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Por Toni Negri

Episodio XXXI

 

por Salvador Schavelzon[1]

 

Introducción

Los meses de octubre y noviembre de 2019 trasladaron el protagonismo político a las calles en varios países latinoamericanos. En Colombia y Chile, gobiernos de derecha que venían de imponerse electoralmente, encontraron fuertes protestas, que iniciaron 2020 sin solución de continuidad hasta el inicio de la pandemia[2]. Aún sin respuestas a la altura de la movilización, las protestas abren caminos de imaginación política de lo que antes era impensable.

No se trata en este texto de especular la revolución deseada a partir de protestas disímiles. Estas no abren un escenario de cambio real a la vuelta de la esquina. El sistema está asegurado, protegido por un control que desafía las luchas como fuerza omnipresente, en un plano bien alejado de las discusiones de distintas identidades políticas en disputa por el voto. Las insurrecciones urbanas se muestran potentes en un contexto de neoliberalismo globalizado, donde el conflicto con el capital no se reduce a fábricas y recorre las metrópolis invadiendo todo espacio, sin tiempo ajeno a la lógica de valorización. Son al mismo tiempo formas que no vulneran directamente la fortaleza del sistema, pero que deben ser tomadas como la modalidad que hoy toma la protesta como camino que puede constituirse en quiebre, si encuentra como mantenerse con consistencia y magnitud.

Las revueltas, con sus límites, son lo que tenemos, pese a que todavía no sabemos a dónde nos llevan, cuales son las tareas que las preceden o suceden, y sobre cómo encontrar formas nuevas de organización de los de abajo, de la mayoría que trabaja, no tiene empleo, o no busca trabajar, ya que las formas anteriores se encuentran neutralizadas.

Se trata entonces de recorrer, en este texto, la coyuntura sudamericana reconstruyendo contextos de cada país, que nos permitan entender dónde estamos. Entre avance de la derecha, la vuelta del progresismo y el movimiento de las calles, que nos pone nuevas cuestiones, buscaremos describir un momento especial, con algunas intuiciones sobre la importancia de la autonomía, y la seguridad de que nos encontramos en un tiempo político nuevo.

En Ecuador, el sucesor de Rafael Correa, Lenin Moreno, su antiguo vicepresidente devenido rival, enfrentó 11 días de rebelión que revirtieron medidas impopulares, especialmente el fin de la subvención a los combustibles, vigente por décadas, siguiendo recomendación del FMI. Como en Chile y Colombia, la impugnación de las calles ecuatorianas no parece traducirse en apoyo político para opositores. El correismo buscó entrar sin éxito en el escenario de protestas^[3]. Las organizaciones indígenas, con alto protagonismo, dejaban claro que no querían ni a Lenin ni a Correa. Difícil ver la solución en quién poco antes criminalizaba protestas y militarizara territorios indígenas en busca de mineral.

En gran medida una indignación generalizada tiene como elemento constitutivo y unificador el desencanto con las alternativas políticas existentes, y con todo lo que el sistema representativo de partidos tiene para ofrecer, esto es, la continuidad del neoliberalismo y un modelo de desarrollo y civilización marcado por la exclusión y el individualismo. Crisis de representación y política, sin horizonte de cambios o alternativas en curso, ni abierto en alguna dirección. Las décadas que pasaron de las dictaduras, la decepción política de las experiencias de gobiernos democráticos, la ausencia de un horizonte socialista, del común o alternativo viable, hacen que no haya un camino, sino un vacío de respuestas, que no por tanto elimina el problema, ni la necesidad de disputar desde donde sea posible.

En ese sentido cabe pensar los recientes estallidos en un largo ciclo de luchas contra la globalización capitalista y la gestión neoliberal de la crisis, con semejanzas, así, con los levantamientos, protestas y revueltas populares como el de junio de 2013 en Brasil, el 15M de 2011 en España y Occupy Wall Street, junto a otros en todo el mundo. También la ola anterior, que incluye la aparición del zapatismo en 1994, la batalla de Seattle en 99, las rebeliones indígenas y urbanas de Bolivia y Ecuador, o diciembre de 2001 en Argentina. Protestas convocadas por diversos disparadores pero que cuestionan rápidamente toda la situación política general, empleando internet y de forma descentralizada, sin las viejas herramientas de la clase trabajadora, ni el clásico alcance limitado de las luchas sindicales. Un desorden de explosión política que interrumpe la normalidad y crea un encuentro masivo en las calles que quiere cambios y no se contenta con poco.

A pesar de la centralidad que aún ocupa la figura de Evo Morales, la actual crisis boliviana, también puede leerse como una crítica política a las instituciones y el gobierno, en la medida en que un elemento clave es la pérdida de apoyo popular mayoritario. La caída de Morales se inicia con la derrota en el referéndum de 2016 por la reforma para intentar una nueva reelección. La derecha ocupa el gobierno, después de 21 días de protestas contra el resultado electoral, pero tampoco afianza para si un apoyo o consenso que garantice estabilidad en la detención del poder político. Las elecciones convocadas para mayo de 2020 abren la posibilidad de un retorno del MAS, con nuevo candidato a presidente, o el inicio de una transición comandado por fuerzas de centro o derecha.

El enfrentamiento entre progresistas y viejas o nuevas derechas está en pie. Se revitaliza en tiempo de elecciones y envuelve a muchos latinoamericanos, en especial las clases medias altas y tradicionales, alrededor de quienes se juega todo el juego mediático de la política institucional, y que viven esa oposición como el marco al que se reduce la política. Con la persistencia de la crisis, el deterioro del poder adquisitivo de las clases medias, la evidencia de un poder político que no resuelve la libertad, la igualdad, la mejoría que promete, mantiene abierto un conflicto que tiende a fomentar una situación inflamable sin dirección ni “proyecto”.

El progresismo y la izquierda gobernaron la mayoría de los países latinoamericanos en la primer década del siglo. El modelo de consumo, crédito, que se tornaría endeudamiento y destrucción territorial conquistó las clases medias bajas, para estas administraciones, sin garantizar servicios públicos de calidad y acceso a un bienestar que permitiría definir a estos sectores, foco de la propaganda sobre el legado progresista, en verdaderas clases medias y no pobres y de vida precaria. A pesar del apoyo popular y fuerza institucional consolidada, poco puede decirse de cambios estructurales que afecten un modelo desigual, de desarrollo y pacto con las elites, que se beneficiaron individualmente de esta coyuntura, sin ninguna renuncia a sus privilegios en el acceso al comando estatal de la economía, con favorecimiento en obras de infraestructura, contratos, y otros beneficios. El avance de la derecha que representa directamente estas élites, así, no podría realizarse sin un deterioro del apoyo popular a estos sectores políticos, que muestra la dificultad, en esta época, para afianzar un acompañamiento o participación popular duradera y auténtica, más allá del eventual voto.

En la segunda década del siglo vimos la constatación de la inviabilidad del progresismo como proceso emancipatorio. Volvieron los tratados bilaterales de libre comercio, la militarización de favelas y territorios indígenas con recursos naturales, la represión y criminalización de protesta social, el desarrollismo destructivo y con lógica de rapiña, no de distribución. No de soberanía, sino de inclusión en las relaciones capitalistas, el trabajo y la financierización de la vida, con endeudamiento y precariedad. En algunos países, donde la crísis se mostró más fuerte, el progresismo no tuvo tapujos en aplicar fuertes ajustes de austeridad, siempre priorizando los mercados financieros, en la distribución de recursos estatales.

Lo que en los encuentros del Forum Social Mundial al inicio del ciclo era el encuentro de una militancia inspirada por el zapatismo, de un lado, y Chávez como promesa de un camino posible más allá del neoliberalismo desde otro lado, estatal, es hoy su versión deteriorada, con un gobierno autoritario y hambre, en Venezuela, y una disputa partidaria en la región que abandonó la pretensión de realizar cambios estructurales. Los frutos del zapatismo, por su parte, dieron lugar a la lucha por autonomía en todo el continente, en un activismo anti estatal, verde, feminista, por lo común que forma parte de la cultura de la militancia, que desarrolla cambios de costumbres, sobre cómo comer, menstruar, amar, y que es central y estratégica en la dinámica de la revuelta y levantamiento de las calles, instalado en nuestra política de hoy, pero marginal, si no se conecta con la dinámica del trabajo, su interrupción, y las mayorías explotadas en movimiento.

En un escenario inestable, la derecha que viene a dar cierre a los años progresistas no logra su reelección, en Argentina, ante un deterioro económico pronunciado. En Brasil las promesas de mano dura contra la corrupción se desarman en poco tiempo, ante viejos y nuevos actores políticos que ya vienen con las viejas prácticas del poder incorporadas. Sin los buenos resultados económicos prometidos, aunque sin crisis económica fuera de control por parte del capitalismo brasileño, el apoyo a Bolsonaro aún no entra en curva de apoyo descendiente, pero en conflictos internos pierde el control del partido político con que ganó la elección, no afianza apoyo popular masivo y para disputar la reelección dependerá exclusivamente de la efectividad de los lugares comunes retóricos que movilizan votantes convencidos por razonamientos conservadores. En Colombia, la complicidad del gobierno de Duque con un proyecto de muerte y de guerra no declarada contra los que luchan es inocultable.

La vuelta a las calles, no anuncia una crisis del sistema, pero abre un momento de indefinición. La falta de respuestas convive con la presencia de líderes mediáticos, actores políticos insoslayables, al mismo tiempo depositarios de devoción y denostados como corruptos o totalitarios. Evo Morales, Cristina Kirchner, Inácio “Lula” Da Silva ocupan lugares similares, persecuciones, centralidad mediática en momentos de redefinición del poder, una base electoral garantizada pero también el mayor porcentaje de voto negativo. Contra ellos, los opositores crecen más, muchas veces favoreciendo el camino para líderes personalistas de derecha.

Un eje de oposición izquierda-derecha, o más propiamente neoliberalismo con tinte social progresista, de inclusión, contra un neoliberalismo económico con política social conservadora, liberal en la economía y conservador en las costumbres, como dice la derecha del Brasil. No hay perspectivas de una nueva izquierda, o un proyecto post neoliberal que pueda mostrarse como alternativa desde dentro del juego institucional. Desde afuera, más allá de luchas y victorias defensivas puntuales, no hay tejidos de organización consistentes que amenacen el status quo.

Las calles en buena medida se leen y viven como oposición a los gobiernos. Pero no se reducen a esto. Otro eje opone la representación, los partidos y candidatos que componen ese escenario de ideas, con una política que descree de que el sistema dependa del teatro institucional-electoral. En este plano se torna visible la dimensión de la gobernanza neoliberal y de una conflictividad que envuelve un capitalismo en mutación, que ubica al trabajo en otro lugar, entendiendo sus características de valorización desorganizada, dependiendo de logística, imponiendo un modo precario y no conectado a las fuerzas políticas tradicionales.

Si miramos esta sensibilidad política no neoliberal y no partidaria, que se opone a lo existente sin propuestas o formas organizativas con liderazgos o mensajes unificados, pero busca horizontes y actúa de forma imprevisible, entendemos una marca autónoma que encuentra presencia importante en la política de hoy, en oposición, aunque también con posibles articulaciones eventuales con la lógica populista, o de izquierda estatal, progresista o socialista. En este sentido se entiende que el PT de Brasil, con el propio Lula da Silva y su candidato, ex alcalde de San Pablo en 2013, entiendan las jornadas de junio de 2013 con signo conservador e imaginen conspiraciones imperialistas^[4]. Como en este caso, se expresaron contra ellos, y su heterogeneidad da lugar a que se le atribuya un sentido opuesto a la izquierda.

En la búsqueda de horizontes, las luchas colocan en el centro la cuestión medioambiental, indígena, de tratados de libre comercio con impacto en las economías locales, la territorialidad, lo comunitario y la autonomía de formas de vida posibles o resistentes, no sólo rurales o selváticas sino también urbanas, centradas en la vida, el agua, la tierra, como acceso al suelo y la vivienda. También contra el trabajo, o de reapropiación del trabajo hecho para otros. Esta “agenda” que en realidad refiere a imaginarios y modos de existencia y tiende a alejarse de las “agendas” de la izquierda populista o estatal, estas también modos de vida, de consumo, individualismo, competencia y mercantilización de la vida.

Hay algo de absorción de esta política en algunos cuadros del progresismo, especialmente cuando dejan el poder, o las izquierdas militantes y “críticas” que sin embargo no se emancipan de las líneas políticas de la izquierda mayoritaria. Lo que se impone especialmente, sin embargo, es no abrir puertas a estas agendas, que la izquierda institucional sabe que es contrapuesta al proyecto político que ellos asumen como inevitable. En los próximos años veremos sin embargo algo de margen para que luchas anti mineras en la cordillera de los andes, por el agua en Colombia, por la floresta y los pueblos indígenas en la Amazonia y otros lugares obtenga algo de apoyo de las izquierda fuera del gobierno, cuando los gobiernos son conservadores, pero también ruptura cuando la izquierda está en el poder.

En el gobierno, la izquierda y el progresismo osciló entre dos lugares.  Por un lado la forma democrática y liberal, con política partidaria orientada a ocupar las instituciones y, una vez en ellas, gobernar sin ninguna medida distributiva que cuestione las elites, sin asumir una violencia de los de abajo, sin subir impuestos ni afectar al poder económico concentrado. El progresismo neoliberal o el de la adecuación al poder sin tensión o miramientos^[5]. La otra posición, se alinea con una izquierda autoritaria, no liberal, sea porque revive formas caudillezcas clásicas en el poder nacionalista o conservador latinoamericano, o desde tradiciones de un socialismo de Estado, de una izquierda vertical y desarrollista, no democrática. Ambas alimentan mitos de cambio, con guiños a las masas (contra la oligarquía y las élites), y que entonces aparece como justificación de una ocupación poco republicana de las instituciones. En los dos casos, else tratan de tendencias que se viven sin ruptura real con el poder económico, quizás con la excepción de Venezuela, y algunas medidas en Bolivia y Ecuador, favoreciendo nuevas élites y sin realmente encabezar un proyecto emancipador.

La segunda tradición o tendencia, más desordenada, heterogénea y con elementos populares en su composición, se propone realizar cambios desde el Estado y es la fuente de gestos importantes del kirchenrismo, medidas concretas en Venezuela, o políticas sociales en Bolivia y Brasil que son continuadas por nuevos gobiernos, porque su sentido inmediato es electoral. Si una izquierda es liberal, la otra se acerca al nacionalismo y sin cambios profundos, muestra una rápida adecuación a las peores prácticas desde el poder, que determina después de su salida toda una dimensión política dirimida judicialmente.

A continuación presentaremos la situación de Brasil, Bolivia, Argentina y Chile, con sus matices que permiten completar un panorama parcial sobre la política sudamericana. En Argentina vemos un retorno del progresismo, con una figura que no se muestra cerrada a convocar a toda la familia peronista del poder, los pactos con empresarios y la búsqueda de un capitalismo sin choques, ni gestos populares bruscos, con que se caracteriza a la juventud peronista que asume continuidad con la el peronismo socialista de los ‘70. El triunfo de Alberto Fernández, autodefinido cómo «liberal progresista»^[6] con Cristina Kirchner como vicepresidenta muestra que la llegada de la derecha al poder no instaura un periodo definitivo. La estrategia de sacar a Cristina del primer plano, acosada por causas judiciales que podrían haber llevado a la prisión durante la campaña, y la busca de un candidato que neutralize ese voto negativo, fue la salida que en Bolivia no pudo producirse, y generó la actual crisis política. También fue una dificultad en Brasil, con la insatisfactoria gestión de DIlma Rousseff desde el punto de vista del propio partido, como factor que ayudó en la derrota.

Después del Impeachment y prisión de Lula, la situación en Brasil es opuesta a la argentina, anunciando una posibilidad para varios países de la región. La derrota del progresismo se da con la aparición de un nuevo líder con apoyo popular, esta vez de derecha. La falta de un despegue económico, el desencanto político generalizado que retrae la población a un cotidiano alejado de las cuestiones políticas institucionales, marca un contraste con la movilización de argentinos, bolivianos y chilenos, donde se respira política prácticamente en cualquier conversación. Bolsonaro arrebató a la izquierda el lugar de canalizar políticamente la indignación.

Derecha oscurantista, neoliberal, militarista, en Brasil, progresismo neoliberal, de explotación minera pero derechos humanos y políticas de inclusión, en Argentina, e Impasse en Chile y Bolivia, sin horizonte de solución electoral, en el primero, y con una promesa de asamblea constituyente que para muchos, y mirando la experiencia de Bolivia, solo parece postergar el problema. Horizonte electoral para el retorno del MAS, en Bolivia, pero sin Evo Morales y con una derecha que ni lenta ni perezosa ya está ejerciendo el poder.

A continuación recorreremos las coyunturas recientes de estos países como piezas de un cuadro político latinoamericano común, que se encuentra en movimiento, pasando por cambios traumáticos, fin de ciclos, y reconfiguraciones que nos permiten componer un mapa político de dificultades y alguna posibilidad.

 

Brasil

El proceso brasileño tuvo un punto de inflexión en junio de 2013. Hasta entonces, había hegemonía política del Partido de los Trabajadores, aunque debe aclararse que este nunca obtuvo la mayoría congresal y desde el primer gobierno, cuando fracasó en el intento de crear una base automática de apoyo, con el escándalo del Mensalão (sobornos mensuales a políticos de distintas fuerzas para garantizar ese apoyo). Sin este apoyo, el PT cerró una alianza más costosa en términos políticos, configurando un acuerdo de de co-gobierno con el PMDB, partido que nace como oposición autorizada durante la dictadura (cuando el resto de los partidos era proscrito) devenido en contenedor de caudillos regionales, familias del poder y candidatos del sistema, con mandatos comprables y espacio para invertir económicamente para la elección de una banca o una alcaldía en algún lugar del país.

