“Es difícil decir que los gobiernos de izquierda tuvieron políticas penales progresistas”

Con el argentino Máximo Sozzo.
Por Rafael Rey
Los gobiernos progresistas llegaron al poder sin que la seguridad fuera una de sus principales preocupaciones. Con el paso del tiempo se vieron forzados a implementar iniciativas que terminaron representando una continuidad respecto de las políticas de la derecha. En esta entrevista, el argentino Máximo Sozzo explica por qué, luego de una década en el poder, el progresismo no pudo desarrollar estrategias de seguridad que lo diferenciaran de sus rivales políticos.

Durante la llamada “década progresista” hubo características comunes en las políticas económicas y sociales de varios gobiernos de la región. ¿Existieron políticas de seguridad de ese signo?

Es difícil decir que existió en las experiencias de las distintas alianzas gubernamentales de izquierda, posneoliberales o progresistas, algo así como un modelo de política penitenciaria y penal que formara parte de esas alianzas gubernamentales. Pero hubo momentos en la historia de estos gobiernos en los cuales sectores de estas alianzas, que claramente tenían en el problema del control del delito un tema muy relevante, fundamental, lanzaron iniciativas con clara connotación progresista.

Dos ejemplos. En Venezuela, en 2006, estalla un escándalo en torno a las prácticas violentas de la Policía Metropolitana de Caracas, una policía muy tradicional, históricamente corrupta y violenta. Se produce una serie de casos muy violentos que dan lugar a una crisis pública de la Policía Metropolitana, y el gobierno de Hugo Chávez reacciona instalando en el centro de la agenda pública y política la reforma de la policía.

Es una iniciativa de reforma estructural difícil de encontrar en la historia de América Latina. Se produce respondiendo a una coyuntura particular y a una crisis particular, pero especialmente entre 2007 y 2012 tuvo una intención deliberada, transformativa y democratizante, sin dudas.

El otro ejemplo es la experiencia del gobierno de Rafael Correa en Ecuador.

Correa gana las elecciones en 2007, se conforma la Asamblea Constituyente y eso dispara la Constitución de 2008, en la que ya hay toda una serie de reglas en materia de justicia penal, de política penal, extraordinariamente progresistas. En ese escenario se lanzan iniciativas como el indulto a las mujeres recluidas en las prisiones por delitos vinculados al transporte de drogas ilegales, las mulas. En 2009 Correa indulta a 2.223 mujeres.

Un número muy elevado en términos relativos.

Sí. Entre 2007 y 2009 la tasa de encarcelamiento en Ecuador bajó de 130 presos cada 100 mil habitantes a 73 cada 100 mil. El indulto jugó un rol crucial, pero además fue anunciado y legitimado públicamente, porque el presidente explicó los efectos negativos que el encarcelamiento tiene para la trayectoria de vida de estas mujeres. Al hacerlo cuenta un dato de su biografía que nadie conocía: que su padre había estado preso por haber transportado drogas a Estados Unidos, y relata en primera persona los efectos de tener un padre preso por ese motivo. Esa iniciativa es rodeada de otras: una reforma legal sobre los delitos de hurto que busca descriminalizar ciertas variantes del hurto y reduce las penas para otras; se forma una comisión para hacer un nuevo Código Penal; se crea la defensa pública, que en Ecuador no existía como institución autónoma.

Yo diría entonces que no es una constante de todas las experiencias políticas; que no forma parte constitutiva de la identidad de estos programas políticos, pero sí que hubo momentos interesantes en los cuales estas alianzas gubernamentales lanzaron iniciativas que encarnan valores posneoliberales, progresistas, de un modo muy claro.

El problema fundamental es que tuvieron dificultades para persistir a lo largo del tiempo. En parte porque no formaban parte de la promesa posneoliberal, es decir, no eran un componente fundamental. Por tanto, se las podía aplicar y después dejarlas de lado sin romper un contrato de lealtad política con el votante.

Lo que quiero decir es que la contención de los niveles de punitividad no fue parte de la promesa posneoliberal en ninguna de estas jurisdicciones. Fue un elemento que con mucho esfuerzo actores de estas alianzas gubernamentales introdujeron, pero que estuvo muy sometido a la coyuntura política y electoral. Cuando estos elementos empezaron a generar ruido en la reproducción de una posición hegemónica, los principales líderes de estas alianzas no tuvieron demasiados problemas en girar sobre sus pasos y adoptar posiciones punitivas. Esto en Venezuela se ve muy claro en el discurso del comandante Chávez desde 2008-2009 en adelante.

Chávez incluso cita en un discurso público a Michel Foucault y sus ideas plasmadas en Vigilar y castigar. Pero luego dice: “Hace diez años que estamos haciendo una revolución; Venezuela está cambiando radicalmente su visión hacia una sociedad más justa y equitativa, menos desigual. Constantemente estamos llamando a los ‘chamos’ a que se unan al proceso revolucionario; sin embargo, muchos jóvenes de los barrios siguen llevando adelante prácticas delictivas vinculadas al mundo de las drogas ilegales, al mundo del delito contra la propiedad, al uso de armas. Vuelvo a reiterar mi llamado a que dejen esas prácticas y se unan al proceso de transformación. Si no se unen… esto empieza a ser un problema de responsabilidad individual”. Esto es un giro interesantísimo. No lo dice explícitamente, pero el mensaje es: “Les estamos dando hace diez años la oportunidad de incorporarse a la transformación social; las condiciones de vida están cambiando velozmente y en términos positivos, y ustedes persisten en la vía delictiva, empiezan a jugar en contra del proceso revolucionario. Empiezan a ser responsables individualmente, y por tanto, aténganse a las consecuencias. Vamos a ir por ustedes”. Nace ahí una espiral de crecimiento del encarcelamiento verdaderamente alucinante, que genera que de una tasa de encarcelamiento de 87 presos cada 100 mil habitantes, en 2008, se pase a una de 172 presos cada 100 mil habitantes en 2014.

En Posneoliberalismo y penalidad en América del Sur usted hace referencia a que los gobiernos progresistas no pudieron desarrollar políticas de seguridad de izquierda. Primero por temor a parecer “blandos”, y por otro lado por respeto al poder que todavía tienen las fuerzas de seguridad.

Las dos cosas son relevantes. Un elemento crucial para entender la recaída de estas alianzas gubernamentales en lógicas de incremento de la punitividad es la competencia electoral. Y el rol de las oposiciones, que no es menor, y que no debe ser disminuido: una oposición que presiona para colocar en el centro de la escena el problema del delito y un lenguaje de endurecimiento penal, y que por lo tanto puede atacar como blandas a estas iniciativas progresistas. Esto genera, en sectores de las alianzas gubernamentales posneoliberales, un cálculo por conveniencia, no por convicción, del efecto político y electoral que ese tipo de ataques tiene en el debilitamiento de posiciones hegemónicas. Hay ahí todo un juego de la política que se cuela en esas alianzas y que articula, al menos en algunos de sus sectores, un planteo pragmático que dice: “No podemos hacer que la derecha nos ataque sistemáticamente por ser blandos con el delito; estas iniciativas no son tan importantes para las transformaciones sociales y económicas que estamos llevando adelante, concedamos iniciativas de carácter conservador para poder seguir aplicando las transformaciones económicas y sociales que deseamos”. Ese tipo de herramienta retórica tuvo mucho éxito dentro de estas alianzas gubernamentales, incluso en algunos de sus principales dirigentes.

El otro componente es también muy relevante, y el ejemplo de Ecuador es perfecto en este sentido. En 2007 el presidente Correa lanza iniciativas que tienen elementos progresistas muy visibles y claros. En 2008 un sector de su Alianza País empieza a discutir la posibilidad de reformar la Policía Nacional, un organismo de cierto prestigio y muchos recursos que no era visualizado como estructuralmente corrupto y violento. Dos años después se produce el intento de golpe de Estado, protagonizado por la policía. Muchos esperábamos entonces que la tentativa de golpe terminara de convencer a Alianza País de la necesidad de una reforma estructural de la Policía Nacional. Lo que pasó fue exactamente lo contrario: la Policía Nacional se constituyó como un actor que puso límites a estas alianzas gubernamentales. Eso fue muy claro de 2010 en adelante. Correa empezó a hacer un giro de 180 grados en su discurso público y en sus iniciativas políticas. En 2011 lanza un referendo en el que pregunta a los ecuatorianos si están a favor de incrementar los niveles de punitividad, y los ecuatorianos dicen sí en un 88 por ciento. El presidente retoma así retóricas típicas de la derecha y pone en marcha iniciativas en esa dirección.

Para dejar tranquilos a estos tipos que le habían querido dar un golpe de Estado.

Claramente. Para mí eso ayuda a entender la cautela de muchas alianzas gubernamentales en este terreno: las transacciones, las opciones por conveniencia, pragmáticas. Pero eso no quita que algunas de ellas en ciertos momentos hayan tenido momentos virtuosos, cuando de verdad construyeron una alternativa, cuando de verdad instalaron lógicas distintas, momentos que duraron poco pero que no necesariamente fueron inefectivos.

