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La experta española publica ‘Seis problemas que la ciencia no puede resolver’ y advierte de los peligros del “marco” neoliberal en el que se desarrollan la ciencia y la tecnología actuales

Por Patricia Fernández de Liz

Por Diego Sztulwark

A una semana del fallecimiento del filósofo Paolo Virno, Diego Sztulwark repasa marcas e influencias teóricas y enfatiza la calidad finamente política de su palabra, que tuvo su presencia en la argentina de 2001 en torno a las discusiones –lamentablemente nunca saldadas– sobre la importancia de pensar de otro modo, por fuera del par Mercado/Estado, las capacidades creativas de «los muchos».

Por Diego Sztulwark* / La Tecl@ Eñe

Reconocer la influencia del pensamiento de otro suele ocurrir bajo condiciones de examen, de homenaje y quizá también como parte de un sentimiento de agradecimiento que, para ser honesto, debe verse precedido por una reflexión sobre el modo en que esa actividad intelectual, que viene de otra subjetividad, pasa a funcionar en la propia. La reciente partida de Paolo Virno –hace hoy justo una semana– me lleva a explicitar, de un modo obviamente insuficiente y breve, la conciencia que siempre he creído tener del valor de sus aportes para pensar lo político de otra manera. Es quizá parte de esta “deuda” contraída la que me lleva a anticipar una explicación preliminar, relativa al hecho de que la “enseñanza” de Virno no estuvo restringida entre nosotros a lo que convencionalmente imaginamos como situaciones educativas –escuelas o universidades– de las que surge la idea del profesor (o el “maestro”, que es otra cosa), ni por tanto del pensador como detentador de un sistema de saberes que se imparten para que otro los incorporen a fin de actualizar su valor en un futuro profesional. No. La escena que habría que evocar aquí –muy distinta– es una a la que cabría llamar –realizando las aclaraciones pertinentes– escena política. A diferencia de la pedagógica habitual, por escena política podemos entender aquello que hace que nos descubramos como compartiendo problemas propios de la vida pública más que ideas pertenecientes de antemano a campos disciplinarios y profesionales de saber en los cuales nos insertemos (o ensartamos). Virno, en cuanto teórico y militante, fue, en este sentido, un político cuyas reflexiones suponen un fuerte deseo de política –y uso “deseo” para señalar lo político como aquello que escasea o cuya existencia directamente peligra– presente en sus descripciones de fenómenos sociales contemporáneos, a los que no cabe –precisamente por su filo político– reducir a saber de tipo sociológico. Lo que sigue es un intento de reproducir cinco ideas virnianas que pueden funcionar como marcas indelebles para la política, escritas en cinco párrafos, que no intentan reenviar a sus libros de origen (aunque al final agrego una bibliografía) sino reparar en el modo en que –insisto en esto– han circulado influencias o enseñanzas:

Comunismo del capital: la expresión realza el gusto de Paolo por la paradoja y se apoya en una cita de Marx sobre “la superación de la propiedad privada sobre el mismo terreno de la propiedad privada”. Para construir esta idea es preciso tener en cuenta que los años dorados del capitalismo no se dieron sin un costoso aprendizaje impuesto por el desafío que representó la gran Revolución de Octubre y la consecuente crisis del 29. Lo que hemos conocido entonces bajo el nombre de “socialismo del capital” fue la interpretación burguesa –keynesiana– del rol centralizador y planificador del Estado en el ciclo económico. Décadas más tarde, la derrota de la revolución que trabajadores y estudiantes preparaban en los años setentas contra las formas del trabajo asalariado, la alienación individual y la coerción estatal, fue el terreno –contrarrevolucionario, neoliberal y “postfordista”– de una nueva interpretación pérfida –el “comunismo del capital”– que incorporó el elemento comunista (que, como preveía Marx, se expresaba ya en la cualidad transindividual propia de la moderna cooperación social tecnificada o General intellect) ya no como premisa material de una política emancipativa sino bajo el modo invertido de un despótico sometimiento de la riqueza de la praxis humana al “chaleco capitalista” de la antigua medida del valor-trabajo, y a la destrucción de toda esfera pública. De modo tal que en el “comunismo del capital” el capitalismo subsiste como regla vigente (mando y medida) pero no verdadera (contenido de la cooperación humana), mientras que el comunismo insiste como verdad de la actividad colectiva, aunque no vigente (bloqueado como política efectiva).

Tonalidad afectiva. Una fenomenología de los muchos que como tales participan de la producción social contemporánea remite, pues, a una realidad común que Virno pensó como “situación emotiva”, es decir, como los “modos de ser y sentir” que actúan en la experiencia colectiva del trabajo, la recreación o la política. El tono afectivo de la multitud posee –para Virno– un grado cero o un corazón “neutro” –pues se trata siempre de capacidades vitales previas a sus conjugaciones concretas–, una naturaleza irremediablemente histórica ­–dado que hablamos siempre de la socialización de una multitud metropolitana realmente existente– y una condición ambivalente –que se determina en el modo en que el tono afectivo se conjuga en modalidades de aceptación y sumisión o bien de crítica o conflicto (es decir: que adquiere valores operativos en políticas concretas, incluso de signo opuesto). La situación emotiva de la multitud es para Virno tanto el “oportunismo” –la capacidad de captar y aprovechar oportunidades–, como el “cinismo” -aptitud para calcular (más que solo obedecer) reglas– y también la capacidad de “charla” (o “avidez de novedades”), que remite a las capacidades verbales de la multitud, y a la actualización de una epistemología popular, de una mundanidad de los sujetos –la búsqueda de repaso, de orientación práctica–, y al peso de los fenómenos comunicativos que han devenido centrales en la producción contemporánea. De este modo Virno describe la realidad de la multitud en términos de una intelectualidad de masas que se vale del uso del lenguaje y de las capacidades comunes de abstracción para orientarse –en el sometimiento tanto como en la rebelión–, pero también de “un conjunto de memorias” (aspecto mal discutido durante el debate pueblo/multitud que se dio en Argentina en torno a 2001), pues “nadie puede hacer una huelga siquiera de diez minutos sin contar con una gran tradición a sus espaldas”.

Premio Nobel de Economía en 2001, Joseph E. Stiglitz (Gary, Indiana, 1943) es uno de los economistas más influyentes del mundo. En su último libro, ‘Camino de libertad. La economía y la buena sociedad’ (Taurus, 2025), propone una visión de la libertad basada en la justicia social y la igualdad de oportunidades. Hablamos con él sobre la guerra arancelaria de Donald Trump, la importancia de los medios de comunicación y la academia como contrapesos del poder y la necesidad de ampliar la libertad de elección. 

Por Elena Herrero-Beaumont

En una época de fragilidad emocional y social, hablar de libertad casi suena utópico. ¿Por qué decidió escribir este libro ahora? ¿Qué le llevó a repensar la libertad como tema central del debate económico?

Escribí el libro antes de las elecciones de 2024 en Estados Unidos. Era consciente de que la libertad sería un tema central, y por un momento así fue. Kamala Harris usó «Yes She Can» como himno de su campaña, y hubo debates sobre los derechos reproductivos y otras libertades clave. Algunas de las cuestiones que se planteaban, como la libertad de portar un arma, trataban de algo que es central en el libro: el reconocimiento de que la libertad de una persona puede restringir la de otra. Estos temas surgieron, pero no dominaron la campaña. Fueron unas elecciones en las que mucha gente sentía que no iba bien y Donald Trump prometía un cambio. No creo que entendieran completamente que sería un caos y una desestabilización de las instituciones. Pero fue una elección sobre el cambio, y Harris representaba la continuidad. Los valores de la libertad están tan arraigados en la cultura estadounidense que pensé que merecía un debate más profundo. Porque lo que representaba el Partido Demócrata era la libertad de cada individuo de desarrollar su potencial. Si pudiera cambiar la conversación sobre lo que los republicanos llaman libertad —hacer lo que uno quiera sin importar las consecuencias—, pensé que podría convencer a la mayoría de que mi concepción de la libertad es la que ellos realmente desean. Quienes defendemos posturas progresistas tenemos en realidad una agenda que expande la libertad. Durante mucho tiempo, ha sido la derecha la que ha reclamado la agenda de la libertad. Yo quería recuperar eso y convertirlo en una parte central del debate intelectual y político.

Usted critica la noción individualista de libertad, en gran medida formulada por pensadores como Hayek y Friedman. ¿Cómo entiende la libertad real? ¿Por qué reducir la intervención del Estado no es suficiente para garantizar que las personas sean verdaderamente libres?

Abordo este tema desde la perspectiva económica. Cuando los economistas hablan de libertad suelen preguntarse: «¿Qué eres libre de hacer?». Alguien al borde de la inanición no tiene libertad. La libertad real depende del conjunto de oportunidades que una persona tiene, y eso rara vez se amplía de forma individual. Pongo ejemplos donde cooperar amplía la libertad. Incluso una pequeña restricción puede en realidad ampliar la libertad. Por ejemplo, los semáforos: en una ciudad como Nueva York, son una limitación; no puedes avanzar hasta que se ponga en verde. Pero si no existiera ese semáforo habría caos. Así que una simple regulación nos permite avanzar. Lo mismo ocurrió durante la pandemia. La vacuna de ARN mensajero se desarrolló gracias a recursos públicos. Ningún individuo por sí solo podría haberlo hecho. Requirió inversión estatal, que se financia con impuestos. Esa obligación —pagar impuestos— es una restricción menor frente a la libertad de vivir que nos dio esa vacuna. Cooperar implica aceptar ciertas limitaciones, pero en el panorama general, esas limitaciones amplían enormemente nuestras posibilidades y nuestra libertad real.

Esto está conectado con la visión utilitarista, en el sentido de que tus acciones deben realizarse de una forma que beneficie al mayor número de personas. ¿En qué se distingue de lo que, por ejemplo, John Stuart Mill quería transmitir?