Esta alianza con Dilma Rousseff se tradujo en el acuerdo electoral que llevó a Michel Temer a la vicepresidencia del Estado y presidencia del congreso, por dos mandatos (2010-2014, 2014-2016), siendo el segundo interrumpido por destitución, dejando el gobierno en manos del hasta entonces partido aliado, que llevaría adelante un gobierno conservador, aunque sin grandes rupturas en lo establecido hasta entonces.

Sin mayoría propia, en un sistema mixto entre presidencialista y parlamentarista que exige pactos, el PT tenía popularidad ante la sociedad y capacidad de encabezar una línea política, que fue la progresista. El PT, nacido como herramienta de los trabajadores contra la dictadura, en la defensa de sus intereses de clase, y expresión de una izquierda que tenía como horizonte la revolución brasileña, pero terminó administrando el capitalismo brasileño en época de crecimiento y bonanza. Los bancos del Brasil fueron los que más ganaron en la historia reciente mundial, el Estado transfirió recursos inconmensurables para grandes empresas, los empresarios amigos del poder construyeron fortunas e con créditos estatales se expandieron creando grupos monopólicos o multinacionales, con negocios facilitados desde el gobierno.

Habría en los años del PT una expansión universitaria y del sistema gratuito de salud, pero se estaría lejos de la revolución en educación y salud necesaria para que el país pueda contar con servicios de calidad al alcance de todos. En lugar de eso los recursos del país siguieron la lógica de un poder político subordinado a los mercados. El Estado brasileño lideró también la misión de paz en Haití que sirvió de ensayo para desarrollar después, en Río de Janeiro, una ocupación militar de las favelas, desde la lógica del control de la pobreza con métodos militares. Se expandió el encarcelamiento y las muertes violentas alcanzan cifras de países en guerra^[7]. A pesar de la retórica del gobierno, que hablaba de decenas de millones de pobres accediendo a la clase media, la inclusión social quedó en el plano del consumo que se sintió en las clases populares, con compra de autos, electrodomésticos, construcción, con posterior alto nivel de endeudamiento.

Diez años de gobierno desde 2003, cuando asume Lula da Silva, fueron el periodo al que hoy se refiere como lulismo: crecimiento con inclusión, mientras la gobernabilidad neoliberal daría ganancias sin precedente para el sector financiero, en un capitalismo de matriz exportadora que encontraría, como en toda la región, abultados ingresos con el agronegocio, la minería y otros recursos naturales. En 2010 asume Dilma Rousseff, su anterior ministra de minas y energía, y después Chefe da Casa Civil, especie de ministro articulador, a cargo del PAC, Programa de Aceleración de Crecimiento, a cargo de obras por todo el país, incluyendo la polémica represa de Belo Monte, cuyas empresas concesionarias financiarían las siguientes elecciones y que es un monumento de destrucción y hoy amenaza un gran río, después de haber destruido para siempre la vida de comunidades tradicionales e indígenas desplazadas de sus territorios. La obra sería un símbolo por la destrucción, el costo, y la falta de retorno y funcionalidad^[8].

En 2013 el aumento de veinte centavos de Real en el precio del transporte urbano en las desataría un levantamiento popular en cientos de ciudades que mostraría el descontento latente. Se iniciaría en Sao Paulo, gobernada por Fernando Haddad, del PT, pero se expandiría por todo el país. La oposición a una causa dependiente de diversas administraciones en todas las grandes ciudades, mostraría un rechazo a toda la clase política, en sus diversas administraciones, con repercusión nacional, que expresaba un desgaste del PT, pero que no se limitaba a ello, era generalizado. La lógica de las protestas eran de expansión sin dirección, permitiendo que se sumen a ella sectores diversos y heterogéneos, con diferencias expuestas y sin síntesis ni dirección unificada. La izquierda saludó estas protestas, pero hoy se fortalece la mirada de que favorecieron la llegada al poder de Bolsonaro, encontrando más bien la idea de que las mismas fueron manipuladas y con signo de derecha^[9].

En 2014 llegaría la copa del mundo, dejando un lastre de corrupción para la construcción de mega estadios en estados de gobiernos aliados, perdón fiscal a la FIFA, en la línea de la política nacional de transferencia de recursos para los mayores empresarios, junto a la idea de que la crisis se resolvería apoyando las empresas grandes con recursos estatales, con perdones de deudas (notable, en la expansión de la frontera agrícola) créditos billonarios para empresas líderes que buscarían transformarse en multinacionales, con una expansión de empresas constructoras, de alimentos y minerales para África, América Latina  y el mundo^[10].

El gobierno buscaría recuperar el terreno perdido con un mensaje de unidad y fuerza de la nación llevado por el fútbol y un brasil que se mostraría al mundo como potencia, y así comenzaba a ser reconocido. La derrota de Brasil por 7 a 1 en la final del mundial compone un mal cálculo en que los estadios se volvieron en escenarios donde la clase media alta, con banderas de Brasil silbaba a la presidenta, que por otro lado encarcelaba activistas contrarios al evento, que había dejado un legado de desalojos, prohibición de venta ambulante, corrupción y chauvinismo^[11].

El PT estaba contando las horas, pero no lo sabía. Después del mundial todavía Dilma conseguiría reelegirse. El dinero de la campaña vendría de la más destructiva obra imaginable. Dilma ganó apelando a la urgencia de frenar a la derecha (del PSDB, Aécio Neves) logrando movilizar alto porcentaje de voto crítico de Dilma, que era convocada a impedir un gobierno de ajuste y corte de derechos. A poco tiempo de asumida, con un ministro de economía que había participado en la formulación del programa de la oposición (el banquero Joaquim Levy) Dilma iniciaría un fuerte ajuste de austeridad, corte de derechos en una política que haría retraer la economía.

Derrotada en las urnas la derecha tradicional, liberal, pero de origen socialdemócrata, se activa la movilización y reorganización de fuerzas políticas de oposición al PT que concluiría con la elección de Bolsonaro. En 2015 llegarían protestas multitudinarias pidiendo el impeachment de DIlma que llegaría a tener una aprobación de menos de 5%, según las encuestas de sondeo de opinión sobre aprobación y perdería el apoyo del congreso, incluso del PMDB, que en marzo posicionaría a Temer, suspendiendo a Dilma en un juicio político. El PT hablaría de golpe, por carecer de un claro crimen de responsabilidades en la acusación necesaria para iniciar el proceso de destitución que duraría algunos meses. Pese a la fuerza de la narrativa política, en las elecciones municipales de poco después, el Partido de los Trabajadores volvería a construir alianzas electorales con la oposición del PMDB que la había traicionado, votando por la destitución de un gobierno del que Temer era articulador político. El partido mostraría su vocación de partido del poder, radicalizando discurso, una vez fuera del gobierno, pero con una lógica alejada de la movilización, imposible desde movimientos convertidos en dependientes de fondos estatales. El partido buscaría polarizar el electorado, manteniendo presencia institucional con alianzas con partidos del sistema, y gestiones regionales persistiendo en los consensos neoliberales, e incluso conservadores^[12].

Desde los medios progresistas de latinoamérica, la situación del Brasil fue totalmente desinformada. En los diarios leídos por el progresismo, columnas de opinión construyeron un apoyo homogéneo de izquierdas oficialistas y antes disidentes. Fuera de Brasil se tergiversó la falta de apoyo que el PT obtuvo desde la sociedad frente al impeachment de Dilma y la prisión de Lula. El más de un millón de afiliados partidarios no se movilizó y tampoco lo hicieron los barrios populares donde en el pasado obtuvo electores. Tampoco los medios progresistas dieron a sus lectores elementos importantes para entender los procesos judiciales a los que se sometió Lula y otros dirigentes del PT, incluyendo las delaciones de empresarios y políticos donde se puso en evidencia la promiscuidad del poder con empresarios y grandes empresas contratistas del Estado.

El gobierno de Bolsonaro llega con resonancia^[13],por la radicalidad reaccionaria de su discursos, que funciona como señuelo de atracción políticamente incorrecta, mientras fortalece el orden y avanza contra derechos. En el poder, el bolsonarismo atendería los sectores económicos, del agronegocio, de los bancos con más rigor y sin ambigüedades, incluso avanzando contra las organizaciones sindicales, y sin encontrar resistencia. La desmobilización muestra apatía, concentración en una política mediática electoral y de líderes, que va aceptando como normalidad un nuevo gobierno que en lo político no consigue construir una base de apoyo leal, ni fuerzas partidarias que le garanticen sustentación. Sin oposición organizada, Bolsonaro podrá hacerse con la reelección, mientras las consignas de enfrentar el fascismo no logran adherencia ni movilización contraria.

La apuesta de Bolsonaro es de destrucción institucional, desmonte, avance contra todo que impida negocios, abriendo siempre que sea posible una disputa con los símbolos de la izquierda, por ejemplo en política cultural, defensa del medio ambiente o de derechos laborales. Hay algo de desgobierno como principio de la forma de gobernar de Bolsonaro: tornar al Estado cómplice de crímenes y abusos que debería controlar. La agenda de Bolsonaro es la de banqueros, empresarios del agronegocio, pastores evangélicos, fuerzas de seguridad. Este poder ya era atendido en sus demandas por el PT, Dilma no recibía víctimas de violencia policial, líderes ruralistas fueron premiados con titular de ministerio y perdones de deudas por desflorestación,, se iniciaron ajustes y reformas laborales más suaves, pero en la misma dirección. No había, en el progresismo, una oposición política real a lo que hoy gobierna. Temer, y después Bolsonaro radicalizan esta dirección, y anulan cualquier contrapeso o ambigüedad interna que pudiera aminorar la marcha de ese rumbo.

En el contexto latinoamericano, el bolsonarismo se muestra como posibilidad que se ubica en el quiebre de representatividad, en contexto de crisis y junto al fracaso y derrota de la izquierda. El proyecto que defiende es el neoliberal, pero articulado políticamente de modo de superar las dificultades políticas del neoliberalismo. Es una respuesta diferente al mismo problema que señalan las calles: la insuficiencia de las instituciones, el deterioro de las condiciones de vida, el descrèdito en la política. Pero si las calles buscan algo más allá del neoliberalismo, el bolsonarismo lo implementa, como fuerza estatal que interviene facilitando negocios empresariales, conectando estructuras políticas con dinámicas de cartel, y movilización de agendas conservadoras articuladas por sectores de las fuerzas de seguridad, iglesias pentecostales y grupos anticomunistas o de poder local, como redes mafiosas que, al igual que el uribismo y el fujimorismo, buscan control conservador de la sociedad y el Estado.

Donde parece que la rapiña es la única norma que organiza las prácticas, la asociación con milicias y apropiadores de tierra deja la idea de que el plan de gobierno es que los negocios asuman el control, incluso donde esto va en contra de la ley, como en la destrucción de la amazonia, con robo de madera, minería ilegal y avance de la frontera agrícola, protegidos ahora por el Estado. No se trata entonces de una dictadura que impone una ley con mano dura, sino más bien el libre arbitrio del lucro desmedido, combinado con cambios legistaltivos que flexibilizan la economía y eliminan derechos.

La izquierda, en este contexto, parece imposibilitada a salir de su modo de funcionamiento anterior. El repudio generalizado al bolsonarismo se transforma en una expresión cultural de complicidad progresista, pero no en organización, movilización, desobediencia del Estado que comanda. La figura de Lula da Silva, como mesias antibolsonarista, se presenta como límite para la construcción de una izquierda anti sistema. Más bien la izquierda se ampara en la Constitución (redactada por las élites) la democracia e instituciones del orden.

El shock Bolsonaro, neutraliza el Partido de los Trabajadores, que pierde la máquina estatal, gana apoyo anti Bolsonarista pero se desdibuja sin ser más administración viable, opción de gobernabilidad, ni izquierda de lucha y resistencia, lugar abandonado con la llegada al Estado, junto con una constelación de sindicatos y movimientos sociales que después de haber accedido a financiamiento estatal no encuentra un camino de vuelta hacia las calles. La izquierda disidente del PT, que por años representó una posición crítica, tampoco se vuelva a la protesta, y más bien se asimila al lugar de la gestión, con perspectivas de reemplazar el mismo papel que ocupó la izquierda estatal ahora desplazada, pero con la difícil situación de todavía convivir con la misma y coincidir en la mayoría de las posiciones, fuera del contexto político en que nace y siempre existió.

Mirando más a la Argentina de Alberto Fernández que al Chile del levantamiento contra el modelo, la izquierda se lamenta sin ensayar una renovación, sin encontrar un modo de funcionamiento lejos de las instituciones, sea en la construcción de poder territorial autónomo o en la organización social de lucha y resistencia contra el sistema. El deterioro político y la amenaza concretada de derechización, reinstaura a Lula da Silva como principal opositor, sin que los balances críticos de su experiencia en el gobierno puedan ser retomados.

 

Bolivia.

La llegada al gobierno de Evo Morales, después de la elección de diciembre de 2005, reorganizó el sistema político boliviano. El apoyo inédito mostraba que no sería en el tradicional juego electoral con lo que las fuerzas desplazadas de la democracia boliviana recuperarían el espacio perdido. La agenda de la autonomía regional (de los departamentos), impulsada por el poder tradicional de Santa Cruz, se adecuaba a esta nueva necesidad de los sectores del poder político y económico desplazados. Mientras los viejos partidos, MNR, MIR, ADN se retraían o desaparecían por no poder conservar personería, la oposición se organizaba en PODEMOS, con cuatros de la derecha de todo el país, pero con comando desde Santa Cruz y la Media Luna, donde se conquistaron gobernaciones y había espacio para conquistar una base social.

Aunque era una agenda previa a la llegada del MAS, que ya se había mostrado con capacidad de movilización durante el gobierno transitorio de Carlos Mesa, la demanda de Autonomía se convirtió en una disputa estratégica en tiempos del MAS. Antes de ver su capacidad para bloquear la Asamblea Constituyente y amenazar el propio gobierno, era una agenda perfecta para un  bastión opositor con capacidad electoral nacional limitada. El considerable aumento de recursos económicos derivados de descubrimientos de gas en los años anteriores, se debería controlar regionalmente, en contraposición de una estructura unitaria de organización del país, que ahora sería comandada por un partido formado por sindicatos campesinos. Era una agenda para una oposición retirada a la región, pero también lo que permitía movilizar a la población de la Media Luna, sin identificación con el nuevo gobierno nacional. La disputa política partidaria dejaba atrás las viejas identidades y se desarrollaba en un nuevo campo de fuerzas.

Hasta la reelección de 2009, después de aprobar la nueva Constitución, lo que impedía que la derecha con poder de movilización recupere el control del gobierno era fundamentalmente el apoyo electoral masivo de Evo Morales. En 2008, después de que la Media Luna iniciara un proceso de desconocimiento del Estado central, con referendums departamentales autoconvocados que aprobaron la autonomía de facto, un referéndum revocatorio en que Evo Morales se impuso por el 67,4% permitió neutralizar la oposición y consolidar el poder en manos de Evo Morales, consiguiendo instalar la negociación con la oposición de las gobernaciones opositoras y del congreso, para aprobar la nueva constitución plurinacional, aunque incorporando buena parte de las demandas opositoras, y todos sus vetos,  incluyendo el que prohibía la reelección indefinida.

La izquierda necesita más que la derecha para gobernar. Necesita un apoyo incontestable. Y el MAS era un partido de izquierda, con cuadros de esta proveniencia. Fue inclusive un intento de superar la forma partido, con el modelo partido-movimento, con candidatos escogidos por las bases de los sindicatos campesinos de todo el país. También habría “invitados”, y hombres del poder que serían parte del gobierno. Pero el desplazamiento de los partidos anteriores fue un movimiento hecho desde la sociedad, con una herramienta política que expresaba de hecho las demandas que habían surgido en luchas y en la calle. Por eso sólo sería exitoso si mantenía el apoyo democrático mayoritario.

Rápidamente el partido MAS viviría mutaciones, convirtiéndose en una entidad centralizada, alrededor de los cuadros de gobierno, no del partido ni de los sindicatos que lo componen, y con agendas que no serían las de las calles. El proyecto se apoyaría en publicidad y marketing electoral convencional, y las agendas nacidas de luchas sociales se remplazan por mensajes destinados a convencer a la clase media urbana. Esto reflejaría o acompañaría una continua incorporación a las filas partidarias (o de candidatos a cargos de gobierno) de celebridades, actores de la política tradicional con apoyo clientelar en regiones, mientras al mismo tiempo se iban perdiendo apoyos iniciales de organizaciones sociales, de la juventud, de sensibilidades anti sistema.

Junto con la consolidación del poder, ela aceptación de la máquina electoral, del control de la justicia y otros poderes, el gobierno buscaría aliados empresariales, y afianzaría vínculos con la oposición de los primeros años de gobierno, el sector ganadero y del agronegocio de Oriente. Sería un acercamiento por mutuo interés, interrumpido abruptamente cuando en el contexto de la denuncia de fraude electoral, después de la elección de octubre de 2019, el comité Santa Cruz que es cercano al sector empresarial, aunque con conducción de otros sectores, retomaría con Camacho, el encabezamiento de las protestas nacionales contra el MAS, surgidas en todo el país de forma espontánea e ideológicamente transversal.

