Por Decio Machado / Revista Opción S
A punto de cumplirse el primer año de su mandato, cabe recordar que Guillermo Lasso llegó a la poltrona presidencial de Carondelet obteniendo 1.83 millones de votos en la primera vuelta sobre un censo electoral de 13.11 millones de electores, es decir, apenas un 13.96% del electorado lo apoyó en primera instancia recibiendo 1.89 millones de votos menos que en su primera vuelta de las elecciones presidenciales anteriores en 2017.
Así las cosas, podemos afirmar que la victoria de Lasso en segunda vuelta fue un regalo. Se le agasajó con 2.83 millones de votos que no eran suyos fruto de la justificada resistencia de un importante sector de la población ante la posible vuelta al poder de un correísmo carente de autocrítica y la incongruencia ideológica de determinados sectores de la izquierda política, social e intelectual del país que en lugar de negociar condiciones de apoyo crítico con el progresismo auspiciaron la transferencia de sus votos a la opción conservadora bajo un sofístico llamado al voto “nulo ideológico”, haciéndole escasa crítica durante la campaña electoral al hoy presidente banquero. En definitiva, si bien se constata en los hechos aquella cita que decía que “a cada revolución inconclusa le sigue una contra-revolución”, lo sorprendente aquí es ver quienes fueron sus auspiciadores.
Consciente de la compleja situación económica en la que se encuentra el país, Lasso fijó compromisos electorales muy concretos: dinamizar la economía y generar dos millones de empleos incrementado la inversión extranjera, expandiendo el sector agrícola mediante préstamos a bajo interés, aumentando la producción petrolera y ampliando agresivamente la frontera extractiva en general. Lo demás, eso que fue ampliamente halagado por diversos consultores y analistas políticos y que tenía que ver con su “supuesta” adhesión a determinadas causas juveniles y su particular aparición en redes sociales durante la segunda vuelta fueron apenas florituras que hicieron, dentro del ya por sí reduccionista mundo del marketing político, algo más creíble su propuesta electoral.
¿Qué país se encontró Lasso y que país tenemos un año después?
Aunque Ecuador es considerado un país de renta media fruto del más que discutible uso predominante del PIB para diagnosticar el desarrollo nacional, en realidad vivimos en un país pobre, semi-estancado desde el año 2015 -momento en que impactó sobre la economía nacional el fin del llamado “boom de los commotidies” o de la “era de la economía fácil”- y en profundo proceso de aun mayor empobrecimiento.
Nuestro PIB per cápita en 2021 fue de USD 5.545, lo que hace al Ecuador ocupar el puesto 97 de los 196 países que componen dicho ranking global. Sin embargo, los datos del SRI demuestran que en torno a un 53% de los contribuyentes ecuatorianos percibe menos de USD 499 mensuales y otro 9% más estaría por debajo de los USD 600. Así las cosas, la pérdida de empleo en el presente año continúa afectando en mayor medida a los hogares medios y populares con menores de edad (52%), por encima del promedio nacional (43%), lo cual genera un rebote de la economía -hablemos claro, recuperación económica nunca hubo- muy lento y desigual tras el impacto económico de la pandemia que agravó aún más la crisis.
Según el informe ENCOVID presentado por UNICEF en febrero del presente año, un 57% de las familias ecuatorianas se han visto obligadas a pedir préstamos a sus familiares y amigos para poder mantener sus hogares. Todo ello tras dejar de comprar medicamentos, no pagar rentas, servicios básicos y devolución de deudas, mientras la canasta familiar nacional pasaba de USD 712,07 en febrero de 2021 a USD 725,16 en febrero de 2022 y sigue en acelerado crecimiento fruto del impacto de la inflación que ya significó un IPC el pasado mes de marzo del 2,64%. Derivado de lo anterior, la inseguridad alimentaria no disminuye (48%), aumentando sustancialmente en los hogares con menores de edad de estrato bajo (de 68% a 79%) y medio bajo (de 63% a 73%). Queda como tarea pendiente para algunos amigos y amigas adscritos al Colegio de Economistas hacer una evaluación profunda y sincera de los niveles de endeudamiento familiar en el país y las consecuencias que de ello derivarán al medio plazo.
