en infinitas palabrerías parlamentarias. Fascismo y comunismo se presentaban como soluciones de recambio, de calidad superior. Nada de eso era ya posible en los años sesenta, pese a la popularidad del Partido Comunista francés y a la efervescencia izquierdista de 1968. Tanto el partido como los grupúsculos habían echado agua democrática en su vino utopista. Al margen de los desacuerdos entre partidos políticos, casi todos reconocían las insuficiencias de las sociedades construidas según el modelo soviético, y se animaba y admiraba a los disidentes del Estado. La oposición al totalitarismo podía considerarse un valor trascendente, común a todos, y justificaba la adhesión al principio democrático.

Esta situación cambió a raíz de un acontecimiento imprevisible, aunque muy deseado, la caída del muro de Berlín, en noviembre de 1989, y durante los dos años siguientes el desmantelamiento de todos los regímenes comunistas tanto en la Europa del Este como en la Unión Soviética. Para sorpresa general, este importante cambio, este final de la guerra fría, se produjo básicamente sin derramamiento de sangre. Las fachadas de los regímenes anteriores se desmoronaron como castillos de naipes. La victoria de la democracia sobre el totalitarismo tuvo dos efectos. Por una parte, confirmó la derrota de las doctrinas que se erigían como rivales de la democracia y consagró la superioridad de este régimen. Además, al mismo tiempo el movimiento democrático llegó a otras partes del mundo, al sudeste asiático y a América latina. Pero, por otra parte, convirtió en anacrónica la justificación de la democracia por comparación con las dictaduras, totalitarias o militares. Al no tener ya enemigo ideológico, la democracia perdió una parte de su identidad, esa aspiración a determinados valores que destacaban por contraste.

Paradójicamente, el final de la guerra fría tuvo dos efectos parecidos al otro lado del antiguo telón de acero, especialmente en Rusia. El ideal comunista había sido una mera petición de principio, pero ilustraba la necesidad de vivir de acuerdo con un ideal. Se había presentado una ficción como si fuera una realidad cercana, y para gran parte de la población desempeñaba ese papel. Con la caída del imperio soviético se inició un doble proceso. Por una parte, la verdad sustituyó a la mentira, lo que permitió dejar atrás ilusiones y falsas excusas. Pero, por la otra, la nueva situación dejó fuera la referencia a valores trascendentes. Se creyó que vivir de acuerdo con un ideal era siempre y exclusivamente producto de la ingenuidad o de la hipocresía, que lo mejor era asumir el destino común, vivir en función del interés personal, intentar satisfacer los deseos inmediatos y aceptar que el dinero era la única llave de la felicidad. El primer efecto del cambio tenía que ver con el contenido de las representaciones colectivas, y el segundo, con la estructura propia de cada existencia.

El libro El fin del hombre rojo, de Svetlana Aleksiévich, capta bien estos dos efectos del cambio que sobrevino. Durante años, esta periodista entrevistó a representantes anónimos de la sociedad ex soviética, lo que le permite presentar un cuadro complejo y matizado de la angustia que se apoderó de esta población. La propia autora describe así la naturaleza del cambio: «Estábamos dispuestos a morir por nuestros ideales. A luchar por ellos […] Todos los valores se desmoronaron salvo los de la vida. De la vida en general. Los nuevos sueños son construirse una casa, comprarse un coche bonito y plantar groselleros […] Ya nadie hablaba de ideales. Hablábamos de créditos, de porcentajes y de letras de cambio. Ya no trabajábamos para vivir, sino para “hacer” dinero, para “ganar” dinero». Los valores se han refugiado en el ámbito privado, y tienen sobre todo que ver con la vida material. Un hombre explica a la periodista: «Durante más de setenta años, nos repitieron machaconamente que el dinero no da la felicidad […] Pero bastó con proclamar desde lo alto de una tribuna: “¡Comerciad, enriqueceos!”, y lo olvidamos todo». Una mujer añade: «Ahora ya no se puede hablar con nadie de cosas espirituales, aparte de con los popes […] ¿Cuál es nuestro ideal, aparte del salchichón?». Ya no se prohíben los discursos religiosos, pero son un tema personal. A muchos de estos testigos les da la impresión de que han pasado de Caribdis a Escila. El pasado era terrible (los recuerdos de la violencia totalitaria siguen frescos), pero el presente está vacío, y todas las aspiraciones humanas han quedado sustituidas por el frenesí consumista. En el mundo de los valores hemos pasado del espejismo comunista al desierto capitalista.