El camino adoptado por el MAS en estos años estaba alineado con el del progresismo en toda sudamérica: políticas sociales, aumento del consumo popular, impulso del desarrollo extractivista con inversores internacionales, y administrar los ingresos de hidrocarburos. Las políticas económicas de largo alcance serían acordes a las necesidades del agronegocio, de la gran minería, no de la reforma agraria, ni de la reestatización, menos todavía de la descolonización del Estado, fuera de agenda y horizonte. El gobierno del MAS haría una política de intervención y propaganda a partir de la llegada directa con bonos y donaciones a pequeñas poblaciones. La política indígena, plurinacional, del Buen Vivir, que permeó la constituyente, quedaría atrás con una identidad desarrollista y soberana, que sin embargo, no haría mucho más después de mayo del 2006, en que por decreto se aumentarían las retenciones a empresas de petróleo y gas, del 50 al 81%, la base de la buena recaudación en años posteriores.

Sin grandes transformaciones pero con relativo éxito en llegar a la clase media baja y sin sobresaltos económicos de otros países, en base al colchón del gas, el gobierno del MAS caería por cuestiones políticas, no económicas. El talón de Aquiles, que la oposición sabría aprovechar sería la incapacidad de resolver la sucesión post Evo Morales dentro del MAS. Nadie sabrá nunca si una renovación en la candidatura presidencial del MAS realizada a tiempo hubiera podido permitir una continuidad, con un poder que se mostró con los pies de barro. Aunque sea posible su retorno en el corto plazo, incluso con renovación interna, por el apoyo que mantiene y la falta de unidad y conducción unificada de la oposición, la renuncia de Evo Morales el 11 de noviembre, y su exilio posterior, criticado desde abajo en Bolivia, parece ser un fin, con aceptación de la derrota. A pesar de la retórica inflamada y denuncia de golpe, la aceptación del escenario electoral y de nuevo gobierno, incluso con votaciones de la mayoría parlamentaria del MAS, parece anunciar ese destino. De ese modo, un nuevo ciclo comenzará en la reconversión del MAS en partido de poderes locales y oposición.

El levantamiento contra Evo Morales en octubre y noviembre de 2019, se produce entonces en el contexto de la insistencia en candidatearse a una segunda reelección (en el marco del Estado Plurinacional), prohibida por la constitución y que había sido rechazada en un referendo de reforma constitucional impulsado por el gobierno del MAS, en 2016. La popularidad de Evo Morales en elecciones anteriores fue deteriorándose, y la fragilidad legal que permitió la candidatura, en un cuestionado fallo del Tribunal Constitucional presionado políticamente, no impidió el malestar que generó amplias protestas en todas las ciudades una vez interrumpido el conteo electoral, con posterior radicalización muy considerable de la tendencia estadística de la diferencia entre votos, que generó sospechas de fraude y llevó a que el gobierno convocara una auditoría de la OEA.

Estas protestas unificaban el desgaste político pronunciado después del referéndum, cuyos resultados Evo Morales no aceptó realmente, argumentando el recurso de la oposición a fake news. Cuando la OEA recomienda la repetición de las elecciones, el cerco comienza a cerrarse contra el gobierno. Había fuertes movilizaciones desde el 21 de octubre, Santa Cruz estaba en paro cívico que iría a declararse también en La Paz, la policía estaba amotinada negándose a continuar con la contención de las protestas. La oposición que denunciaba fraude, sospechaba  de la OEA, por esta haber dado visto bueno a la candidatura de Evo Morales, el más convocó a la misma pero sin un informe que le permitiera declararse vencedor, su suerte estaba jugada. La renuncia presidencial, vicepresidencial y de toda la cadena sucesoria en el parlamento, vino horas después de una aceptación de nuevas elecciones. De haberlas, volvería la discusión sobre si Evo Morales podría candidatar. pero futuras protestas masivas parecían infranqueables.

Hubo amenazas de grupos opositores para forzar renuncias, pero también un comando desde el gobierno en esa dirección, buscando crear un vacío que generará aclamación por Evo Morales, que no ocurrió. Hubo quite de colaboración del ejército, que sugirió la renuncia y se negó a reprimir sin garantías que evitaran posteriores procesamientos, como ocurrió en 2003. El general Kalimán, considerado evista, habría sido presionado por tropa y comandantes para no intervenir de forma violenta contra la denuncia de fraude, y para recomendar un paso al costado de Morales, que fue realizado en nombre de pacificar el país^[14].

Mientras el gobierno buscaba recobrar el control en un conflicto por el resultado electoral, la derecha cruceña avanzaba hacia el gobierno. El MAS allanó el camino creando un vacío de poder que fue aprovechado por quién estaba en posición de asumir la presidencia del Senado. El gobierno negociaba un segundo turno cuando la anulación de las elecciones eran irreversibles. La confusión mostraba grupos leales al gobierno gritando en apoyo del ejército y contra la policía, que protagonizaba un nuevo episodio del histórico enfrentamiento entre ambas fuerzas. Al mismo tiempo coroneles presionaban al comandante en jefe contra el gobierno.

Se habla de altas sumas de dinero para el comando del ejército desde ambos sectores enfrentados. El MAS esperaba controlar esta variable que había sido determinante para consolidar el poder años anteriores. La sugerencia de que para controlar la situación sería necesario una renuncia presidencial, a la que también la Central Obrera Boliviana se había inclinado, puede verse como determinante de debilidad institucional para enfrentar una pueblada, pero también que la situación había llegado a un punto de irreversibilidad definitivo. El ejército no tomaría el poder, pero no intervendría militarmente contra grupos de la oposición y dejaria al gobierno sin alternativas para sobrevivir.

Hay relatos de negociaciones que involucraron la salida de Evo Morales, la defensa de su vida, a la que él se refiere en entrevistas, y la aceptación de un nuevo gobierno por parte del MAS, con mayoría en el parlamento, hecho crucial que se dan en paralelo a la denuncia de golpe por parte del gobierno renunciante. Hay todavía vacíos a ser entendidos, sobre la estrategia que llevó a la renuncia de toda la sucesión constitucional, que podría haber abierto las puertas a un gobierno masista de resistencia, o a un doble poder, como en Venezuela. El gobierno del MAS se muestra torpe al dejar el resultado de la elección en manos de la OEA.

Tampoco hay claridad sobre la facilidad con que fue aprobado por unanimidad una ley que llamaba a nuevas elecciones y daba poder de hecho al nuevo gobierno, que podría haber sido cuestionado, por no haber nacido del voto mayoritario de la asamblea plurinacional, sino por autoproclamación. La oposición asume apelando a una ley de 2001 sobre vacío de poder y con la ausencia de los congresistas del MAS. De haber un bloqueo del parlamento por parte del MAS, la oposición estaba dispuesta a asumir de cualquier modo, en una escuela o iglesia, según han declarado. El papel de legisladores del MAS más dialoguistas fue importante. En enero se votaría la renuncia de Morales y García Linera, extendiendo el mandato de parlamentarios hasta la elección de un nuevo presidente.

Si pensamos en Evo Morales como depositario de un mandato popular, esta derecha desplaza el gobierno del MAS de forma ilegítima. Tuto Quiroga y otros opositores de PODEMOS y a derecha regional accede al gobierno sin mandato electoral. Aunque el MAS tenía su legitimidad para candidatear a Evo Morales cuestionada, logra pasar a la defensiva apelando al discurso del golpe, dejando atrás la discusión sobre el fraude, aunque con idas y vueltas en declaraciones sobre su ausencia, posible retorno inmediato, formación de milicias, o vigencia de su presidencia incluso desde su refugio en Argentina, con el argumento de que su mandato concluiría el 22 de enero, y su renuncia no había sido legalmente aceptada.

La denuncia de golpe se asume en la izquierda de latinoamérica más que dentro de Bolivia. Tiene mucha repercusión la entrada al Palacio de gobierno del líder cívico Camacho con la biblia, mientras el segundo en la elección, Carlos Mesa, iba siendo desplazado. Hubo violencia en las calles fomentada por quién se oponía a la renuncia de Evo Morales, buscando alimentar una crisis que ante un vacío de poder, podría llevar a la recondiccion de Morales al gobierno, cómo Chávez en 2002. Hubo amenazas a funcionarios con presión por renuncias, en la misma dirección en qué desde el comando político se ordenó una renuncia de legisladores, desobedecida más allá de la cabeza gubernamental del Estado.

La recomendación de renuncia por parte del comandante de las fuerzas armadas, William Kalimán, transforma la cuestión electoral en cuestión del poder, y sin embargo no es blanco de la crítica de Evo Morales, quien mantiene coordinación después de la renuncia. Kalimán abría actuado conteniendo la posición de otros militares del comando supremo, en un contexto de movilización y repudio al resultado electoral que permitió volver natural la desobediencia. El tribunal constitucional, anteriormente avalando la candidatura de Evo Morales, rápidamente avala el mecanismo con que es nombrada una nueva presidenta, ante un vacío constitucional acerca de la situación existente. Sin presidencia de las cámaras la Constitución de 2009 no establece procedimientos y la resolución fue sorpresiva, dejando sin efecto la estrategia del MAS, elaborada ya en extremo y ante desorganización por la salida del país de Evo Morales.

El ejército tampoco tiene participación en el nuevo gobierno que asume un papel de transición, y no de dictadura de facto, aceptando el llamado a elecciones con participación del MAS, aceptada por la nueva corte electoral, elegida en consenso entre el MAS y su oposición, en el gobierno. Su presidente de está corte es académico sin vínculo con la derecha regional y la convocatoria a elecciones para mayo de 2020 otorga el alineamiento de todos los actores con la resolución del impasse por via de elecciones. Evo Morales indica un binomio electoral formado por su ministro de economía, presentado como autor del Milagro Económico Boliviano. No proviene de la línea dura ni más radical, transmitiendo una imagen de moderación similar. La que Haddad en Brasil y Alberto Fernández en Argentina buscaron capitalizar, volviendo al lugar de conciliación, liberalismo y falta de enfrentamiento con el poder económico, que caracteriza al progresismo^[15].

Si pensamos que el MAS es producto de movilizaciones y bases sociales, verdaderos depositarios del mandato popular, Evo Morales tiene también que prestar cuentas relativas a su insistencia en quedarse en el poder, colapsar los vasos comunicantes con lo que en algún momento se propuso como instrumento político de los pueblos, y toda una serie de cuentas que van quedando atrás, donde se incluye represión, intervención, aparateo de organizaciones sociales en función de una agenda estatal, a veces confundida con expansión capitalista y desarrollista con la oposición de antiguos aliados en las ciudades y, notablemente, indígenas. Con generosidad, Evo Morales puede verse también como testimonio de la fuerza indígena y posibilidad de la izquierda de mantener una voz crítica en un mundo capitalista, como testimonio de que un día ese poder de abajo podrá encontrar caminos más concretos para imaginar una ruptura.

En Bolivia todavía no hay un discurso unificado entre los que argumentan a favor de un escenario golpista. El carácter ilegítimo del nuevo gobierno, la desobediencia de las fuerzas de seguridad,  las masacres de Senkata y Sacaba, el no reconocimiento del triunfo electoral de Evo, por parte de la sociedad movilizada. En favor de la idea de que se trató de una rebelión popular^[16] la situación se asemejaría a la caída de De La Rua en Argentina de diciembre de 2001, en que a la caída del presidente, en una rebelión social, le sigue un gobierno de transición encabezado por un senador peronista.. Lo cierto es que es golpe y revolución pueden nombrar sucesos similares. La composición social de las protestas y su identidad, parecen ser cruciales para esta definición. En el caso de Bolivia quedan algunos asuntos en abierto, que será materia de discusión historiográfica en el futuro.

La falta de legitimidad del nuevo gobierno de Jeanine Áñez se impone sin iniciar una fase conservadora estable. Como Macri en Argentina y Bolsonaro en Brasil, la llegada de la derecha aprovecha el fracaso del progresismo y el rechazo a sus líderes en amplios sectores de la sociedad. Al mismo tiempo, Lula, Cristina Kirchner y Evo Morales mantienen fuerza considerable. El triunfo del kirchnerismo en 2019, frente a un macrismo que permanece fuerte, muestra más bien un contexto inestable. El MAS, con mayoría parlamentaria, podrá ganar las próximas elecciones, o aceptar esta vez la derrota, manteniendo una fuerte presencia en el parlamento, evitando su debacle definitiva si abre procesos de renovación y vuelta a los orígenes, quizás cómo nuevo actor redimensionando su lugar en las instituciones.

Bolivia se encuentra en una transición hacia no se sabe qué. Post evismo, muy probablemente, sea a partir de un nuevo gobierno opositor, o de un gobierno del MAS con nueva configuración, y el afloramiento de fuerzas del MAS antes controlados por la cúpula de gobierno. El nivel de retórica y simbología hiperinflamados impiden una incorporación del MAS al escenario institucional liberal democrático, a pesar de la intensión conciliatoria, de actitud permisiva con el poder económico nacional y extranjero y la falta de proyecto de cambio estructural afectando intereses de los poderosos. Hay elementos internos al MAS que tienden a esa integración, como da cuenta el accionar de la conducción congresal del MAS post salida de Morales. Otros sectores se debaten entre la radicalización y, como en Argentina o Brasil, una tendencia de evismo mesiánico con culto a la personalidad y reñida con el republicanismo liberal, en el pleno de la gestualidad e imaginario.

Si bien el centro gravitacional del gobierno, de su actual papel desde el parlamento en la transición, y sus candidaturas, lima las asperezas y ubica al MAS hacia el centro, tendiendo a volverlo un partido democrático de administración sistémico, el mismo debe su existencia a tradiciones de lucha e imaginarios nacidos de las tradiciones políticas que dan vida al proceso boliviano. Después de diez años de avance hasta el gobierno, y 13 años ejerciendo el poder, quizás sea necesario un balance que entienda al MAS en la historia de Bolivia y en el marco de tradiciones y tendencias políticas que lo configuran.

El juego combinatorio de dos miradas, indianista y marxista, uniendo indígenas, campesinos y obreros, desde la tradición política altiplánica, entre 2000 e 2005 construyó un proyecto de ruptura, como lenguajes de resistencia disponibles. Desde el katarismo del movimiento campesino, un proyecto de descolonización, autodeterminación de nacionalidades indígenas, desde el marxismo una lucha de clases en que la discriminación se entendía como opresión, con toda la tradición minera y de lucha política que buscaba ir más allá de la revolución nacional. Estas dos miradas, que caracterizan al katarismo boliviano desde fines de los años 60, ganando espacio primero en el sindicalismo campesino y con influencia en la política nacional desde los años 90, y también en la comunicación e identidad del MAS^[17].

El centro que estructuró este proyecto como nuevo gobierno y gestión de un capitalismo periférico, buscando estabilidad y ganar elecciones, sin embargo, convirtió el marxismo e indianismo en lo que era posible gestionar: un bolchevismo, que capturaba la energía colectiva deseante de un poder autónomo en un poder centralizado desde el Estado, concebido como instrumento de transformación y cerebro de un progreso que iría en el ritmo de lo posible. El indianismo, con su tradición comunitaria de poder distribuido, por su parte, mutaría en un caudillismo, al alcance de la mano también como energía de abajo que transmuta en el poder del líder, acorde a la tradición latinoamericana y boliviana del nacionalismo estatal. El proyecto político de Evo Morales y su vicepresidente Álvaro García Linera, se integra como un gobierno más, expresando todos los límites de la izquierda y de la política del poder, y del Estado, construyendo por sí mismo las condiciones que determinarían su caída^[18].

En enero de 2020 se anuncia la fórmula del MAS que disputaría las elecciones de mayo. Evo Morales, desde BUenos Aires, desconoce el mandato dado a David Choquehuanca, elegido por la base del MAS en todo el país, y lo ubica como vicepresidente, dando cuenta de su lugar en la estructura del MAS. En la presidencia ubica a Luis Arce, que al definirse como marxista vuelve a hacer resonar la tradición política donde se inscribe el MAS, como fórmula indianista y marxista. Lejos de ambos proyectos y visiones políticas, más que como reminisencia lejana, se busca más bien un candidato a presidente que obedezca a Evo Morales, y que sea palatable para la clase media, para quien dirige un discurso moderado, como Alberto Fernández en relación a Cristina Kirchner, en Argentina, y que contrasta con denuncia del golpe de Estado, también refutada por la bancada del MAS, al aceptar las renuncias de Evo Morales y Álvaro García Linera, el 21 de enero, dejando de lado cualquier intento de resistencia y vuelta al origen, como partido-movimiento que nace para más que ser gestión capitalista.

Entre el Estado y la comunidad, movimientos y partido, entre liderazgos fuertes que se articulan con institucionalidad burocrática y búsquedas de autonomía que alimentan utopías y memorias de ruptura con la modernidad, con el capitalismo y la República, péndulos y complejas articulaciones presentes en la sociedad y traducidas en la política dan lugar a un proceso abierto donde lo popular, la lucha de clases, las formas ancestrales y la inserción en el capitalismo actual continúan configurando un devenir.

 

Argentina

Argentina vive el fantasma de un estallido social. El triunfo del kirchnerismo, en un frente con otros sectores peronistas, lo disipa. Pero no lo elimina. En diciembre de 2018 hubo una fuerte movilización contra el macrismo, a partir de una reforma jubilatoria, considerada leve, con los padrones regionales. El propio Alberto Fernández aprobó una reducción de haberes más significativa al inicio de su gestión, sin movilización. La figura de Macri, de hecho, unificaba toda la sociedad organizada y permitió el retorno del kirchnerismo, cuatro años después de derrotados por un candidato que parecía imposible de triunfar a nivel nacional y, al mismo tiempo, en un triunfo del kirchnerismo que después de la elección anterior, parecía inviable.