John Stuart Mill vivió en una época marcada por la intolerancia, y por eso centró su defensa de la libertad en el derecho a creer y pensar libremente, siempre que eso no afectara a otros. Fue un gran defensor de la tolerancia. Yo también trato ese tema, aunque su enfoque sobre lo que hoy llamamos «externalidades» era secundario. Pero casi 200 años después vivimos en sociedades densas e interconectadas. Y en estas economías, lo que una persona hace tiene un impacto mucho mayor sobre los demás. Por eso, el problema no es solo la tolerancia sino también de qué manera las acciones de una persona pueden afectar a los demás. Un monopolista que fija precios altos le quita a otro la libertad, quizás incluso la posibilidad de comprar un medicamento vital. Eso es una compensación. Y los economistas trabajamos precisamente con compensaciones. En el libro argumento que una sociedad razonable, tras una buena deliberación, concluirá que es más importante preservar los derechos de los explotados que los del explotador. Que la libertad de vivir sin miedo es más importante que la libertad de portar un arma automática. Habrá desacuerdos, claro, pero creo que puede lograrse un consenso amplio. En los casos más complejos, propongo que pensemos como lo haría el «espectador imparcial» de Adam Smith o bajo el «velo de la ignorancia» de John Rawls. Cuando pensamos en qué tipo de sociedad queremos vivir, deberíamos hacerlo desde la perspectiva de que no sabemos en qué lugar vamos a nacer dentro de esa sociedad. Y creo que la mayoría de la gente estaría de acuerdo en que un sistema impositivo progresivo bien diseñado es el sistema contractual que todos apoyaríamos.

Las contribuciones de John Rawls no han tenido el impacto que una gran filosofía como la suya debería haber tenido. ¿Por qué cree que está ocurriendo esto en Estados Unidos, donde se ha vuelto tan difícil transmitir estos mensajes al público y a los líderes políticos?

El debate en Estados Unidos ha sido secuestrado por una visión muy egoísta del individualismo, promovida por sectores del Partido Republicano. Es un individualismo que no considera el velo de la ignorancia de Rawls ni el espectador imparcial de Adam Smith. El peor ejemplo son Elon Musk y Donald Trump. Tenemos ahora una oligarquía destruyendo las reglas del juego. Porque el Congreso es el único que puede redactarlas, y ellos simplemente las están ignorando mientras arrasan con los distintos departamentos del gobierno. Ni siquiera están prestando atención a las salvaguardas, a las normas establecidas por congresos anteriores. Estas son las acciones más antidemocráticas que hemos enfrentado en la historia de nuestra nación. La naturaleza de los oligarcas es que les resulta muy difícil entender realmente la vida de los estadounidenses comunes, que en toda su vida ganan lo que ellos ganan en una hora. No pueden comprender sus necesidades ni preocupaciones. Al desmantelar el papel del Estado, eliminan servicios que no valoran porque no los necesitan, pero que son esenciales para millones de personas.

¿Cómo hemos llegado hasta aquí? ¿Qué ha fallado por parte de los demócratas?

Es un tema que traté en mi libro El precio de la desigualdad, publicado en 2012, basado en un artículo que escribí en 2011 titulado Of the 1%, by the 1%, for the 1%. Allí advertía que Estados Unidos había permitido que la desigualdad creciera de forma excesiva y percibida —con razón— como injusta. No acompañamos adecuadamente a quienes quedaron rezagados en la transición de una economía agraria hacia una basada en servicios y conocimiento. Muchos quedaron sin oportunidades ni esperanza. Aunque los demócratas mostraban más compasión, terminaron aceptando muchas de las mismas políticas neoliberales que los republicanos, solo que con algo más de empatía. Eso nos dejó con más de 40 años de creciente desigualdad. En ese contexto, advertí que era terreno fértil para un demagogo. No sabía quién sería, pero finalmente fue alguien tan peligroso como Trump, que supo aprovechar el malestar, amplificarlo y polarizar a la sociedad. Y me preocupaba el hecho de que el mundo está lleno de una gran oferta de demagogos potenciales. Lo preocupante es que esto puede agravarse con la inteligencia artificial y otras crisis. Trump propone destruir nuestras instituciones educativas, imponer aranceles que no generarán empleos y elevarán la inflación. Así que mi lectura de lo que ocurrirá es que, mientras la retórica sea airada y haya una guerra cultural contra los demócratas, el resultado será el empeoramiento de las mismas fuerzas que lo llevaron al poder.

Sostiene que la verdadera libertad requiere de un acceso efectivo a la educación, a la sanidad, a la vivienda, a la seguridad económica. ¿Cómo podemos garantizar estas condiciones sin caer en el paternalismo?

Ante todo, no se trata de quitar la libertad de elegir. La libertad de elección es fundamental, y la agenda progresista que propongo busca ampliarla. Por ejemplo, en Estados Unidos la mayoría solo tiene acceso a una o dos aseguradoras privadas de salud, muchas de las cuales obtienen beneficios negando la atención médica, lo que ha generado una gran frustración. Lo que propongo es una opción pública pero no obligatoria. Una aseguradora sin fines de lucro. Su objetivo no sería explotar a los individuos, sino mejorar sus vidas y ofrecer una buena atención médica. Ese es un ejemplo de cómo podemos fomentar mejores decisiones y dar más opciones. Lo mismo con la vivienda. En 2008, vimos cómo las hipotecas mal diseñadas destruyeron el patrimonio de millones. Una opción pública podría ofrecer condiciones más humanas: flexibilidad ante la pérdida de empleo, reglas más justas y sin afán de lucro. Sería una alternativa segura, no una imposición. Por último, nuestro sistema educativo debería enseñarnos a tomar mejores decisiones. Porque las decisiones son complejas, tienen consecuencias para toda la vida. Y ahora mismo quienes tienen un interés particular en que elijas lo que les conviene son los principales proveedores de información. Sería bueno que la información viniera de alguien sin ese tipo de conflicto de intereses.

Usted aboga por un capitalismo progresista con instituciones que restauren la confianza pública y protejan el bien común. Lo que Donald Trump está haciendo es erosionar y desmantelar las principales instituciones. Tengo dos preguntas al respecto. Primero: ¿ve suficiente resistencia desde la sociedad civil y la academia? Segundo: ¿cree que ese sector sigue siendo lo suficientemente fuerte como para combatir esta guerra? Y si no es así, ¿qué futuro ve para Estados Unidos en los próximos años?

Tienes toda la razón. Hay una guerra en marcha ahora mismo por parte de la administración Trump contra las instituciones que sostienen la democracia. Una democracia es más que elecciones cada cuatro años. Muchos tememos que en 2026 no vayamos a tener unas elecciones justas y libres. Trump ataca todas las instituciones que ofrecen salvaguardas: como la prensa, a la que llama «enemigo del pueblo», las universidades y el sistema judicial. Estamos al borde de una crisis constitucional. En cuanto a las universidades, Trump fue tan lejos que Harvard dijo: «Hasta aquí», y todas las demás universidades estuvieron de acuerdo. Primero fue una intromisión, pidiendo solo un poco, y Columbia cedió. Muchos de nosotros dijimos que había sido un error porque los regímenes autoritarios primero piden un poco, luego piden mucho. El aspecto más decepcionante ha sido la actitud de los despachos de abogados, porque se esperaría que los bufetes defendieran la ley. Pero cedieron, y accedieron a ofrecer lo que se estima que serán hasta mil millones de dólares en honorarios y servicios legales para promover la agenda ilegal de Trump. Afortunadamente, no todos lo hicieron. Las universidades están siendo atacadas porque son fuente de pensamiento independiente. No se trata solo de proteger a los individuos, sino de proteger nuestra democracia. El sistema de contrapesos no solo existe dentro del gobierno. Se trata también de un conjunto de equilibrios dentro de la sociedad donde los medios de comunicación y el mundo académico desempeñan un papel absolutamente central. Donald Trump simplemente no entiende esto, y quiere aplastar la libertad académica. No lo vamos a permitir. Nuestros estudiantes, nuestro profesorado, están unidos en este valor fundamental.

Muchos académicos están pensando en mudarse a Europa. ¿Qué futuro ve para la Unión Europea en los próximos años? ¿Y cómo cree que las guerras comerciales van a afectar la economía europea?

Europa es hoy el principal bastión de la democracia y los derechos humanos. Y eso está atrayendo a muchos profesionales y académicos desde Estados Unidos. Es irónico: durante el siglo XX, el mundo académico estadounidense se fortaleció gracias a quienes huyeron de Europa por la pérdida de libertad. Ahora, el movimiento es inverso. En muchos sentidos, es aún peor que eso, porque una de las fortalezas de Estados Unidos siempre ha sido el poder blando, el respeto que nos tenían, y eso se ha perdido. La cuestión comercial es más simple. Casi con certeza perderemos la guerra comercial. Estados Unidos representa solo el 20% del PIB mundial. Los productos que Estados Unidos exporta a China son productos agrícolas, que puede comprar a cualquier otro país. En cambio, los productos que Estados Unidos importa de China son muy específicos y no pueden adquirirse fácilmente en otros países. En particular, las tierras raras solo pueden comprarse en China. En ese sentido, Trump ha cometido un error aún mayor. Cree que, porque el volumen de importaciones chinas es mayor, tenemos más poder de negociación. En realidad, los aranceles estadounidenses son un shock de demanda para China, pero los aranceles chinos representan un shock de oferta para nosotros, y responder a eso es mucho más difícil y costoso. Para empeorar aún más las cosas, dos de nuestras principales industrias exportadoras son el turismo y la educación. Él no entiende que en una economía del siglo XXI las exportaciones no son solo bienes, sino también servicios. Pero ¿quién querría venir a estudiar o hacer turismo a un país donde puedes ser detenido sin explicación? Estas son acciones propias de gobiernos autoritarios. Pero ni siquiera los peores gobiernos autoritarios del mundo hacen esto, porque no quieren dañar su reputación. Lo que hemos visto en Estados Unidos es lo peor de lo peor, y se hace de forma aleatoria. Es una revolución cultural improvisada, con gente actuando sin pensar, sin ninguna conciencia de las consecuencias de sus actos.

¿Qué ha aprendido a lo largo de su vida sobre la conexión entre la libertad y el sufrimiento? ¿Y qué diría a quienes desde su vulnerabilidad luchan e intentan mantener la esperanza en una sociedad buena? 

