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En una conversación pandémica, mediada por la distancia y facilitada por la comunicación virtual, la teórica crítica Nancy Fraser, feminista y marxista no ortodoxa, expuso su visión sobre la crisis general del sistema en que vivimos a nivel global y su idea de una alternativa contrahegemónica en la alianza entre las luchas por la emancipación -feministas, antirracistas, LGBTIQ+, entre otras- y por la “protección social” -más ancladas en la cuestión de clase- que podrían derivar en un “populismo de izquierda” que pueda poner un límite a la voracidad caníbal del capitalismo actual. Una mirada lúcida y entusiasta que abre horizontes cuando todo parece estar cerrado.

Por Micaela Cuesta y Marta Dillon para Página 12

Como una puesta en escena perfecta de las transformaciones a las que nos adaptamos durante la pandemia global de COVID-19, Nancy Fraser, la teórica crítica y profesora de Filosofía y Política en la New School for Social Research de Nueva York, “estuvo” en el Centro Cultural Kirchner el 22 de octubre a través de una pantalla gigante. Sólo se pudo ver su rostro, pero su amabilidad y generosidad para pensar en conjunto a pesar de las distancias estuvo bien presente. Esta intelectual lúcida y crítica del capitalismo, al que ya había descripto en “crisis general” en su libro Contrahegemonía ya (Siglo XXI, 2019), marxista no ortodoxa y feminista, tiene la capacidad no sólo de analizar la sociedad, sino también de abrir puntos de fuga, líneas de acción que permitan abrir un horizonte que las condiciones sanitarias del último tiempo parecen cerrar en desencanto. Nacida en Baltimore apenas terminada la Segunda Guerra Mundial, Fraser vivió la segregación racial, participó de los movimientos antibélicos y militó el feminismo cuyas preguntas son motor de su trabajo. Feliz de estar viva en esta época, según sus propias palabras, “la más interesante desde los años 60”, Fraser dialogó, en el marco del Proyecto Ballena, con Marta Dillon -periodista de este diario- y Micaela Cuesta -socióloga y doctora en Ciencias Sociales (UBA)-, para ofrecer diagnósticos y proyecciones para que esta crisis sistémica del capitalismo pueda convertirse en oportunidad para organizar una vida más justa, más vivible, en y con la Tierra. Lo que sigue es la transcripción de esa conversación pandémica en la que pueden haberse extrañado los cuerpos, pero no las ideas.

—Marta Dillon: Usted en “Contra hegemonía ya” exponía una crisis general del capitalismo, una crisis ecológica, de reproducción, ligada también al racismo expropiador, política y económica. Todo esto que usted describe, en la pandemia quedó expuesto de una manera exponencial. Sin embargo, contra esa crisis, usted ve una posibilidad de agencia en la alianza entre movimientos sociales que luchan tanto por la emancipación y el reconocimiento como por la “protección social”, según su definición. ¿Cómo queda esta idea de contrahegemonía después de la pandemia? ¿Cómo quedan las fuerzas de los activismos con la sobrecarga de los cuerpos que efectivamente estuvieron sosteniendo la vida en común durante la pandemia?