La tensión que la elección presidencial ayuda a canalizar, sin embargo, tendría fecha de validad, y sin solución de la crisis inflacionaria y recesión es posible que los que no votaron por el retorno del peronismo, los que están en la línea roja de la pobreza, y los que vean a Alberto Fernández como un mal continuador del Kirchnerismo, podrán volver a las calles como en diciembre de 2001, en que la población destituyó el gobierno desde las calles.

El 19 y 20 de diciembre de 2001 hubo una gran movilización popular que derribó un gobierno en crisis. Sería la inflexión para una nueva fase política. Desde las calles, en se decía adiós al periodo que instauró Carlos Menem, de neoliberalismo, ajuste, privatizaciones, desempleo, alineamiento con EEUU y el FMI, que había encontrado continuidad en el gobierno depuesto de De La Rua, que convocó a Domingo Cavallo, ministro de economía y símbolo del menemismo, para imponer nuevamente políticas impopulares que indignaron a la clase media, y mantuvo una amplia red de organizaciones sociales de desempleados, docentes y otras categorías en movilización.

No sería el fin del neoliberalismo, pero sí un cambio de postura en relación a los mandatos de los mercados, y la llegada al poder de un sector progresista que entiende al Estado como actor político central en la compensación de las desigualdades, y que levanta símbolos discursivos de soberanía nacional, derechos humanos y progresismo.

De La Rua había llegado al poder a través de una coalición entre su partido, la centenaria Unión Cívica Radical (UCR), y el FREPASO, de Chacho Álvarez, que había renunciado poco antes a la presidencia frente a un escándalo de corrupción que involucraba a un hombre de su partido. El FREPASO era un nuevo partido con perfil progresista que expresaba claramente la oposición al menemismo, había sido fundado por disidentes peronistas del congreso, que también articularían un nuevo sindicalismo no amarillo, que crecería en esos años. El FREPASO no había podido vencer a Menem en 1995, y en 1999 lo haría en alianza con un partido desprestigiado para el votante pero con estructura nacional. El radicalismo haría lo mismo con Mauricio Macri anos después. En 1999, sin embargo, se acercaban a la fuerza que podía prometer una alternativa al neoliberalismo, pero mantenía el rumbo económico. Ese era el contexto de un acontecimiento político que redefinirla el juego, con el canto de “Que Se Vayan Todos!” Como rechazo a toda la clase política y expresión de los piquetes y cacerolas que ganaron protagonismo.

El senador Duhalde, del peronismo, asumiría para completar el mandato de de la Rua. Sólo en 2003 habría un presidente electo, Néstor Kirchner, que podría finalmente instalar un gobierno progresista. Aunque aliado de Menem desde el gobierno de una provincia, sabría implementar esa política que Chacho Álvarez no había tenido coyuntura política para transformar en gobierno. Las expresiones más radicales del 2001, que constituyeron asambleas barriales y llegaron a ir más allá, políticamente, de las demandas más inmediatas, encontrando caminos de autonomía que cuestionaban el sistema y sus político, serían traicionadas. Pero las personas movilizadas apoyaría el kirchnerismo, que universalizaría los planes de ayuda social y avanzaría desde el Estado en apoyo de una agenda de derechos humanos que recogía las luchas post dictadura por la memoria y justicia respecto a los 30 mil desaparecidos.

Pero lejos de superar los 50 años de bipartidismo peronista y radical, intercalado con dictaduras, el sistema encontraba líderes con legitimidad. El kirchnerismo sabría encontrar formas de envolver a la población en disputas anti neoliberales, sin necesidad de rupturas. El peronismo siendo peronismo, pero reinventándose en una línea con mucho contacto con lo que el PT haría en Brasil, y el Frente Amplio, en Uruguay, Alianza País en Ecuador. Chávez en Venezuela sería aliado, pero con otra construcción simbólica, socialista. El MAS en Bolivia se identificaría con ambos y también tendría su lugar propio, por el lado de la identidad indígena y la plurinacionalidad.

Visto desde el 2001, donde parecían cuestionarse los límites de la política burguesa argentina, sea con sus matices republicanos, socialdemocratas, nacionalistas, radicales y peronistas, el desenlace parece conservador. A la luz de la extrema derecha populista de Brasil y el mundo, una cultura democrática progresista, incorporada en los partidos liberales, parece ser algo a valorar. El kirchnerismo se alinearía con la sensibilidad anti neoliberal de las mayorías estilizando las AFJP, no alineamiento con el FMI, enfrentando los exportadores de grano, o en los juicios contra represores de la dictadura. El kirchnerismo es, al mismo tiempo, la derrota de cualquier proyecto que podría aspirar a un quiebre no neoliberal,

El límite sería afectar los bolsillos de los poderosos, no se superaría un modelo de capitalismo con amigos empresarios del poder, y el modelo de empleo, crecimiento, desarrollo sería un consenso sin discusión. A pesar de movilizar lenguajes de lucha social y representación de los de abajo, la sucesión post cristinista, con Scioli, en 2015, y Alberto Fernández en 2019, ambos nacidos del menemismo o la Ucede, partido ultraliberal de derecha, buscaría sanar el quiebre interno del peronismo, entre progresismo y peronismo conservador, cerrando los espacios de disputa anti neoliberal, con cuadros más dialoguistas, quizás a excepción de Kicillof, nuevo gobernador de Buenos Aires, que expresa junto a La Campora, un cristinismo duro que remite a la izquierda peronista de los 70, actualizado como proyecto desarrollaste keynesiano.

A días de asumir, Alberto Fernandez declararía que la minería sería su fuente de recursos para que el país volviera a crecer. Poco después hubo una masiva marcha en Mendoza, contra el gobernador y una ley de minería que ponía en riesgo el agua de la provincia, incluyendo la vinicultura, y reactivando luchas que habían logrado frenar la minería, después de episodios de derrame de cianuro, en yacimientos de la empresa Barrick Gold.

Aunque viendo el desfile de nombres del peronismo federal, los actuales funcionarios que fueron de la oposición al kirchnerismo en el pasado, y líneas políticas más conciliatorias que con Cristina, el triunfo frente a Mauricio Macri tiene importancia regional como muestra de la posibilidad de retorno del progresismo, una vez desplazado por la derecha, como un fin de ciclo que no da lugar a otro bien consolidado. Aunque el macrismo junto al radicalismo conservan una cuota considerable de poder, y justamente por eso, vemos un escenario donde en tiempos electorales la oposición gana niveles de polarización excesivos, pero  en tiempo de gestión los matices desaparecen, los hombres del poder administran y los grandes desafíos, en el funcionamiento de un modelo injusto, quedan fuera de la discusión política cotidiana.

Argentina identifica el neoliberalismo en sus representantes más directos, Menem, Macri, la oligarquía. El kirchnerismo y un postkirchnerismo más peronista son lo que se identifica como alternativa, y sin espacio para una izquierda no peronista, o de un peronismo de izquierda no kirchnerista, encontramos Intelectuales, grupos políticos, líderes sociales críticos durante el kirchnerismo vueltos filo kirchneristas en momentos de definición. Igual que los votantes “críticos” del PT, en el juego político real, Lula o Kirchner representan la posibilidad de terminar con el macrismo, como si se tratara del fin del modelo neoliberal, o de Bolsonaro como si se tratara de frenar el fascismo desde un Estado social, de bienestar que de hecho nunca existió.

A pesar de una situacion política bastante controlada desde el cambio de autoridades del gobierno nacional, se hace visible una movilización por diferentes caminos, como el feminismo, la lucha contra la minería^[19], sindicalismo por salarios. La imposibilidad de generar riqueza distribuida a partir de la industria nacional, de las pequeñas y medianas empresas o de las agro exportaciones, no parece existir muchos caminos mas alla de un nuevo ciclo de protestas que se alimente de una crisis sin solución visible. Con el kirchnerismo en el poder ese escenario se posterga. La izquierda existente tuvo un crecimiento, pero no por su inserción en las luchas o en los caminos de emancipación. Habiendo aceptado el juego electoral, inclusive una fuerte construcción politica a partir de la economia informal, la Confederacion de Trabajadores de la Economia Popular (CTEP), en el contexto de la disputa contra Macri, se aproximó al kircherismo y así como Boulos, en Brasil, con Lula, volvió sus propias construcciones superfluas al lado del progresismo que se auto representa y licúa cualquier otro espacio de construcción contrario a la derecha política.

 

Chile

Chile ocupa hoy un lugar especial en el panorama sudamericano. Es donde las cosas están al mismo tiempo más abiertas y más cerradas. Donde hay algo ocurriendo en el orden de lo imprevisible. Tampoco es posible dilucidar como se resolverá la sucesión presidencial en Bolivia, si estallará una revuelta en Argentina y si Nicolás Maduro podrá mantenerse en el poder. Pero en Chile lo imprevisto va más allá. Por un lado la falta de caminos, la persistencia de esfuerzos de la clase política en cerrar lo que las calles abrieron y las dificultades de siquiera imaginar cómo sería una salida a la altura de lo que pide la población es imponente. La presión que no cesa, y la falta de eficacia de los mecanismos tradicionales, incluyendo líderes políticos, asamblea constituyente [en el caso de Chile la propuesta es una Convención Constituyente] y represión, hacen de Chile también escenario de posibilidades, sino revolucionarias, al menos de laboratorio ahora post neoliberal.

Los manifestantes que desde el 18 de octubre ocupan las calles de Chile cantan “Chile despertó”, y eso quizás sea lo único cierto en un panorama donde la radicalidad de la calle, en un levantamiento que no cesa, no encuentra todavía canales de expresión en sentido de cambiar ese modelo ya destituido moralmente, ya sin posibilidad de funcionar con legitimidad y sin respuesta, aunque aún en pie y organizando la vida colectiva de la sociedad chilena.

La lucha estudiantil de 2006 y 2011 es un antecedente al que deben sumarse las fuertes movilizaciones de mujeres, la causa mapuche, con sus presos y defensa territorial, las pensiones miserables, de un sistema privatizado que se sufre en todas las casas de la clase media y baja, mostrándose evidentemente injusto, frente a un país gobernado por ricos y poderosos dueños de todo.

Como explosión derivada de acumulación en las luchas y la sensación de necesidad de hacer algo, la fuerza inicial y sostenedora de la revuelta fueron los adolescentes de colegios que sin nada que perder, más allá de las clases, decidieron actuar esta vez frente a un aumento del transporte, no aplicado al boleto estudiantil pero sí al del resto y, como ellos explicaban, al presupuesto de sus familias. Como en junio de 2013 en Brasil, el transporte, los adolescentes, la lucha, sin banderas partidarias, encuentra una forma efectiva de obtener visibilidad, en un contexto donde el trabajo es desorganizado. El costo del transporte afecta transversalmente a la clase trabajadora y en tiempo de descentralización productiva, trabajo no organizado y precario, se constituye como lugar donde las personas están. La ciudad entera se constituye en espacio de confrontación con el modelo y la represión estatal repercute con efectos que vuelve la protesta visible para indeterminados actores, afectando la circulación de personas y productos.

La protesta se inició el 18 de octubre de 2019, después de dos o tres días en que alumnos convocados por una cuenta de Instagram de estudiantes militantes se congregaron en las entradas del Metro del centro de Santiago para evadir los molinetes y no pagar el pasaje recientemente aumentado. Ese día, la policía reprimió brutalmente causando un efecto expansivo y produciendo la interrupción del servicio de transporte, generando protestas espontáneas que no pararían por meses. Días después de comenzar la Plaza Italia, rebautizada Plaza de la Dignidad, recibió un millón doscientos mil manifestantes, según cálculos que circularon. Al principio por la renuncia de Piñera, los partidos de izquierda y sectores sociales y sindicales organizados, como el que encabeza a plataforma contra las operadoras privadas de jubilación, instalaron la demanda de una Convención Constituyente. La misma se volvió una propuesta formal a partir de acuerdos entre el gobierno con legisladores de la oposición, que en noviembre y diciembre aprobaron la convocatoria formal.

Lejos de que la Convención Constituyente respondiera y se sintiese como hija de las movilizaciones, quedó en evidencia el oportunismo de los políticos y las limitaciones con que la misma fue programada. Convocada con el nombre de Convención Constituyente y atada a un referéndum que, en abril de 2020, determinará si su composición es mixta, con 50% de miembros del congreso, o con representantes enteramente electos para la misma, el nuevo texto constitucional deberá ser aprobado por dos tercios que, dado el comportamiento electoral de los chilenos, ciertamente dará poder de veto a los defensores del pinochetismo y del sistema neoliberal, mercantilizador de los servicios públicos, para no hablar del resto de constituyentes que también provendrán, por la dificultad de candidatear por afuera de los partidos, de las fuerzas que administraron y condujeron el modelo que hoy se busca impugnar.

En diversas votaciones, el congreso mostró límites, incluso en sus fuerzas emergentes, como el Frente Amplio, que además de negociar rápidamente con el gobierno, sin capacidad de traducir en este espacio la falta de legitimidad, permitió que mantuviera la iniciativa, incluso aprobando leyes de criminalización de la protesta, como la llamada ley anti capucha y anti saqueos, que  llevaron a representantes de estas fuerzas a pedir disculpas por redes sociales. En diciembre la convocatoria a la Asamblea se convierte en ley dejando de lado la posibilidad de equidad de género, la representación facilitada de representantes indígenas y de sectores independientes por fuera de los partidos.

La crisis muestra movimientos tectónicos incluso en las instituciones y sistema político tradicional. Fueron comunes las rupturas de frentes, legisladores disidentes, discusiones internas en el frente de derecha gobernante, sin contar con episodios de repudio en las calles a los representantes de izquierda, además del llamado general a la lucha por la renuncia del presidente, que comienza a ser vista con buenos ojos incluso por sectores empresarios y de derecha, que reaccionan con descontento a la falta de estabilidad y orden social, con caída de toda actividad económica.

Especulando con un escenario constituyente, la fuerza de la derecha podrá imponer que el trabajo de la convención termine sin resultados. Podrá también aparecer una derecha moderada, no anclada en la defensa del pinochetismo y que busque acuerdos con la centro izquierda, en el sentido de lo que la política chilena produjo como posible^[20], con partidos como el socialista y el comunista aceptando los límites de un sistema que aparecía como inmutable, y que podrá rejuvenecerse devolviendo orden y normalidad, quizás a cambio de victorias puramente simbólicas. El resultado, decepcionante, o su falta, podrá generar espacio para algo nuevo que hoy no parece ser una fuerza partidaria o líderes de izquierda, y si un avance de la extrema derecha, con el empresario Kast o un pinochetismo camuflado por años como derecha moderna y democrática, que mostraría su violencia constitutiva de forma directa.

La Convención Constituyente desplazó el pedido de renuncia de Piñera, de los primeros días de protestas, como demanda que apuntaba más allá del gobierno, buscando alcanzar al modelo. Esto pone a Chile en un lugar político diferente de los países vecinos. Bolivia discute la reelección de Evo, y la continuidad del MAS, Cristina y Lula, Macri y Bolsonaro es lo que se discute en lugar del modelo, en los distintos países, como si proyecto político progresista o conservador, o neoliberal, dependiera de la visión política del presidente. Lo que la crisis y movilización chilena muestra es una consciencia de la necesidad de ir más allá de lo que el progresismo partidario mostró desde el gobierno, como impotencia y carencia de capacidad para realizar cambios en ruptura con el armado pinochetista, que tiene su estructura validada en la constitución de 1980.

Sin respuestas desde arriba, ni capacidad de cerrar el proceso de contestación y avance en la movilización, la riqueza del momento chileno se mide desde abajo. Barrios movilizados, la creación de asambleas en las ciudades, movilización persistente, semanal, con varias convocatorias de cientos de miles. Hay energía que hoy circula por los espacios políticos y de una política que baña relaciones familiares, de vecindad como vecinanza y amistad. Las mujeres produjeron registros performáticos en denuncia de violaciones, del machismo y del Estado, que recorrieron el mundo. Los estudiantes secundarios tuvieron una victoria en la interrupción de exámenes de admisión a la universidad. Los mapuches, en parte exigen que no se los involucre dentro de una coyuntura política chilena, sino en solidaridad con los castigados por el modelo, en una lucha de autodeterminación territorial y también enfrentamiento al capitalismo y Estado chilenos.

El costo de la represión, con miles de prisioneros politicos, cientos de víctimas de mutilación ocular, denuncias de tortura y violación, genera un frente de protesta adicional. La protesta general, no unificada ni con voceros formales ni comando organizativo, suma sectores y banderas. Múltiples causas y demandas locales específicas, en sindicatos, colectivos o plataformas se suman desde diversos sectores al estado general de protesta y deliberación social desde las calles.

Chile muestra a la luz sus fuerzas políticas de distintas tendencias. En las movilizaciones se mezclan símbolos y actitudes que nos permiten imaginar de qué está compuesto el levantamiento chileno. Encontramos varias generaciones, y las tendencias más o menos radicales, de izquierda, progresistas, incluso nacionalistas, que componen la identidad política latinoamericana. Disputas como las vividas en el gobierno de la unidad popular forman parte de lo que se destapa y aparece como heridas nunca selladas. En asambleas o entre amigos se escucha sobre los cordones industriales, sobre la posibilidad de una vía armada o pacífica para el socialismo, sobre los horizontes a los que se suman visiones políticas nuevas influenciadas por la lucha de autodeterminación mapuche o la lucha de las mujeres.

En el corazón de las movilizaciones la primera línea de jóvenes que enfrentan la represión es compuesta por una clase trabajadora y estudiantil, producto del neoliberalismo, que dice basta. Más atrás, encontramos banderas mapuches, anarquistas, chilenas, expresando que algún cambio es necesario y perfilando ya las posibles frustraciones de quien no se contentará con un cierre desde arriba, con una incorporación meramente simbólica de principios de igualdad social, plurinacionalidad o derechos diversos.