¿Cómo observa la creciente militarización de las policías nacionales en los países de la región?

Es difícil generalizar. Lo que sí creo es que en muchas jurisdicciones es muy visible que en las instituciones policiales hay una especie de remilitarización. Uso la expresión “remilitarización” porque es indudable que en las policías de América del Sur existe una larga influencia del modelo militar que se manifiesta de maneras distintas.

Las policías en América Latina nacieron militarizadas. Y hay prácticas policiales contemporáneas que implican una remilitarización; formas de intervención de la policía en el espacio de la ciudad, que implican reforzar un estilo de actuación que tiene como paradigma al militar en tanto fuerza de ocupación, al militar que venció en una batalla y ocupa un territorio. Es un policía altamente armado, pertrechado, vestido cada vez más parecido a un soldado en medio de una guerra, con armamento de alto potencial lesivo, con casco, chaleco antibalas, rodilleras, coderas, botas, incluso cambiando el color de su uniforme hacia el negro o el camuflado, y que desarrolla un tipo de presencia en el territorio que se traduce en retenes, requisas y altas dosis de ejercicio de la violencia verbal y física, y eventualmente en detenciones.

Este año en Uruguay se está registrando un incremento importante de los asesinatos, y la oposición ha vuelto a plantear la cuestión de poner a los militares a patrullar las calles. ¿Esta militarización de la policía no puede verse como una respuesta del progresismo ante esa demanda? No son militares pero se les parecen.

Estoy de acuerdo. Eso está vinculado a prácticas, lo que se llama técnicamente “policiamiento ostensivo”: tácticas, técnicas e intervención policial de mucha presencia en el espacio público, de mucha visibilidad. La intervención de estas fuerzas militares, con toda su parafernalia, sus uniformes, colores, armamentos, está construida como mensaje de carácter simbólico. No son fuerzas que produzcan grandísimos resultados en términos de reducción del volumen de actividad delictiva. De hecho nadie se preocupa por saber si lo hacen o no, lo que importa es que crean esa sensación, crean ese mensaje. Y, claro, como mecanismo de creación de ese mensaje son muy buenas, muy efectivas. Yo me sentía muy inseguro en mi barrio y de repente aparece un retén de tipos que parecen militares, altamente armados, que dicen que van a proteger a los ciudadanos honestos, y como yo soy un ciudadano honesto me siento protegido. Y eso, salvo en segmentos que tienen una cultura crítica, genera altos niveles de consenso.

 


Quién es Sozzo

Máximo Sozzo es abogado y doctor en derecho. Dirige la Maestría en Criminología y el Programa Delito y Sociedad, de la Universidad Nacional del Litoral, de la ciudad de Santa Fe, y es un referente en el mundo de la criminología. Su último trabajo fue la coordinación del libro Posneoliberalismo y penalidad en América del Sur, editado por Clacso en 2016. Actualmente es editor asociado de Punishment and Society. The International Journal of Penology, una de las revistas académicas más importantes e influyentes en criminología.

¿Porqué ha fracasado el progresismo en América Latina?

Entrevista al cientista político argentino, Horacio Machado Aráos

1) ¿Ve una posibilidad de eventual “vuelta” de gobiernos progresistas en Latinoamérica? ¿Qué implicancias o viabilidad tienen estos “modelos” hoy? ¿Se agotó el denominado ciclo progresista?

Independientemente de que no cabría descartar un eventual “regreso” electoral de alguna expresión del progresismo en algunos países e inclusive, más allá de la continuidad de ciertos gobiernos (algunos emblemáticos como el de Evo Morales en Bolivia, otros problemáticos como el de Maduro en Venezuela, y otros tenues o difusos como el del Frente Amplio en Uruguay), considero que el ciclo de los gobiernos progresistas en la región está definitivamente agotado; agotado y fracasado, al menos si hablamos de ellos en términos de sus posibilidades de generar o alentar condiciones de transformación de la dominación capitalista. En esos términos, estamos hablando de experiencias políticas absolutamente fallidas y caducas.

Reafirmando nuestra consideración de que tales gobiernos significaron la continuidad (y hasta la profundización) del neoliberalismo por otros medios, ese eventual regreso estaría más bien enmarcado en las condiciones de inaceptabilidad social y resistencia política a los gobiernos de ultra-derecha que se perfilan en la región, pero muy improbablemente constituyan de por sí una bisagra hacia verdaderas alternativas de cambio.

Por lo demás, no hay condiciones macroeconómicas (ni internas ni externas) para intentar cierta re-edición del programa de “crecimiento con inclusión social” que caracterizó a dicho ciclo. Se trata de un programa que dio muestras de resultar estructuralmente perjudicial e inviable.

La pretensión de ‘escapar’ de los males estructurales del capitalismo periférico-dependiente a partir de la profundización y aceleración de la matriz primario-exportadora -con el único matiz heterodoxo de una ‘gestión keynesiana’ de la renta extractivista-, se evidencia hoy a todas luces como un absurdo total; precisamente porque esa matriz extractivista es la marca de origen, el ADN constituyente y constitutivo de nuestra dependencia; la más profunda y pesada herencia colonial.

Más allá de la retórica propagandística, lejos de procesos de industrialización y recuperación de bases materiales para un desarrollo autónomo, durante el ciclo de los gobiernos progresistas asistimos a la intensificación de una dinámica de re-primarización, extranjerización y ultra-concentración de nuestras economías, lo que nos sumergió en escalones más profundos de integración subordinada y dependiente de la acumulación global.

Pretender ignorar los límites y los condicionamientos histórico-estructurales que el capitalismo implica e impone en las economías periférico-dependientes, me parece una ceguera difícil de entender, sobre todo en el siglo XXI, tras tanta inteligencia crítica acumulada por las luchas y las investigaciones sobre la naturaleza y dinámica de nuestras sociedades[1].

Ahora bien, más allá de los impedimentos económicos estructurales, hay que decir que el ciclo progresista está políticamente acabado (al menos, así debiéramos entenderlo). Me parece un total desvarío imaginar un proyecto pretendidamente transformador basado en la expansión del consumismo; confundir socialización y democratización con la ampliación del mercado de consumidores.

No se pueden seguir ignorando los efectos que el “crecimiento” tienen sobre la(s) subjetividad(es) y la conciencia colectiva. No se puede desconocer que el crecimiento -incluso, concediendo que haya sido impulsado por la expansión del consumo popular- significa, inexorablemente, la expansión de las relaciones y el imaginario capitalistas, la ampliación de las fronteras de la mercantilización; en definitiva, la profundización de la sujeción y subordinación de la reproducción social de la vida a los imperativos del capital.

Si algo debiéramos aprender del “ciclo progresista” es que ningún proyecto de cambio o de transformación social puede basarse en aspirar a un “capitalismo con rostro humano”, a construir un “capitalismo nacional serio”, basado en la progresiva redistribución igualitaria del ingreso, y suponer que eso permitiría expandir indefinidamente el número de ‘incluidos’ (incluidos en el sistema)…

Eso, a nuestro entender, es revivir la vieja fantasía desarrollista que sigue operando como núcleo duro de nuestra condición colonial, como la más difícil y desafiante barrera epistémica y política a superar, para realmente imaginar/proyectar los cambios emancipatorios que precisamos. Justamente, me parece que la frontera política entre un reformismo inconducente y estéril y las alternativas emancipatorias se sitúa entre la línea que separa las políticas de “inclusión”, de las políticas de transición radical hacia otros paradigmas civilizatorios.

Necesitamos volver a pensar en términos de revolución y a aspirar a cambios revolucionarios. Pero eso implica también necesariamente revisar y re-conceptualizar la idea de revolución. Ésta no puede ya ser pensada como un proceso que se hace desde arriba, y que precisa primero “la toma del poder del Estado”. Necesitamos imaginar el cambio revolucionario, como una profunda migración civilizatoria, que nos permita de-construir y abandonar el patrón de poder colonial-patriarcal-capitalista en el que, no ya sólo como pueblo o región, sino como especie, estamos sumidos. Un cambio que implica salirnos de las matrices antropocéntricas, productivistas, urbano-céntricas, de la modernidad/colonialidad hegemónica, a la que una vieja izquierda (y por cierto, el progresismo) sigue apegada.

2) ¿Qué caracterización hace del avance de gobiernos de derechas en los países de Nuestra América? ¿Se puede hablar de una crisis de esos proyectos en la región y/o del macrismo en la Argentina?

Lamentablemente creo que estamos frente a algo más grave que a un ciclo de gobiernos de ultra-derecha en la región. Las amenazas que afrontamos en este tiempo no se reducen apenas al arribo de personajes nefastos al gobierno (los Macri, los Duque, los Bolsonaro etc.) y a la aplicación de políticas abiertamente clasistas-racistas-patriarcales.