—Nancy Fraser: Quiero subrayar exactamente lo que dijiste: la crisis del COVID-19 lo único que hizo fue, de una manera casi perversa, revelar un montón de cosas que quizás no eran tan visibles en décadas anteriores, pero que en cierta forma se unieron para revelarse. Se revelaron todas las disfunciones, las injusticias, las crisis, las dificultades. Hay una crisis absolutamente generalizada, una crisis del planeta, una crisis de la humanidad y sí, una crisis de los lazos políticos. Yo creo que lo que hizo justamente la pandemia es ayudarnos a reubicar nuestras reflexiones. Nuestras reflexiones sobre la injusticia, nuestras reflexiones sobre la irracionalidad del mundo. Pero sobre todo, nos ayudó a reubicarlas en un marco más amplio. Yo quiero que quede claro que no alcanza con decir que la pandemia expuso la importancia de la reproducción social, la importancia de las estructuras de género, la importancia de las disparidades raciales que existían ni tampoco justamente la exposición racializada a la infección y a la muerte. No alcanza, hay que ir un paso más. Porque todo está basado en el sistema social existente, en mi punto de vista del capitalismo, todo surge de ahí. Esa es la raíz de todos estos problemas y el capitalismo es el que causó el virus en primer lugar. Por la destrucción del planeta, por la deforestación, por la emisión de gases de efecto invernadero que generan el calentamiento global. Entonces todo esto está causado por el capitalismo. El capitalismo hizo que los murciélagos estuvieran en contacto con los pangolines y los pangolines con nosotros. Que fue como se terminó transmitiendo el virus a los humanos. Al mismo tiempo que sucede esto, estamos hablando de cuarenta años de neoliberalismo. Cuarenta años de neoliberalismo que debilitaron las capacidades públicas para controlar la pandemia, que justamente ese mismo neoliberalismo creó. Y que se negaron a prevenir una enorme cantidad de muertes. Sin embargo, el neoliberalismo al mismo tiempo presiona a los Estados a desinvertir. A desinvertir en estructuras de salud pública, a privatizar todas las cadenas de suministro y ponerlas en manos de las megacorporaciones. Megacorporaciones que tienen cero intereses en el bien común, el bien público y que solamente buscan la ganancia. Esto se ve claramente reflejado en la negativa a transferir las patentes y la tecnología para las vacunas.

El sistema entonces, el capitalismo, creó el virus, socava las capacidades de lidiar con una crisis como la de la pandemia y, obviamente, la crisis de las actividades de cuidado, que con los confinamientos y las cuarentenas recayeron en las casas de las personas y sobre todo en las manos de las mujeres. Todas las tareas de reproducción social en manos de las mujeres y en poblaciones racionalizadas, y también en aquellas personas pobres que se vieron aún más afectadas por las muertes y la exposición al virus.

Yo creo que la pandemia es una lección perfecta de teoría social, digamos, de todas las teorías sociales que hemos desarrollado se ven de manera perfecta gracias a la pandemia. Vemos todas las dimensiones de la irracionalidad, todas las dimensiones de la injusticia que existe.

—M. D.: Pero entonces, ¿qué se hace dentro de la práctica política? ¿Y qué sería el activismo post pandemia?

—N. F.: Yo dudo en utilizar la palabra post pandemia. Todavía me parece que no hay un post. Creo que tenemos que, más que nada, hablar de activismo durante la pandemia. No queda claro si todavía ha terminado y me parece que no todas las personas, por supuesto, enfrentan los mismos riesgos. Pero me parece que el punto de partida común, para un activismo, debe ser que siempre se vea bajo la lente de que la crisis es del sistema en su totalidad. No es una crisis ecológica, no es una crisis social, no es una crisis racial. No son crisis solas, aisladas o desconectadas. Es todo parte del mismo sistema que está en crisis. Obviamente, diferentes personas tendrán diferentes inquietudes, algunas van a considerar puntos más existenciales y otros no los consideran tan importantes, pero todas las luchas tienen que verse desde esta lente de la crisis más global del capitalismo. Y así es como se genera esta contrahegemonía, este contrasentido común, estas contra-tendencias. Con la capacidad de realmente imaginar una alternativa contrahegemónica.

—M. D.: Creo que los feminismos, por lo menos en el sur, tienen esa capacidad de narrar y de activar en un sentido amplio. De narrar las inequidades económicas y disputarlas, por ejemplo, a través de la herramienta de la huelga feminista que también tuvo la capacidad de interconectar diversas luchas, no sólo de reconocimiento o de Justicia, también de distribución del trabajo y la riqueza. La pregunta es ¿cómo, en este momento en que las fronteras entre el norte global y el sur global se hicieron también sanitarias, más visibles y fuertes, podemos dialogar entre los activismos y las luchas sociales entre norte y sur sin caer en diálogos colonialistas?