El escenario chileno es prometedor, como inspiración continental a la rebeldía y ruptura anti neoliberal. Sus asambleas y movilizaciones no se constituyen como doble poder ni disputan el lugar de los partidos en las instituciones, que parecen escindidos del proceso de movilizaciones, con una lógica descentralizada e irrepresentable. Como las asambleas de barrio que siguieron al estallido de diciembre de 2001 en argentina, experiencias solidarias, de creación de lazos, de pensamiento político y acciones militantes podrán decantar para nuevos liderazgos que normalicen la situación y canalicen el descontento por los mecanismos habituales. Podrán también ser laboratorios para pensar lo común y continuar contestando un sistema.

Por lo pronto, las calles ponen en agenda la realidad de los de abajo, de los explotados, de los sin voz, hoy siendo la fuerza política que impone la necesidad de respuestas.

 

Conclusión

Mientras la derecha populista llega al poder en Brasil, en Argentina hay un retorno progresista, que sin embargo apuesta a consolidarse desde un lugar diferente del kirchnerismo anterior, sin rupturas ni conflictos, aún más conciliador, por tanto, eliminando los pocos elementos de disputa que al menos simbólicamente el kirchnerismo evocaba, y le permitieron volver, recuperando apoyo, ante el fracaso de Macri. En Bolivia el progresismo es desplazado, se recurre a la retórica del golpe, como en Brasil, pero no está claro si un nuevo gobierno seno evista  constituirá en nuevo liderazgo. El hiperpresidencialismo lleva a una crisis que no encuentra un canal de estabilización. En ese sentido, Bolivia se acerca a Chile, donde la protesta que se expande, en este caso contra un gobierno de derecha, abre un camino todavía sin solución a la vista, y con posibilidades de que se cierre con frustración y continuidad de la crisis, sin cambios concretos.

Chile muestra una situación diferente a la del resto de los  países de la región: el conflicto está  orientado contra el neoliberalismo, la jubilación, la salud, la educación, la vida. No hay un juego entre dos actores políticos e incluso la izquierda, cuando se acerca a dialogar o acuerda un plebiscito constitucional, muestra claramente como deja todavía un gran espacio abierto de continuidad de la rabia y la protesta, no cubierto por actores institucionales y que sólo se expresa en la calle como enfrentamiento, y en la persistencia de la movilización. Las dificultades del gobierno chileno para controlar la situación, que también contó  -como en Bolivia- con desobediencia militar para seguir una línea de control represivo de la movilización social, son evidentes, tanto como la falta de caminos políticos claros para encausar esas protestas. En este sentido, el ejemplo de los progresismos tampoco se muestra esperanzador. La situación es de vacío, frente a la continuidad del neoliberalismo y ante la amenazadora derecha y la falta de una izquierda que más allá del control gubernamental y la administración de los consensos existentes, proponga caminos de transformación.

La región muestra estar integrada a tendencias políticas parecidas, a pesar del fracaso de las instancias supra-gubernamentales como el Mercosur o Unasur, sin ninguna incidencia. El bolsonarismo ha servido como ejemplo para derechas que buscan alinearse con su discurso, Perú ha sido sacudido por escándalos de corrupción de empresas brasileñas, llevando a ex presidentes a la cárcel y generando amplias movilizaciones. El Frente Amplio uruguayo se incluye perfectamente en la lógica del progresismo y la derecha Paraguaya también asimila discursos y lógicas de la elite económica regional, incluso con el papel del agronegocio, que involucra a toda la región independientemente del grado de desarrollo capitalista alcanzado en el pasado.

Venezuela merecería un análisis aparte, por su conexión con la política colombiana, el interés norteamericano y su papel simbólico con influencia en buena parte de la izquierda latinoamericana, incluso autonomista. El análisis de la situación interna de los procesos políticos, muestra sin embargo que la clave hoy está entre el gobierno y la movilización, sin que las teorías sobre alineamientos geopolíticos y bloques pueda explicar la opción del progresismo por mantenerse dentro del orden, ni de su caída.

La fuerza gravitacional del sistema empuja a todo gobierno de izquierda en Sudamérica a un centro de moderación y adaptación a los consensos y márgenes estrechos en que el poder de siempre permite moverse. Es por eso que el avance de la derecha se da en la paradójica situación en que se derriban gobiernos que se esforzaban por cumplir con los mandatos del mercado y el consenso neoliberal, además de favorecer aliados empresariales del poder económico, iglesias y fuerzas de seguridad.

Al margen de algunas medidas «populistas» que podrían matizar la última afirmación, la comunicación aprovechada por la derecha, a tono con la derecha mundial, es ideológica, de principios conservadores, además de la corrupción. Ejercer el poder y ganar elecciones en Sudamérica, con el apoyo  millonario de empresas privadas, que devuelven con favores, no es una actividad que no abra flancos de ilegalidad que puedan ser aprovechados contra cualquier gobernante de hoy en la región. Es correcta, al mismo tiempo, la crítica a la discrecionalidad con que se acude a la justicia en la transición a nuevos gobiernos.

Al margen de la judicialización de la política, que prolonga el tiempo de disputa electoral, sin que esten en juego las cuestiones centrales del modelo de sociedad y la organización de la vida. La polarización electoral se vive como una guerra en que el no apoyo a uno de los bandos se vuelve necesariamente colaboración con el otro. Esta visión se impone en la política latinoamericana conectada con una mirada geopolítica que, centrada en Cambridge Analytica, la denuncia de guerra híbrida y avance de la extrema derecha, se vuelve la mejor defensa del progresismo,  en una nueva guerra fría que tiene como blanco las voces críticas, autónomas, que deberían callar ante la amenaza de la derecha, muchas veces cómplice con el progresismo en  los consensos que sostienen al capitalismo y las prioridades políticas estatales.

Las elecciones se vuelven escenario de disputa simbólica y afectiva, a favor y en contra de líderes, movilizando banderas de justicia social, soberanía, desarrollo económico y empleo, o corrupción, seguridad, valores religiosos y nacionalismo. Más allá del debate que enfrenta al progresismo con la derecha bolsonarista podemos ver, sin embargo, una oposición más importante entre la gente, el 99%, los de abajo, movilizados, contra el sistema, el modelo neoliberal, el gobierno del capital, con sus distintos matices ideológicos y políticos. Las respuestas institucionales y del sistema político, así, no se alinean con la voz de las calles. Se crea entonces un vacío o espacio político autónomo que amenaza medidas impopulares, presidentes de uno u otro signo político, y aparece como lugar desde donde la bronca, descontento, desencanto, rabia personal se vuelve colectiva.

La ausencia de revueltas en las calles en algunos países no excluye la presencia de malestar y falta de respuestas desde arriba. El voto contra todo gobierno, la abstención, la opción por candidatos de discurso contra el orden también expresan que, aunque no haya horizontes de reformas a la vista, algo hay que hacer, la olla de presión puede explotar en cualquier momento. En el pensamiento crítico se exploran ideas  que puedan escapar a los lugares comunes del keynesianismo, liberalismo, socialismo estatal, en una época abierta en que lo del encuentro colectivo en las calles puede prefigurar una sociedad diferente, también un encuentro de diferencias y concentrando sus energías en superar la vida difícil del capitalismo desigual.

La derecha del discurso de odio, represión, del poder, aprovecha el vacío del fracaso progresista, como gráfica en Bolivia la asunción de Áñez , ante la impotencia de la mayoría parlamentaria del MAS. Parece diseñarse un camino interesante cuando desde las calles, de Chile, y en los territorios indígenas de todo el continente, se piensa contra los de arriba y el arreglo neoliberal  colonial de décadas. Lejos de alistarse en una guerra entre potencias internacionales que expresarían localmente un bando estatal donde identificarse, una política de rechazo al autoritarismo, al machismo, al securitismo, a la financiarización, la explotación y la colonialidad se encuentra, actúa en conjunto y busca por donde abrir un momento de insurrección que rechace las imposiciones desde arriba.

[Escrito para Bajo el Volcán, revista del posgrado en sociologia, Benemerita Universidad de Puebla, México]

Traducción parcial del portugués: Santiago De Arcos-Halyburton

NOTAS:

[1] Antropólogo, profesor de la Universidade Federal de São Paulo.

[2] Este texto fue escrito en febrero de 2020, antes de la llegada de la pandemia a América del Sur. Sirve como registro de un momento de nuevas preguntas que quedaran suspendidas durante la coyuntura del Covid-19.

^[3] Conaie tilda de ‘oportunismo’ a las declaraciones de Rafael Correa sobre fallecidos, heridos y detenidos. El Comercio.

https://www.elcomercio.com/actualidad/conaie-correa-twitter-declaraciones-manifestaciones.html

^[4] Lula acusa EUA de promover manifestações de Junho de 2013 com o objetivo de derrubar Dilma

https://revistaforum.com.br/politica/lula-acusa-eua-de-promover-manifestacoes-de-junho-de-2013-com-o-objetivo-de-derrubar-dilma/

^[5] Nancy fraser “Trump o el fin del neoliberalismo progreissta” https://www.rebelion.org/noticia.php?id=221955

^[6] “Alberto Fernández, el peronista que se declara liberal progresista” Disponible en_ https://www.elobservador.com.uy/nota/alberto-fernandez-el-peronista-que-se-declara-liberal-progresista–201910281123

^[7] Violencia Brasil, entrada Wikipedia https://pt.wikipedia.org/wiki/Viol%C3%AAncia_no_Brasil

^[8] Lucio Flavio Pinto “Belo Monte vai Quebrar”, site Amazonia Real. https://amazoniareal.com.br/belo-monte-vai-quebrar/

^[9] “Lula acusa EUA de promover manifestações de Junho de 2013 com o objetivo de derrubar Dilma. Revista Forum”.

https://revistaforum.com.br/politica/lula-acusa-eua-de-promover-manifestacoes-de-junho-de-2013-com-o-objetivo-de-derrubar-dilma/

^[10] Bruno Lupion “Como empresas apoiadas para virar ‘campeãs nacionais’ quebraram ou entraram na mira da Lava Jato“, Nexo Jornal, 4 de julio de 2016. Disponible en: www.nexojornal.com.br/expresso/2016/07/04/Como-empresas-apoiadas-para-virar-campe%C3%A3s-nacionais-quebraram-ou-entraram-na-mira-da-Lava-Jato

^[11] Salvador Schavelzon “Mundial para Quien”, Revista Anfibia, 2014, disponible en: http://revistaanfibia.com/ensayo/mundial-para-quien/

^[12] “Na Bahia, governada pelo PT, já são 83 escolas militarizadas” Esquerda Diario, 19 de diciembre 2019. Disponible en:

http://www.esquerdadiario.com.br/Na-Bahia-governada-pelo-PT-ja-sao-83-escolas-militarizadas

^[13] ver Dossier Bolsonaro and the Unmaking of Brazil https://culanth.org/fieldsights/series/bolsonaro-and-the-unmaking-of-brazil?x-craft-preview=waeTlurXip&token=ugiTkAY1VcXQleimZMuRBCaVBmV0wBYH

^[14] Una posición leal de Kaliman habría generado su detención. Los militares facilitan la asunción de Áñez, sin formar parte del gobierno. La derecha de Santa Cruz aprovecha la coyuntura de contar con la segunda presidencia del senado, y asume no aclamada por el congreso, sino apelando a una ley que se refiere al vacío de poder.

^[15] El candidato a vicepresidente sería David Choquehuanca, ex canciller. Incluirlo en el binomio buscaría atender el mandato de las organizaciones sociales, que habían votado nacionalmente por su postulación como presidente. Si bien demostró lealtad en momentos en que mantenía posiciones enfrentadas con el rumbo del gobierno, representa potencial autonomía en relación a Evo Morales, y un vínculo propio, no derivado, con las comunidades Aymaras y sindicatos campesinos.

^[16] Cf.: ZIBECHI, Raúl. Bolivia: un levantamiento popular aprovechado por la ultraderecha.
Desinformemonos, 11 de novembro de 2019. Disponível em: < https://desinformemonos.org/bolivia-unlevantamiento-popular-aprovechado-por-la-ultraderecha/ >.

^[17] Ver capítulo 2 Schaveloz, S. El Nacimiento del Estado Plurinacional  de Bolivia. https://www.clacso.org.ar/libreria-latinoamericana/pais_autor_libro_detalle.php?id_libro=754&campo=autor&texto=3395&pais=7

^[18] Schavelzon, S. Teoría de la revolución en Álvaro García Linera: centralización estatal y elogio de la derrota https://www.rebelion.org/noticia.php?id=240668

^[19] Cf.: Definición de Fernández «La minería es primordial». Página12, 19 de diciembre de 2019.

Disponible en: < https://www.pagina12.com.ar/237337-la-mineria-es-primordial >.

Ganó el pueblo de Mendoza: se derogará la reforma de la 7722. La Izquierda Diario, 27 de diciembre de 2019. Disponible en < https://www.laizquierdadiario.com/Gano-el-pueblo-de-Mendoza-se-derogara-la-reforma-de-la7722?fbclid=IwAR1ji2JaadloLFsY4wLQeGCSRu3kUk7_LLvsSg6pNwq5YPaNnA9H819JofI >

^[20] Derechizacion de la concertación http://www.rebelion.org/noticia.php?id=263337&titular=profunda-derechizaci%F3n-concertacionista-1989-2019-

por Altamir Tojal

Casi 100 millones de brasileños solicitaron la ayuda de emergencia de 600 reales al mes para sobrevivir al colapso de las posibilidades laborales impuestas por la crisis de Covid-19 en Brasil. De estos, unos 50 millones se denominan «invisibles» porque no figuraban en las estadísticas y registros oficiales de desempleados, pobres y vulnerables.

Llamar «invisibles» a casi 50 millones de personas que ahora se declaran sin ingresos o sin medios para sobrevivir debería causar extrañeza a cualquiera que viva en Brasil, donde la informalidad, la precariedad y la insuficiencia o la falta de protección social se naturalizaron y pasaron a ser regla en cada momento, lugar y circunstancia.

La falta de preparación del país para enfrentar las necesidades y la desigualdad, potenciadas por la pandemia, resalta la necesidad de una agenda de reconstrucción económica asociada con un amplio programa social en el que la introducción de una renta básica universal deberá estar presente en el debate, no solo como ayuda para emergencia o como un beneficio condicionado y temporal, sino que como un derecho de ciudadanía y un factor de sostenibilidad de la economía.

Cambios y derechos

Si antes del Covid-19 el interés y el debate sobre la renta básica  ya estaban aumentando en el planeta, ahora esto tiende a intensificarse. Por un lado, la necesidad de entregar una ‘ayuda de emergencia’ a las personas sin ingresos suficientes se ha impuesto en casi todo el mundo por razones humanitarias y también para que la estrategia sanitaria de distanciamiento y aislamiento social funcione con la reducción de la circulación para trabajar o buscar trabajo. Y también para que la demanda económica permanezca en niveles capaces de prevenir el colapso de las diferentes cadenas de producción.

Por otro lado, a pesar de las dudas sobre la configuración pos-pandémica de las sociedades y economías, ya se intensifican y parece que se acelerará el uso más intensivo de los procesos tecnológicos, con una mayor automatización y robotización en las fábricas y de la producción en general, en los servicios y en la vida. Uno de los resultados de este proceso ya ha sido el aumento del desempleo y la precariedad, abriendo la necesidad de establecer mecanismos para generar una continuidad de renta sin una  contraparte del trabajo formal e incluso de otras formas de ‘trabajo productivo’.

El desafío de redefinir los derechos y la protección social adecuados a estos cambios ya se había traspasado a la agenda de los movimientos sociales. A raíz de los cambios que se producen en la producción y la naturaleza del trabajo en la economía pos-industrial, cuando cada vez más se produce con menos trabajo y menos capital, el tema de la renta  básica ha estado presente en los programas gubernamentales y las campañas electorales de diferentes orientaciones ideológicas y en el pronunciamientos y propuestas no solo de cientistas y filósofos sino también de líderes empresariales como algunos de los gigantes de la nueva economía.

Por el mundo

A pesar de las dudas sobre los resultados, de la lucha con el sentido común contrario a la idea de «distribución de dinero sin una contraparte del trabajo» y los riesgos de la explotación populista de sus posibilidades y resultados, las iniciativas para introducir ingresos básicos ya se estaban multiplicando en el mundo.

Aunque los argumentos de igualdad y eliminación de la miseria casi siempre están presentes en las propuestas de la renta de ciudadanía, existe una amplia variedad conceptual de acuerdo con las motivaciones e intenciones del proponente, que pueden identificarse en su diversidad léxica: renta básica o mínima, suficiente o insuficiente, incondicional o condicionada, universal o selectiva.

En la práctica, la mayoría de los experimentos realizados hasta ahora han sido el pago de pequeñas cantidades a las personas más pobres, casi siempre en condiciones establecidas por gobiernos y gestores, incluidos los de buscar y aceptar trabajo, vacunar a sus hijos y mantenerlos en la escuela, entre otros.

Existe en los Estados Unidos la experiencia continua más antigua de renta básica universal e incondicional, en el estado de Alaska, desde 1986. Hay noticias en el país de experiencias más recientes de gobiernos locales, empresas e instituciones para enfrentar problemas sociales y económicos, a modo de complemento de los mecanismos existentes. como el seguro de desempleo. En el campo político, uno de los pre-candidatos presidenciales del Partido Demócrata en las elecciones de este año fue Andrew Yang, un joven empresario en las áreas de tecnología y educación, con una plataforma centrada en la renta básica.