Más que una reacción conservadora desde los gobiernos, estamos ante a un fuerte proceso de fascistización social; una oleada de fascismo social que se extiende no sólo en la región sino también en el mundo (por lo menos, es muy evidente en los países del Norte Global).

Como expresión sintomática de la agudización de la crisis civilizatoria en la que estamos inmersos, producto de casi cinco décadas de neoliberalismo, nuestras sociedades están siendo atravesadas por un fuerte proceso de des-humanización y donde las brechas de (in)humanidad entre grupos de clase, de género, étnicos, religiosos se hacen cada vez más marcadas y violentas.

Podríamos decir que el fascismo social tiene que ver con una situación en la que las élites pueden producir una situación de amnesia colectiva sobre los medios (de violencia estructural) que las llevaron a acumular sus privilegios; cuando estos privilegios se ven como ‘mérito propio’, y no como la contracara del despojo de vastas mayorías. Entonces, cuando se invisibilizan los crímenes históricos en base a los cuales se edificaron esos privilegios, además de la impunidad, estos crímenes se naturalizan, se sedimentan en las instituciones, los imaginarios y los cuerpos.

Entonces, cuando eso pasa, las injusticias históricas dejan de ser vistas como tales, y pasan a (re)presentarse como posiciones ‘legítimamente ganadas’ por el “esfuerzo” o por el “mérito” propio. La difusión de la ideología meritocrática -por lo menos desde Malthus- alienta una concepción de la sociedad basado en la guerra competitiva de todos contra todos, el darwinismo social; en fin, un imaginario donde lxs despojadxs del mundo, ‘lxs débiles’, lxs incompetentes, resultan un lastre social. Ese imaginario es lo que llamamos propiamente fascismo social: esto legitima y habilita las políticas de “tolerancia cero”, es decir, las políticas despiadadas y de crueldad absoluta contra los pobres, lxs desempleadxs, las mujeres, lxs migrantes, los pueblos originarios, las sexualidades disidentes, en fin, contra toda aquella identidad social que no se avenga a los requerimientos de ‘normalidad’ del sistema.

Ahora bien, por otro lado, no se puede desconocer que este momento está políticamente relacionado con la fase anterior, con los extravíos del ciclo progresista. Sintética y provocativamente podríamos enunciarlo así : “siembra (neo)extractivismo y cosecharás (neo)fascismo”, en el sentido que la avanzada extractivista que protagonizaron los gobiernos progresistas -y en base a la cual se financió la expansión desigual del consumo- implicó no sólo la intensificación de la violencia y las políticas de despojo sobre los territorios, sino también el abandono (unilateral) de la lucha de clases. Los gobiernos progresistas asumieron la vía de la conciliación de clases, creyeron posible y/o necesario la articulación con una “burguesía nacional” y alentaron “el ascenso de las clases medias” supuestamente como vía para “sacar a los sectores populares de la pobreza”.

La posterior caída de las cotizaciones de las commodities no sólo desnudó la insostenibilidad económica de esas políticas, sino también el carácter quimérico, ilusorio, de la promesa desarrollista. Las clases medias, las más propensas a aspirar los privilegios de las élites, están a la vanguardia de esta ola neofascista; sus frustraciones se expresan en términos de odio clasista, xenofobia, violencia machista, etc.

A ello, hay que agregar la fuerte avanzada del discurso reaccionario de ciertos credos sobre amplias capas de sectores populares, y el estado de desmovilización y/o fragmentación de los movimientos sociales y las organizaciones políticas más combativas. Todo esto configura un cuadro general muy complejo, en el que, por cierto, no cabría descartar posibles crisis de gobernabilidad de los gobiernos de ultraderecha vigentes (más bien, es un horizonte con altas probabilidades). En todo caso, ante el escenario dado, las salidas o alternativas que se pueden llegar a abrir, resultan absolutamente imprevisibles, y no necesariamente positivas.

3) ¿En Argentina, qué actores sociales y diferentes proyectos políticos aparecen como alternativas al macrismo?

Bueno, acá es necesario diferenciar las alternativas en el terreno electoral, de las que cabría señalar en el campo de los proyectos políticos que se vienen gestando en el campo popular y en la sociedad en su conjunto.

En el plano electoral, lamentablemente no veo opciones esperanzadoras. Veo más bien un panorama sombrío que se halla signado por la sobrevivencia fantasma[2] del ciclo progresista: como “fantasma populista” que tracciona el voto a la derecha[3], y como “fantasía desarrollista” que sigue ilusionando a ciertos sectores populares con un nostálgico retorno a las políticas expansivas, neo-keynesianas, como las aplicadas durante el ciclo 2002-2013, en la fase del boom de las commodities.

En esa polarización, el espectro de alternativas ideológico-políticas se estrecha hacia el centro y hacia la derecha, presentándose el progresismo como “de izquierda”, lo cual nos deja entrampados entre una propuesta que promete y aspira a un “Estado social” gestionando mercado en expansión y una “sociedad de consumo de masas” frente a lo que se ve como la configuración de un Estado penal sosteniendo a sangre y fuego la brecha de (in)humanidad entre apropiadores y despojados.

En estos tiempos, de neoliberalismo recargado, el debate electoral está viciado por lo que entendemos como una errónea conceptualización del mismo que lo concibe apenas como un tipo de políticas económicas y de gestión gubernamental centrado en la dualidad Estado vs. Mercado, políticas keynesianas vs. políticas de ajuste, etc.

Mientras, en tanto fase histórico-estructural de la acumulación capitalista global, el neoliberalismo avanza independientemente de los ciclos recesivos o expansivos, en su voraz híper-mercantilización de la vida y de las relaciones sociales. En ese marco, lo “más promisorio” que electoralmente pudiera pasar es que se lograra articular una expresión lo más amplia posible de una izquierda popular y anti-capitalista pasible de captar y canalizar el creciente estado de asfixia económica y frustración política de los sectores populares. Pero eso, por ahora, es una expresión de deseo más que una probabilidad fáctica.

Ahora bien, más allá de lo electoral, no se puede desconocer la potencia crítica y transformadora de ciertos movimientos sociales y populares emergentes en el escenario reciente. Me refiero en particular, a la irrupción de la gran oleada feminista que desde el Movimiento Ni Un Menos, hasta las movilizaciones por la legalización del aborto, están poniendo en cuestión un pilar clave del sistema, como el régimen patriarcal.

Junto a los feminismos, las diferentes expresiones del ecologismo popular, las organizaciones de trabajadorxs desocupadxs y de la economía social, las entidades campesinas y de pueblos originarios, constituyen las insoslayables bases sociales de cualquier alternativa popular al macrismo, pero también a las versiones probables del progresismo. Más allá de que se logre fraguar (o no) un frente electoral alternativo, en todo caso hay un proceso de acumulación de experiencias de resistencia que oficiará como un contrapoder condicionará el margen de maniobra de éste o futuros gobiernos.

4) ¿Con qué ejes políticos y con quienes debería articularse el movimiento popular para enfrentar a la derecha y poner en pie una alternativa anticapitalista? ¿Podría mencionar medidas y/o propuestas concretas?

Me parece que la potencia política de los sectores populares organizados está en última instancia proporcionalmente relacionada con su autonomía y su creatividad. Desde ese lugar, creo que hay una diversidad de movimientos sociales y populares que han venido construyendo una agenda política realmente valiosa en términos de su radicalidad transformativa.

Creo que estos movimientos -a diferencia de las opciones partidarias tanto progresistas como de la izquierda clásica- vienen haciendo aportes sustantivos en la prefiguración de un horizonte post-capitalista, post-colonial y post-patriarcal. En ese sentido hay todo un nuevo lenguaje que se ha venido construyendo y un nuevo imaginario en gestación que parte precisamente de la profunda convicción de la crisis terminal y el fracaso rotundo del modelo civilizatorio de “Occidente”; de la necesidad de trascender el horizonte antropocéntrico, productivista, individualista, desarrollista, urbano-industrialista que desde el sistema se nos presenta como el único horizonte deseable de “bienestar” y de “progreso”.

Si algo tienen en común los feminismos comunitarios latinoamericanos, con las perspectivas del ecologismo popular, las cosmovisiones originarias y campesinas y el ethos de la economía popular, es su convergencia en un horizonte post-desarrollista; el abandono de la idea acrítica de una economía en permanente expansión y de crecimiento infinito, y la revalorización de las economías del cuidado, de la reproducción de la vida, de valorización de las relaciones vitales y de las capacidades humanas; las ideas de sustentabilidad y de cultivo de la socio-biodiversidad y el valor clave del trabajo libre y de la producción social en manos de trabajadorxs libremente asociadxs.