—N. F.: Estoy totalmente de acuerdo en esta división que existe entre los feminismos del sur global y del norte, absolutamente, y creo que, de hecho, los feminismos del sur están muchísimo más adelantados, porque tienen esta historia de colonialismo y de post imperialismo sobre sus espaldas, así que sin duda están mucho más adelantados. Me parece que, en el sur global, las mujeres han, no solamente tenido que soportar los daños a causa de su género, sino que está como todo agrupado también con daños producidos por su clase social, por su situación de, por ejemplo, campesinas o campesinos, por ser personas racializadas. Entonces llevan esta historia sobre sus espaldas y juntos generan esa fortaleza de los feminismos del sur global. Yo, desde Estados Unidos, puedo decir que conozco esta especie de feminismo aprobado por los medios de comunicación masiva, como estos feminismos, progresistas y liberales de Estados Unidos. Que son algunos de los feminismos del norte. Que yo creo que deberían aprender, tienen mucho que aprender de los feminismos del sur, y esto está claramente explicado en mi libro “Feminismo para el 99%, no para el 1%”. Se les pide mucho a los feminismos, sí. Además, con respecto a lo de si se les pide demasiado a los feminismos en el sur, creo que sí, pero que esas demandas de ser capaces de conectar con todos los sectores están planteadas también a los ecologistas radicales, al Movimiento Black Lives Matter, a los sindicatos. Yo les pido lo mismo y me parece que sí, que es mucho, que es muy difícil, pero creo que no nos queda alternativa como movimiento y si no, vamos muertos.

—Micaela Cuesta: Quisiera aprovechar también esta reflexión en torno a la pandemia, de cara al saldo que la pandemia deja. Pienso en decrecimiento económico, aumento de la pobreza y, al menos en Argentina, de reñida negociación de la deuda. Frente a esta coyuntura actual, se vuelve a hablar de la posibilidad de la implementación de la renta básica universal o del salario universal. Hay quienes sostienen que así se daría una solución extensa a una masa cada vez mayor de empobrecidos. Pero también quienes creen que implementarla sin discutir el origen de la riqueza o la fuente de financiación de esa misma renta sería hacerle el juego al capital, para decirlo rápido. Un segundo modo de ese dilema sería entre quienes creen que supondría un reconocimiento a los trabajadores precarizados y quienes creen que implementar el salario básico universal supondría precarizar aún más. ¿Cómo se podría imaginar una salida o una alternativa a este dilema?

—N. F.: Creo que lo importante es que la discusión sobre el salario universal tiene que estar dentro de una discusión más amplia. Y si lo que queremos construir es una alianza contrahegemónica más amplia, tenemos que siempre pensar en esta perspectiva, saber que el problema está en el sistema. Se hablaba en una época de “reformas no reformistas”. André Gorz hablaba de las reformas no reformistas. Es decir, son reformas que abren puertas. Esas son las reformas que queremos. Que abren puertas a condiciones materiales para después demandar mejores condiciones. Para mí ese es el marco, al menos para evaluar el salario básico universal. En Estados Unidos se están dando discusiones similares, pero me parece muy importante hablar de en qué contextos se llevan a cabo esas discusiones. Eso me parece lo más importante. ¿Están en el marco de otras reformas o están aisladas? Porque si son discusiones muy aisladas, el cambio no va a ser realmente radical y va a terminar funcionando como un subsidio a los salarios bajos simplemente. Entonces va a perpetuar, probablemente, los salarios bajos. Tiene que funcionar como puerta. También depende de qué impuestos se está sacando ese dinero para llevar a cabo la renta básica universal. Si se está distribuyendo entre la clase trabajadora, entre los que ganan un poquito y les dan a los que ganan menos, o si realmente está viniendo de un impuesto a la riqueza. Es completamente diferente en la discusión. Y también si esa renta básica es generosa, digamos, ¿es una renta suficiente para que esa persona pueda demandar mejores condiciones o solamente funciona como un subsidio? Vos me preguntabas cuál es la alternativa a este dilema. La alternativa son los bienes públicos, los bienes comunes. La gente no debería salir a comprar con esa renta básica un seguro médico o un alojamiento o una casa. Ahí se tiene que cambiar la discusión. En Estados Unidos, quizás no se está hablando tanto de renta básica, sino de, por ejemplo, la licencia por ma/paternidad. Los bienes públicos son para mí la lente, o sea, la solución ante la cual hay que ver esto. En Argentina, no lo sé específicamente, pero creo que en general lo que tiene que haber es una transición a un nuevo sistema social, donde se cubran estas necesidades básicas, y ante lo cual la solución son estos bienes públicos.