Varios experimentos se han llevado a cabo en otros países y regiones durante algunos años. Prácticamente todos los países de Europa tienen programas de ingreso mínimo condicional. Irán mantuvo un programa de renta universal e incondicional desde 2011 hasta hace algunos años. Según la BIEN (Basic Income Earth Network), existen actualmente programas de renta básica, en modo piloto o como proyectos, también en India, Canadá, Finlandia, Escocia y Holanda, entre otros, con una aplicación más o menos amplia en términos de alcance social, con cobertura regional o nacional.

En Brasil, existen programas de distribución condicional de renta, enfatizados en la Bolsa Familia. Y tenemos la Ley Básica de Ingresos de Ciudadanía, por Eduardo Suplicy, aprobada  por el Congreso y sancionada por el  entonces presidente Lula, que quedó solo en un papel firmado.

El reporte “La naturaleza mutable del trabajo”, del Banco Mundial, sugiere que programas semejantes a la renta de ciudadanía pueden ser considerados como instrumento para lidiar con la creciente desigualdad y cambios profundos en la naturaleza del trabajo en las próximas décadas, aunque existen pros, contras y problemas de aceptación.

Una línea conceptual preconiza la renta básica como un principio voluntario y volitivo, sin dependencia del Estado ni de fondos públicos. Por otro lado, existen activistas que no creen que los gobiernos y las instituciones oficiales, vayan a entregar un apoyo efectivo a la idea. Basados en su percepción, decidieron trabajar en la formacion de redes de personas y organizaciones civiles dispuestas a crear y mantener fondos para entregar una renta básica a los más pobres.

 Conceptos y efectos

La renta básica no es una novedad. El concepto original es el pago periódico de una cantidad sin vinculación al trabajo o a cualquier exigencia de contrapartidas, correspondiendo al derecho de cada persona a tener medios para vivir con dignidad. Uno de sus formuladores fue Thomas Paine, pensador y activista que influencio la independencia de los Estados Unidos y a la Revolución Francesa

Al idea puede ser hallada en tesis revolucionarias, humanistas, libertarias, comunistas y en recetas reformistas liberales. Cabe tanto en programas de eliminación de la miseria y de reducción de la desigualdad asi como en fórmulas para asegurar el consumo en escenarios de caída de la renta del trabajador y de alto desempleo.

La tesis de una renta mínima de subsistencia, formulada como asistencia humanitaria y asistencialista, serviría también para reforzar el modelaje contemporáneo del capitalismo. Ya la idea de una renta básica suficiente, universal e incondicional sería un derecho de ciudadanía, un instrumento que posibilite la comunión por todos de la riqueza generada por el desarrollo de las fuerzas productivas.

Estas pueden, no ser, necesariamente,  propuestas excluyentes. Pueden ser etapas de un proceso. Pero sus diversos y diferentes propósitos y efectos necesitan ser considerados y evaluados transparentemente.

Economistas de diferentes tendencias, como como Keynes, Hayek, Milton Friedman, James Tobin e Galbraith, trabajaron y desarrollaron propuestas relacionadas con el tema. La renta de ciudadanía esta, hace algún tiempo, en la agenda del Foro Global de Davos y ha estado presente en las presentaciones de algunos empresarios de la nueva economía. Elon Musk, de Tesla, ha preconizado que el modelo de renta básica puede ser la mejor solución para lidiar con la abundancia de bienes y la falta de empleo generados por la tecnología. Y Mark Zuckerberg, de Facebook, dice: “Llego la hora de que nuestra generación defina un nuevo contrato social. Deberíamos explorar ideas como la renta básica universal para garantizar que todos tengan la seguridad de poder probas nuevas ideas”.

En el plano de la economía globalizada y en la configuración más liberal, la distribución de una renta mínima ayudaría a proteger mercados de la competencia de países con mano de obra más barata, viabilizando reducciones reales de salarios y la flexibilización de los derechos laborales en áreas supuestamente menos competitivas en razón del costo de trabajo

Después del virus

Una crisis económica profunda es ahora la realidad en casi todo el planeta con el Covid-19 y su superación se presenta como un gran desafío en el escenario post-pandemia. Es previsible que las propuestas de renta básica ganen más espacio en el debate, ciertamente, en nombre del reflote del dinamismo económico, pero también, dependiendo de la movilización política, por un programa de reducción de la pobreza y de la desigualdad.

De este modo, la renta básica podrá ser pensada, en el conjunto de alternativas para vencer la crisis, como factor de aumento de la demanda y también de actualización y reorganización del sistema de protección social. Y podrá, en la perspectiva más amplia de un nuevo pacto por la vida y por la sustentabilidad, configurar una propuesta de adecuación de la economia a los nuevos paradigmas de la produccion y el trabajo, basados en el conocimiento, tecnología e innovación.

Uno de los obstáculos a las experiencias de implementación de la renta básica y de programas de distribución de renta en general es el cuestionamiento en la sociedad de que los beneficiarios son inducidos a acomodarse. Este es uno de los ‘problemas de aceptación’ indicados en el estudio del Banco Mundial y en otros análisis, aunque las evaluaciones de las experiencias más relevantes muestren que la mayoría de los beneficiarios no para de trabajar o de buscar trabajo. Otro problema ha sido la manipulación política de los gobiernos y liderazgo políticos, como ha ocurrido en Brasil con programas como la Bolsa Familia.

Cualquiera que sea el mundo que surgirá después del Covid 19 ya no debería haber más lugar para la naturalización del virus de la desigualdad, y mucho menos para tantos millones de personas vulnerables, ya sea que se les llame «invisibles» o no. Para convertirse en realidad, el ingreso básico tendrá que ser impuesto por la voluntad y como una conquista de la sociedad. Los problemas y desafíos deberán abordarse y corregirse con información, transparencia y debate, en un proceso que pueda conducir a plataformas de protección social viables, justas y efectivamente democráticas.

Traducción del portugués: Santiago De Arcos-Halyburton

 

Altamir Tojal: Es periodista y escritor. Trabajo como reportero en Jornal do Brasil, O Globo, Veja y IstoÉ. Fue jefe del Departamento de Comunicación del Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). Participo del Consejo Estatal del Medio Ambiente del Estado de Rio de Janeiro (Conema). Es autor de la novela “Faz que não vê” y de la colección de cuentos “Oásis azul do Méier”. Estudio periodismo en la Universidade Federal Fluminense (UFF) y curso una especialización en Filosofía Contemporánea en la Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-RJ), momento en que elaboro la monografía “Resistencia ao Impero e a conta do salário social”, conteniendo reflexiones sobre la universalización de la renta de ciudadanía.

Por Ariel Pennisi*

1.

Hace casi treinta años en Argentina se viene planteando (desde la CTA y otros sectores o actores) el problema del derecho a la existencia en un contexto de creciente derrumbe de la actividad laboral tal como se la conoció durante el apogeo del régimen fordista-taylorista y de los Estados de bienestar. Alternativamente, se pensó en seguros de ingreso y formación, renta básica universal o ingreso social garantizado. Más allá de las diferencias terminológicas y matices, está en juego la idea de que las formas de valorización del capital avanzaron y avanzan sobre dimensiones de la vida antes supuestamente ajenas a la actividad laboral reconocida y, en ese sentido, buena parte del tiempo con que contamos, trabajemos o no, participa de la producción de valor de diversas maneras, es decir, que el ingreso reclamado se correspondería, entre otras cosas, con un trabajo social no reconocido.

Es un rasgo estructural del capitalismo el hecho de que la actividad humana se aliena al tener que poner en venta su “fuerza de trabajo” como una mercancía. Es, también, producto de la historicidad de unas relaciones de fuerza el hecho de que no es quien vende su actividad bajo la forma de fuerza de trabajo el que decide qué y cómo se produce, cómo se intercambia o distribuye. Al mismo tiempo, esa alienación originaria –correlativa de una acumulación originaria– y esa jerarquización estructural se presentan, para quienes trabajan o quienes buscan trabajo, como la condición de una supervivencia siempre frágil, una precariedad que muerde la existencia desde los fundamentos mismos de la organización capitalista de la actividad humana como trabajo obligado.

Todos los eufemismos sobre el progreso social, el desarrollo individual, el sentido de utilidad de lo que hacemos y otros berretines espiritualistas, no alcanzan para ocultar ese real: si no se trabaja como dicta el capital, bajo las condiciones y la cantidad de tiempo que este impone no hay derecho a la existencia que valga. Es el autoritarismo propio del capital, haciendo depender la oferta laboral de lo que considera rentable; pero también decide cuando no decide, haciendo pesar su desbocamiento o sus crisis sobre los menesterosos en permanente construcción. Y la desocupación, la precarización y flexibilización extremas empujan a cualquiera a la búsqueda desesperada de un lugar en la maquinaria. En estas condiciones, la posición del explotado se vuelve una panacea momentánea, un alivio sombrío que puede someter a cualquiera no solo a una relación de explotación, sino al deseo de esa explotación en la búsqueda de un trabajo miserable para sobrevivir. Es la consumación de la crueldad propiamente capitalista, la indistinción entre deseo y explotación, por la homologación de existencia y supervivencia.

Creemos que, garantizando la existencia mediante una institución de nuevo tipo, es posible crear una zona de tensión con los fundamentos mismos de la explotación capitalista y su moral aleccionadora, que en nuestro país se expresa como odio de clase a quienes no tienen trabajo o prejuicio y sospecha ante los sectores populares, cada vez que, según el punto de vista de los explotadores (que habla en un banquero, en un mafioso de las finanzas o en un buen vecino de la clase media capitalina), “viven por encima de sus posibilidades”. Son esas “posibilidades” impuestas de antemano lo que cuestionamos de raíz. En nuestro país, se llegó a plantear desde el Estado, mientras se imponía un tarifazo absurdo, que protegerse del frío o refrigerarse en verano forman parte del lujo que un trabajador no se podía dar. Nuevamente, la existencia contrastada con un fondo mortuorio. En ese sentido, “derecho a la existencia” mediante un ingreso garantizado significa la institución de una relación diferente, en la que no hay voz de mando que pueda confinarnos a semejante miseria. Afirmamos que vivir no puede ser una condición miserable, sino que, como dijo un filósofo en los albores de la invención de la democracia griega: “existir es algo dulce”. Es decir, que el instrumento del derecho a la existencia solo se propone reponer esa apuesta, tal vez, desde una posible jurisprudencia del común.

Para Antonio Negri, el cuestionamiento de la actividad humana capturada por las formas históricas de trabajo es indiscernible del estado de la relación entre poder y potencia; es decir, de la cuestión política. No hay dicotomía, en este caso, entre reformismo y revolución; se trata de una radicalidad que produce reforma constitucional (poder constituyente), redefine los regímenes de propiedad, los regímenes monetarios, bancarios… financieros. La invención del Común es, simultáneamente, producción de cuidado y convivencia, y creación de institución y moneda del Común. En ese sentido, es clave la búsqueda de mecanismos capaces de hacer estallar la forma trabajo. Cuando entrevistamos a Negri en noviembre de 2012, tras una explicación elegante sobre la constitución política del presente, sus ojos se encendieron y en una suerte de trance rabioso soltó: “El problema es siempre éste, ¿cuáles son las condiciones de la lucha de clases? ¿cuáles son las condiciones por las cuales nos liberamos de estos patrones? Lo insoportable se da cuando toman el dinero de tu trabajo y se lo meten en el bolsillo, mientras vos te volvés un miserable. Nosotros tenemos que hacer esta revolución, tenemos que hacerla un día, ¿no? Este es el problema al que hay que volcar la inteligencia, el resto son estupideces.” Creemos que desasociar el ingreso de esa relación de mando, en tanto no la reemplace por otra, aporta en la dirección de esa misma búsqueda.

Como toda moral, la moral del capital es doble. El ataque permanente a los que supuestamente “no quieren trabajar” o no se abocan a lo que les correspondería, es decir, vender sus capacidades y su energía vital bajo la forma-trabajo, no hace más que proyectar hipócritamente el desprecio que la lógica del capital supone en relación al trabajo. Ya que el trabajo no es más que un medio para acumular “moneda por sí misma” incrementando su poder de mando en base a la apropiación de plusvalía. Ese lugar de enunciación artero que nos manda “a trabajar” es propio de quien se arroga el poder suficiente como para pedirle al resto lo que no es por sí mismo capaz de hacer o sostener: ¿alguien vio alguna vez trabajar a un oligarca? Pero la moral no es un problema moral, sino de disposiciones de deseo y de relaciones materiales de poder. Por eso, la respuesta progresista que soltamos como reacción es fallida, ya que se trata de una respuesta moral por izquierda: “los que no trabajan son ustedes”, decimos. El problema sigue siendo político: autonomizar y democratizar el trabajo, es decir, poder formar parte de las decisiones sobre qué y para qué lo necesitamos, sobre el deseo de no trabajar, y sobre los modos posibles de organización en el seno de la cooperación social, donde nadie apropia de manera privativa (privada) el valor creado.

2.

Vercellone, Baronian y Fumagalli establecen una relación directa entre la necesidad de una “moneda del común” y el proyecto de un ingreso social garantizado como “nueva etapa de la socialización de la economía” (del welfare state al commonfare). Si bien, en un primer momento este proyecto se nos podría aparecer como una extensión de las bondades del Estado bienestarista, como una radicalización del welfare en condiciones de emergencia (a partir de la pandemia del coronavirus), el horizonte de una apuesta que articula moneda del común e ingreso social garantizado, es otro. Se trata de un proceso instituyente, es decir, de una imaginación política al servicio de nuevas instituciones del común fundadas en formas de cooperación social para las cuales no tiene sentido separar economía de forma de vida o de apuesta a la producción de habitabilidad, cuidados colectivos, invención artística, convivencia, etc. De ahí que los economistas italianos plantean un horizonte de máxima en el que el ingreso garantizado no hace parte de un gesto redistributivo, sino que resultaría directamente del y para el nuevo modo de producción –lo que los postoperaistas llaman la “producción de lo humano por el humano”.

La ampliación del tiempo de trabajo es un hecho que se superpone con la vulneración de los convenios colectivos y del límite de las ocho horas de la jornada laboral. Si, en el caso de la jornada laboral, la lucha sindical pierde fuerza por mor de la precarización e informalidad laboral estructural creciente, el caso del trabajo social no reconocido supone otro tipo de problematización e incluso de lucha. Se trata de actividad que, en cooperación, produce valor que, contra la cooperación del común, apropian empresas privadas o instancias burocráticas separadas (Estado y sindicato que se vuelven contra sus trabajadores y ciudadanos). Es decir, que alguien captura un valor socialmente producido: por un lado, porque esta actividad no es reconocida como trabajo (desde lo realizado en Internet, hasta distintos modos de gestión de la vida y la subjetividad, pasando por tercerizaciones tareas añadidas al acto de consumir); por otro, porque la organización de los circuitos económicos le da a toda la actividad laboral la forma de una explotación generadora de plusvalía en beneficio de un interés privado o, en el mejor de los casos, de utilidad para el Estado, lejos del poder de decisión de los protagonistas de esa producción. “En ese sentido, el Ingreso Social Garantizado correspondería, en parte, a la remuneración social de la dimensión cada vez más colectiva de una actividad creadora de valor” no reconocida, que toma el tiempo y la energía de nuevas mayorías. (Vercellone, Baronian, 2010)

Al mismo tiempo, el ingreso social obraría como financiación de actividades relacionales, creativas, fundamentalmente no mercantiles e inmensamente necesarias para lo que alguna vez Marx llamó el “trabajo del espíritu”. “En otras palabras, se trata de afirmar que el trabajo puede ser improductivo para el capital, aun siendo productor de riqueza…” (Idem), de modo que la retribución orientada a sostener esa posibilidad se articularía como una nueva institución en la medida en que el reconocimiento extendido de esa productividad cooperativa de la vida social alimentaría la producción de sentido necesaria para su sostenimiento subjetivo. El “reconocimiento” es una operación de la subjetividad inmediatamente política, en tanto pone de relieve la invención de un común que, gracias a ese mismo reconocimiento, existe como un valor, unas razones, una vida deseable a defender y disputar.

Todo lo que se agrega como riqueza de lenguaje, formas de coordinación, ideas, sostenimiento afectivo y subjetivo de situaciones y producciones, modos de organización del intercambio, aun atravesando la esfera de reproducción privada o las lógicas administrativas públicas, pertenece al común. Pero esa forma de “pertenecer” es distinta a la de la posesión característica de la propiedad privada. Es el común reconociéndose como tal y creando las mediaciones necesarias para que esa valoración se sostenga de un modo dinámico y no alienado, de ahí la necesidad de nuevas instituciones del común. La pregunta por el fortalecimiento de la autonomía de la productividad no mercantil del común y su condición liberadora incluye, como una de sus instancias, la posibilidad de un ingreso que garantice el desarrollo de una apuesta política para la cual la ausencia de garantías ya no tiene que ver con una incertidumbre padecida por unos y capitalizada por otros, sino con la garantía de poder apostar autónomamente, es decir, ningún hombre nuevo, ninguna gran certeza, sino errar por cuenta propia y volver a reinventarse. La potencia de saber lo que no queremos y reservarnos zonas de no saber en relación a lo deseable.