Todo ese imaginario va a contrapelo de las ideas progresistas (y aún de las izquierdas ortodoxas) que tienen como horizonte la “redistribución de la riqueza”; acá estamos ante una gramática que presupone un cambio radical en el sentido social de la riqueza. Las ideas de Buen Vivir, de Derechos de la Naturaleza, de Plurinacionalidad, de Justicia Integral (étnica, genérica, generacional) son algunos de los postulados que tienen un sentido orientativo fundamental en esa transición civilizatoria.

Y eso no queda así en un nivel metafísico, pues se ha ido encarnando/territorializando en prácticas concretas que tienen que ver con la producción autogestiva, la defensa de los territorios, la consolidación y ampliación de la agroecología y de desarrollo de las tecnologías sustentables, la estructuración de economías locales y de movimientos en pos de la soberanía alimentaria, la democracia energética y la justicia hídrica y climática.

Esos principios, valores ético-políticos que desde las prácticas de re-existencia de nuestros pueblos se han ido gestando, nos parecen los criterios más valiosos que tenemos como orientación hacia un caminar que procura realmente trascender el actual régimen de dominación capitalista-colonial-patriarcal. Esos, a mi modesto entender, deberían ser los ejes fundamentales a no perder de vista en todo proceso de articulación política y construcción colectiva.

5) ¿Qué rol juega la institucionalidad democrática actual en la construcción de alternativas populares?

Es claro que esa institucionalidad, la del constitucionalismo republicano y representativo ha sido diseñado ab initio para restringir las concepciones más radicales de la democracia, para enmarañar y/o limitar en todo caso el ejercicio de la soberanía popular. A esas limitaciones de origen, se han ido sumando un conjunto de factores y problemas harto conocidos[4] que en términos agregados dan como ‘resultado’ no sólo la configuración de modos de gobierno que distan muchísimo de responder a la “voluntad de las mayorías”, sino que más aún están en la raíz de la profunda crisis de legitimidad del sistema y en la ‘despolitización’ de amplios sectores.

Con ello, es claro que esta institucionalidad política constituye un pesado lastre que funciona más como obstáculo que como facilitador de las alternativas populares, emancipatorias, y que avanzar en esa dirección requerirá inexorablemente cambios radicales en las instituciones y en lo que se entienda como sistema de gobierno (cambios que, por cierto, incluyen una transformación sustancial de la forma Estado).

Sin embargo, no podemos desconocer que estamos en un momento muy complicado, en el que las propias limitaciones de la democracia liberal están siendo amenazadas y degradadas. Como en otros momentos de la historia, queda claro que el capitalismo impone un techo taxativo a las aspiraciones de la soberanía popular, pero ni siquiera es capaz de garantizar un piso mínimo de la formalidad democrática: en tiempos de crisis, hasta esa definición minimalista, procedimental, de la democracia se ve amenazada y puede ser suprimida.

Este escenario nos pone a la defensiva, en la necesidad de resistir los intentos en curso de perforar más aún el piso de derechos y garantías, aún siendo conscientes de lo extremadamente insuficiente de ese piso. Nos pone -a mi modesto entender- en la necesidad de no descuidar el campo de batallas de lo electoral y del sistema de representación y o pero, al mismo tiempo, no perder de vista que el propio campo de acumulación política pasa por esos otros espacios de construcción de autonomías, imaginarios, territorios/cuerpos practicantes de regímenes otros de relaciones, modos de vida radicalmente alternativas.

Esto último es lo que me parece central. Pues, estamos ante una situación en la que afrontamos la avanzada de una nueva derecha, de una derecha envalentonada, masificada y radicalizada, con las matrices de una vieja izquierda (me refiero a las opciones político-electorales); una izquierda desconcertada y desorientada, que ha perdido la capacidad para ofrecer un horizonte de futuro. Ante ese vacío, es clave la construcción en marcha de las re-existencias desde abajo.

Notas
[1] Me refiero al hecho elemental de que las teorías sociales latinoamericanas -desde el estructuralismo cepalino a la teoría de la dependencia, abarcando incluso versiones de las teorías de la modernización y por supuesto, las perspectivas descoloniales- han hecho una profunda crítica de los regímenes primario-exportadores como la base de todos nuestros problemas estructurales. En los autores clásicos, según los casos, superar ese modelo era visto como una condición ineludible para superar nuestro “subdesarrollo”, “dependencia” o “condición colonial”.

Cabe resaltar también lo de “problemas estructurales”, pues como queda claro en los análisis de autores tan disímiles como Raúl Prebisch, Gino Germani, Cardoso y Faletto, o Florestán Fernandes, Theotonio Dos Santos, Marini, González Casanova, etc., los modelos primario-exportadores no sólo implican limitaciones macroeconómicas, sino que también están en la base del carácter oligárquico de los regímenes políticos, las estructuras de clases tan desiguales y los fenómenos del autoritarismo, el racismo y el colonialismo interno.

[2] Apelo a estas categorías propuestas por Adrián Scribano para dar cuenta de las políticas de regulación de las emociones por las cuales el capital produce condiciones estructurales de soportabilidad social (de la expropiación/opresión) y de coagulación de la acción. Al respecto véase: Scribano, A. (2008) “Fantasmas y fantasías sociales: notas para un homenaje a T.W. Adorno desde Argentina”, Intersticios, Revista de Sociológica de Pensamiento Crítico, http://www.intersticios.es/article/view/2791. También: Scribano, A. (Comp.) (2013) “Teoría social, cuerpos y emociones”, Estudios Sociológicos Editora: http://estudiosociologicos.org/portal/teoria-social-cuerpos-y-emociones/.
[3] Acá hago referencia al uso y abuso hecho por el establishment mediático y gubernamental de los escándalos de corrupción que tiñen las administraciones progresistas, así como también a la debacle de la economía venezolana, y la deriva personalista e incluso autoritaria que se vislumbra en ciertos países (el gobierno de Maduro en la República Bolivariana de Venezuela y el de Daniel Ortega en Nicaragua). Más allá de las operaciones propagandísticas y de manipulación (des)informativa que la derecha ha hecho y hace de estos casos, no se puede desconocer estos problemas ni minimizar la defraudación política que han significado. De hecho, en buena medida, la ola conservadora y reaccionaria que sostiene a los actuales gobiernos de derecha en buena medida se apoya en el rechazo social, electoral a los referentes del progresismo (el sentimiento anti-petista en Brasil, anti-kirchnerista en Argentina, etc.).
[4] Tales como el propio funcionamiento del sistema de partidos; la constitución de una clase política profesional, la burocratización de las fuerzas partidarias; el tema del financiamiento de la política y el rol de las grandes corporaciones en ese aspecto; el papel de los medios masivos y el de las nuevas tecnologías de información que han incrementado enormemente su capacidad de incidencia, manipulación y formación no solo de sentidos sino también de estados de ánimo y emociones colectivas; etc.

Entrevista Michel Foucault-Gilles Deleuze: poder, fascismo y formas de lucha

Dada su renovada actualidad, la Universidad Nómada Sur recupera estas reflexiones realizadas por Michel Foucault y Gilles Deleuze en el pasado siglo…

Gilles Deleuze: Si se considera la situación actual, el poder tiene por fuerza una visión total o global. Quiero decir que todas las formas de represión actuales, que son múltiples, se totalizan fácilmente desde el punto de vista del poder: la represión racista contra los inmigrados, la represión en las fábricas, la represión en la enseñanza, la represión contra los jóvenes en general. No es preciso buscar solamente la unidad de todas estas formas en una reacción de Mayo del 68, sino mucho más en una preparación y en una organización concertadas de nuestro próximo futuro. El capitalismo francés necesita de un «volante» de paro, y abandona la máscara liberal y paternal del pleno empleo. Es desde este punto de vista como encuentran su unidad: la limitación de la inmigración, una vez dicho que se confiaba a los emigrados los trabajos más duros e ingratos, la represión en las fábricas, ya que se trata de devolverle al francés el «gusto» por un trabajo cada vez más duro, la lucha contra los jóvenes y la represión en la enseñanza, ya que la represión de la policía es tanto más viva cuanto menos necesidad de jóvenes hay en el mercado de trabajo. Todas las clases de categorías profesionales van a ser convidadas a ejercer funciones policiales cada vez más precisas: profesores, psiquiatras, educadores en general, etc. Hay aquí algo que usted anuncia desde hace tiempo y que se pensaba que no se produciría: el refuerzo de todas las estructuras de encierro. Entonces, frente a esta política global del poder, se hacen respuestas locales, cortafuegos, defensas activas y a veces preventivas. Nosotros no tenemos que totalizar lo que es totalizado por parte del poder, y que no podríamos totalizar de nuestro lado más que restaurando formas representativas de centralismo y de jerarquía. En contrapartida, lo que nosotros podemos hacer es llegar a instaurar conexiones laterales, todo un sistema de redes, de base popular. Y es esto lo que es difícil. En todo caso, la realidad para nosotros no pasa en absoluto por la política en sentido tradicional de competición y de distribución de poder, de instancias llamadas representativas a lo PC o a lo CGT. La realidad es lo que pasa efectivamente hoy en una fábrica, en una escuela, en un cuartel, en una prisión, en una comisaría. Si bien la acción comporta un tipo de información de naturaleza muy diferente a las informaciones de los periódicos.