El cambio es menos espectacular en el mundo occidental, ya que el papel del ideal —aunque fuera falso— no estaba tan hipertrofiado, pero sigue una trayectoria similar. La rivalidad entre los dos adversarios, democracia y totalitarismo, era un acicate para las virtudes políticas. En su ausencia, el espacio público se vació todavía más de sus valores y los relegó, en el mejor de los casos, exclusivamente a la vida privada. Este cambio incomodó a muchas personas, en especial a algunos militantes de extrema izquierda, que reorientaron sus energías hacia la acción humanitaria, hacia organizaciones no gubernamentales como Médicos Sin Fronteras y Médicos del Mundo. De esta manera, la vida pública recuperaba el contacto con el mundo de los valores. Sin embargo, esta actividad de asistencia y de ayuda —que anteriormente representaba la Cruz Roja— no tardó en parecerles insuficiente. Algunas veces el sufrimiento de poblaciones lejanas respondía a causas naturales, terremotos, inundaciones o erupciones volcánicas, pero con más frecuencia lo habían provocado iniciativas humanas: guerras, dictaduras o persecuciones. Entonces se puso de manifiesto que para ayudar a las víctimas de los desastres no bastaba con limitarse a proporcionar medicamentos y comida, sino que había que neutralizar las causas humanas inmediatas, defender los derechos humanos y el régimen democrático, si era preciso por la fuerza. El hundimiento de la superpotencia soviética dejó el campo libre a intervenciones de la superpotencia estadounidense y de sus aliados. Occidente recuperaba un ideal trascendente, al menos en política exterior: promover la democracia y los derechos humanos en todo el mundo. Ya no se trataba de socorrer, sino de curar, es decir, de corregir los modos de vida que consideraban responsables de esas deficiencias.

La opción de llevar el bien a los demás, si es necesario mediante la fuerza militar, se inscribe en un esquema de mesianismo político muy habitual en Occidente, cuyas manifestaciones anteriores fueron, en el siglo xix, el colonialismo (llevar la civilización superior a los que no la conocían y liberarlos de sus costumbres primitivas), y, en el siglo xx, el comunismo en su versión soviética (crear en todas partes la sociedad ideal). A los ideólogos que promovieron la nueva forma de política impregnada de valores se les llamó, paradójicamente, neoconservadores (cuando son hostiles al conservadurismo), y proceden tanto de la izquierda como de la derecha política. Las acciones que resultan de ellos recibieron denominaciones cambiantes, ya que no tardaron en considerarse eufemismos de una realidad que no quiere decir su nombre. Así, «derecho de injerencia» (en la que la palabra derecho adopta el mismo significado que en la expresión «el derecho del más fuerte»), «responsabilidad de proteger» (que permite intervenir militarmente en un país extranjero para eventualmente derrocar al gobierno y sustituirlo por otro) o «misión para garantizar la seguridad mundial», reivindicada por los presidentes de Estados Unidos (una misión que deriva de su superioridad militar). Estas intervenciones, que, desde el final de la guerra fría, constituyen la mayoría de las acciones militares que emprenden las potencias occidentales, reciben también denominaciones formadas por alianzas de palabras de significado contrario, como «guerras humanitarias» o «militarismo democrático».

Sin embargo, las intervenciones no han conseguido el resultado deseado. Los países que las han sufrido, ya sea Irak, Afganistán o Libia, no se han convertido en democracias ejemplares, ni en campeones de los derechos humanos. La razón es sencilla: la guerra es un «medio» tan poderoso y devastador que anula los nobles objetivos que la habían motivado. La destrucción de personas y bienes no es menos dolorosa cuando se supone que las bombas caen del cielo para defender el bien. Y lo que es peor, la guerra da a la población que la sufre un ejemplo de violencia muy alejado de los valores democráticos o humanitarios que se reivindican. A consecuencia de estas intervenciones, las razones para atacar objetivos occidentales no se han debilitado, sino que se han multiplicado, y pueden encontrarse incluso en las poblaciones inmigrantes de los propios países occidentales.