El ingreso garantizado no se justifica por una moral del trabajo ni por una meritocracia –esta vez más justa– a la que, en realidad, contesta; sino que aportaría a la recuperación de nuestro propio tiempo (social, colectivo, individual… singular), nuestra capacidad de perder el tiempo, es decir, experimentar de diversos modos el hecho de que la vida no sirve para otra cosa que ser vivida. No se trata, tampoco, de ajustar cuentas con la enorme acumulación de formas de explotación en nombre de una humanidad liberada de manera definitiva, de una pureza finalmente expresada en un mejor sistema; sino de la institución parcial de experiencias capaces de relanzar como en un eterno retorno una vida para la vida. ¿Alguien puede acaso decirnos que no tiene sentido financiar esa necesidad? Además, ¿a quién correspondería gestionar esos recursos, sino a los “comunes”, es decir, tadas nosotras y nosotros en tanto trabajadores sociales? Lo que se abre con este modo de inscribir la “renta básica”, ingreso universal” o “ingreso social garantizado” es una exploración sobre nuevas articulaciones entre lo privado, lo público y lo común, partiendo de un criterio de defensa de la vida como tiempo propio, liberada en la medida en que se pueda (según se diriman las fuerzas históricas reales) de la obligación de venderse para tenerse como se tiene una mercancía.

Este tipo de ingreso incondicional supone, entonces, una apuesta profundamente democrática, en tanto paga capacidades comunes sin imponerles el sesgo de la utilidad, ni de lo que el mercado valora como rentable; apoya, de ese modo, la autonomía política de la producción de un común. La capacidad de decidir, no como capacidad de capacidades ni racionalidad ordenadora, sino como espacio de experimentación común, es decir, como conexión con el propio deseo (cuerpo, inconsciente… como guste llamarse) y como entrega –confianza– a las apuestas comunes.

3.

Según el lenguaje de los organismos internacionales, como, por ejemplo, la OMS, hay estrés por incertidumbre y enfermedad por trastornos de ansiedad y depresión. Es todo lo que pueden enunciar: lo que el capitalismo en su estado actual hace padecer a las personas, cada vez más lejos de un trabajo digno o incluso cada vez más lejos de una vida digna aun trabajando. El diagnóstico no es desacertado, pero la enunciación es políticamente inocua. Si lo único que nos queda por hacer es intentar comprender en qué estadística o en qué parte del diagnóstico cabemos… ¡eso sí que es realmente deprimente!

El arte de conversar con nuestras amistadas, con los no necesariamente amigos, pero cercanos de todos modos, o incluso con un alma que nos cruzamos por casualidad, alcanza para advertir la preocupación ambiente en torno al sostenimiento de la vida. La vida entendida como sentido que vale la pena ser sostenido, es decir, no la vida biológica –el ser de necesidad en que nos convierte la reducción biologicista–, sino la existencia que es y que puede ser, la experiencia de una exposición a la mordedura de lo real que no es menos expectativa de caricia, deseo de caricia, hasta que no logremos diferenciar expectativa de deseo, para abandonar las “expectativas” por la certeza de la muerte y aferrarnos al deseo aceptando la incerteza de vivir. Es decir, que si nos interesa sobrevivir no es para ser sobrevivientes, sino para vivir de acuerdo a alguna astucia o insistir locamente en una dirección, aunque ésta no fuera más que un quedarse ahí… Los médicos nos recomiendan conseguir estar de buen ánimo para generar condiciones de salud. Pero, desgraciada y afortunadamente, no funcionamos de ese modo, sino que, en todo, caso la salud que nos sabemos conseguir solo tiene sentido en función de una anímica.

El ingreso social garantizado o renta básica que agitamos tiene que ver con la disputa por lo anímico –disputa, a su vez, anímica. ¿Es el monto a percibir lo que alteraría nuestro estado de ánimo? No. Es el movimiento completo: tomar registro de que nos estamos generando, como comunidad política, condiciones de alivio ante incertidumbres impuestas desde lógicas y espacios llenos de certidumbres que nos oprimen; apropiarnos de un principio de serenidad para reorientar nuestra economía anímica más allá de la supervivencia, no para despreocuparse, sino para insistir en la búsqueda de preocupaciones florecidas de nuestros propios experimentos que, claro, bien podrían ser desastrosos. ¿Qué haremos cuando no tengamos más ganas de trabajar o, mejor aún, cuando las ganas de no trabajar se transformen en el sentimiento preponderante? Una nueva institución que garantice que la ausencia de garantías pase por otro lugar que la supervivencia. Porque nadie quiere una vida “garantizada”, sino un ingreso garantizado para estar en condiciones de experimentar la falta de garantías de diversos modos, según apuestas, proyectos o incluso renuncias y retiradas.

Nos volverán a hablar de mérito… Pero, ¿acaso puede entregarse al tramposo mérito el amor por las cosas, el deseo de hacer algo con las cosas mientras éstas y otras cosas hacen algo con nosotros? ¿Desde qué hipócrita podio, desde que sombra codiciosa, se murmura el mérito? Patrones que no quieren trabajar, evaluadores que no quieren ser evaluados, gobernantes devenidos en comentaristas, y sus policías que no quieren ser controladas. No hay caso, a la culpa se la derroca como a la peor de las tiranías, o será ella misma la encargada de carcomer lentamente nuestro ánimo, hasta presentarnos una intemperie que es nuestra potestad descubrir. Ya lo dijo el filósofo, “nacimos inocentes”. Ni deudas ni méritos. Ya es bastante lo que requiere de nosotros la fresca amargura de la existencia; descubrir el sinsentido para reinventarnos sentido, encontrar en los rostros de las amistades una comunidad posible para encontrar en la comunidad una convivencia, en lo posible, amistosa.

No es para sobrevivir que nos interesa este instrumento… una Renta del Común; es más bien para darnos ánimo, largo aliento para un periplo corto. Es un gesto político y un acto de ternura para con esta fiera desamparada que a fuerza de pretenderse conocedora del mundo y del destino, no sabe qué hacer consigo misma. Para sobrevivir a la supervivencia no necesitamos otra cosa que disponibilidad anímica (lo singular) y disposición amistosa (lo común). La seguridad (social, policial, sanitaria) es un asunto organizativo y reiterativo con raigambre antropológica, pero el cuidado es la dynamis vuelta forma de vita, lo que nos llama y nos mueve –porque vale, tiene sentido– a un nuevo tipo de organización.

*Ensayista, docente, editor. Enseña Historia Social Argentina en la Universidad Nacional de Avellaneda y Comunicación Social y Psicología Institucional en la Universidad Nacional de José C. Paz. Codirige Red Editorial junto a Rubén Mira. Publicó Filosofía para perros perdidos. Variaciones sobre Max Stirner (Junto a Adrián Cangi, 2018), Papa negra (2011), Globalización. Sacralización del mercado (2001), Linchamientos. La policía que llevamos dentro (comp. Junto a Adrián Cangi, 2015). Conduce y coproduce “Pensando la cosa” (Canal Abierto).

por MultiNômade

(Texto colectivo)

La contramano de una «economía de supervivencia» (trabajar y/o morir), es la cooperación social e institucional la que ha permitido la creación de las condiciones necesarias para llevar a cabo la travesía a través  de la crisis de salud sin tener que poner la vida en jaque.

 

El mes de mayo de 2020 comienza con la presentación de lo que parece ser una nueva fase brasileña de la pandemia mundial. Primero, el aumento significativo en el número de casos y muertes confirmados, haciendo visible la naturaleza exponencial del contagio viral actual y la posibilidad de que Brasil se convierta en el nuevo epicentro epidémico. Segundo, una disminución en la adherencia a la cuarentena, lo que apunta a una desmovilización relativa de la sociedad civil en el esfuerzo por desacelerar la curva epidemiológica. Tercero, la crisis interna del gobierno federal y la incapacidad general del gobierno para evitar el colapso del sistema de salud. El contexto actual parece revelar un escenario de completa incertidumbre sobre lo que vendrá en el país y sus posibles horizontes políticos.

Tomando como punto de partida las ideas desarrolladas en el primer texto de la serie El virus y la paradoja de la democracia, ahora estamos tratando de capturar las líneas sociales, políticas y económicas que están ganando fuerza en este segundo momento de la crisis de salud.Si el enfoque de la cima del contagio nos involucra en la aprensión de nuestra capacidad de cruzar esta red viral, esta sensación gana amplitud con las «guerras políticas» del presidente, que enmarcan el debate público contra la urgencia de un esfuerzo intergubernamental y político. coordinación en acciones para enfrentar COVID-19. Tal frenesí se acentuó con las salidas de los ministros Luiz Henrique Mandetta (Salud) y Sergio Moro (Justicia y Seguridad Pública), lo que indica un punto de inflexión en la plataforma del gobierno de Jair Bolsonaro. Aunque fue una figura de poca expresión nacional a lo largo de sus años de carrera política, Bolsonaro capturó una confianza general al reunir diferentes frentes que se habían vuelto dominantes en el escenario político brasileño: el capítulo ultra liberal en la economía, representado por Paulo Guedes; la agenda de la moral política, con su ícono en Sergio Moro; un discurso de técnica y orden, manifestado por la presencia de generales y oficiales de las fuerzas armadas; una movilización cultural, con el apoyo de líderes religiosos e intelectuales, pero que tuvo la actitud escrachada, burlona y reaccionaria de Bolsonaro como su mejor expresión política. Excepto por este último frente, los otros tres dependían de la presencia de otros, debido a la incapacidad de Bolsonaro, por sí solo, de abogar por el liberalismo, la moral y la disciplina.

Fue a través de estas diferentes coordenadas que, al principio, se diseñaron las nuevas condiciones de gobierno, con la intención de oponerse al viejo sistema, caracterizado por las alianzas de partidos, la política económica populista y la hipocresía de lo que se había convertido en el discurso progresista. Bajo las consignas de la campaña electoral (la técnica a expensas del «tómalo, dalo aquí»; lo honesto a expensas de lo políticamente correcto; la representación de la nación a expensas de las representaciones minoritarias), Bolsonaro buscó tejer en las bases de la sociedad la confianza gobierno, lo que garantizaría la «recuperación» de la economía, profundamente afectada por los últimos años de inestabilidad política.

El primer año en el cargo anunció y presentó turbulencias considerables producidas por el presidente, que se vieron agravadas por la nueva situación social, provocada por el advenimiento de la realidad epidemiológica. Esto movió las coordenadas políticas a otros lugares, problemas y urgencias. Fue otra pragmática de conductas la que se reorganizó y sorprendió al mismo Bolsonaro, como fue evidente en su participación en la manifestación del 15 de marzo de 2020, que fue en contra de la nueva preocupación de la población en torno a la salud individual y pública. Si el desafío actual que enfrentaban todos permitía retomar con fuerza el discurso técnico, de la integración nacional en la confrontación de un «enemigo común» (el virus) o del interés del país por encima de las preferencias/desafectos del partido, Bolsonaro prefería no solo mantener la movilización política contra sus oponentes políticos visibles (Maia, Congreso, STF, China, etc.), así como su postura negacionista, de escrache y displicencia ante las normas y protocolos de seguridad sanitaria. Si bien la sociedad trató de comprender y adaptarse a la nueva realidad del aislamiento, incluso aunque no fuese absoluto, el presidente insistió en no adoptar ninguna medida de distancia social, mantener abrazos, darse la mano, entre otros saludos innecesarios.

Además, comenzó una campaña pública contra la cuarentena, como si tal medida fuera una opción, de naturaleza exclusivamente política, adoptada (únicamente) por los gobernadores. También trató de disputar en los espacios de las redes sociales y en las noticias su modus operandi discursivo que había ensayado desde la elección y basado en un juego de operación de la (des) confianza: alentar un marco generalizado de desconfianza contra la ciencia, la prensa, el sistema político , las instituciones e incluso los datos producidos por las agencias públicas, con el fin de construir, como el único vínculo de confianza posible, la conexión de la población con el mismo: Bolsonaro. Aunque tal populismo es fuerte en una porción significativa de la población (aproximadamente el 30%), enfrenta muchos desafíos.

Primero, su incompatibilidad con una política de salud basada en el discurso técnico, esbozado a escala global, no solo oponiendo cínicamente la economía a la salud, sino también promoviendo la perversión pública e indisciplinado de las normas de distanciamiento social. Su negacionismo generalizado también trató, de una manera charlatana, de presentar un remedio a toda costa (el milagro de la cloroquina), como un conejo que sale de un sombrero. En segundo lugar, la incapacidad y la negativa a intentar tejer y coordinar entre los diferentes niveles federales el aspecto nacional y cooperativo de la política de salud, prefiriendo mantener una política de división y «guerra» con sus adversarios políticos. El clímax se da cuando la situación se ha encaminado a la saturación hospitalaria, él públicamente asume su responsabilidad de manejar la crisis como presidente de la república, sin haber logrado ofrecer en ningún momento un paquete sustancial de medidas y condiciones sanitarias que permitan la flexibilización del aislamiento con un grado mínimo de control y seguridad (test masivos, por ejemplo). Tercero, la imposibilidad de alinearse con las medidas propuestas a raíz del movimiento anticorrupción, que ya observamos en 2019 con el no veto de la Ley de Abuso de Autoridad y el juez de garantía; interferencia en el nombramiento del Fiscal General con un nombre fuera de la terna elegida por los fiscales federales; El intento de cambiar al Superintendente de la policía federal de Río de Janeiro, desde donde construyó la fortaleza política de su familia. Sin embargo, fue en medio de la pandemia que justificó su ruptura con Lava Jato, después de la exoneración del director general de la Policía Federal de acuerdo con sus preferencias político-personales y la consecuente ruptura de la alianza con Sergio Moro.

A pesar de la desconfianza que genera Bolsonaro sobre su capacidad para liderar al país en la actual crisis de salud o sobre su moralidad política con respecto a los procesos de investigación criminal contra sus hijos por corrupción y manipulación de información, el problema que surge es el viraje político personalista y autoritario que hemos visto crecer con sus cínicos ataques genéricos al sistema – del cual ha formado parte durante 30 años y continúa en el adaptando sus alianzas, como vemos con Roberto Jefferson. Con su ruptura con algunos frentes políticos dominantes en la sociedad civil, Bolsonaro intenta restaurar la confianza fermentando una relación mistificada en torno a su persona, separado de cualquier percepción pragmática e independiente de lo que hace o dice como gobernante. Es a través de la inflación diaria de las imágenes de 2018 (del «mártir que recibio la puñalada», el «héroe de la verdad que dijo lo que nadie tuvo el coraje de decir» y «el mesías que vino a salvar al país de la amenaza comunista»), que intenta consolidar la imagen del «mito» (idealización moral) y, por lo tanto, fuera del terreno político, económico e incluso ético de la acción. Además, los efectos políticos de su modus operandi errático contribuyen a una inestabilidad política que es perjudicial para la economía y favorece el crecimiento de un deseo por el orden que acepta a toda costa la «ley de la fuerza» (comando personal) en detrimento de » fuerza de ley ”(estado de derecho).

Hay mucho en juego y el cálculo es arriesgado. Perdido frente a la nueva realidad que emerge (la epidemia del corona virus) y en su propio frenesí, Bolsonaro todavía recurre a los generales como una forma de mostrar un aspecto de equilibrio y orden, para servir de contrapeso a la desestabilización institucional que él mismo promueve; Paulo Guedes también lidera el Ministerio de Economía de manera inerte, para no perder su vínculo con el mercado por completo y por ahora. Para recuperar la confianza económica en el gobierno, los liberales continúan defendiendo la cartilla de reformas y los militares repiten la antigua declaración de crecimiento económico a través de medidas desarrollistas. Al reducir la economía a una técnica contable o de planificación estructural, ambos parecen ignorar, sin embargo, el núcleo del desafío económico actual, que consiste en la capacidad de combinar dos elementos económicos esenciales para la movilización de las fuerzas sociales: circulación (movilidad y logística) y seguridad (protección social + salud). Sin considerar esta combinación como un problema central, la «reanudación de la economía» parece convertirse, frente al contagio viral, en un lugar fuera de la realidad, una utopía.

El frenesí político de Bolsonaro, sin embargo, tiene un vector económico. Sin ningún discurso técnico, el presidente populista ha tratado de imprimir desde el comienzo de su mandato una serie de dispositivos que indican una especie de tercera ruta económica: la liberación de los circuitos económicos ya no está condicionada por mecanismos descentralizados de regulación y seguridad según lo prescrito por la Constitución. Recordemos aquí su medida para suspender la inspección electrónica de carreteras, que, con el pretexto de poner fin al descuido político de la «industria de la multa», tenía los cuellos de botella de nuestra logística vial como telón de fondo. Otro ejemplo es la revocación de las ordenanzas de control de armas y municiones del Comando de Logística del Ejército, que crea un escenario peligroso de un aumento en el flujo de armas acompañado de una reducción en el control y el seguimiento de esta circulación. Del mismo modo, Bolsonaro ahora quiere reanudar la circulación de personas, independientemente de la existencia de medidas de control (pruebas masivas y disminución de la tasa de contagio) y protección (aumento considerable de la capacidad de cuidados intensivos). Es un tipo de gobernanza que tiene como objetivo, al reducir los dispositivos de seguridad, liberar las fuerzas productivas para imprimir un tipo de intensidad económica, que incorporaría y naturalizaría en su dinámica la expansión de los riesgos negativos y fatales para la vida.

Es esa la dirección que sigue el movimiento de Bolsonaro. No tiene en cuenta toda la circulación producida a distancia (circulación de infraestructura, información, tecnología, libertades, apoyo psíquico / espiritual y biodiversidad) con el fin de, mediante una especie de incentivo a la desobediencia civil, presionar el «retorno» de las actividades económicas y sociales. Incluso podemos preguntarnos si sería posible una vuelta al mundo antes del corona virus. Sin embargo, lo sorprendente es que la «normalidad» que se pinta, diferente de lo que se espera, es la norma de la vida expuesta a los riesgos; de los límites de una vida sin protección (social y de salud). Es la perversidad de un discurso de «economía de supervivencia» (uno trabaja para no morir), lo que tiene el efecto secundario de sabotear toda la cooperación y el movimiento de solidaridad, promovido dentro de la sociedad civil (apoyo para profesionales de coordinación de salud, articulación comunitaria y empresarial para grandes donaciones, organización de las favelas la cuarentena de sus habitantes, desarrollo investigaciones biomédicas y tecnologías para hacer frente y tratar el COVID-19, etc. La desmovilización bolsonarista desgaja, así, la red de confianza horizontal y descentralizada que se estaba construyendo en torno a la confrontación de la epidemia; buscando, a su vez, afianzar una línea populista autocrática en la sociedad.