Michel Foucault: Esta dificultad, nuestra dificultad para encontrar las formas de lucha adecuadas, ¿no proviene de que ignoramos todavía en qué consiste el poder? Después de todo ha sido necesario llegar al siglo XIX para saber lo que era la explotación, pero no se sabe quizá siempre qué es el poder. Y Marx y Freud no son quizá suficientes para ayudarnos a conocer esta cosa tan enigmática, a la vez visible e invisible, presente y oculta, investida en todas partes, que se llama poder. La teoría del Estado, el análisis tradicional de los aparatos de Estado no agotan sin duda el campo del ejercicio y del funcionamiento del poder. La gran incógnita actualmente es: ¿quién ejerce el poder? y ¿dónde lo ejerce? Actualmente se sabe prácticamente quién explota, a dónde va el provecho, entre qué manos pasa y dónde se invierte, mientras que el poder… Se sabe bien que no son los gobernantes los que detentan el poder. Pero la noción de «clase dirigente» no es ni muy clara ni está muy elaborada. «Dominar», «dirigir», «gobernar», «grupo en el poder», «aparato de Estado», etc., existen toda una gama de nociones que exigen ser analizadas. Del mismo modo, sería necesario saber bien hasta dónde se ejerce el poder, por qué conexiones y hasta qué instancias, ínfimas con frecuencia, de jerarquía, de control, de vigilancia, de prohibiciones, de sujeciones. Por todas partes en donde existe poder, el poder se ejerce. Nadie, hablando con propiedad, es el titular de él; y, sin embargo, se ejerce siempre en una determinada dirección, con los unos de una parte y los otros de otra; no se sabe quién lo tiene exactamente; pero se sabe quién no lo tiene. Si la lectura de sus libros (desde el Nietzsche hasta lo que yo presiento de Capitalismo y esquizofrenia) ha sido para mí tan esencial es porque me parece que van muy lejos en el planteamiento de este problema: bajo ese viejo tema del sentido, significado, significante, etc., al fin la cuestión del poder, de la desigualdad de los poderes, de sus luchas. Cada lucha se desarrolla alrededor de un centro particular del poder (uno de esos innumerables pequeños focos que van desde un jefecillo, un guarda de viviendas populares, un director de prisiones, un juez, un responsable sindical, hasta un redactor jefe de un periódico). Y si designar los núcleos, denunciarlos, hablar públicamente de ellos, es una lucha, no se debe a que nadie tuviera conciencia, sino a que hablar de este tema, forzar la red de información institucional, nombrar, decir quién ha hecho, qué, designar el blanco, es una primera inversión del poder, es un primer pasó en función de otras luchas contra el poder. Si los discursos como los de los detenidos o los de los médicos de las prisiones son luchas, es porque confiscan un instante al menos el poder de hablar de las prisiones, actualmente ocupado exclusivamente por la administración y por sus compadres reformadores.

G. D.: En cuanto a este problema que usted plantea: se ve bien quien explota, quien se aprovecha, quien gobierna, pero el poder es todavía algo más difuso —yo haría la hipótesis siguiente: incluso y sobre todo el marxismo ha determinado el problema en términos de interés (el poder está poseído por una clase dominante definida por sus intereses) — . De repente, se tropieza con la cuestión: ¿cómo es posible que gentes que no tienen precisamente interés sigan, hagan un maridaje estrecho con el poder, reclamando una de sus parcelas? Es posible que, en términos de inversiones, tanto económicas como inconscientes, el interés no tenga la última palabra; existen inversiones de deseo que explican que se tenga la necesidad de desear, no contra su interés, ya que el interés sigue siempre y se encuentra allí donde el deseo lo sitúa, sino desear de una forma más profunda y difusa que su interés.

Es preciso estar dispuesto a escuchar el grito de Reich: ¡no, las masas no han sido engañadas, ellas han deseado el fascismo en un momento determinado! Hay inversiones de deseo que modelan el poder, y lo difunden, y hacen que el poder se encuentre tanto a nivel del policía como del primer ministro, y que no exista en absoluto una diferencia de naturaleza entre el poder que ejerce un simple policía y el poder que ejerce un ministro. La naturaleza de estas inversiones de deseo sobre un cuerpo social es lo que explica por qué los partidos o los sindicatos, que tendrían o deberían tener inversiones revolucionarias en nombre de los intereses de clase, pueden tener inversiones reformistas o perfectamente reaccionarias a nivel del deseo.

M. F.: Como usted dice, las relaciones entre deseo, poder e interés, son más complejas de lo que ordinariamente se piensa, y resulta que aquellos que ejercen el poder no tienen por fuerza interés en ejercerlo, aquellos que tienen interés en ejercerlo no lo ejercen, y el deseo de poder juega entre el poder y el interés un juego que es todavía singular. Sucede que las masas, en el momento del fascismo, desean que algunos ejerzan el poder, algunos que, sin embargo, no se confunden con ellas, ya que el poder se ejercerá sobre ellas y a sus expensas, hasta su muerte, su sacrificio, su masacre, y ellas, sin embargo, desean este poder, desean que este poder sea ejercido. Este juego del deseo, del poder y del interés es todavía poco conocido. Hizo falta mucho tiempo para saber lo que era la explotación. Y el deseo ha sido y es todavía un largo asunto. Es posible que ahora las luchas que se están llevando a cabo, y además estas teorías locales, regionales, discontinuas que se están elaborando en estas luchas y que hacen cuerpo con ellas, es posible que esto sea el comienzo de un descubrimiento de la manera en que el poder se ejerce.

G. D.: Pues bien, yo vuelvo a la cuestión: el movimiento revolucionario actual tiene múltiples focos, y esto no es por debilidad ni por insuficiencia, ya que una determinada totalización pertenece más bien al poder y a la reacción. Por ejemplo, el Vietnam es una formidable respuesta local. Pero, ¿cómo concebir las redes, las conexiones transversales entre estos puntos activos discontinuos, de un país a otro o en el interior de un mismo país?

M. F.: Esta discontinuidad geográfica de la que usted habla significa quizá esto: desde el momento que se lucha contra la explotación, es el proletariado quien no sólo conduce la lucha sino que además define los blancos, los métodos, los lugares y los instrumentos de lucha; aliarse al proletariado es unirse a él en sus posiciones, su ideología, es retomar los motivos de su combate. Es fundirse. Pero si se lucha contra el poder, entonces todos aquellos sobre los que se ejerce el poder como abuso, todos aquellos que lo reconocen como intolerable, pueden comprometerse en la lucha allí donde se encuentran y a partir de su actividad (o pasividad) propia. Comprometiéndose en esta lucha que es la suya, de la que conocen perfectamente el blanco y de la que pueden determinar el método, entran en el proceso revolucionario. Como aliados ciertamente del proletariado ya que, si el poder se ejerce tal como se ejerce, es ciertamente para mantener la explotación capitalista. Sirven realmente la causa de la revolución proletaria luchando precisamente allí donde la opresión se ejerce sobre ellos. Las mujeres, los prisioneros, los soldados, los enfermos en los hospitales, los homosexuales han abierto en este momento una lucha específica contra la forma particular de poder, de imposición, de control que se ejerce sobre ellos. Estas luchas forman parte actualmente del movimiento revolucionario, a condición de que sean radicales, sin compromisos ni reformismos, sin tentativas para modelar el mismo poder consiguiendo como máximo un cambio de titular. Y estos movimientos están unidos al movimiento revolucionario del proletariado mismo en la medida en que él ha de combatir todos los controles e imposiciones que reproducen en todas partes el mismo poder.

Es decir, que la generalidad de la lucha no se hace ciertamente en la forma de esta totalización de la que usted hablaba hace un momento, esta totalización teórica, en la forma de «verdad». Lo que produce la generalidad de la lucha, es el sistema mismo de poder, todas las formas de ejercicio y de aplicación del poder.

G. D.: Y no se puede tocar un punto cualquiera de aplicación sin encontrarse enfrentado a este conjunto difuso que desde ese momento se estará forzado a intentar reventar, a partir de la más pequeña reivindicación. Toda defensa o ataque revolucionario parciales se ensamblan así con la lucha obrera.

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FUENTE

Extracto del libro: “Microfísica del poder”, capítulo: Los intelectuales y el poder. Entrevista Michel Foucault-Gilles Deleuze.