Con su habitual imprudencia, como “gobierno débil” definieron nuestros inefables analistas del campo de la izquierda al gobierno de Guillermo Lasso desde el día mismo de su investidura. “Mejor esto que el correísmo” afirmaron incluso algunos de los más osados, justificando así su falta de coherencia y olvidando aquella memorable cita de Giulio Andreotti -quien fuera en siete ocasiones presidente del consejo de ministros italiano- que decía “el poder desgasta al que no lo tiene”.
En paralelo, la Asamblea Nacional, fruto de un voto muy fragmentado en los comicios del 7 de febrero de 2021, se constituía inicialmente con un bloque mayoritario de la Revolución Ciudadana (49 curules), seguido del Pachakutik (27 curules) debido al “efecto electoral Yaku Pérez”, e Izquierda Democrática y Partido Social Cristiano con 18 curules cada uno. El partido de gobierno, CREO, apenas conseguía 12 legisladores y no tenía en principio capacidad de conformar un bloque en el Legislativo. Tan solo unos días después, en su “debilidad” los operadores del gobierno ya habían logrado articular una bancada de 25 curules conformados bajo el nombre Bancada del Acuerdo Nacional (BAN) con 13 asambleístas más comprados a buen precio en el “mercado persa” legislativo.
Una vez más, renombrados dirigentes y pretendidos voceros de la izquierda alternativa saludarían con alegría, nocturnidad y alevosía el nombramiento de la cacique amazónica Guadalupe Llori como presidenta de la Asamblea Nacional, refiriéndose a ésta como una dirigente del movimiento indígena que había sido perseguida por el régimen correísta debido a su convicción de lucha y coherencia política. Algunos tuits y declaraciones públicas del momento son inolvidables y quedan para los anales de la historia.
De igual manera, el aparato de comunicación del Legislativo nos transmitía que por fin tendríamos una Asamblea Nacional diferente y sensible a la ciudadania ecuatoriana, donde se debatirían las reivindicaciones e inquietudes de la sociedad en la búsqueda de la defensa de los intereses de los sectores más humildes y vulnerables del país. Se acabaron los “brazos de madera” del período correísta y la venta de hospitales y prebendas del período de María Paula Romo como jefa del frente político de la administración morenista nos dijeron… pues bien, a partir de ahí asistiríamos a un pacto anti-natura entre la bancada pro gobierno nacional, determinados asambleístas provinciales, la mayoría del bloque Pachakutik y el partido Izquierda Democrática.
En la práctica lo más grave en este primer año del actual ciclo legislativo es constatar que el movimiento político Pachakutik, lejos de identificarse con aquella tesis del filósofo francés Jacques Rancière según la cual puntual y periódicamente los “cualquiera” irrumpen en el poder para inscribir sus derechos en la ley, más bien demostró lo resistentes que son las instituciones públicas al cambio y lo irrelevante que representa quienes estén al cargo de ellas, sean del pelaje que sean.
Más allá de lo ideológico, ni el gobierno nacional tuvo la capacidad de presentar leyes bien articuladas, ni los legisladores de cada bancada fueron competentes a la hora de imponer una agenda propia ante las carencias técnicas del actual gobierno. Unos y otros se justifican hoy públicamente estupidizando sus mensajes y minimizando hasta lo inverosímil la capacidad receptiva del pueblo ecuatoriano.
La cuadratura del círculo llegaría de la mano de la bancada de la Revolución Ciudadana el pasado 26 de noviembre, posibilitando mediante su abstención, la entrada en vigor mediante el ministerio de la ley de las reformas tributarias impulsadas desde el gobierno de Lasso. En la práctica, el más que hipotético pacto entre Rafael Correa y Guillermo Lasso que permitiría a la postre la salida del ex vicepresidente Jorge Glas de la cárcel de Cotopaxi y el “supuesto” cese de la persecución sobre líderes políticos del correísmo implicaría habilitar una de las demandas fundamentales de la agenda fondomonetarista en el país: recaudar cerca de USD 2.000 millones en los dos próximos años con el fin de hacer viable el servicio de deuda al que está obligado Ecuador. Todo ello claro está, a costa del lomo de la cada vez más débil clase media nacional mientras se privilegian los intereses de los grandes emporios empresariales y fortunas del país -los cuales gozan que una tasa de presión fiscal inferior al de la clase media- y del establishment político nacional por encima de los de la sociedad a la que dicen representar. En fin, parece evidente que una de las tareas urgentes que debe afrontar Ecuador en este momento es transformar lo que se considera aceptable y no aceptable en política.