—M. C.: La pandemia nos imposibilitó en un montón de cuestiones, pero sí habilitó la continuidad de cierta “normalidad” en virtud de esta posibilidad de plataformización de la vida. O sea, todo ocurre y pasa por las plataformas. Desde modos de trabajo, de consumo, modos de reclamo, modos de organización. ¿Cómo se reconfigura la esfera pública, una de las instituciones más caras a la democracia, en el contexto de esta digitalización de la comunicación?

—N. F.: Es una pregunta difícil, pero muy interesante. Yo primero debo admitir que no uso redes sociales, soy una de esas extrañas que no usan nada de redes sociales, pero me parece que lo importante aquí es distinguir las posibilidades de estas plataformas. Y qué posibilidades tendrían estas plataformas en otra sociedad. Creo que tendrían un rol completamente diferente si viviéramos en una sociedad diferente. Hay un libro que me gusta mucho de Shoshana Zuboff, “Capitalismo de vigilancia”. En este libro habla de cómo las plataformas obviamente utilizan todo con fines lucrativos y esas plataformas son utilizadas por las corporaciones para solamente aumentar el precio de sus acciones y generar más ganancias. Nosotros pensamos que nos estamos comunicando y nos estamos comunicando, pero a la vez pasa otra cosa. Mientras nos comunicamos, Apple, Facebook y Google están uniéndose para que esa comunicación les genere ganancias. Y por eso crean estos algoritmos que alimentan no solamente en nuestros hábitos de compra, sino también nuestras preferencias políticas. Imagínense una situación donde los algoritmos no estuvieran al servicio de la ganancia. Sería un panorama completamente distinto ¿no? Además, hay que pensar en qué marco económico político se están dando estas redes sociales, digamos en qué marco económico político operan. En el ataque al Capitolio, sin dudas, tuvo un rol fundamental el tema de las redes sociales, pero también podemos decir que las redes sociales tuvieron un rol muy positivo en las imágenes que mostraban a Derek Chauvin apretando su rodilla contra el cuello de George Floyd, lo cual disparó todos los movimientos anti raciales en Estados Unidos y le dio nuevas fuerzas al movimiento Black Lives Matter. O sea, que en realidad va para ambos lados. El punto que quiero decir aquí es que no se puede rediseñar la esfera pública si los medios están controlados por gente que lo único que busca es generar ganancias.

—M. D.: Dentro de esta posible contrahegemonía, de estas alianzas entre movimientos antirracistas, feministas y sindicatos, como mencionó antes. ¿Cómo entra la tierra en tanto no recurso, sino como un agente más en esta crisis? ¿Es una variable que entra dentro de este imaginario de un populismo de izquierda que usted menciona?