El verdadero drama brasileño

Por Bruno Cava / Universidad Nómada de Brasil

La crítica vulgar asume ante la realidad empírica una actitud arrogante, altiva, pretensiosa; ella expone las contradicciones de lo existente apenas para despreciarlas como algo perteneciente a la masa (…) es una crítica dogmática, que lucha contra su objeto, del mismo modo como, antiguamente, el dogma de la santísima trinidad era eliminado por medio de la contradicción entre uno y tres

Karl Marx, Crítica de la filosofía del derecho de Hegel (1844)

 

En mayo de 2018, la huelga de los camioneros bloqueó las principales carreteras, el complejo petroquímico y el mayor puerto de America Latina. La falta de combustible colocó al país al borde del colapso logístico, amenazando el abastecimiento de alimentos básicos, pero, del mismo modo, la huelga provocó un desbordamiento social. Los pobres se sintieron representados por la lucha de los trabajadores rodoviarios y extravasaron su indignación por la crisis en millones de textos, audios y videos autorales por WhatsApp. En un primer momento los empresarios del transporte estaban junto a los camioneros, sin embargo, después de los primeros acuerdos de los patrones con el gobierno, los conductores formaran comisiones de huelga autónomas y, con el enorme apoyo de la población, prolongaran la huelga por cuenta propia. En menos de una semana, el presidente Temer determinó la solución integral de las demandas de los huelguistas. La victoria de los camioneros fue vivida como renovación de la esperanza y despertar democrático.

La izquierda de lucha y movimiento en Brasil no solo no participó del movimiento de los camioneros, sino que también lo condenó como infiltrado por militantes de derecha y manipulado por valores conservadores. Esa actitud ha sido una constante desde la insurrección de Junio de 2013. En lugar de conectarse con la movilización en la crisis, las izquierdas prefieren atrincherarse en un discurso moral de defensa… del propio ideal de izquierda. Ante las luchas aplican el test del tornasol de las banderas y el izquierdometro de los discursos, para exhibirse entre sí con la fraseología de alertas y rechazos. La subjetivacion predominante ha sido trazar una línea clara e inequívoca entre nosotros y ellos, basada en un vago sentimiento de estar juntos del lado cierto de la Historia (el propio). Mientras, una nueva derecha nació y fue al encuentro de la indignación popular.

Esto se dio de varios modos. Primero, con la aparición de redes de movilización al interior del caldero social, por ejemplo, con el Movimiento Brasil Libre (MBL), surgido en 2014 buscando emular la sigla del Movimiento del Pase Libre (MPL), uno de los principales organizadores de las protestas de 2013. El MBL, junto a otros grupos nuevos, comenzó a construir un ecosistema político de la “alt right” a la brasileña. Moralista en las costumbres, neoliberal en la economia y discretamente encantadora en la estética.

En segundo lugar, el crecimiento de la derecha se dio entre los pobres, que viven en territorios violentos bajo algún tipo de instancia local de chantaje: narcotraficantes o milicias armadas en la zona gris entre policía y crimen. En 2017, la tasa de homicidios en Brasil fue mayor que la suma de todos los países de Europa (incluyendo a Rusia) y Estados Unidos, y viene aumentando a lo largo de la década, al mismo ritmo que el aumento del empobrecimiento y endeudamiento, que la desocupación y del empeoramiento de la disputa por los negocios en los territorios. Fue ahí que floreció una nueva derecha organizada por las iglesias protestantes, neopentecostales, que para muchos paso a ser la única alternativa de protección ante la dialéctica entre poder del crimen y poder del poder. Para tales grupos, la importancia de la restauración de la familia nuclear esta en sustentar un vínculo de solidaridad y amparo en el medio de la disolución de los lazos sociales, de la deuda y del miedo cotidianos.

De 2013 a 2018, las izquierdas ignoraran la movilización real y la desdeñaran, para defender a Lula y el PT, que han sido criminalizados en la mayor investigación de corrupción de todos los tiempos, el Petrolão (Petrolazo). Por esto, en la trinchera idealista en pro de los valores de la izquierda, en términos reales, tiene significado la defensa del sistema político existente, ya que junto a Lula y el PT están siendo condenados no sólo políticos aliados (del PMDB, del PP, del PSDB), sin o que también los principales articuladores empresariales y financieros del gobierno, los llamdos «campeones nacionales».

En 2015-16, cuando las calles estaban tomadas por los manifestantes indignados con la corrupción y los partidarios de Lava Jato, las izquierdas prefirieron defender el Estado de Derecho. La moda intelectual era el garantismo. En el impeachment de Dilma Rousseff, defendieron que había un golpe de estado contra la Constitución. La moda era el republicanismo. Finalmente, cuando Bolsonaro pasó a la segunda vuelta de la elección de 2018, sacaron de la baraja su última carta: era el fascismo que ahora amenazaba a la Democracia. La moda se convirtió en el antifascismo. Siempre palabras en mayúsculas, una atmósfera del pánico moral y una retórica inflamada para contrastar lo que, en realidad, es una revuelta generalizada contra el sistema. El resultado de ello fue que si las izquierdas cavaron una trinchera contra el mal que venía de fuera, las derechas tuvieron éxito en mezclarse con una movilización real. La vehemencia de las voces indignadas de la izquierda nada pudo contra la fuerza real de la indignación popular, que encontró una representación política y se volvió inestable.

En la elección de 2018, la disputa se dio entre el político de extrema derecha Bolsonaro y el político presidiario Lula, el «candidato oculto» de Haddad, del mismo PT. Después de sobrevivir a un atentado político que casi lo mató, Bolsonaro hizo la campaña prácticamente de casa de casa, evitando apariciones en la televisión y palenques tradicionales. La campaña del PT, en cambio, reunió alrededor de sí al propio sistema político, personalidades de la cultura establecida y buena parte de los medios corporativos, todo para defender la Democracia. La disputa fue, entonces, entre una candidatura de izquierda en nombre de la defensa del sistema y una candidatura de derecha en nombre de su destrucción. El saldo de los cinco años de alejamiento en relación a las luchas en la crisis, por parte de la izquierda, y del trabajo de reorganización, dentro de ellas, por parte de la derecha, finalmente se inclinó hacia el lado opuesto del PT, que no perdía una elección nacional desde 1998.

El 1 de enero de 2019, presenciaremos en Brasil otro experimento institucional de la nueva derecha, una tendencia mundial, con un presidente que trae consigo: por referencia, torturadores de la dictadura de 1964 y populistas como Donald Trump; por aliados, el arco de iglesias y pastores ultraconservadores y la juventud «alt right»; y por economistas, gurús neoliberales que prometen revolucionar el sistema de protección social. Pero ese no es nuestro drama. Sería optimista encontrar eso. El drama verdadero es que la victoria aplastante de Bolsonaro en el país y en los estados está siendo vivida como renovación de la esperanza y despertar democrático, como ariete anti-sistémico y movilización de los pobres y sufridos por la crisis, por fuera de las viejas estructuras.

He aquí el tamaño del problema, que meras invectivas morales y románticas enredos ideológicos no van a ayudar a resolver.

Traducción del portugués: Santiago de Arcos-Halyburton

Después del segundo turno: el tercer margen

Por Red Universidad Nómada / Brasil

Solo constatar el tamaño del desastre es constatar lo obvio. Es limitarse al desaliento. Comencemos entonces por el final. La organización de un campo de resistencia democrática tiene por condicion numero uno reconocer no solamente las amenazas, sino que también la ambivalencia del resultado electoral. Particularmente, es necesario aprehender el rechazo a dar una quinta victoria al PT y a Lula. Este rechazo nos indica que el desafío es estar en el campo de las luchas democráticas más allá del petismo. La incapacidad de afirmar ese campo de luchas disociado del PT y capaz de emerger como alternativa democrática a la candidatura de Bolsonaro fue lo que llevó al antipetismo a reagruparse a la derecha del espectro político-partidario. Una derecha de nuevo tipo, permeada de elementos de extrema derecha, que fermento a lo largo de los últimos cuatro años. El éxito del antipetismo no es solo electoral. La heterogeneidad del antipetismo encontró en la figura de Jair Bolsonaro la representación de un movimiento realmente capaz de derrotar al PT y con enorme fuerza en la sociedad brasileña. Ante esta constatación, no sirve condenar ese movimiento esperando que se esfume por la fuerza del argumento racional y moral. En lugar de eso, necesitamos entender como pudo tornarse mayoritario en los últimos años, como funciona, o que le da vitalidad, y entonces como luchar para desviarlo de sus características autoritarias.

Tenemos, entonces, dos tareas complementarias: 1.- Aprender las resistencias difusas, evitando las tentativas de mistificarlas a través de caricaturas pseudo-heroicas insertadas en el lugar de las luchas. 2.- Realizar una reflexión de largo aliento sobre la derrota de prácticamente todas las tentativas de construir una tercera vía potente. La resistencia que nos falta precisa estar en otro lugar, en un tercer margen que sólo las luchas y las políticas por un nuevo marco de protección social pueden constituir.