En definitiva, se constató que la representación es una suplantación que desactiva la capacidad de incidencia de la sociedad común en política, lo que en la práctica implica que las grandes mayorías no tengan interlocutores en la Asamblea Nacional por mucho que a dichos legisladores les encante hacer spaces en Twitter para indicarnos lo involucrados que están con el bienestar de la ciudadanía ecuatoriana y sus preocupaciones respecto al devenir de la nación.
Las consecuencias de todo esto se dieron de ipso facto: mientras en la actualidad la confianza promedio respecto al poder legislativo en América Latina es del 20% (Latinobarómetro, 2021) en nuestro país apenas alcanza el 4%; en paralelo, asistimos a un creciente deterioro de la popularidad gubernamental que posiblemente equipare hacia fin de año los indicadores de legitimación del presidente Guillermo Lasso a aquellos con los que terminó el mandato su antecesor Lenín Moreno.
La creciente descrédito gubernamental está provocando que el inicial pacto existente entre medios de comunicación nacionales y el Ejecutivo para el blindaje mediático de Guillermo Lasso este llegando a su fin, lo que a la postre agudizará aún más el deterioro de la figura del actual mandatario, aunque no por ello su capacidad de ejercer el poder.
Que el pacto entre gobierno y correísmo le haya dado cierto fuelle al Ejecutivo es un hecho innegable, pero también lo es que mediante este proceso el gobierno nacional apenas compró tiempo. En su agenda está, tal y como se pudo apreciar en su proyecto Ley de Inversiones, la privatización de sectores, servicios y empresas públicas bajo la eufemística figura de la “delegación”, ahora bien, que puedan hacer el business pretendido empoderando en paralelo al sector financiero privado parece a priori improbable dado el grado de deslegitimación social al que está llegando el Ejecutivo. En paralelo y con un gobierno gestionado por personas que durante su vida profesional y política activa se han dedicado a combatir el rol del Estado en la economía y la sociedad en general, descubrimos que pasado un año de mandato siguen sin ni siquiera comprender como es el funcionamiento de la gestión pública ni la estructura del Estado, lo que está implicando un deterioro acelerado de la infraestructura vial y los servicios públicos, perdiendo excelencia la Academia ecuatoriana, incrementándose aceleradamente el mal estado de los centros escolares y viéndose los hospitales con carencia de medicinas y personal sanitario para la atención demandada.
En pocas palabras, el diseño de la hoja de ruta realizada para la salida de la crisis recae sobre las espaldas de los sectores más débiles de nuestra sociedad, lo que mantiene la balanza de este país muy desequilibrada a favor de la fracción más privilegiada bajo un proyecto político que busca normalizar tanto la exclusión como la precarización de la vida de nuestra gente.
Riesgos y retos a futuro
Pero la crisis más grave que atraviesa el país no es la económica, la cual ya de por sí es considerable, sino la política e institucional. Todo atisba a una crisis orgánica, aquello que Antonio Gramsci definía en sus Quaderni del Carcere como el agotamiento del marco institucional, es decir, cuando el conjunto de lo existente no es capaz de ofrecer soluciones institucionales ni integración cultural y simbólica a los anhelos de grandes capas de la población dentro del actual orden constituido.
Nuestro establishment político se muestra en su cotidianidad como incapaz de ofrecer y hacer una política útil para la sociedad; todos los partidos políticos hoy existentes en la cartografía política nacional nos llevan al camino de lo viejo; no hay nada menos erótico que la política institucional ecuatoriana; los auto-definidos como intelectuales -tanto del ecosistema político la izquierda como de la derecha- no hacen más que teorizar y emitir consignas sobre lo que ya conocemos, es decir, repiten lo que uno ya sabe demostrando sus falencias en el ámbito de la frescura intelectual; y en el caso de la izquierda el correísmo, tras una década de gobierno y su actual práctica en la Asamblea Nacional y discursos en foros internacionales, logró convencernos de que militar en las filas del progresismo carece de atractivo y sex appeal para todo aquel que no tenga como ambición personal escalar en su debido momento en las estructuras de poder el Estado.