Mientras tanto, su juego político avanza y empuja al sistema democrático constitucional a una inestabilidad aguda. Desde el 15 de marzo, la rutina dominical del presidente se ha convertido en la promoción y participación en manifestaciones extremistas contra las instituciones y la oposición política. Confundiendo la voluntad del pueblo con su voluntad, Bolsonaro estira la cuerda y reacciona a los conflictos y desacuerdos con un tono autoritario. Por lo tanto, la línea económica de lanzar a las personas al encuentro del virus también acompaña la operación que pone en peligro el orden político federal y republicano, cuya estructura ha demostrado ser la que ha estado brindando apoyo institucional al país para enfrentar esta larga crisis política y ahora de salud: desde los mecanismos de restricción, inspección y control del poder, distribuidos por diferentes agencias e instancias federales, hasta la división tripartita y cooperativa de las funciones estatales, que también organiza nuestro sistema de salud.

Sin embargo, la alta apuesta política populista conlleva un gran riesgo: la precipitación de una desintegración político-institucional del sistema democrático puede conducir tanto a una pérdida total de confianza en la capacidad del gobierno, como a la fragmentación social y, en consecuencia, a la deshidratación general de la economía En este caso, el escenario trágico cambiaría de una crisis de salud a una crisis humanitaria. ¿Cuáles son nuestros horizontes políticos? Lo que hemos logrado construir hasta ahora como sociedad – desde la cooperación social hasta la cooperación institucional-  es lo que podemos vislumbrar como nuestras condiciones de travesía.

 

Traducción del portugués: Santiago De Arcos-Halyburton

Entrevista a Alejandro Horowicz

Por ELIEZER BUDASOFF

A comienzos de este año, cuando Alejandro Horowicz volvió a Buenos Aires después de celebrar su cumpleaños 70 en Nueva York, el nuevo coronavirus era apenas una “misteriosa neumonía china” y el adjetivo “histórico” recién empezaba a saltar de los titulares sobre los incendios en Australia a las noticias sobre la decisión del príncipe Harry y Meghan Markle de ser normales. En febrero estalló el contagio en Europa, pero las noticias sobre el virus tardaron casi un mes en volverse algo “histórico”: el 28 de febrero, después de siete días en picada, los mercados bursátiles de todo el mundo informaron sus mayores caídas en una semana desde la crisis financiera de 2008. Una caída histórica, la primera de varias en la carrera descendente de los mercados, seguida por otro récord histórico en Estados Unidos, en este caso ascendente: el de los números de desempleo.

“Los mercados practican el socialismo al revés: las pérdidas son de todos, las ganancias son de los mercados”, dirá después Horowicz, un miércoles por la mañana, del otro lado de la pantalla. Horowicz es ensayista, doctor en Ciencias Sociales, profesor en la Universidad de Buenos Aires y autor de varios libros, entre ellos Los cuatro peronismos, un clásico del pensamiento político en Argentina. El año pasado publicó su último libro, El huracán rojo (un estudio sobre las revoluciones desde la de Francia en 1978 hasta la de Rusia en 1917), fruto de años de investigación y escritura. El trabajo, que tenía previsto lanzarse en España este año, “no es una visita al museo de las revoluciones”, advierte la sinopsis; por el contrario, la obra lee las revoluciones en tiempo presente: como condición de posibilidad de la democracia política, la transformación tecnológica o la educación masiva que conocemos hoy.

El escritor Rodolfo Fogwill decía que siempre se escribe en contra de algo; Horowicz parece la prueba de que siempre se piensa y se enseña (mejor) en contra de algo. En esta entrevista, por ejemplo, contra las explicaciones vacías y las miradas ahistóricas del presente.

Pregunta. Desde que empezó la crisis por el coronavirus, todo el tiempo leemos que tal Bolsa de valores o tal moneda se han desplomado por el temor de los mercados. ¿Quiénes son “los mercados”? ¿De quiénes estamos hablando?

Respuesta. Los mercados forman parte del género literario de los anónimos, a los cuales se les puede hacer decir prácticamente cualquier cosa, porque uno los “interpreta” como le viene en gana. Existen los llamados supuestos datos objetivos de los mercados, que son el precio al que cotizan los valores. Pero para poder creerles a los mercados es preciso ser, fundamentalmente, muy ignorante. ¿Por qué digo esto? Si vos mirás la deuda pública soberana del conjunto de los países de este mundo y sumás ese valor, y sumás los productos brutos, el ingreso de esos mismos países, vas a ver un fenómeno por lo menos muy curioso que no registran los mercados: que la deuda soberana es cuatro veces mayor a la producción anual de riqueza del planeta Tierra. Entonces, la pregunta es: ¿cómo puede ser que se deba cuatro veces lo que existe?

Los economistas tienen un modo muy divertido y encantador de explicar lo que no explican y que consiste en decir que eso es capital ficticio. Entonces, la pregunta se traslada: ¿qué es el capital ficticio? Porque convengamos en que, cuando yo digo que esto es una ficción, sabemos que no rige el estatuto de la verdad.

Los mercados te muestran simplemente una aspecto, que es la compra y la venta de un bien, y parten de la presuposición de que ese precio es el precio justo. Pero esto surge de transformar en abstractas y en igualdades cuestiones que de ninguna manera son iguales entre sí. Por ejemplo, a nadie se le ocurre que un señor que vende su fuerza de trabajo es igual al capitalista que se la compra. Porque ahí estamos frente a lo que Marx llamaba “la libertad de morirse de hambre”. Esa es la libertad de los mercados: la de que te podés morir democrática y libremente de hambre, de coronavirus o de cualquier otra maldita peste. La primer cuestión, cuando decimos “los mercados”, es que estamos hablando de procesos que ignoramos, cuya profundidad desconocemos, que no nos proponemos averiguar y que simplemente estamos formulando una respuesta que vale tanto como el abracadabra.

P. ¿Qué significan entonces las crisis de los mercados?

R. ¿Qué es una crisis en términos de mercado? Una ruptura de un conjunto de determinados equilibrios. ¿Cuál es ese equilibrio? Pues bien, que el gasto público esté por encima de las posibilidades de esa determinada sociedad. Por lo tanto, en aceptación al dictamen de los mercados, la Unión Europea, por ejemplo, tiene reglas extremadamente duras sobre cuál debe ser el comportamiento de cada uno de sus Estados nacionales miembro respecto del gasto público. Ahora, ese gasto público tiene algunas curiosidades inenarrables. La primera curiosidad es que en 2010, la deuda de los países respecto del gasto era de la mitad. Esto es: debían la mitad de lo que producían. Uno puede decir que está bien, que está mal, pero todavía no es ficción literaria pura. No estamos frente a una esquizofrenia. Estamos frente a algo que se comporta según patrones convenidos previamente. Pues bien, entre el 2010 y el 2020, ¿viste esa transformación de 0,5 a 4,2? [la deuda soberana de los países pasó de ser la mitad a ser cuatro veces lo que producían]. Lo que vos ves es una fenomenal transferencia de ingresos de los sectores productivos al sistema financiero internacional. ¿Esta es la primera vez que lo ves? No, de ninguna manera. Esto es una política constante.

Si vos mirás la crisis de 2008 en los Estados Unidos, ves que un conjunto de bancos quiebran. ¿Por qué quiebran? Porque hicieron préstamos chatarra, acumularon los préstamos chatarra, emitieron títulos sobre los préstamos chatarra, no tenían ninguna clase de control, prestaban a cualquiera de cualquier modo, hacían diferencias siderales hasta que, por supuesto, la bola de nieve… pasó lo que tenía que pasar; es decir, se cayó a pique. El dislate consiste en que el valor de mercado no tiene nada que ver con el de la producción de bienes reales, porque el mercado no registra la producción de bienes reales en rigor de verdad, sino las operaciones y los flujos financieros.

¿Cuál es el sentido de esos flujos financieros? Pues bien, como los bancos hicieron lo que hicieron, quebraron. En el momento en que quiebran los bancos descubrimos qué es el mercado: el mercado es la incapacidad de autorregularse; porque si la lógica del mercado funciona librada a su propio modo de operar, lo que sucede es que el mercado y las sociedades reguladas de este modo se van al mismísimo carajo. ¿Qué hace el Gobierno de los Estados Unidos, que tiene una cierta comprensión fanática de algunos principios económicos, pero que no se suicida tan sencillamente? Establece una inyección de 750.000 millones de millones de fondos públicos para rescatar a los bancos. ¿Qué nos enseña la economía de mercado? Que si yo pongo la plata, yo soy el dueño. Ustedes, muchachos, quebraron, entonces los bancos son públicos, son de aquellos que pagamos los impuestos. Pero no, los mercados practican el socialismo al revés: las pérdidas son de todos, las ganancias son de los mercados; es decir, del sistema financiero internacional.

Entonces, cuando hablamos de los mercados no hablamos de ninguna otra cosa que del sistema financiero internacional. Y cuando hablamos del coronavirus, de lo que hablamos es del efecto que una gramática mercantil que se extiende sobre todo, produce como efecto destructivo sobre todo. Yo no soy un infectólogo, no soy médico y no pretendo dar lecciones de aquello que ignoro, ni mucho menos. No sé cómo se combate específicamente esta pandemia, pero sé como se combate el sistema y la lógica de las pandemias. Es decir: si los mercados siguen regulando la producción, y el planeta Tierra se explota como una especie de granja sin límites, donde el único concepto de los mercados, que es la rentabilidad, puede destruir todo, incluido el mercado, lo van a hacer. Sin ninguna duda. Entonces, zafemos o no zafemos del coronavirus, la pregunta es qué se hace con el virus del capitalismo. Ese es un virus altamente peligroso.

P. Cuando empezaron a colapsar los mercados, recuerdo haber visto varios posteos en redes sociales que decían: de pronto estamos descubriendo que, al final, a la economía la sostenían los cuerpos que trabajan. ¿Esto es así o gran parte de las ganancias de los flujos de capital que vemos son simplemente ficticias? O sea, no se corresponden con…

R. Se corresponden con las necesidades del capital, no con las necesidades de la actividad. Y las necesidades del capital tienen que ver con la rentabilidad. Y esto tiene una ecuación matemática enormemente sencilla. Tomemos el ejemplo de los autos de Fórmula 1. Cuando vos mirás los corredores de autos Fórmula 1, ves que la diferencia entre el primero y el último son unas centésimas de segundo, un segundo. Entonces vos decís: ¿qué relevancia tiene esto en andar en auto? Ninguna. Es decir: si tu auto tiene un pique de una fracción de segundo sobre 400 kilómetros respecto del mío y hace que tengas una ventaja de cuatro segundos en llegar. ¿Qué es lo que sucede con tu auto? ¿Por qué es mejor que el mío? ¿Se puede usar ese auto? ¿Vos podés subirte al auto y usarlo en una carretera? No. Esta es la fantasía de los mercados y de la productividad infinita a cualquier precio.

La idea de tardar menos para hacer una cosa es importante si yo tardo 30 días en llegar desde Madrid a Buenos Aires en barco; cuando yo voy en avión, la cosa cambia. Y si el avión, en lugar de ir a 900 kilómetros por hora, puede ir a 1.800 kilómetros por hora, está bien. Pero hay un momento en que se constituye lo que se llama un límite fisiológico; esto es: a esa velocidad los cuerpos se desintegran. Por lo tanto no es una velocidad útil, no nos sirve, le sirve a otra cosa. La sociedad humana ha llegado a un punto donde la economía de tiempo ha alcanzado, en muchos de sus elementos —no digo en todos—, topes imposible de superar, por así decirlo. Vos fíjate que esto hasta nos produce un efecto subjetivo. Una carta tardaba, en alguna época, cuando el correo funcionaba de verdad, seis días, cinco días en llegar de Buenos Aires a Londres. Ida y vuelta, 15 días. Hoy, cuando yo tengo que esperar 15 segundos en la computadora para entrar a mi charla de Zoom con vos, digo: “¡Qué lenta que está esta máquina, carajo!”. Ahora, esta percepción es una percepción real. No es un disparate. Pero someter a esta percepción el conjunto de las decisiones de la existencia de un planeta sí es un disparate. Este es el punto.

Tenemos estructuras de medición y evaluación absolutamente arbitrarias. Y estamos acostumbrados a un ejercicio que destruye todas las especificidades. Ahí vemos el final de esta lógica, que es básicamente una lógica teológica. Una lógica que no admite sino un Dios único todopoderoso. Hemos construido un Dios único, todopoderoso, que es la gramática mercantil y su altar son los mercados.

P. ¿Cuál ha sido el comportamiento de los mercados en otros momentos críticos de la historia reciente? Más allá de la crisis de 2008, ¿ha habido momentos que hayan sido esenciales para transformar la relación entre el capital y los Estados nacionales?

R. Sin duda. Cuando vos ves el fenómeno que arranca en 1890, que desemboca en la Primera Guerra Mundial, ves la ampliación del mercado nacional como un mercado insuficiente. Viene la lógica de esto que estamos planteando como lógica de los mercados. ¿Cuándo es insuficiente el mercado nacional? Yo puedo decir que es insuficiente porque hay una sobreoferta. Esa es una lectura. La segunda lectura es que la demanda es demasiado pobre, es demasiado incapaz.

Cuando vos mirás al interior de los Estados nacionales y ves, por ejemplo, una comparación entre Alemania y Francia, ves que Alemania, teniendo un mercado mucho más grande que Francia —numéricamente la población alemana es casi dos veces la población francesa— al mismo tiempo tiene una demanda muy baja. ¿Por qué? Porque las sociedades campesinas que no han hecho la revolución democrática son muy incapaces de comprar. En consecuencia, vos necesitás vender fuera lo que no podés vender dentro. Esta necesidad de ampliación de mercado se expresa como imperialismo geográfico, como el imperialismo más elemental y obvio. Y entonces ves en ese mismo período previo, entre 1860 y 1890, que Gran Bretaña quintuplica sus posesiones coloniales. Y se mastica, ni más ni menos, que a la India. No estamos hablando de una pequeña cuestión, no estamos hablando de las Falklands [las Islas Malvinas], estamos hablando de la India, de un tamaño descomunal, con una sociedad que tiene varias decenas de veces la población y la extensión de Gran Bretaña. Entonces nos damos cuenta de que estamos frente a un fenómeno de otro nivel.

Cuando vemos cómo ingresa el mercado y el capitalismo en Japón, vemos que ingresa con las cañoneras. Cuando vemos cómo ingresa el capitalismo en China, vemos que ingresa con una guerra de opio. Cuando vemos cómo se amplía el mercado mundial, vemos exactamente mecanismos político-militares relativamente atroces. Este ajuste es permanente y para cada ciclo tenés nuevos ajustes. Porque no es que vos ingresaste al mercado mundial en 1848 y por lo tanto, en la crisis posterior de 1946, te va bien. En 1848 Gran Bretaña hegemonizaba el mercado mundial. En 1946, Gran Bretaña era la gran perdedora del mercado mundial. Termina endeudada con los Estados Unidos y, de la potencia colonial imperial que era, tiene que retroceder, perder la India, perder su lugar, poner fin al imperio de la reina Victoria. Entonces no hay ninguna duda de que hay una relación directa entre una cosa y la otra. Lo que tenemos que tener muy, muy en claro, es que esta relación no es amable.

Cuando Marx escribe “hay un adentro y un afuera del mercado mundial”, el afuera del mercado mundial es todavía más grande que el mercado mundial. Con la caída del Muro de Berlín y la implosión de la Unión Soviética, el mercado mundial y el planeta Tierra se han vuelto lo mismo. Tenemos un dominio globalizado que no tiene ninguna forma de control democrático. ¿Quién elige al presidente del Fondo Monetario Internacional, al presidente del Banco Mundial, al conjunto de sistemas que en rigor son los que gobiernan y deciden en última instancia?

Hemos visto cómo el mercado mundial cambiaba al primer ministro de Italia, al primer ministro de Grecia. Hemos visto cuestiones que, con los estándares que usábamos para caracterizar los golpes de Estado en América Latina, se llamaban golpe de Estado. Sin embargo, nadie se inmutó demasiado. Nadie creyó que esto era particularmente grave. Nadie se plantea que el problema… el problema sigue siendo cuál es el déficit, el déficit fiscal es lo que nos quita el sueño, porque esto es lo que pone nervioso a los mercados. ¿Y qué es, en definitiva? Lo que te está diciendo es que lo único que se propone es garantizar que pagues lo que debes, no que clausures la deuda. Están planteando una transferencia sistémica de bienes, permanente, que no tiene modo de ser soportada por esa estructura sin derrumbarse.

En Marx, la noción de competencia y la noción de crisis son prácticamente iguales. La competencia entre capitales supone, obviamente, la derrota de los más débiles, la reconcentración y la crisis como modo de saldar esta actividad. Lo que tenemos que entender es que el volumen, la importancia, la intensidad y la calidad de todo esto ha llegado a un punto en que, desde la bomba atómica para acá, militarmente, y ahora financieramente, somos capaces de poner fin a la existencia de la vida en el planeta Tierra. Esta es la novedad que los diarios no ponen en tapa.

Fuente: El País