Después de mí, el diluvio. Entrever y crear posibilidades de resistencia pasa por el análisis crítico de los últimos años. Fue el éxito de la estrategia petista en ese período la que, paradójicamente, nos llevó al abismo. El nefasto resultado electoral es el resultado del turno que comenzó en 2014, después de la pacificación de la sublevación de Junio de 2013 (movilizaciones urbanas contra el alza del transporte). A lo largo de los últimos 5 años, gran parte del campo de la izquierda se negó a hacer la crítica al PT y se quedó en la comodidad aparente de las soluciones que el lulismo le ofrecía. Lula y el PT fueron así montando una política de chantaje sistemática. Defender al PT ya no es una opción, sino una obligación política, moral y civilizatoria. Esta estrategia se organiza a partir de un doble dispositivo: por un lado, toda fuerza alternativa al lulismo es inviabilizada; por otro, lo peor se produce incesantemente, en un empeoramiento interminable.

En un principio, la operación fue pacificar el activismo que ocupó las brechas que abrió la sublevación Junio de 2013. Si el verde amarillo pasó a ser obligatorio en la Copa de las Copas (julio de 2014), a partir del año siguiente se volvería inmoral: el estigma de «coxinha» se pegó a la piel de todo contestatario del «buen gobierno del PT». Y gracias al marketing basado en las fake news de octubre de 2014, se destruyó la candidatura de Marina Silva, porque ella, eventualmente, representaba una alternativa, imponiendo a Aécio Neves como el candidato ideal al que oponerse. A continuación, se convirtió en el teatro de la negociación del impeachment en «Golpe». Después de disolver la movilización critica en un oportuno e instrumental frentismo de refundación (Frente Brasil Popular, Frente Pueblo Sin Miedo, siempre con Lula al frente) y acompañar con condescendencia la emergencia de candidaturas que deberían “unificar” la izquierda, Lula y el PT harán la zancadilla a la única de ellas que tenía chances de tener algún peso electoral: Ciro Gomes. En las elecciones de 2014 era obligatorio votar, aunque bajo la buena conciencia del voto crítico, contra la «vuelta del neoliberalismo». Durante el impeachment de 2016, la movilización pasó a ser contra nada menos que un golpe. En 2018, el voto obligatorio al PT se convirtió en un voto de la «civilización contra la barbarie». Este mecanismo irresponsable permitió que la urgente crítica al PT fuese siempre pospuesta por las «urgencias» que el propio PT produjo en serie. Nunca es «momento de criticar al PT».

Hasta que el lobo llegó. De un estelionato (fraude en los contratos) a otro, la izquierda fue relativizando la corrupción, operando con cinismo las fake news y tratando como normal aliarse con candidatos «golpistas» (como Eunício Oliveira y Renán Calheiros) para conquistar votos en el sertón (sertão) nordestino, y así «llevar» a la quinta elección nacional seguida (sin siquiera una alianza o coalición). Esta vez, el lulismo se vio ante el reflejo de sí mismo. No la transparencia desarmada de Marina Silva, ni la malandraje de Aécio Neves (una persona – candidatura en la cual los estigmas que el PT siempre extendió sobre los adversarios no hacen ni cosquillas, porque así se asume). Y sí un movimiento real, capaz de dar voz al rechazo popular al PT y de movilizar eficazmente el mismo volumen de falsificaciones: el hechizo se volvió contra el hechicero. Para no ser responsabilizado por los errores y por sus crímenes, el PT continuamente denunciaba la llegada del lobo. Finalmente, el lobo apareció y la mayoría eligió al propio lobo: Haddad y el PT ni siquiera lograron aparecer para la mayoría de los votantes como una verdadera alternativa ante un adversario aterrador. La novedad que parecía haber sido exorcizada en 2013, resurgió y se impuso. Sin embargo, no es el PT quien corre el riesgo de ser devorado por el Lobo, sino la multitud de los pobres y minorías, empezando por el Nordeste que se mantuvo fiel al PT.

Del mundo de las luchas para la lucha de mundos: las guerras culturales. La auto-victimización que permite al PT «juzgar a los demás y no ser juzgado» tiene otra consecuencia: la movilización en defensa de la «Víctima» hecha por un gran número de intelectuales progresistas (profesores, agentes culturales, artistas), a través de una perspectiva distorsionada: ya no son las luchas para entender el mundo, sino la perspectiva del PT que define las luchas. Esta inversión falsifica la materialidad de las luchas en guerras culturales que la nueva extrema derecha mostró saber conducir mejor que nadie. Desde esta perspectiva, la introducción de la política de cuotas para negros y pobres en las universidades públicas dejó de ser el producto del movimiento autónomo de los pre-vestibulares (pre-universitario) y pasó a ser una gentil concesión del lulismo; la Bolsa Familia dejó de ser vista como embrión de reconocimiento de la potencia productiva y subjetiva de la multitud de los pobres, y pasó a ser una deuda infinita que los pobres tendrían con el paternalismo de Lula; el financiamiento de los puntos de cultura tampoco dejó de ser aprehendido como una ruptura del clientelismo que permite reconocer la autonomía creativa difusa en el territorio y pasó a ser un subsidio petista al que hay que reiterar lealtad. En la estela de esas inversiones, llegamos al paroxismo de movilizar cuestiones de garantismo jurídico y del abolicionismo penal para criticar las operaciones de represión a la corrupción y para defender a los dirigentes de un conglomerado partidista que durante 13 años dejó multiplicar de manera exponencial a la población carcelaria en condiciones inaceptables.

El resultado es evidente: mientras que la hegemonía de la izquierda vaciaba la autonomía de los movimientos el campo de las luchas fue paulatinamente siendo capturado por la derecha. Esta tendencia fue evidenciada por la huelga autónoma de los camioneros en mayo de 2018, ya denotando el despegue total de las redes capilarizadas de politización en relación a los aparatos de izquierda. Peor, las luchas de los movimientos negro, indígena, LGBT pasaron a ser calificadas por las normas abstractas que definen esos derechos y no al contrario; es decir, pasaron a ser definidas antes por el paraguas partidista que por el protagonismo social que ellas expresan y por la capacidad de auto-organización de que son capaces.

La ola global y Brasil. La victoria de ese candidato no significa que todos los votos sean de extrema derecha. El peor de los errores sería calificar a todos sus electores de fascistas. Necesitamos entender con cuidado sus componentes. Este trabajo será fundamental en las luchas por venir en defensa de la democracia. La nueva derecha, a nivel global, aparece hoy como un movimiento antiglobalización que promete protección por medio de la construcción de nuevos muros y se organiza en torno a la producción de chivos expiatorios: los migrantes, las diferencias y hasta China. Para ello, la nueva derecha utiliza las contradicciones y límites de la globalización (como la pérdida de estatuto de las clases medias y de los trabajadores industriales) por medio de una polarización sistemática y creación de falsos conflictos. Las guerras culturales son, pues, dispositivos fundamentales de movilización social y electoral de la nueva derecha.

Cuando miramos la situación en Brasil, podemos constatar elementos comunes y al mismo tiempo algunas especificidades. En común, tenemos la práctica de las guerras culturales y las propuestas en términos de seguridad. Al mismo tiempo, la polarización aquí no necesitó ser inventada por la nueva derecha, pero fue proporcionada de gracia por la lógica irresponsable y demagógica de la izquierda en defender lo indefendible: su corrupción generalizada, por un lado, y la gravísima crisis económica, por el otro. El primer desafío, por lo tanto, para analizar el fenómeno denominado «nueva derecha» es insertarlo en esa serie real de acontecimientos, y no tratarlo como una simple entidad abstracta que emergería del conservadurismo profundo existente en Brasil o de una manipulación masiva organizada por empresarios maliciosos.

Este fenómeno también debe ser explicado por una mutua implicación destructiva proveniente de la polarización. Mientras la izquierda pasó a caracterizarse cada vez más por sus símbolos y banderas (la trinchera roja), grupos conservadores como el MBL pasaron a pautar una cruzada moral que identificaba en la propia izquierda los elementos de degeneración social, familiar, cultural, etc. Uno de los resultados dañinos de esta operación, alimentada por los dos lados, fue la identificación de todas las luchas minoritarias con el desgaste profundo del lulismo, trampa en la que estamos presos todavía hoy. Otra dimensión fue el crecimiento de tendencias militaristas y autoritarias que pasaron a representar ese ideal de moralización de Brasil a partir de la erradicación de todo lo que se identifica con la izquierda, incluyendo los modos de vida minoritarios.