Entre unos y otras convirtieron a la política ecuatoriana en una máquina de fabricar decepciones, a través de la cual los liderazgos políticos nacionales, sin excepción, se muestran incapaces de comprender que es en los momentos en que se rompen las bases materiales que antaño permitieron antiguos consensos cuando se generan los momentos propicios para articular las transformaciones sociales que toda sociedad viva periódicamente necesita.
En un Ecuador que necesita urgentemente cambios, lo que evidentemente no quiere el poder político y económico en manos conservadoras, el izquierdismo clásico mantiene una visión instrumental del Estado entendiendo que lo único realmente importante es en manos de quien está dicho Estado, lo que a la postre implica que el país carezca de vectores de cambio. En fin, decía Nietzsche que “no hay hechos, solo interpretaciones” pero quizás para aquellos que se reivindican del ala dura de la vieja izquierda y que se vanaglorian de considerarse marxistas les vendría bien una re-lectura de los textos de aquel viejo barbudo: para Marx el Estado nunca fue el reino de la razón, sino de la fuerza y los fetiches; no era el reino del bien común, sino del interés parcial; nunca tuvo como fin el bienestar de todos sino de quienes detentar el poder; tampoco fue la salida del “estado de la naturaleza” sino su continuación de otra forma, es más, para Karl Marx la salida del “estado de naturaleza” debía coincidir con el fin del Estado. Así que estimados lectores, este es el estado de situación de la “empanada mental” de las izquierdas ecuatorianas, y recordando aquella frase del filósofo mayo-sesentista Gilles Deleuze que decía que “la izquierda necesita que la gente piense” sería cuestión de preguntarse: ¿qué es lo que pasa cuando ni siquiera piensa la izquierda?
Sería José Ortega y Gasset, principal exponente del movimiento novecentismo español, quien diría aquello de “no me pidan que sea coherente con mis ideas, pídanme que se coherente con la realidad…”, así que vayamos al quid de la cuestión. Más allá de lo anterior, lo más grave que nos sucede en la actualidad política nacional es que se sustituyó el antagonismo social por la competición entre partidos, lo que hace que no haya cabida para articular las transformaciones radicales que hoy por hoy el país y nuestra sociedad necesita. Esto ha hecho que vivamos en una democracia en crisis, una democracia diabética donde no existe insulina que permita que la glucosa entre en sus células para suministrarles energía.
Lo previamente expresado convirtió al Ecuador en un país fracturado en mil pedazos, pero no porqué la gente vote por diferentes partidos políticos o por el hecho de que no avale al gobierno nacional de turno, sino porque la sociedad ecuatoriana en su mayoría no tiene ninguna seguridad sobre su futuro, no sabe en que va a trabajar ni de que va a vivir y en el caso de los más jóvenes ni siquiera que quiere estudiar si es que quiere realmente quiere estudiar algo. Pese a que tengamos muchas figuras nuevas ejerciendo como autoridades locales o nacionales su forma de concebir la política es vieja y caduca, con grandes carencias en materia de innovación ideológica y no adecuada a los actuales tiempos. Utilizando la terminología clásica de las ciencias políticas, podríamos decir que el conservadurismo hoy es tanto de derechas como de izquierdas, lo cual implica una situación que ya no podemos definir como grave sino como muy grave.
Fruto de lo anterior, política y sociedad llevan tiempo divorciadas en Ecuador. Hablemos claro, la política institucional hoy solo le interesa a los políticos y a los periodistas que la cubren, más allá de una pequeña porción de enfermos mentales de la que -si me permiten el chascarrillo- posiblemente usted, en este momento lector de este texto, y seguro yo formamos parte. Vivimos un momento de retroceso del sistema político ecuatoriano, así como de hartazgo de la sociedad y el votante respecto a la política. Si el voto no fuera obligatorio bajo sanciones de orden administrativo posiblemente el ausentismo electoral se elevaría por encima del 60%.