Tenemos la capacidad de crear una sociedad mejor. No es fácil, y lamentablemente hay fuerzas que empujan en contra. Las cosas son frágiles, más frágiles de lo que nos gustaría. Cuando comencé mi carrera, hace más de 60 años, me preocupaban los derechos civiles. Marché con Martin Luther King en 1963 en Washington D.C. Hice mi posgrado en parte porque quería ver qué podíamos hacer los economistas, los científicos sociales, para mejorar el mundo. Durante un tiempo, las cosas mejoraron, pero luego empeoraron. Y aunque entendimos mejor las dinámicas que generaban desigualdad, esas mismas fuerzas se intensificaron. La creciente concentración de riqueza y de poder terminó creando el caldo de cultivo perfecto para los demagogos. Y aquí estamos. Así que mi respuesta es que tenemos que seguir luchando. Recientemente apareció un artículo precioso en la portada de un periódico mostrando a Bernie Sanders, un hombre de 83 años como yo, junto a Alexandria Ocasio-Cortez, una joven política muy inteligente, recorriendo el país. Están reuniendo multitudes de 40.000 personas o más. Hay mucho entusiasmo por un nuevo progresismo, y eso es lo que me da esperanza. Creo que, al final, vamos a ganar.

Fuente: Ethic.es

Por Raúl Zibechi

Por Decio Machado

En Ecuador, las cooperativas de ahorro y crédito representan mucho más que simples instituciones financieras. Son herederas de una tradición comunitaria de solidaridad, confianza mutua y gestión autónoma de recursos en territorios que el sistema financiero privado descarta y donde el Estado suele llegar tarde o nunca llega.

Las cooperativas de ahorro y crédito constituyen, además, un contrapeso histórico a la hegemonía de la banca privada, operando bajo lógicas de proximidad social antes que de maximización de utilidades. De hecho, nacieron como iniciativas de organización comunitaria y barrial; creándose desde abajo, para resolver las necesidades de financiamiento de campesinos, comerciantes, artesanos y trabajadores que no tenían acceso al sistema bancario tradicional. Es por ello que su presencia se concentra en parroquias rurales, cantones pequeños y periferias urbanas, consolidándose como el único vehículo financiero disponible en territorios marginalizados, bajo el desprecio del análisis de costo-beneficio de los grupos financieros tradicionales.

Sin embargo, debido a su capacidad operativa mediante estructuras administrativas relativamente ligeras, contratación de personal local y costos menores al de las entidades financieras convencionales, en la actualidad el sector financiero popular y solidario agrupa a más de 6.1 millones de socios (usuarios), administra unos USD 28 mil millones en activos y representa aproximadamente un tercio del sistema financiero nacional.

Lo anterior, sumado a las más de 16.800 organizaciones (cooperativas de servicios, de producción, de vivienda y de consumo, además de asociaciones productivas y organizaciones comunitarias) que constituyen en llamado “sector real” de la economía popular y solidaria, las cuales en su conjunto involucran a más de 540.000 personas, conforma un ecosistema reconocido por el Estado ecuatoriano, sobre todo a partir de la vigente Constitución de 2008, como un sector económico estratégico.

Ese “sector real” en el cual se desarrollan procesos de producción, intercambio, comercialización, y consumo de bienes y servicios, se relaciona con el sector financiero popular y solidario principalmente a través de productos de ahorro y crédito que los socios de la economía popular y solidaria mantienen con las instituciones financieras pertenecientes al ecosistema. Esta interrelación se materializa en que más de 295.000 socios, asociados y miembros del “sector real” de economía popular y solidaria son también socios en el sector financiero popular y solidario; donde cerca de 100.000 personas de este entorno cuentan con operaciones de crédito vigentes y unas 319.000 personas cooperativistas mantienen depósitos en distintas instituciones financieras del sector.

Salud y legitimidad de las cooperativas

En términos de indicadores de solvencia, el índice de morosidad de las cooperativas de ahorro y crédito ronda el 8,33% promedio, más alto que el 3,27% promedio de la banca privada, aunque que se mantiene en un rango sostenible para el tipo de público al que atienden. A su vez, las políticas de prevención enmarcadas en índices de cobertura de cartera y requerimientos de liquidez obligatoria establecidos por la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria (organismo de regulación y control) han operado positivamente evitando cualquier riesgo de colapso sistémico en un sector donde, a la par, el seguro de depósitos COSEDE cubre hasta USD 32.000, lo que brinda una protección importante al pequeño ahorro en cooperativas grandes. Por último, cabe señalar que la solidez del sector financiero popular y solidario radica en que su cartera de crédito se distribuye entre miles de pequeños prestatarios, lo que reduce el riesgo de concentración.

Por otro lado y en lo que respecta al rol social del sistema financiero popular y solidario, la más reciente demostración de su razón de ser tuvo lugar durante la pandemia de 2020, momento en el que mientras los bancos restringían créditos, las cooperativas de ahorro y crédito siguieron financiando microemprendimientos, agricultura familiar y pequeños negocios, lo que reafirmó su legitimidad social.

De hecho, el crecimiento sostenido de este sector durante las últimas décadas se sustenta sobre estos tres pilares estructurales: confianza de los socios en el sector, inserción territorial y legitimidad social.

El apetito de la banca privada

Frente a la amplia diversidad existente en el sector cooperativo, el sistema bancario tradicional se caracteriza por su alta concentración en pocos actores privados. El sistema financiero privado es dominado por tres grandes emporios bancarios que, además, condicionan políticas regulatorias a su favor. La competencia entre estos se enmarca en la disputa por la captación de depósitos y el otorgamiento de créditos de consumo y productivos.

En este contexto, estos grandes bancos privados llevan años interesados en apoderarse de un botín tan apreciable como el capital acumulado en las cooperativas de ahorro y crédito más grandes del país.

Durante los últimos siete años y en especial a partir de la aprobación de la “ley para la defensa de la dolarización” en abril de 2021, los voceros de la gran banca privada nacional no han cesado de arremeter públicamente contra el sector financiero popular y solidario. La narrativa común utilizada por estos combina estrategias de contraste (diferencias normativas) y miedo (crisis inminente).

Ataque al modelo económico popular y solidario

Más allá de la disputa por nichos de mercado, el neoliberalismo y las cooperativas representan dos enfoques económicos opuestos. El neoliberalismo promueve la liberalización del mercado, la privatización y la desregulación, con el objetivo de fomentar el crecimiento económico a través de la competencia individual. Por otro lado, las cooperativas son organizaciones de propiedad conjunta y control democrático, donde los miembros buscan satisfacer necesidades comunes mediante la colaboración y la solidaridad.

Dicho antagonismo se evidenció institucionalmente en la pugna mantenida por años entre los gurús locales del neoliberalismo, reposicionados en los entornos de influencia en la política gubernamental a partir del gobierno de Lenín Moreno, y los funcionarios y operadores de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. Pese a la gradual implementación en el país de una política liberal y pro-mercado, hoy derivado en neoliberalismo pragmático con rasgos autoritarios, sector financiero popular y solidario se mantuvo sin sufrir graves agresiones.

Sin embargo, el Fondo Monetario Internacional (FMI) en su Programa de Evaluación del Sector Financiero con Ecuador (Agosto/2023), sentaría las bases de la reforma legal hoy en curso. Ignorando que cooperativas y bancos son entidades de naturaleza distinta (sentido de identidad y propiedad, nicho de negocio, modelo de toma de decisiones…), en dicho informe se señala que: “considerando que el funcionamiento y los modelos de negocio de las cooperativas de crédito más grandes son más cercanos a los bancos que a las demás cooperativas, las autoridades podrían considerar transferir la supervisión de las cooperativas más grandes a la Superintendencia de Bancos”. El documento sostiene además que dicha transferencia “podría mejorar la eficiencia y eficacia de la supervisión”, indicando que la falta de control no permite “obtener una visión integral del perfil de riesgo” de las cooperativas.

Las recomendaciones del FMI conllevan una gran carga de intencionalidad más política que técnica, pues la Superintendencia de Bancos lleva años bajo control de los principales bancos del país, dejando de ser un organismo de regulación y control para ser una estructura al servicio de quienes dominan el sector financiero nacional.

Lo anterior marca el punto de partida de la actual ofensiva contra la cooperativas de ahorro y crédito, y por extensión, contra el sistema de la economía popular y solidaria en su conjunto. La agenda fondomonetarista propiciaría la actual alianza estratégica entre el poder político y el poder financiero frente a las cooperativas de ahorro y crédito. Mientras el gobierno de Daniel Noboa busca, bajo supuestos criterios de modernización económica, acabar con viejos modelos y estructuras comunitarias históricamente enraizadas en el país; los grandes bancos que controlan el sistema financiero privado buscan desplazar a la economía solidaria de su nicho natural, con el fin de capturar un mercado que ha sabido sostenerse con base en la cercanía comunitaria.

Así las cosas y teniendo en cuenta que el Estado no es un mero aparato de que “administra” la sociedad, sino una condensación de relaciones de fuerza, en la Asamblea Nacional tendrían lugar dos episodios consecutivos que cambiarían radicalmente el escenario hasta entonces existente. El primero tuvo lugar el 12 de mayo de 2025, con la censura -mediante juicio político- de la funcionaria a cargo de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria durante el periodo de resistencia a la captura del sector por parte de los grandes grupos de capital financiero privado. El segundo momento se da apenas un mes después, cuando el 24 de junio es aprobada en el Legislativo la Ley Orgánica de Integridad Pública y su Disposición Transitoria Décimo Primera, mediante la cual dispone identificar a las cooperativas de ahorro y crédito que deban ser transformadas en sociedades anónimas del sector financiero privado y traspasarlas a la supervisión de la Superintendencia de Bancos.

La disposición mencionada actúa como llave para un proceso de transformación forzada de cooperativas en bancos, bajo el argumento de modernizar la gestión, fortalecer la solvencia y aumentar la transparencia, poniendo en juego no solo la autonomía de estas entidades, sino el destino mismo de la economía popular y solidaria.