También en estos países occidentales se producen efectos negativos. En nombre de la lucha contra un enemigo implacable, los gobiernos están dispuestos a legalizar la tortura y a limitar las libertades civiles de las que gozan los ciudadanos. Además, cuando un gobierno declara una guerra, empuja a su población a unirse a él, lo cual acalla las críticas y elimina las dudas y los matices. En 2014 la inmensa mayoría de la población rusa estuvo de acuerdo con las intervenciones rusas contra Ucrania, la población israelí con las intervenciones contra los palestinos, y la población francesa con las intervenciones contra el Estado Islámico. Raramente se empatiza con el punto de vista del adversario. La guerra supone una escuela de maniqueísmo. Las intervenciones occidentales en curso no son una excepción a la regla. Nuestro pueblo es un apasionado de la libertad y defiende la dignidad humana, dicen los dirigentes de los países que causan la guerra, pero nuestros enemigos sólo saben sembrar la muerte, violar y decapitar. Nuestros muertos tienen una familia que llora por ellos, pero los suyos son cifras y abstracciones. Pero ¿estamos seguros de que «nosotros» nos comportamos siempre de manera civilizada, mientras que «ellos» representan la barbarie? Las víctimas no desaparecen por el hecho de que las describamos como consecuencia de «atropellos» o de «daños colaterales». Nuestros drones matan simultáneamente a combatientes y a sus vecinos.

¿Son una respuesta a las ejecuciones de rehenes que difunden en Internet? Son ellos los que mantienen discursos inflamados, pero, llegado el caso, nosotros estamos dispuestos a pegar fuego a su país. Es difícil demostrar que intervenciones de este tipo ilustran los valores morales que defendemos, y no nuestros intereses.

Si atendemos a los asuntos internos de las democracias liberales, tampoco encontramos demasiada relación con un ideal elevado. Empezando por lo más banal, la acción de sus dirigentes queda comprometida si nos damos cuenta de que utilizan su posición pública para obtener favores personales, para beneficiar a sus familiares y amigos a cambio de otros servicios o para cualquier otra forma de corrupción. Sabemos que muchos políticos, en Francia y en otros países, se han visto implicados en diversos delitos más o menos graves, que van desde ocupar una vivienda en principio reservada a familias humildes hasta el fraude fiscal, pasando por el favoritismo con familiares o amigos acomodados que a cambio podrán prestarles servicios. Otros son inculpados por comportamientos ilícitos. Pero incluso cuando no cometen delitos, la mayoría de los políticos está muy por detrás de lo que se espera de ellos. A menudo da la impresión de que sólo les mueve la voluntad de conquistar y mantener el poder, o parecen no pensar más que en la rivalidad con otros dirigentes de su partido o con sus adversarios políticos, o sólo les interesa la eficacia de las medidas que proponen, cuando nos gustaría creer que los anima un cierto ideal, que tienen un objetivo más elevado que el equilibrio presupuestario o la reducción del déficit (aunque sean indispensables). El espectáculo que ofrecen durante las campañas electorales, cuando se sienten obligados a hablar lo peor posible de sus rivales, tampoco contribuye a realzar su imagen.

El efecto de estos comportamientos es la falta de consideración general por las élites políticas, la degradación de las funciones que asumen, la creciente indiferencia de la población por los asuntos públicos y en último término el rechazo de las formas que adquiere la vida política, lo que a su vez favorece a los enemigos de la democracia y de la moral. El Estado (y por lo tanto la solidaridad nacional) está ya debilitado por la globalización, que sustrae a su control buena parte de la actividad económica del país. La insuficiencia de las élites le da otro golpe. Si la democracia no es más que una fachada que mantiene en pie el ritual de las elecciones, que se repite cada equis años, mientras que el resto del tiempo el país está dirigido por una oligarquía político-económica, a la población le costará movilizarse para defenderla.

Llegados a este punto, podríamos preguntarnos si de verdad la vida privada ha conservado una viva relación con los valores. Desde hace ya varios siglos se pone en duda esta conexión. Hace doscientos cincuenta años, Jean-Jacques Rousseau se quejaba de que aquellos de sus contemporáneos a los que llamaban «filósofos» (pensaba en Diderot y sus amigos) defendieran una visión del mundo que no dejaba el menor espacio a la preocupación por el bien común: «A saber, que el único deber del hombre es seguir en todo momento las inclinaciones de su corazón». Diderot no firmó esta frase, pero escribía en sus Tablettes: «Hay que estar contento con la tendencia de la propia naturaleza, ésta es toda mi moral». Si creemos lo que dice, el único valor respetable sería ser fiel con uno mismo, el individuo sólo tendría obligaciones consigo mismo, sin la menor consideración con los efectos que sin duda sus actos producen en sus semejantes.