Ecuador ya es en la práctica un “Estado fallido”, entendiendo a este como el tipo de Estado que no solo es incapaz de proveer de bienestar a su población, sino que a la vez, pasa a representar un riesgo para la seguridad de su entorno regional, en nuestro caso debido a la penetración de las redes delincuenciales del narcotráfico en ámbitos como la justicia, los cuerpos de seguridad e incluso la política. Respecto a esto último cabe indicar que serán muchas las campañas electorales en territorios estratégicos que se financiarán en las próximas elecciones seccionales con plata del narcotráfico, sin importar las tiendas políticas auspiciadoras de cada uno de los candidatos implicados.
En un país donde durante el pasado año se reportó un feminicidio cada 47 horas (186 feminicidios en 2021), la tasa de empleo adecuado ronda apenas el 30% del PEA y en menos de cuatro meses transcurridos del presente año se reportan más de 1.200 muertes violentas, estamos a un tris de que las élites nacionales se doten de sus propios mecanismos de seguridad privada pasándose por la nariz aquello del monopolio de la violencia legítima por parte del Estado – el gewaltmonopol des staatesweberiano- lo que implicará acentuar aún más la indefensión ya existente en la que vive la sociedad de los comunes ecuatoriana.
Cincuenta y cuatro años atrás, en aquel interesante momento en que Karl Marx y Sigmund Freud se encontraron en el ámbito de lo que fue la construcción política de la subjetividad, en los muros de la Sorbona de Paris alguien grafiteó una consigna que decía: “yo participo, tu participas, él participa, nosotros participamos, vosotros participáis y ellos se aprovechan”. Pues bien, para el 90% de los ciudadanos ecuatorianos la única participación en democracia que realizan durante toda su vida es ir a votar cada cuatro o dos años si es que se intercalan las elecciones seccionales entre las presidenciales. Pese a ello, hoy varias fuerzas políticas y líderes sociales que de forma directa o indirecta auspiciaron que Guillermo Lasso llegase al gobierno de nación nos hablan de revocar al presidente de la República como si esto fuera algo novedoso y propio de la legislación ecuatoriana, ignorando que dicha potestad ciudadana estaba ya recogida en los articulados normativos de la Comuna de París allá por 1871. Pero lo más grave es que olvidan que más allá del presidente de turno es el sistema democrático nacional, su sistema de partidos y su casta política la que no le ha cumplido a la ciudadanía ecuatoriana. Esto hace que estemos viviendo el momento más bajo de confianza institucional de por los menos los últimos quince años de la historia política contemporánea del Ecuador.
Pero como decía Michel Foucault, “lo propio del saber no es ni ver ni demostrar, sino interpretar”. Dicho esto vamos al meollo de la cuestión: para la mayoría de las y los ecuatorianos el clivaje izquierda vs derecha no es más que algo alegórico, una etiqueta carente de contenido dado que apenas se les distingue, situándose la centralidad del tablero político nacional bajo aquella fractura gramsciana de lo nuevo frente a lo viejo, es decir, nuevos movimientos ciudadanos frente a los viejos -por jóvenes en edad que sean- políticos convencionales y es aquí donde está el mayor factor de riesgo pero también un interesante reto como sociedad.
Lo anterior responde a que el estado anímico de la sociedad ecuatoriana es tan negativo y posiblemente con consecuencias tan imprevisibles que puede materializarse bajo dos escenarios absolutamente opuestos entre sí: por un lado y siendo optimistas, las fallas del sistema por arriba podrían conllevar a tensiones emancipatorias que generen el desborde por los de abajo, generando las condiciones para que las cosas cambien impulsando transformaciones para bien en el país y su gente, aunque para ello haya que políticamente construir bajo la premisa de la diversidad, algo con lo que las izquierdas locales demuestran tener serios problemas; pero por otro y desde una visión más oscura o pesimista, es la ultraderecha quien en el momento actual está demostrando a nivel global mayor capacidad para entender las pasiones sociales en las que vivimos y quien ha tenido la capacidad de realmente asumir el discurso de la innovación y el cambio, lo cual implica el riesgo de que lo que está por venir podría ser un modelo social y político todavía más injusto y autoritario del ya actualmente existente.