Por añadidura, es de reseñar que detrás de este discurso tecnocrático se esconde un interés evidente: la conversión de cooperativas en bancos abre la puerta a la entrada de accionistas privados (los grandes bancos), los cuales con mayor músculo financiero se harán con el control mayoritario de instituciones que hasta ahora habían sido propiedad de los socios de las cooperativas.

El gobierno, en sintonía con organismos multilaterales y cámaras empresariales, presenta esta normativa como parte de una agenda de “modernización capitalista”. El relato oficial insiste en que el país debe alinearse con “estándares internacionales” que garanticen confianza de inversionistas extranjeros y la estabilidad macroeconómica.

Sin embargo, modernización aquí se traduce en el desmantelamiento de formas de organización económica enraizadas en la cultura popular para imponer modelos financieros verticales, ajenos a la lógica del territorio. Bajo el ropaje de la eficiencia y la transparencia, lo que se promueve es una redistribución regresiva del poder económico: quitarle a las bases sociales organizadas para entregarle a los grandes capitales.

El trasfondo político: una economía al servicio del capital

No se trata solo de una disputa técnica sobre la regulación financiera. Lo que está en juego es la orientación misma del modelo económico ecuatoriano. Las cooperativas encarnan una tradición de autonomía social y resiliencia comunitaria, vital en un país atravesado por crisis recurrentes. Su desarticulación significa, en términos políticos, la pérdida de un espacio de soberanía económica frente a los intereses del capital financiero.

El Estado actúa aquí como garante del mercado, no como defensor del interés público. El discurso de integridad y transparencia funciona como pretexto para allanar el camino a la concentración de capitales y la subordinación de la economía popular a las reglas del juego neoliberal.

En definitiva, el problema de fondo no es si las cooperativas deben “modernizarse” o no, sino quién controla los recursos financieros del país: ¿los socios organizados bajo principios de solidaridad y proximidad, o un puñado de grupos económicos que ya concentran buena parte de la riqueza nacional?

Estado de situación y perspectivas

En la tarde del 4 de agosto de 2025, la Corte Constitucional del Ecuador informaría de la suspensión provisional de la Disposición Transitoria Décimo Primera de la Ley Orgánica de Integridad Pública.

Esta decisión se enmarca en el proceso de admisibilidad de las acciones públicas de inconstitucionalidad y de suspensión de normas que, a primera vista, podrían afectar derechos fundamentales. Se trata de una actuación técnica y jurídica que busca precautelar el cumplimiento y la supremacía de la Constitución de la República del Ecuador, sin que constituya aún pronunciamiento de fondo sobre dicho proceso.

Lo anterior, pese a que presuponga cierto nivel de avance de las posturas en defensa de la economía popular y solidaria, prolonga en el tiempo el actual escenario de incertidumbre, a la espera, sin fecha establecida, de un dictamen final de la Corte Constitucional al respecto.

Mientras tanto, por esta decisión y otras similares derivadas de la aprobación indebida de leyes consideradas económicas urgentes en la Asamblea Nacional, el gobierno ha convertido estratégicamente a la Corte Constitucional en su principal antagonista político. Posiblemente estemos en los preámbulos de lo que será un nuevo proceso constituyente, en esta ocasión regresivo en materia de derechos.

Por su parte y ante este escenario de acoso y derribo al sector financiero popular y solidario, tanto el espectro político de la izquierda institucional como de la social brillan por su ausencia. Los primeros, inmersos en un proceso de crisis interna tras su última derrota electoral y desconectados cada vez más de la realidad sociopolítica nacional, guardan silencio e incluso fueron cómplices del juicio político que censuró a quien fuera la anterior titular de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, el único organismo del Estado que hasta poco antes había defendido al sector de la economía popular frente a la presión de las juntas regulatorias -financiera y monetaria-, el Ministerio de Economía y Finanzas, la comisión legislativa de desarrollo económico, el lobby del capital financiero y los multilaterales. Los segundos, con una dirección política recién instalada y en franco proceso de renuncia a sus reivindicaciones históricas como movimiento social, abandonan a su suerte al amplio segmento indígena que compone el sector cooperativo financiero nacional. De hecho, hay algunos que de forma muy infantil incluso hablan de derecho de los indígenas a montar bancos.

Por último y en lo que respecto al sector, mientras la actual dirección de la Superintendencia de Economía Popular y Solidario guarda un silencio cómplice respecto al conflicto, la heterogeneidad que transversaliza el mundo de las cooperativas de ahorro y crédito se muestra de diferentes formas. Unos se agrupan y organizan para hacer frente a la embestida gubernamental y bancario, otros buscan negociar una salida particular para sus cooperativas e incluso hay quienes apoyan la desarticulación del sector, pensando ilusóriamente en apropiarse de determinadas instituciones financieras solidarias y la sucesión dinástica de sus gerencias.

Conclusión

La Disposición Transitoria Décimo Primera es una jugada estratégica que redefine el tablero financiero en Ecuador. Bajo el disfraz de un tecnicismo legal y de la falsa necesidad de darle estabilidad al sector de las cooperativas, se abre paso a una reconfiguración estructural: la economía popular y solidaria pierde autonomía, se socava las bases de la economía tradicional, la banca privada gana un nuevo mercado y el gobierno se presenta como un actor modernizador del país mientras cumple servilmente la agenda fondomonetarista.

El desenlace no es menor. Está en juego la posibilidad de que Ecuador siga siendo un país donde convivan múltiples formas de organización económica, o que la uniformidad capitalista, cada vez más feroz e impuesta desde arriba, termine borrando décadas de construcción comunitaria y solidaria.

por Alejandro Marambio-Tapia

 

El propósito de este artículo es destacar el desarrollo de iniciativas económicas alternativas y la capacidad que tuvieron (y tienen) para producir y reforzar la emergencia de la comunitario en Chile, lo que resultó crucial para enfrentar la crisis sociosanitaria y socioeconómica de principios de esta década. A través del análisis de los casos, observaremos como estas iniciativas económicas de intercambio no convencionales colaboraron a producir y explicar relaciones comunitarias más allá de cercanías geográficas y emocionales. Consideramos que esto fue (es) factible por la fuerza relacional de la vida económica de escala comunitaria, y por la forma en que estas iniciativas económicas albergaron prácticas de consumo crítico. Nuestra propuesta de consumo crítico se define como una adquisición y apropiación de bienes y servicios orientada a la colectivización, que conlleva una reflexividad mínima sobre el consumo en sí mismo, lo que permite sostener tanto racionalidades alternativas al mercado desregulado como politizaciones que no toman como principal referente al Estado.

El contexto de la crisis sociosanitaria permitió observar la debilidad del mercado -en su versión hegemónica desregulada neoliberal- para proveer un marco coherente, constante y fluido para el intercambio, la provisión y el consumo a nivel micro. Luego, la emergencia de prácticas económicas fuera del mercado, parcial o completamente, constituye una experiencia en comunidad que logró ofrecer cohesión social en una sociedad. Este marco alternativo de provisión se dio en una sociedad caracterizada por una financiarización de la vida cotidiana (salud, educación, vivienda, consumo, etc.), por un endeudamiento de hogares normalizado, y un Estado usualmente ausente. Esto se sumó a la desconfianza y distanciamiento que impusieron los confinamientos en Chile, uno de los más extendidos de Latinoamérica, que implicó restricciones totales y parciales entre marzo de 2020 y julio de 2021 en los centros urbanos del país.

Este marco alternativo de provisión refiere a formas de consumo e intercambio que circulan en el ecosistema de la economía social-solidaria, esto es, el conjunto de ideas y prácticas individuales, colectivas y empresariales que abordan la economía desde una perspectiva más solidaria, colaborativa y ética que la economía marginalista o “convencional” (da Ros, 2007; Gibson-Graham, 2017) y que en ese sentido son alternativas a las que imperan en el actual sistema económico.

Para elaborar nuestro análisis, prestamos atención a cuatro experiencias ejemplares y representativas de las prácticas económicas a estudiar, todas ubicadas en ciudades intermedias de Chile: la plataforma de Trueque de Talca; el Banco de Tiempo de Talca; el colectivo Plantarte Newén de Chillán, y la Cooperativa de Ollas Comunes-Radio Popular de Rancagua. Entendemos que la agencia actúa como un catalizador de acciones entendidas solamente como individuales y económicas, de acuerdo a las comprensiones unívocas y convencionales del consumo (Warde, 2015), y que llegan a colectivizarse en lo comunitario. ¿Y cómo entendemos lo comunitario? En términos generales y operacionales: iniciativas localizadas, realizadas de manera asociativa, orientadas al bienestar, sin fines de lucro, sin dependencia exclusiva del Estado (Cubillos et al, 2022). Estas prácticas de consumo e intercambio funcionan como parte de un enjambre de prácticas -acciones distintas que se superponen al compartir materialidades, significados y habitualidades (Schatzki, 2012)- que van formando una constelación de entramados comunitarios (Gutiérrez, 2020). Esta forma de ver lo comunitario se desliga de referencias excesivamente territoriales, como un barrio, y se amplía hacia un funcionamiento más en red, que, no obstante, nunca deja de tener un asiento local en lo territorial, algo propio de ciudades intermedias. Finalmente, y más allá de una visión tradicional o idealizante, argumentamos que lo comunitario vino a permitir la reproducción material y simbólica de la vida, en alternativa a las deficiencias del Estado y el mercado, durante la pandemia.

Plataformas de trueque, bancos del tiempo, cooperativas de autoconsumo y colectivos de ollas comunes tienden a minimizar el uso del dinero como valor de cambio y realzan la relevancia de la necesidad y el valor de uso, creando mercados alternativos (Easton & Araujo, 1994) en algunos casos con tintes contrahegemónicos y de resistencia cotidiana (Johansson & Vinthagen, 2016). En términos prácticos, buscan operar desde una racionalidad de la reciprocidad, la cooperación y la simetría, aun cuando ello no está exento de tensiones. Incrustados en dichas relaciones comunitarias, no necesariamente personales, estos intercambios involucran lo material, pero también protección y contención. Esto considera el factor emergente de la crisis sociosanitaria, pero también nuevos vínculos que van desarrollándose a partir del despliegue comunitario en las ciudades, a pesar de las condiciones de confinamiento. A diferencia de lo que se ha sostenido respecto al mercado desregulado, se puede observar que ciertas versiones del mercado no corroen necesariamente lo comunitario (Block y Sommers, 2014).