A veces se dice que, desde esta época lejana, la audacia de algunos —la emancipación de los imperativos morales— se convirtió en moneda corriente o incluso en un signo de progreso. Antaño esta pulsión, buscar sólo la satisfacción de los propios deseos, topaba con los frenos impuestos por la sociedad. Hoy en día al parecer esos frenos se han debilitado, si no eliminado. Recordemos que las religiones tradicionales han relajado su influencia sobre los individuos, y que las familias ya no cultivan las virtudes de la abnegación y la solidaridad. Esta tendencia volvió a acelerarse con la caída del muro y el triunfo del pensamiento neoliberal. El final de la guerra fría trajo consigo la relajación de las fidelidades a los ideales, en adelante el desarrollo económico se mide en función del éxito económico, y la lógica del mercado se extiende a todas las dimensiones de la vida. Por lo demás, la propia palabra moral tiene una connotación negativa, es necesariamente represiva y retrógrada, y queda bien asegurar que nos hemos liberado de ella. Nos sometemos en última instancia a un código personal, establecido con el paso de los años, no a deberes impuestos por la comunidad.

¿Es correcto este diagnóstico? Creo que responde más a la representación que se hace la sociedad de su vida moral que a la vida moral en sí. La moral ha abandonado los discursos, no los comportamientos. Por supuesto, a este respecto los individuos varían entre sí, no faltan los gestos narcisistas o egocéntricos, justificados por la exigencia de honestidad o de intensidad de la experiencia, pero ¿cómo no darse cuenta de que, junto a ellos, muchísimas personas siguen actuando teniendo en cuenta el principio moral básico formulado así por Emmanuel Levinas: «El único valor absoluto es la posibilidad humana de dar prioridad al otro sobre uno mismo»? No lo convierten en una doctrina, no se enorgullecen de ello, pero evidentemente para ellas decir «esto revierte en mi propio interés» o «éste es mi deseo» no basta para ennoblecer una acción. Saben que el ser humano no termina en los límites de su cuerpo, sino que incluye la relación con los demás. No piensan que todos los valores son de naturaleza económica y dan más valor a las relaciones humanas que a la acumulación de bienes muebles e inmuebles. Los valores de amor, tolerancia y compasión no dependen de la fe ni de una religión concreta.

Para finalizar esta visión general necesariamente sucinta, parece que en Francia, en un contexto muy diferente del de los países comunistas de la Europa del Este, el lugar de la moral en la vida pública es también problemático. Si intento situar mi propia manera de comportarme en este nuevo marco, me doy cuenta de que, en un primer periodo, que duró unos quince años, seguí viviendo con una consciencia que se había formado en mi país de origen, y en mis intervenciones públicas me abstenía de aludir a los valores que defendía. Sin embargo, mi relación con el mundo evolucionó progresivamente. Tras nacionalizarme francés, en 1973, y tras el nacimiento de mi primer hijo, un año después, me sentía cada vez más integrado en la sociedad francesa y sabía que ninguna prohibición impedía expresar públicamente ideas y valores. Empecé a trabajar sobre temas sociales y políticos, defendía determinados valores y criticaba otros. Al mismo tiempo quedaba cierta huella de mis antiguas reticencias, así que me limitaba a mencionar estas cuestiones en mis escritos, pero no me implicaba personalmente en ninguna acción concreta (y no lo lamento). ¿Era porque el temor a la autoridad, o a los que la representan, no me había abandonado del todo?

Así pues, éstas son las dos situaciones (de las que soy consciente) que me empujaron a enfrentarme a mi actual tema moral y político: me interesan esos resistentes pacíficos que, en los países comunistas, fueron los disidentes, y las formas de moral que, en una democracia liberal, pueden desempeñar un papel activo en la vida pública.