—N. F.: Bueno, hay dos partes importantes de esta respuesta, en primer lugar, el tema de la tierra. La tierra es la matriz, es la base de todo, es lo que nos da aire, agua, comida, energía, materia prima, todo lo que se necesita, o sea que no hay nada más fundamental en realidad. El sistema social en el que estamos viviendo, el capitalismo, incentiva a las corporaciones a tomar lo que gusten, a cero costos de manera rápida, de manera barata, a tomar lo que quieran, a tomar la tierra, los minerales, el agua y no tener ninguna responsabilidad de reponer y de reparar lo que dañan. Cuando hablamos de la destrucción del planeta, yo no creo que esto está causado por los humanos en general ni tampoco me gusta hablar del Antropoceno. Yo creo que el monstruo acá, el malo de la película es el capitalismo, sin duda, no es la humanidad en general. La tierra como componente de una coalición política en base a tu pregunta, yo diría que simplemente hay como una miríada de grupos, de partidos, de movimientos que se ocupan de distintas cosas, pero que convergen en este punto. Son indígenas, quizás, contra la generación de gasoductos en sus tierras. Son los feminismos contra la deforestación, por ejemplo, son los movimientos ecológicos contra la pesca ilegal que atenta contra sus medios de subsistencia. Son este tipo de movimientos que convergen. Yo creo que también están esas personas que hacen como un marketing del clima y que en realidad lo único que hacen es favorecer a las corporaciones aún con políticas de descarbonización. Eso me parece que es un camino sin salida, sin duda. Entonces, cuando yo hablo de una contrahegemonía, hablo de corrientes políticas combinadas con feminismo, sindicatos, movimientos campesinos, movimientos anticoloniales, movimientos antirraciales. Que obviamente demandan una mayor importancia otorgada a la reproducción social y en las actividades de cuidado, combinados con los movimientos políticos que protegen la tierra. Es la forma en que yo pienso en una contra hegemonía.

—M. D.: ¿Y cómo describiría este populismo de izquierda, estaría dentro o fuera del capitalismo? ¿Hay un futuro por fuera del capitalismo?

—N. F.: Los populismos de izquierda, para mí, no deberían constituir un punto final. Yo al menos los veo como una etapa de transición hacia otra cosa. Creo que la crisis actual no solamente es una crisis estructural, sino que es una crisis de la hegemonía en general. Lo que sucede es que las personas empiezan a perder confianza en los partidos políticos establecidos. Empiezan a pensar como por fuera del orden normal, empiezan a pensar en alternativas y muchas veces lamentablemente gravitan hacia opciones muy nefastas como populismos de derechas, populismos autoritarios o lo que podemos llamar proto fascismo. Por suerte, los populismos de izquierda también son como una respuesta, una alternativa a esto. Una alternativa sin duda mejor, pero imperfecta. Me parece que les falta a los populismos de izquierda una visión de sociedad alternativa. Me parece que aceptan demasiado el marco nacional establecido y pierden la dimensión global que podrían tener. Mi esperanza es que los populismos de izquierda se transformen en un punto de entrada para gente que está harta, pero que decida entrar a través de ese punto y pensar otra alternativa. La pregunta clave acá me parece que es el nivel de participación y el proceso de aprendizaje que puede emprender una persona que se vuelca hacia un populismo de izquierda. Empezar un proceso de aprendizaje para enfrentar al verdadero enemigo que es el capitalismo, si permite eso, entonces me parecen que son una solución.

Ahora, me parece que hay países donde se abandona el concepto de socialismo, o se está abandonando, y yo la verdad que creo aún hoy que el socialismo continúa siendo un término y una concepción muy positiva. En Estados Unidos hay como una revitalización de este concepto, que nunca hubiera podido predecir, increíble, pero está cobrando un nuevo prestigio nuevamente. Y por suerte, el concepto de socialismo no está tan afectado como el de comunismo, porque hubo un movimiento anticomunista tan fuerte en Estados Unidos que comunismo no es una palabra muy utilizada. Pero más allá del término que se utilice, el populismo de izquierda, como respuesta espontánea, me parece que está bien, que abre posibilidades y que tiene potencial. Pero creo que los populismos de izquierda van a necesitar un poco de ayuda, probablemente de marxistas no ortodoxos y de feministas para poder quizás consolidarse mejor.

—M. D.: Usted también habló que para conseguir esta contrahegemonía habría que sumar a esos ciudadanos y ciudadanas que pendulan entre votar a opciones más democráticas y generar estos líderes populistas de derecha. ¿Con qué lenguaje se habla a quién vota a Bolsonaro o a Trump, o a estos libertarios que aparecieron muy fuertemente durante la pandemia con los discursos antivacuna o anti-medidas de aislamiento, etc.?