 

VUELTA A LO COMUNITARIO: MÁS ALLÁ DE LAS PROXIMIDADES URBANAS

Durante las últimas décadas, se ha producido una recuperación de la relevancia de lo comunitario como modo de observar a la sociedad (Lash, 1997). Se trata de una comunidad ya no con un carácter tradicional ni monolítico, sino que plagada de fragmentaciones, políticas identitarias, expresiones relacionadas al consumo, y movilizaciones con distintas intensidades de organización (Edwards, 2009), que pueden situarse, o no, dentro del mercado, y que pueden dialogar, o no, con los Estados y la política convencional.

A partir de lo anterior, lo comunitario serían entramados que organizan relaciones sociales de cooperación para la reproducción material y simbólica de la vida (Gutiérrez, 2020; Cubillos-Almendra et al, 2022). Es una comunidad que se puede constituir desde vínculos de parentesco extendidos hasta organizaciones más o menos consolidadas o redes, como en los casos que analizamos en este texto. Se trata entonces de vínculos no determinados por la proximidad física ni por referencia unívoca al barrio, sino que más bien por ciertas adscripciones voluntarias (De Marinis, 2005) a redes que ocurren en las ciudades. Estos entramados permiten un entrar y salir de la mercantilización hacia la desmercantilización, y se orientan al bienestar para sus miembros, quienes pueden participar en estos múltiples entramados con el telón de fondo de lo territorial-local. En este operar, se van generando racionalidades y posibilidades de contra-agencia (Deville, 2016) que no siempre se procesan de manera consciente (Johansson & Vinthagen, 2016).

 

MERCADOS AUTORREGULADOS Y RELACIONES COMUNITARIAS

Uno de los puntos problemáticos de la decadencia de lo público-estatal es el giro político-cultural construido a partir de la ideología de los mercados autorregulados, que no es otra cosa que la entronización de la lógica de la ley de la oferta-demanda y su penetración en el resto de las esferas sociales (Polanyi, 1989). Sin embargo, el doble-movimiento polanyiano en su forma original -esto es, la sociedad organizada a través de un poder estatal, dominando al mercado salvaje- ya no rinde frutos, como se constató en la pandemia. El Estado y sus políticas, en particular en el caso chileno, donde se ha consolidado el retiro del Estado tras cuarenta años de tecnocracia neoliberal, pierde su rol de árbitro de la relación capital-trabajo, consolidando la individualización, desmovilización y precarización de las relaciones sociales y económicas. Sin embargo, la constatación histórica de la imposibilidad de un mercado desincrustado de la sociedad sigue vigente. La no “naturalidad” del mercado autorregulado abre las posibilidades de mirar la economía desde una perspectiva cultural. De hecho, la economía está instituida en instituciones sociales diversas (Polanyi, 1989), pero también está en las relaciones, a nivel micro (Zelizer, 2008; Bandelj, 2015). Esto quiere decir que nuestras prácticas económicas tienen justificaciones, motivaciones y racionalidades de índole moral, social, afectiva, y tienen relación con (des)confianzas, redes, (malos)entendidos, (pre)juicios. Luego, la economía está en la sociedad y está constituida por relaciones sociales y comunitarias. En este sentido relacional, recogemos la discusión respecto al poder “corrosivo” del mercado hacia las relaciones sociales al despojarlas de sentido más significativo y reemplazarlas por la mera instrumentalidad del intercambio de mercado (Block & Sommers, 2014). Por el contrario, apuntamos a testear el poder productor de relaciones (Zelizer, 2008) y entramados de la economía en su conjunto cuando precisamente es capaz de reconfigurar otro tipo de mercados, a través de las experiencias que abordamos en este artículo.

Finalmente, estas dinámicas relacionales permiten también la circulación de materialidades y discursos que sostienen modos alternativos para la economía produciendo iniciativas de economía social-solidaria y mercados con racionalidades alternativas, donde las formas de intercambio y consumo tendrán también otro sentido.

 

EXPERIENCIAS ECONÓMICAS CONTRAHEGEMÓNICAS EN TRES CIUDADES INTERMEDIAS

1. Cooperativa de Ollas Comunes-Radio Popular

La Cooperativa de Ollas Comunes (COC) de la Radio Popular funcionó desde mayo hasta septiembre de 2020. Esta red de apoyo, provisión y distribución logró abastecer a 20 Ollas Comunes de Rancagua durante el gran confinamiento de 2020, que se prolongó entre 3 a 6 meses. En torno a ella se articulan otras actividades, como rifas y campañas de donación. Respecto a la Radio Popular de Rancagua, que actúa como iniciativa nodriza de esta red, se tiene registro de sus inicios de actividades a comienzos de 2020, visibilizando distintas actividades de protesta social y actividades políticas de la comuna, vinculadas a la revuelta social que tuvo lugar en octubre de 2019 en todo el país y que tuvo como resultado dos procesos de cambio constitucional, finalmente fallidos, en los años siguientes. Puede ser identificada como una práctica de economía solidaria, en el sentido más literal del concepto, puesto se origina como un espacio de acopio de alimentos y apoyo logístico a las ollas comunes surgidas solidariamente para proveer a la comunidad. Se evidencia una labor de comunicación, movilización y articulación comunitaria que busca promover instancias similares en el futuro.

1. Trueque en Talca

Trueque en Talca (TT) es un grupo de Facebook que nace en marzo de 2020. Su objetivo es el intercambio de objetos, bienes y servicios, sin usar dinero. Durante los primeros meses alcanzan los 4 mil miembros. La creadora del grupo logra visibilidad pública al ser entrevistada por la televisión local. En mayo de 2020 alcanzan los 17 mil miembros y para 2021, se estabilizan en torno a los 24 mil miembros, quienes pueden intercambiar diversos tipos de bienes, y principalmente alimentos, ropa, electrodomésticos, y cualquier otro tipo de objetos. No se permite el intercambio de armas, drogas, medicamentos, y sustancias ilícitas.

La dinámica del grupo se basa en que las personas pueden publicar los objetos o servicios que tengan disponibles para intercambiar, sea por el motivo que sea. Al ofrecer algo se indica qué tipo de bienes necesita o quiere intercambiar. Las personas interactúan en las publicaciones del grupo, donde se realizan las ofertas y los intercambios de hacen de manera directa y presencial.

1. Plantarte Newén

Plantarte Newén (PN) de Chillán es un espacio colectivo donde desde 2015 se promueven las huertas agroecológicas, soberanía alimentaria, distribución de semillas libres, talleres de huerta, arte callejero, sabiduría ancestral, intercambio de bienes, servicios y conocimientos, promoción de prácticas de consumo consciente y economía circular, y acopio de alimentos no perecibles, ropa y calzado. Sobre esta base, y considerando las consecuencias económicas de la pandemia, deciden realizar una campaña solidaria para ir en ayuda de los comerciantes de la feria de abastos Diagonal Las Termas de Chillán, quienes se vieron afectados por las restricciones del confinamiento para poder trabajar. Además de estas campañas de donaciones, también realizan trueques en donde ofrecen semillas y plantines de sus huertas comunitarias, a cambio de otras semillas, ropa, alimentos, etc. Participan de manera estable 15 personas, pero su alcance llega a las 40–50 personas.

1. Banco del Tiempo

El Banco del Tiempo de Talca (BDT) opera como una plataforma digital ad hoc donde sus miembros intercambian servicios donde no se pone el acento en un valor monetario o en una medida equivalente y estandarizada, sino en el ofrecer y requerir ciertas habilidades, en forma de servicios o productos, a cambio de otras. En este sentido, la estructuración del BDT se sostendría en las necesidades y posibilidades de quienes forman parte de la organización, para así poder ver “que lo que yo hago te sirve a ti, y lo que tú haces me puede servir a mí” (Entrevista 1, BDT) y de este modo “se cubren necesidades entre las personas y se cobran con tiempo” (Entrevista 2, BDT). La organización del Banco de Tiempo de Talca, en principio es abierta, cualquier persona puede participar; en la medida que pueda ofrecer algo y a la vez sepa reconocer sus necesidades personales para así poder pedir otra cosa a cambio. Se realizan entrevistas a quienes desean formar parte del BDT, en las que se busca identificar los servicios o bienes que podrían entregarse para obtener horas y a la vez aquellos que se requerirían canjeando las horas acumuladas. Es posible observar que hay un flujo de participantes, que ingresan o se van de la organización, entre quienes se han encontrado: psicólogos, reikistas, electricistas, médicos, abogados, personas que practican permacultura, limpiadores, mueblistas, choferes, chefs.

 

NI ESTADO, NI MERCADO: DESAFIANDO ASISTENCIALISMO E INDIVIDUALISMO DESDE COMUNIDADES PRODUCIDAS POR MERCADOS ALTERNATIVOS

Las iniciativas aquí analizadas son diversas, perocomparten su vinculación con racionalidades económicas alternativas -un ethos colectivo-colaborativo- y orientación al consumo desde una perspectiva colectiva y reflexiva. Esto se basa, en primer término, en un rechazo a valores que se identifican como parte de la acción del Estado y del mercado desregulado neoliberal: asistencialismo e individualismo, respectivamente. Primero, rechazan discursivamente al asistencialismo, que asumen como perpetuador de opresiones. No obstante, las iniciativas se mueven en un eje que va desde lo asistencial a lo potencialmente transformador. Transitan desde un auxilio inmediato hacia una visualización de injusticias, y luego de formas de intercambiar y consumir como alternativas a esas injusticias. El consumo es reconfigurado en otros escenarios fuera de los imaginarios de la cultura de consumo, como el mall, y se repolitiza desde una perspectiva crítica: las decisiones de consumo pueden ayudar romper estructuras de exclusión y desigualdad, y a pensar y a discutir modos de vida reivindicativos. Es sacar al consumo (y a la economía doméstica en general) de la esfera privada y tratar de articularlo con un elemento productor de lo comunitario y del cambio social.