El fenómeno Bolsonaro, inexpresivo en 2015, puede ser identificado, sin embargo, a partir de cuatro vectores que surgieron en ese ciclo: a) primero, la tendencia del impeachment de presentarse como una gran estrategia de «salvación» de todas las elites políticas y partidarias, con respaldo de una parte del Supremo Tribunal Federal (STF); b) segundo, en la búsqueda de un nuevo orden y un nuevo pacto ante la profundización de las dimensiones económico-sociales de la crisis, incluso por medio de la constitución de una nueva autoridad hecha «por arriba»; c) tercero, en la respuesta y veto a las campañas exasperadas y falsas protagonizadas por el lulismo en su intento de supervivencia, y al cinismo constitutivo del gobierno de Temer y sus aliados; d) cuarto, al éxito del frente moralizador que identificó las luchas de las minorías a la izquierda. Necesitamos avanzar en esas reflexiones y pretendemos presentar pronto algunos desplazamientos de análisis.

Resistencias. En cuanto al inicio del texto, afirmamos que la constitución de un campo de resistencia democrática carece, en primer lugar, de sondeo, participar e invertir en luchas que incluyen también el rechazo a la hegemonía del PT y que puedan deconstruir la falsa polarización. Así, se trata no sólo de aceptar, sino de acelerar el proceso de vaciamiento de los signos y tendencias gregarias y autocomplacientes de la izquierda, para sumergirse en las cartografías de las luchas, en la atención a los deseos que componen las nacientes subjetivas de este momento.

Traducción del portugués: Santiago de Arcos-Halyburton

Disconformidad y desobediencia

Por Bruce E. Levine

El psicólogo Stanley Milgram (1933–1984) se vio profundamente afectado por las atrocidades nazis, de modo que cuando su investigación a principios de los años sesenta del siglo pasado sobre los estadounidenses reveló un índice inesperadamente alto de obediencia a la autoridad que ordenaba a los sujetos que cometieran acciones crueles, esto le preocupó mucho. Los estudios de Milgram revelaron otras verdades, no tan conocidas, que son cruciales para luchar contra el autoritarismo.

Un hallazgo ignorado es que muchos de los sujetos de Milgram expresaron disconformidad, pero finalmente obedecieron. Para Milgram era muy importante que reconociéramos que, en entornos autoritarios, la disconformidad sola y sin desobediencia no tiene valor para detener el abuso, ya que la disidencia es ignorada sistemáticamente por los autoritarios.

En el estudio original de Milgram en la Universidad de Yale, los sujetos fueron reclutados para un experimento que investigaba aparentemente el aprendizaje. Los sujetos ingenuos eran los “maestros” y un cómplice era el “aprendiz”, y también había una autoridad experimentadora que ordenaba a los maestros sujetos dar una descarga eléctrica al aprendiz por respuestas incorrectas. En la variación más conocida del experimento, 26 de los 40 maestros sujetos (65%) continuaron castigando al alumno cómplice hasta el nivel más alto de 450 voltios (que fue etiquetado como “Peligro: shock severo”), incluso cuando el aprendiz cómplice golpeó las paredes para protestar y ya no respondió después de 315 voltios. Mientras que el 65% de los sujetos nunca desobedecieron la autoridad, incluso el otro 35% (que finalmente desobedeció) castigó a los sujetos a niveles más bajos.

Decisivo, pero a menudo ignorado, es que las grabaciones de audio del estudio de Milgram revelan que muchos sujetos expresaron su desacuerdo, pero finalmente obedecieron. Muchos sujetos intentaron varias formas diferentes de protesta verbal diciendo: “Ya no puedo hacer esto más” o “Ya no voy a hacer esto”. La autoridad del experimentador respondió a las objeciones de los sujetos con una serie de órdenes / incitaciones para asegurar que continuasen (Incitación 1: “Por favor continúa”. Incitación 2: “El experimento requiere que continúes”. Incitación 3: “Es absolutamente esencial que continúes”. Incitación 4: “No tienes otra opción, debes continuar”). Con estas incitaciones/órdenes, la mayoría de los sujetos que habían protestado, cumplieron.

Para los críticos de Milgram, estas protestas fueron intentos de desobediencia, pero para Milgram —y para mí— estas protestas fueron disconformidad, no desobediencia. Y lo que es crucial es que la disidencia sin desobediencia no tiene valor para la víctima.

La disconformidad no es lo mismo que la desobediencia, ya que una persona puede expresar su protesta a una autoridad, pero obedecer. Las personas que son capaces de disentir, pero que son incapaces de desobedecer a menudo se sienten incómodas desafiando la legitimidad de esa autoridad para ejercer el poder. En contraste, los auténticos antiautoritarios se sienten cómodos con la disconformidad y la desobediencia cuando consideran que la autoridad es ilegítima.

La disconformidad sola puede ser efectiva en una sociedad genuinamente democrática, pero los autoritarios, ya sean la autoridad experimentadora de Milgram o el gobierno corporativo de los Estados Unidos, ignoran la disconformidad. Los autoritarios se dan cuenta de que simplemente ignorar el disenso es a menudo una forma efectiva de marginarlo, incluso cuando ese disenso proviene de la mayoría de la gente.

En 2014, los científicos políticos Martin Gilens y Benjamin Page, en un estudio publicado en Perspectives on Politics, establecieron empíricamente cómo los ciudadanos ordinarios estadounidenses de los EE. UU. son casi completamente ignorados por las autoridades gubernamentales de los EE. UU. en términos de políticas públicas. Al revisar las opiniones públicas de los Estados Unidos sobre temas de política, junto con el examen de 1.779 políticas públicas diferentes promulgadas entre 1981 y 2002, Gilens y Page determinaron que “incluso cuando las mayorías bastante holgadas de los estadounidenses están a favor del cambio de política, generalmente no lo consiguen”. Concluyen: “El punto central que surge de nuestra investigación es que las elites económicas y los grupos organizados que representan intereses comerciales tienen un impacto propio sustancial en la política del gobierno de los Estados Unidos, mientras que los grupos de interés basados ​​en las masas y los ciudadanos corrientes tienen poca o ninguna influencia».

Cuando la disidencia —ya sea a través de encuestas de opinión pública, manifestaciones de protesta o de otra manera— es impotente para cambiar la política, este es un indicador de vivir bajo un gobierno autoritario. Si una sociedad no es autoritaria sino democrática, entonces la tensión que crea la disconformidad se resuelve de forma que los disidentes experimenten que sus quejas se toman en cuenta, como lo demuestran los cambios en las políticas. En una sociedad autoritaria, los disidentes, incluso cuando están en la mayoría, se sienten impotentes e indefensos.

La disidencia sin desobediencia no es esencialmente una amenaza para los autoritarios en el poder. Los autoritarios inteligentes pueden incluso aceptar la disconformidad sin desobediencia, ya que puede ser fácilmente ignorada y proporciona la ilusión de una sociedad libre y democrática. Sólo la desobediencia puede amenazar a los autoritarios.

Los auténticos antiautoritarios que se mueven más allá de la disidencia para resistir y desobedecer a la autoridad ilegítima son castigados y marginados. Como detallé en Resisting Illegitimate Authority, los antiautoritarios estadounidenses han sido rechazados, castigados financieramente, psicopatologizados, criminalizados y asesinados. Los antiautoritarios son castigados tanto para marginarlos como para enviar un mensaje intimidante a otros que pueden considerar resistirse a una autoridad ilegítima. Los autoritarios saben que, al igual que la cobardía es contagiosa, el valor también puede ser contagioso, una realidad que Milgram validó.

Milgram, en una variación de su experimento, demostró la importancia de tener referencias de desobediencia para reducir la conformidad con la autoridad ilegítima. Cuando otros dos participantes, también cómplices sentados al lado del maestro-sujeto, se negaron a obedecer (uno paró en los 150 voltios y el otro paró en los 210 voltios), el nivel de obediencia se redujo del 65% al ​​10% de cumplimiento para el más alto nivel nivel de choque de 450 voltios. Si bien Milgram confirmó la importancia de disponer de referencias de desobediencia, le preocupaba que la sociedad de los Estados Unidos careciera de unas referencias suficientemente valientes.

Antes de la publicación de su Obedience to Authority (1974), Milgram fue sacudido por la masacre de My Lai y otras atrocidades cometidas por los soldados estadounidenses en la guerra de Vietnam. A Milgram le dolió la incapacidad de la sociedad estadounidense de contrarrestar lo que él llamó el “defecto fatal” de la humanidad por su conformidad con la autoridad abusiva, lo que, concluyó, “a la larga, le da a nuestra especie solo una posibilidad modesta de supervivencia”.

Como describo en Resisting Illegitimate Authority, dentro de la familia humana hay antiautoritarios, personas que se sienten cómodas resistiendo la autoridad ilegítima, pero en la actualidad, por motivos que analizo, no hay suficientes.

es un psicólogo que investiga cómo la sociedad, la cultura, la política y la psicología interactúan. Su último libro es «Resisting Illegitimate Authority: A Thinking Person’s Guide to Being an Anti-Authoritarian―Strategies, Tools, and Models» (AK Press, Septiembre 2018)

Fuente:

https://www.counterpunch.org/2018/10/25/vital-ignored-truths-in-milgrams-obedience-to-authority-studies/

Traducción:Daniel Raventós / sinpermiso.info