—N. F.: Bueno, en primer lugar, me cuesta mucho controlar mi rabia cuando hablo con un antivacunas, pero bueno, cuando saco lo mejor de mí y trato de superar esa rabia y ese enojo que me genera el movimiento antivacunas, trato de entender. Por ejemplo, los votantes de Trump o una gran mayoría de los votantes de Trump tienen quejas idóneas que malinterpretan. Culpan a la gente incorrecta, se enfocan en el punto equivocado, pero hay una queja genuina detrás de todo eso. Entonces, como punto de partida, creo que primero se debe validar el hecho de que nuestro sistema los daña. Y tratar de mostrar una alternativa o simplemente echar luz en aquellos que son realmente los enemigos y que los enemigos no son los musulmanes, no son los afroamericanos, no son los trabajadores migrantes. Sino que los enemigos son Pfizer y Facebook. Pero me parece importante también mencionar que se deben evitar las guerras culturales. Las guerras culturales no llevan a nada y creo que lo que hay que intentar es justamente hablarles como si realmente consideramos posible que se pasen de bando. Por lo menos, hablar desde esa perspectiva. No siempre es posible y puede generar frustraciones, pero se debe pensar desde esa perspectiva.

—M. D.: Me gustaría saber si usted ve alguna oportunidad en esta agudización de la crisis o, por lo menos, en este develamiento de la gran crisis general que trajo la pandemia. ¿Será que finalmente algo puede cambiar?

—N. F.: Absolutamente, estoy totalmente de acuerdo en que hay una oportunidad. Sin duda, me parece que hay muchísimas reformas importantes que surgen con la crisis. De hecho, es lo que siempre ha pasado, las reformas más importantes en la historia surgen una crisis, de gente que se cansa de la mierda de la humanidad. Y entonces va para adelante. Creo que existen oportunidades, justamente que surgen dentro de contextos. Estamos viendo muchísimo activismo, muchísimo surgimiento de los activismos, aún en el contexto pandémico, donde esto podía ser peligroso. Obviamente hay que tratar de evitar la desconexión de estos movimientos, la fragmentación en los diferentes espacios, que son cosas que pueden suceder en estos contextos. Pero a eso es a lo que se apunta y, para mí, si bien da miedo a veces pensar en el contexto, yo creo que estos son los tiempos más interesantes que se han vivido en la humanidad desde los años 60, así que estoy muy contenta de estar viva en esta época.

*Por Micaela Cuesta y Marta Dillon para Página 12 / Imagen de portada: Miguel Varela Pose.

Libro que reflexiona el devenir del marxismo latinoamericano a partir del pensamiento de Aníbal Quijano, Enrique Dussel, René Zavaleta Mercado y Álvaro García Linera

Por J. Fabian Cabaluz y Tomás Torres López

En rigor, se trata de un libro que visibiliza la potencia política y epistemológica del marxismo latinoamericano. Los temas que trata son, en toda línea, muy importantes para comprender en su profundidad los eventos que suceden en la región desde hace varias décadas atrás a partir de los marxismos formados y proyectados desde y para America Latina. El marxismo en la región no es una caja de resonancia de los marxismos europeos o simplemente una sucursal local del marxismo en general. America Latina y sus luchas generaron varias generaciones de marxistas con un pensamiento propio y a la vez desafiante; en esta ocasión los autores, Fabián Cabaluz y Tomás Torrez,analizan una generación de marxistas que es paralela y, en cierta forma, posterior a los teóricos de la dependencia, cuyos alcances son abordados a luz de los desafíos del presente.

Prólogo de Michael Löwy.

Leer libro completo [PDF]

Por Dimitris Fasfalis 

Fuente: https://blogs.mediapart.fr/edition/fragments-de-marx/article/221021/marx-historien-de-la-violence-detat

Traducción:Enrique García / sinpermiso.info

Por Decio Machado (1)

Publicado en el libro «Ciudades Capitales en América Latina: capitalizad y autonomía»

Este texto parte de un recorrido histórico, con cierto nivel de detalle, que permite comprender el largo y complejo recorrido que han tenido que vivir las reivindicaciones autonomistas de los pueblos que conforman la actual España hasta la implementación de su actual sistema democrático.