El rechazo al asistencialismo y al individualismo es coherente con la idea de un Estado y un Mercado que exasperan por la falta de integración y de respuestas a los problemas sanitarios y económicos. Así, por ejemplo, fruto de las observaciones, vemos que las experiencias de participación presencial directa, como la COC y Plantarte Newén se presentaron como una opción de supervivencia y resiliencia tanto para personas que no tenían ingresos -y que así podían acceder a alimentación e insumos básicos- como para quienes querían evitar la exposición a lugares de alta concurrencia como supermercados. Por otra parte, si bien no sostienen relaciones con el Estado y son críticos de las prácticas políticas por parte de partidos políticos tradicionales, comprenden la necesidad de institucionalidad y se muestran anuentes a vincularse con la esfera más pública electoral hacia el futuro. En el caso de Plantarte Newén, es una organización regular que implica mayor nivel de colectivización y conciencia de lo común, que no dialoga con el Estado y no tiene problemas de autonomía, pero sin duda tiene una articulación de vocación pública, ya que desea incidir en la acción de otros individuos, para sumarlos. Lo anterior se ve como el corolario colectivo-colaborativo que justifica la existencia misma de dichas organizaciones.

En el caso de la Radio Popular, que sostiene a la COC, se destaca como espacio de encuentro para la articulación y coordinación de marchas y acciones de protesta, y luego acciones económicas politizadas, tanto de un intento de desafío a la autoridad política como a la lógica individualista de supervivencia. “Tuvimos mucho cuidado al momento de hacer esta cooperativa y de dejar claro que nosotros somos cooperadores, no somos organizadores de ollas comunes, porque los organizadores son los pobladores; ellos la trabajan y la mantienen en función de las necesidades de cada población… Nosotros siempre presentándonos como una organización social-política, aclarando que para nosotros la olla era un acto político tomando en cuenta la situación social y económica que está viviendo el país en este momento”. (Entrevista 3, Radio Popular).

La COC es un proyecto auto-categorizado como político, pero que opera en la esfera de la distribución y el consumo, con lógicas económicas de circulación de recursos que son insoslayables. Sus organizadores sostienen que no es sólo la entrega de alimentos, sino que la misma forma cómo los consiguen y circulan es lo que quieren enfatizar. Lo ven como una forma distinta de hacer política y que contribuye a generar autonomía y capacidad de contra-agencia.

El TT y el BDT, que ocurre de manera presencial indirecta, puesto que sus intercambios se inician en una plataforma virtual, pero luego se concretan en lo presencial, ocurren fuera del mercado convencional, y constituyen un mercado otro que también discute contra el asistencialismo e individualismo. Sin embargo, no necesariamente implican una politización o una conciencia de aquello. En el caso del TT, sí hay una narrativa desde la creadora del grupo que piensa en un modo de hacer algo de “economía colaborativa y solidaria, circular y sustentable” (Entrevista 4, TT), que luego se expande por sus redes cercanas, como una bola de nieve, y que permitiría construir poco a poco esta suerte de “nuevo doble-movimiento” que contribuye a crear entramados comunitarios. No obstamte, sólo cuando la participación en estos mercados alternativos se hace más recurrente se producen una noción de colectividad reflexiva para cada individuo. “Se crea una mentalidad colectiva comunitaria y eso hace mirar los propios hábitos individuales, que nunca se dejan de lado, pero ahora uno los observa con más detención”. (Entrevista 20, COC).

Los organizadores del TT lo reconocen como algo no asistencial, aunque sí sirve para conectar a quienes trabajan en organizaciones e instancias de ayuda social con quienes la requieren. La acción estatal la vinculan con el clientelismo y el partidismo. Por ello, se intenciona que no haya proselitismo, aunque a través del trocamiento de ciertos productos, algunos integrantes pudieran leerlo así, ya que hay algunos productos con una carga política, porque transportan una visión de mundo (Marambio-Tapia, 2023). Aunque no hay un discurso político en su manera tradicional, si se promueve la práctica del trueque como una alternativa a las formas económicas dominantes. Esto es recogido por algunos participantes que consideran que la red de apoyo y conexiones derivadas de la iniciativa tienen la capacidad de hacer contra-agencia a lo hegemónico, y de producir y cohesionar lo comunitario. “El trueque hace frente a un modelo de sociedad que prioriza la competencia y la individualidad” (Entrevista 5, TT). Esta combinación de intercambios materiales con una significación reflexiva va constituyendo el consumo crítico como forma de participar en estos mercados alternativos.

 

CRÍTICA Y REPRODUCCIÓN MATERIAL: LA POLITIZACIÓN DEL CONSUMO

Respecto a su historicidad, muchas de estas experiencias no surgen tan solo como respuesta a la crisis sociosanitaria de 2020–2021 o a la revuelta social de 2019, sino que son trazables a momentos anteriores. Las surgidas en este momento de crisis sobre crisis están generalmente constituidas por actores con una cierta trayectoria anterior. Las trayectorias de las prácticas económicas son diferentes entre sí. En Plantarte Newénse confirma la hipótesis de que este tipo de prácticas económicas mostraba una mayor consciencia desde antes del 2019, ya que como ellos señalan en sus páginas, vienen trabajando desde hace ya cuatro años. En cambio, las iniciativas estudiadas en Talca y Rancagua surgen a partir de la crisis sanitaria, que sirve como motivación para su realización. Aun así, es posible que quienes impulsen estas prácticas tengan una trayectoria previa que les permita desplegarse con más fuerza en la crisis sanitaria.

En la perspectiva más política de estas iniciativas económicas se han identificado actores concretos, como el mall, a quienes le asignan una posición estructural en la desigualdad y un halo dominador en lo urbano. Sus acciones, entonces, están orientadas a interrumpir circuitos de desigualdad socioeconómica, como la predominancia en el consumo de malls y supermercados, como símbolos del modelo chileno y de un consumo irreflexivo. “Los productos que… están más controlados por un grupo de 5 o 6 empresas que determinan los valores de los productos etcétera e incluso generando como competencias injustas en contra de los almaceneros…”, (Entrevista 22, cooperativa) o “(es injusto que) hoy en día no haya gente que cultive una diversidad de hortalizas o muy pocas, sino que hayan territorios gigantes con monocultivos con pesticidas agro-tóxicos en dónde en el fondo lo más importante recibir la mayor ganancia al menor costo…” (Entrevista 23, cooperativa).

Esta revalorización de lo político a través de los modos y lugares de consumo es posible rastrearla a la revuelta de 2019. Tanto en TT como en los colectivos que promueven economías solidarias hay un espacio para la construcción del consumidor crítico, es decir, un consumidor que a lo menos considera la información de los productos para evaluar su completa trazabilidad: impacto ambiental, impacto social, la posición del producto en los circuitos y redes de intercambio y de producción. Una trazabilidad que opera en términos éticos y políticos, de una comprensión del ser humano como parte de un ecosistema integral y de que las formas en que se producen las cosas no son naturales. También implica el reconfigurar una práctica individual y llevarlo a un plano colectivo, en términos de consecuencias, y de un manejo común. No se trata sólo de modificar una conducta, sino que es prefigurar un nivel mínimo de una vida futura posible.

“…no verlo como consumismo… en el mismo trueque vamos a intercambiar un bien que nos va a beneficiar a las dos, y el no ver el dinero lo hace ver distinto, el incluir el reciclaje en esa práctica, nosotros tenemos un espacio en la casa un espacio libre donde recibimos ropa y de ahí nosotras podemos sacar tela para hacer las toallas o gente también que vienen a buscar, nosotras mismas nos vestimos de ahí. Yo creo que la diferencia es el interés y la noción que le damos a ese intercambio el que no sea tan importante el recurso monetario”. (Entrevista 6, usuario TT)

Se identifica una contra-agencia respecto al sistema materialista e individualista y que permite construir y cohesionar lo comunitario a través del consumo y lo económico, al dotar de sentido a estas acciones económicas. No hay expectativas de que ese mismo Estado les brinde condiciones de existencia distintas a las actuales, ni tampoco respecto al mercado, al que tienen a relacionar más con contaminación ambiental y destrucción de biodiversidad.

De acuerdo a lo visto en las notas de campo, los usuarios individuales del trueque se colectivizan a través de los intercambios del mismo trueque y de su pertenencia a dicha plataforma virtual y a las relaciones que van iniciando y consolidando. Hay nociones básicas de consumir fuera del mercado hasta de estar contribuyendo a experiencias “colaborativas y transformadoras”, como la denominan sus propios participantes. Al contextualizar el trueque en el marco de los colectivos más consolidados, las prácticas económicas de producción, intercambio y consumo, usualmente adjuntas a un estilo de vida más bien limitado, se transforman en una militancia que se dirige a lo público, y a lo político en cuanto a proponer nuevos modos de vida, nuevos modos de producir, nuevos modos de consumir. Cuestiones que desde los mercados o desde el Estado se tratan de mantener en lo privado y doméstico, como el consumo (Marambio-Tapia, 2020), experiencias como el TT, BDT y Plantarte Newén lo van llevando a lo público, en distintos niveles. Por ejemplo, en el trueque hay ciertas infraestructuras que son creadas más allá de los actores de mercado que desearían que no se produjera esa agencia. Y ese trueque por definición se da en lo público y se da en esferas que permiten construir y participar de un colectivo o de una comunidad con reglas y regulaciones propias y autoimpuestas.

 

LA ECONOMÍA DE LAS RELACIONES Y LOS PROYECTOS DE CONSUMO COLABORATIVOS

La economía de base funciona esencialmente sobre relaciones sociales, ya sean copresenciales o a través de canales digitales. Territorialmente, TT y BDT comparten el hecho de que potenciaron su funcionamiento en plataformas digitales, ya que antes sólo se difundían ocasionalmente en ferias. Como se ha constatado globalmente, la pandemia fortaleció la realización de actividades no presenciales. Muchos de los servicios ofrecidos por BDT y en parte por el centro Newén se adaptaban sin mayores problemas a este nuevo escenario relacional. Estas formas económicas constituyeron una forma de hacer comunidad, que va más allá de la proximidad geográfica, del barrio, de la junta de vecinos, pero que no por eso se desliga del territorio. Prueba de ello, es como el BDT se constituyó como un dispositivo de emergencia territorial en tiempos de pandemia. “Una vez pase la pandemia, va a tener que haber como una reconstrucción social/económica del país; porque la crisis nos ha golpeado fuerte y nos va a seguir golpeando dentro de los próximos meses. Entonces desde el banco de tiempo podemos fortalecer esta reconstrucción después de la pandemia.” (entrevista 12, coordinador BDT).