Para concretar algo más mi tema, decidí detenerme en un solo segmento de este amplio ámbito, las situaciones dramáticas en las que una gran fuerza negativa domina la vida social y política del país, y en las que se impone una pregunta: ¿cómo reaccionar? El rasgo común de todos los personajes cuyo destino relato es que se negaron a someterse dócilmente a la coacción, que son insumisos. Esta decisión tiene una vertiente negativa, significa el rechazo de una coacción impuesta por la fuerza o aceptada en silencio por la mayoría de la población. Pero ese rechazo está indisolublemente unido a un compromiso positivo, la insumisión es a la vez resistencia y afirmación. Es un doble movimiento permanente, en el que el amor a la vida se mezcla inextricablemente con el odio a lo que la infecta. Resistir significa, ante todo, una forma de lucha que uno o varios seres humanos libran contra otra acción, física y pública, que llevan a cabo otros humanos. Por lo tanto, se trata necesariamente de una segunda iniciativa, de una reacción opuesta al mal que se ha instalado en la sociedad. Además, el insumiso no es un conquistador, no aspira a instaurar otra forma de dominio, no pretende construir una sociedad ideal. Su compromiso es puntual. Pretende sobre todo rechazar la fuerza que quiere someterlo. Por último, el empleo de estas palabras implica que el grupo que resiste dispone de medios inferiores a los de su adversario.

Por estas razones, los luchadores en cuestión no se implican en el campo de batalla, donde los vencerían rápidamente. A nadie se le ocurriría llamar resistentes a los soldados de Napoleón que invadieron Europa, ni a los soldados rusos e ingleses que se enfrentaban a ellos obedeciendo las órdenes de su patria. Por el contrario, los civiles italianos y españoles, insumisos, emprenden un movimiento de resistencia contra los invasores. En la Segunda Guerra Mundial hablamos de insumisión y de resistencia en los territorios ocupados por los alemanes, no en el caso de los militares que atacan al Reich desde Londres. Gandhi es un insumiso, un resistente, no el virrey británico. Son los débiles los que, sin odio ni violencia, se oponen a los fuertes, a los que detentan el poder. Debido a esta posición de debilidad y a los medios a los que en ocasiones recurren, puede suceder que, al menos durante cierto tiempo, se califique a estos insumisos de «terroristas». No luchan como guerrilleros, pero adoptan técnicas de guerrilla. Por otra parte, el significado de estos términos es lo suficientemente amplio como para aludir a formas de insumisión diferentes, algunas violentas y otras no. La resistencia no es necesariamente militar.

«Insumiso» se entiende también en otro sentido, ya no por oposición a un enemigo más poderoso, sino en relación con fuerzas impersonales que actúan en nosotros. Decimos así que nos negamos a someternos y que resistimos a la tentación, o a nuestras pasiones, o a la facilidad, o a la intolerancia y al resentimiento que sentimos crecer dentro de nosotros. La yuxtaposición de estos dos sentidos, colectivo y externo en un caso, individual e interno en el otro, suele resultar esclarecedora.

La presente investigación tratará de un tema todavía más limitado, de una forma concreta de resistencia política. Los que la llevan a cabo poseen algunos rasgos en común, aunque intervienen de maneras diferentes según sean simples insumisos, disidentes o militantes clandestinos. Así, contra la opresión que sufren, reivindican un valor trascendente y ellos mismos poseen una virtud moral. Sus medios no son violentos, consisten básicamente en afirmar con perseverancia lo que consideran verdadero y justo.

Antes de seguir avanzando debo añadir que mi decisión de observar sólo este tipo de comportamiento, a mi modo de ver loable, en ningún caso significa que lo considero una característica principal de la especie humana, que pone de manifiesto las tendencias profundas de mis contemporáneos o de mí mismo. Tanto los individuos como los grupos suelen obedecer a la lógica de las represalias, responden al mal con el mal, si es posible con un mal mayor. ¿Quién no ha cedido a la tentación, al menos mentalmente, de hacer sufrir al que le ha hecho sufrir?

Haber sido víctimas de violencias y de agresiones no garantiza que mañana no nos convirtamos en agresores violentos, y en la mayoría de los casos nos incita a ello. Asimismo, lo más probable es que, frente a la opresión o a la injusticia, la tendencia natural de la mayoría de nosotros sea someterse y esperar a que pase la tormenta. En lo que a mí respecta, no estoy seguro de estar totalmente libre de esta pulsión de venganza y de medidas de represalia, ni de tener siempre las fuerzas y el valor de oponerme a lo que me indigna. Lo que creo es que es posible escapar de estos instintos primarios de facilidad y que, se mire desde donde se mire, es deseable. Mencionar el ejemplo de los que optaron por esta vía quizá ayude a que los demás, nosotros, sigamos durante algún tiempo su opción.


 

(Este texto es parte de la introducción de Tzvetan Todorov a su libro Insumisos(págs. 13-30), publicado en España por la editorial Galaxia Gutenberg en 2016. Traducción de Noemí Sobregués. Publicado aquí con permiso de la editorial).