El actual modelo autonómico que rige en España es resultado de las tensas negociaciones que tuvieron lugar durante su último proceso constituyente, el cual se desarrolló tras la muerte del general Francisco Franco y la vuelta a la democracia a la Península Ibérica.

Pese a que las actuales tensiones que se viven en Cataluña son la demostración que el modelo autónomo español muestra claros signos de agotamiento, lo cual implica su necesidad actualización o incluso de regeneración a través de un nuevo proceso constituyente que ponga el foco más en lógicas federalistas que autonómicas. Sin embargo, la experiencia español ha sido y sigue siendo observada como referente en distintos países de nuestra América Latina.

Es por ello que en el marco de construcción de un nuevo constitucionalismo latinoamericano, ubicado especialmente en la región andina, el estado de las autonomías construido en España ha servido de base para la implementación de modelo de descentralización política y territorial. 

Las limitaciones que hoy atraviesan los procesos sin culminar de descentralización y autonomía en Bolivia y Ecuador, llevan a la reflexión sobre la necesidad de generar un nuevo impulso autonomista en la región, el cual debe permitirnos seguir avanzando en lógicas democráticas que van quedando ancladas sin mayor proyección.

Antecedentes del estado autonómico español

La formación del estado español data de finales de la Edad Media cuando, tras 750 años de dominio musulmán sobre la Península Ibérica (al-Ándalus), culminó el llamado proceso de Reconquista mediante el cual los reinos cristianos arrebataron progresivamente este territorio a los musulmanes con la conquista por parte de los Reyes Católicos del Reino de Granada en 1492.

Veintitrés años antes, en 1469, la unión conyugal entre Isabel I de Castilla y Fernando II de Aragón posibilitó la unificación parcial de España, lo cual tras la toma de Granada y la expulsión de los árabes de la Península Ibérica tuvo su colofón con la conquista del hasta entonces independiente Reino de Navarra en 1512. Las múltiples resistencias desarrolladas por el pueblo navarro implicaron que el rey Carlos I de España -nieto de los Reyes Católicos- tuviera que replegarse de la Baja Navarra (Navarra continental) dadas las dificultades existentes para desarrollar el control sobre este territorio, asociándose esta parte del Reino de Navarra a la Corona francesa. La Baja Navarra se vinculó dinásticamente a Francia en el último período del siglo XVI y en 1620 se incorporó a la monarquía francesa, motivo por el cual los monarcas franceses se autotitulaban “reyes de France et de Navarre” hasta llegada de la Revolución Francesa en 1789. La Alta Navarra (Navarra peninsular) fue anexionada a los territorios de la Corona de Castilla y finalmente a la monarquía española, pero evolucionaría conservando instituciones propias y la denominación de Reino -gobernada por un virrey- hasta 1841, fecha en la que pasó a definirse como una “provincia foral” española mediante la Ley Paccionada. (2)

Primer empuje hacía la descentralización

La configuración de España como un Estado unitario y centralista se mantuvo desde la época de los Reyes Católicos hasta el derrumbe de los restos del Imperio español en 1898, cuando tras la derrota de España en su guerra contra Estados Unidos se procedió a la independencia de Cuba, Puerto Rico y Filipinas (3). Es a partir de entonces cuando se hace visible un importante despliegue de la lucha por la descentralización, especialmente en Cataluña desde posiciones políticas nacionalistas, las cuales que habían apuntalado con fuerza en años precedentes bajo la reivindicación en sus derechos históricos -la monarquía hispánica había derogado las constituciones catalanas y extinguido el Principado de Cataluña en 1716- y que provocó la conformación de la Mancomunidad de Cataluña en 1914, procediéndose posteriormente a la reivindicación de la autonomía regional. (4)