¿Prevalecerá la economía relacional post-pandemia (si cabe el término)? La respuesta no puede ser sólo sanitaria. Hay elementos sociopolíticos en juego. En relación con los vínculos estas iniciativas forman comunidad en el sentido de personas con intereses afines y que trascienden la vecindad local. Esto implica que hay expectativas en torno a este tipo de relaciones para cuando las cuarentenas y encierros salieran de lo habitual (“entonces como que se inscribían esperando a que pasara la pandemia para hacerlo como personal”, entrevista 12, coordinador/a BDT). Estas expectativas de establecer relaciones más allá de la virtualidad, y de establecer relaciones por afinidades que pueden llegar a ser políticas o éticas. “Yo creo que la pandemia, pasó, y permite que las condiciones sean propicias para fomentar un tipo de economía distinta” (Entrevista 16, participante COC). “…creo que las personas que participan en grupos de trueque pueden estar más abiertas a las ideas que se plantean en el Banco de Tiempo, porque ya están saliéndose un poco de la lógica media capitalista”, (entrevista 12, coordinador/a BDT).

Otra forma de responder la pregunta anterior es considerar las racionalidades económicas implicadas. En el caso del TT, hay concepciones tangenciales de valor de uso y cambio implícitos, pero que no coinciden con los valores de mercado. En concreto, quienes participan de un trueque en particular asumen que los productos intercambiados no son equivalentes en su valor de cambio. Por ello, la necesidad -o valor de uso- es el primer valor. Tiene ciertas reglas: la esencia es que no se puede comprar ni vender. Se basa indefectiblemente en un vínculo de confianza, mucho mayor que en el mercado desregulado. Por ejemplo, se habla de una “energía del trueque”, lo que circula con el trocar, un intercambio entre iguales, que se distancia tanto del regalar o de deshacerse de un “cachureo” [trasto viejo] y como también del comprar y del valor del cambio. No puede perderse la simetría de las relaciones. Por ello, es que las distinciones sociales producidas a partir de la disponibilidad del dinero son rechazadas.

En la perspectiva relacional de la economía hay espacio para tensiones entre las racionalidades colectivas-colaborativas que ayudan a producir comunidad, y aquellas más utilitarias-individualistas que perviven con fuerza, sobre todo en TT y BD, donde se reconoce una tensión entre lo individual y colectivo, puesto que la participación se inicia desde lo individual y es una práctica más espontánea que conscientemente transformadora. “Entiendo que que respondamos a lógicas más de lo individualista, capitalista, clientelares y nos cuesta de repente como tomarle el peso en el fondo a que un trabajo colectivo… algunos todavía no participan activamente o no todo lo constantemente que uno esperaría, y se generan algunas lagunas que tienen que ser apoyadas por los que sí están más vinculados” (Entrevista 21, COC).

Evidentemente, esta red de conexiones y relaciones no está exenta de tensiones. En general, no se puede idealizar lo comunitario ni en un sentido tradicional-pasado ni en un sentido prístino-futuro. Hay tensiones entre las racionalidades individuales y colectivas, o entre lo comunitario y el mercado. Esto se debe a que las motivaciones al entrar y salir de estos entramados económicos no son puras, sino que más bien diversas, donde en un extremo está lo individual (i.e. obtener un beneficio inmediato) y en el otro consolidar proyectos colectivos (i.e. crear orgánicas u emprendimientos colectivos transformadores), incluyendo el espectro intermedio. Incluso, en el caso del BDT hay un problema sobre cómo procesar la racionalidad esencial del banco del tiempo, en tanto intercambio diferido de servicios. Colisionan ahí las perspectivas de considerarlo una especie de voluntariado y no un intercambio simétrico. Aún más, de acuerdo a lo constatado en las observaciones y entrevistas, se generan problemas para valorar y medir los intercambios, respecto al entendimiento individual el intercambio como de servicios, donde concretamente algunos oferentes no consideran sus servicios como equivalentes, versus la propuesta colectiva de intercambiar tiempo, donde cada hora sería equivalente. De lo contrario, en el primer caso, el tiempo sería un mero dinero no monetario. En definitiva, el BDT es un tipo de mercado no corrosivo con las relaciones comunitarias. Va en contra el individualismo, pero vive tensionado por las subjetividades individualistas más normalizadas.

Respecto al manejo de recursos que sostienen la iniciativa Plantarte Newén, los intercambios se basan en la lógica de la reciprocidad y solidaridad (Letelier- Araya et al. 2019). Hay una orientación hacia al valor de uso, propia de trueques, bancos de tiempo y monedas sociales. Esto implica no sólo bienes y servicios, sino que la circulación de ciertos saberes y competencias También están incorporadas prácticas de economía circular. Esto implica que no todas las prácticas se pueden analizar por separado, sino que más bien ocurren como un enjambre de prácticas (Schatzki, 2012) que se coordinan constantemente, y que tienen materialidades, saberes y significados similares, como se puede apreciar cuando se articulan y analizan todas estas prácticas como una crítica a la sociedad de consumo, entendida por ellos como un espacio de crecimiento económico sin freno e insustentable, primacía del valor de cambio y circuitos lineales de la economía, antes que circulares.

El funcionamiento en red es significativo en todos los casos analizados. Las articulaciones se basan en la capacidad de agenciar recursos bajo las condiciones de restricción de la pandemia, y porque se comprende que de otra forma sería mucho más complejo cumplir objetivos. Se trata de una red de múltiples formatos, basada en canales virtuales, mediales y relacionales. En general, son prácticas económicas que dependen de vínculos relacionales es una economía incrustada en la comunidad, una plataforma de vínculos que funciona desde y para los vínculos relacionales de corte comunitario (no exclusivamente de parentesco/amistad). Evidentemente, algunas personas lo ven como una extensión a nivel comunitario de algo que podría darse a nivel mucho más reducido, casi familiar. La participación misma en los intercambios tiene el potencial de generar relaciones.

El intercambio está incrustado en relaciones sociales que involucran intercambio material, pero también protección y contención. Esto considera relaciones surgidas en el contexto de la crisis sociosanitaria, pero también nuevos vínculos que van desarrollándose a partir de la gestión de la plataforma del BDT, por ejemplo. Al igual que en TT, los administradores/moderadores tienen una función un tanto normativa, que apunta a preservar y cuidar las relaciones, en tanto, se asume que es un bien colectivo y/o común. A los lazos estables, que pueden ser intermitentes, se pertenece más por decisión propia que por una adscripción geográfica. Por lo mismo, se pueden superponer varias militancias. Se concentran en resolver problemas materiales, pero también emocionales. Se fundan en lo relacional.

 

CONSUMO CRÍTICO Y FORMACIÓN DE MERCADOS CONTRAHEGEMÓNICOS

El estallido social de 2019 en Chile fue origen y consolidación de algunas experiencias alternativas de consumo. Estas experiencias requieren ciertas competencias organizativas que se van adquiriendo a través de la misma operación de estas experiencias y a través de redes y relaciones, que producen comunidad, colectivos, colaboración y dotan de otros significados a las prácticas de consumo, sin que pierdan su sustrato manterial, como hemos observado a la luz de los datos. Sostenemos que estas experiencias cristalizan aspectos materiales, éticos y políticos del consumo, desde una perspectiva crítica.

Nuestra propuesta de consumo crítico pone atención en tres dimensiones: reflexiva, material y colectiva, con una subdimensión cultural y otra política. Lo reflexivo hace referencia a la posición que tomarían los consumidores para informarse y tomar conciencia respecto al origen, trazabilidad y efectos políticos y económicos que tienen los productos y servicios que adquieren y apropian, en particular, impactos en el sistema socioambiental, en los mercados del trabajo, las economías locales y las desigualdades socioeconómicas, financieras y de género (Marambio-Tapia, 2022; Pérez-Roa et al, 2022).

La dimensión material hace referencia a las acciones concretas que devienen de esta dimensión reflexiva; por ejemplo, preferir ciertos productos y dejar de preferir otros, relacionado con las dinámicas del boycott o buycott del Norte Global, aun cuando dichos conceptos resulten discutibles, puesto que involucran ciertas condiciones estructurales difícil de abordar desde la sola soberanía del consumidor. Esto se hace patente en las sociedades del Sur Global, y aún más, en los periodos críticos de la pandemia. Esto se materializó en la opción, por ejemplo, de preferir productores y distribuidores locales, como ferias, almacenes pequeños, los espacios de autoproducción y mercados alternativos como el TT y BST. Situándonos en la dimensión colectiva, el consumo crítico involucra no sólo acción u omisión relacionada con adquisición o apropiación, sino que incorpora aspectos 82

culturales y políticos. En la trama cultural, apunta a la formación de una cultura de consumo distinta a aquella propia del consumismo -he ahí la opción real de no consumir- que se relaciona con estilos de vida integralmente más críticos de la hegemonía económica. Esto se plasma en la resignificación que ocurre de las prácticas de consumo colaborativas como una forma de hacer comunidad. En la trama política, que opera sobre lo anterior, implica la organización y difusión de dichos estilos de vida, pasando de lo individual a lo colectivo, con una mayor conciencia de la politización que todos estos ciclos van produciendo. Lo anterior se observó en la noción de usar las intancias de reproducción material para la difusión de contenidos arrastrados desde el estallido social, que para el tiempo de la pandemia, todavía sonaba cercano en Chile. Aun más, el ejercicio mismo de consumo crítico fue visto como una forma de “resistir” las opresiones.

Estas prácticas, iniciativas y plataformas fueron un punto de entrada para algunos participantes a expresar formas de lealtad, de forma consciente y voluntariosa, que luego pudieren encontrarse más explícitamente por movimientos sociales consolidados (Yates, 2011) o movimientos sociales económicos (Portilho, 2009). Esta “acción colectiva individualizada” que podemos encontrar en el consumo, no es mediada por representantes ni acciones convencionales, y se distingue de la acción colectiva pura, porque opera en arenas distintas a la participación política grupal (Micheletti, 2003).

La mirada del consumo crítico recoge también los devenires de la crisis de representación del sistema político tradicional, y la desconfianza creciente en las instituciones del Estado y del mercado (Edwards, 2009), que como vimos en observaciones y entrevistas, se extremó en el periodo de crisis sociosantiaria. El consumo, ahora desde una perspectiva crítica, es una fuente de identidades colectivas y politizadas, que le disputa espacios a la política representativa. En ese sentido, estos espacios de consumo crítico pueden ser considerado como una alternativa a las formas políticas convencionales en sociedades donde la desafección con el sistema político es alta (Micheletti, 2003). En términos más amplios, el consumo crítico opera bajo el supuesto que el involucramiento en política es mediado por formas de acción individualizadas y organizadas en términos de afinidad, redes y horizontalidad (Tormey, 2007). En este sentido, las experiencias comunitarias de consumo e intercambio combinarían lo doméstico-privado del consumo con el cambio social de gran escala, a través de colectivizar lo individual y politizar estas esferas de consumo. Esta colectivización de lo individual conduce a reflexiones acerca de los modos de consumo en el principio de la pandemia, y su relación con nociones de sustentabilidad, precarización laboral y social, y la instalación de acciones y discursos que ven la crisis sociosanitaria como una oportunidad para levantar y/o potenciar modos de vida distintos a los que circulaban en el periodo previo a la pandemia. Para el caso chileno, esto se hibridó, a nivel comunitario, con el escenario de repolitización que trajo la revuelta social iniciada en octubre de 2019. La instalación de competencias y perspectivas de consumo crítico puede llegar a producir escalamiento de las iniciativas que trascienden la pandemia, y afincar redes y entramados comunitarios que antes no existían o que lo hacían tenuemente.

Asimismo, pudimos observar empíricamente la formación de mercados con otras lógicas distintas a las imperantes, esto es, basados en nociones de horizontalidad, colaboración y valor de uso, al referirnos en particular a las plataformas de trueque, los bancos de tiempo y los circuitos locales de intercambio. Argumentamos que estos mercados también tienen el poder de levantar lo comunitario al reforzar sus entramados y propiciar cohesión social. De esta forma contribuimos a la discusión sobre la naturaleza de los mercados. Un intercambio de mercado, basado en la maximización de intereses, es una forma posible, pero no excluyente, que una comunidad en un momento dado tiene para resolver el problema de distribución de bienes. El mercado desregulado implica que sus precios sólo se determinan por una lógica interna, esto es por la ley de la oferta y la demanda. Cuando todo trabajo, naturaleza y dinero están sometido a ello, para Polanyi se trata de una “sociedad de mercado”. Sin embargo, hay otras formas posibles, y que no sólo corresponden a momentos históricos anacrónicos, sino que a relaciones de reciprocidad, redistribución y los vínculos comunitarios, que forman otro de tipo de mercados (Easton & Araujo, 1994) como los que reseñamos en este artículo. Estos vínculos poseen y agencian una capacidad de coordinación significativa, y que en parte se presentaron como un recurso vivo para enfrentar la pandemia. De todas maneras, estas formas conviven y ninguna se sostiene a sí misma como la única forma “natural” de realizar estos intercambios y acceder al bienestar.

Todas estas iniciativas de ciudades intermedias son distintas experiencias en que la comunidad se protege del mercado autorregulado, como telón de fondo de la crisis global y permanente. Los intercambios económicos –la economía- no necesariamente corroe a la comunidad. Hay algo en común que se va proyectando y creciendo, más allá de los intercambios. Es, básicamente, rehacer, reconstituir y ampliar el tejido comunitario y la sensación misma de comunidad. Estas iniciativas comunitarias, de alguna forma, vienen a cuestionar con voz alta ese sentido de naturalidad que se ha atribuido al mercado, y demuestran con la práctica, de que son posibles otras formas de intercambio y consumo, que estén más en correspondencia con la naturaleza social de estas prácticas económicas y sean a su vez no corrosivas de lo comunitario, y que además se alinean con los objetivos de inclusión y justicia social que teóricamente Estado y mercado persiguen (Arun, 2022). El intercambio está incrustado en relaciones sociales, no necesariamente personales, pero sí involucran intercambio material, y también protección y contención. Esto incluye el factor emergente de la crisis sociosanitaria, pero también nuevos vínculos que van desarrollándose a partir de la gestión de esta plataforma. Se configura un nuevo “doble-movimiento”, esta vez desde las experiencias de colectivización comunitarias, ya que el mercado nunca terminó de corroer lo comunitario, y esto permite que se configuren otras reacciones posibles ante la impotencia del Estado.

Finalmente, la crisis sociosanitaria y su demanda de resiliencia invita a repensar la concepción de consumidores y los valores de mercado. Está siendo una contraposición entre la (desigual) sobreproducción capitalista, su desconexión con las necesidades y falta de agencia de los consumidores en este sistema, y entre las economías que se guíen por la solidaridad y la consideración de las necesidades y derechos de sujetos concretos, sus hogares y sus vínculos sociales. En la crisis sociosanitaria el consumo se vio restringido, lo que llevó a evaluar sus decisiones teniendo en cuenta la utilidad de los bienes, su bienestar y el beneficio generado por su uso. Con mayores o menores niveles de conciencia se tiene en consideración la circularidad de los bienes (Pego-Monteiro, 2020). Esto no significa que se aparte de la racionalidad del consumo, sino que prosigue otros caminos. La crisis sociosanitaria marca un hito en este tipo de experiencias. O bien consolida iniciativas que vienen gestándose, y las determina a realizar acciones de adaptación, o bien, marca el inicio de nuevas experiencias, a nivel colectivo o desde la decisión individual de sumarse a lo colectivo, en el marco de la detección de necesidades emergentes que trae la situación de confinamiento, desempleo y restricciones en general. Se trata de una constatación de forma práctica de lo que anuncian discursos de la esfera política: el retiro o ausencia del Estado, y la ineficacia y segregación del mercado como asignador de recursos. Sin duda estos proyectos son iniciativas potencialmente transformadoras -algunas incluso dialogan con los discursos del buen vivir (Vanhulst y Beling, 2014), y que pueden ser tanto mercados no corrosivos como instancias de construcción de lo comunitario por medio de la colectivización de lo que aparentemente se sitúa como una acción económica individual.

 

CONCLUSIONES

Los cuatro estudios de caso presentados aquí ejemplifican las diversas formas en que el consumo crítico y las prácticas económicas alternativas surgieron en respuesta a la crisis sociosanitaria durante la pandemia en Chile. Cada estudio de caso refleja diferentes niveles de participación comunitaria, politización e historicidad, lo que proporciona información valiosa sobre cómo estas iniciativas operan fuera de los sistemas económicos convencionales. Cada estudio de caso ilustra cómo estas iniciativas sirven como respuestas potencialmente transformadoras a las prácticas económicas dominantes desde el consumo crítico y su capacidad para fomentar la cohesión comunitaria en medio de las crisis. Replantean el consumo como una actividad colectiva, en lugar de ser exclusivamente individual, lo que es vital para la construcción de la comunidad. También destacan cómo estas iniciativas respondieron a las debilidades del sistema de mercado durante la pandemia, ilustrando las formas en que los enfoques basados en la comunidad pueden brindar resiliencia y apoyo cuando las estructuras estatales y de mercado fallan.

El artículo ha explorado las experiencias de consumo crítico y economía social que emergieron durante la pandemia en tres ciudades intermedias de Chile, destacando su capacidad para articular alternativas autónomas frente a las prácticas hegemónicas del sistema económico dominante. Los hallazgos indican que estas iniciativas no solo han respondido a las necesidades inmediatas generadas por la crisis sanitaria, sino que también han potenciado el fortalecimiento de vínculos comunitarios, la re-politización del consumo y la reflexión sobre modos de vida más sostenibles y equitativos. A través de la colectivización de prácticas que antes eran percibidas como acciones individuales, se ha evidenciado un potencial transformador significativo que invita a vislumbrar nuevas comprensiones de la economía y de las relaciones sociales.

El estudio presenta limitaciones, por cierto, principalmente relacionadas con la representatividad geográfica y el alcance de los casos analizados. Dado que se concentró en un contexto específico y temporal, podrían surgir variaciones en otras regiones o bajo diferentes condiciones socioeconómicas. Además, la investigación tuvo que lidiar con la dificultad de capturar iniciativas que operan en la informalidad, lo que podría haber limitado la exhaustividad del análisis.

Se sugiere la necesidad de realizar estudios que amplíen el foco geográfico y temporal, incorporando experiencias de iniciativas similares en otros contextos post-pandemia. Asimismo, se podría profundizar en el impacto a largo plazo de estas alternativas en la configuración de economías locales y en las dinámicas de empoderamiento comunitario. Una investigación de corte longitudinal podría ofrecer luces sobre cómo institucionalizar y escalar estas iniciativas, creando así un marco más robusto para la economía social y solidaria en Chile y más allá. Estas líneas de desarrollo futuro podrán contribuir a fortalecer la discusión sobre alternativas al modelo económico dominante y a fomentar un consumo más crítico y consciente en la sociedad.

Coordinador de Postgrado y Extensión de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile; Académico de la Escuela de Sociología e investigador del Centro de Estudios Urbano-Territoriales (CEUT) de la Universidad. Católica del Maule Licenciado en Información Social con Minor en Sociología, Periodista, Pontificia Universidad Católica de Chile; Magíster en Comunicación Pública, Universidad de Chile; Magíster en Sociología de la Modernización, Universidad de Chile; Doctor en Sociología, The University of Manchester. Sus líneas de investigación son: Estudio social de la economía; consumo y sociedad; consumo sostenible; financiarización y endeudamiento; desigualdades y clases sociales.

 

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