En paralelo y desde otras premisas distintas a la del nacionalismo catalán, esta reivindicación también prosperó en el País Vasco -territorio que disfrutó de la existencia de instituciones propias, leyes y finanzas autogestionadas hasta 1839 (5) y que terminó perdiendo su autonomía tras el fin de la I República con la llegada de la Restauración borbónica- y Galicia, siendo más débil en otros territorios como Andalucía pese a destacados antecedentes históricos como la Asamblea de Ronda de 1918  (6) y Asamblea Nacionalista de Córdoba de 1919. (7)

Tras la derrota militar española frente a Estados Unidos a finales del siglo XIX, episodio histórico conocido como el “Desastre del 98”, se produjo en España una creciente injerencia de las Fuerzas Armadas en la vida política nacional. Ante esto se intentaron varios procesos fracasados de “reforma política desde arriba” con escaso apoyo popular que a la postre implicaron el debilitamiento de los partidos tradicionales de la Restauración, mientras crecían las movilizaciones en las calles, las consignas populares revolucionarias y la conformación de partidos republicanos tales como el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y organizaciones obreras como la anarquista Confederación Nacional del Trabajo (CNT) o la socialista Unión General del Trabajo (UGT).

Para España, la Primera Gran Guerra significó un período de pujanza económica debido al auge de las exportaciones a los países en conflicto, pero implicó también el desabastecimiento interno y un alza de precios que golpeó fuertemente a amplios sectores vulnerables de la sociedad. En la década de 1920 esta crisis se acentuaría, fortaleciéndose aún más las estructuras populares cuyo referente político en aquel entonces era la Revolución rusa de 1917.  (8)

Ante el riesgo revolucionario latente y el clamoroso pedido de las élites oligárquicas, el 13 de septiembre de 1923 el capital general de Cataluña, Miguel Primo de Rivera, se alzaría en armas contra el Gobierno constitucional convirtiéndose en presidente del Gobierno con la complicidad del entonces rey de España, Alfonso XIII. Suspendida la Constitución tras el golpe de Estado, se disolvieron los municipios, se ilegalizaron los partidos políticos y sindicatos, y se declaró el estado de excepción en todo el país. Las dinámicas nacionalistas existentes en diferentes territorios fueron militarmente reprimidas y sus dirigentes encarcelados, conformándose un modelo de Estado autoritario e intervencionista bajo la lógica ideológica del nacionalismo “españolista” frente al nacionalismo regional, prohibiéndose el uso de las lenguas propias de los territorios históricos y la libertad de expresión en todo el territorio nacional.

La II República y las nuevas visiones sobre el estado autonómico

Desde 1927 se asiste a un paulatino debilitamiento de la dictadura militar de Primo de Rivera, quien ante la progresiva pérdida de apoyos políticos y sociales conservadores presentará su dimisión en enero de 1930. Tras un breve gobierno transitorio, el 14 de abril de 1931 se instaura la II República. El hasta entonces monarca Alfonso XIII abandonaría el país para trasladarse a París y posteriormente ubicar su residencia definitiva en Roma.

El 28 de junio de 1931 se darían elecciones constituyentes. El nuevo Parlamento procedió con la elaboración y aprobación de una nueva Constitución que implicaría notables avances en el reconocimiento y defensa de los derechos humanos, la ampliación del sufragio activo y pasivo a los ciudadanos de ambos sexos a partir de 1933, así como la articulación de un nuevo modelo de Estado -llamado “integral”- que ya no se acogería al formato centralista propio del Estado liberal que se había visto anteriormente consagrado en pasadas constituciones (Pelaz, 2006). La Constitución de 1931 no sólo admitía la autonomía de las regiones bajo una lógica de sistema descentralizado, sino que establecía claramente el proceso para alcanzarlo.

Es así que el Estado español en su II República debía adoptar formas organizativas a partir de su articulación municipal, la cual se mancomunaba en provincias y estas a su vez podrían llegar a organizarse en regiones autónomas (Sánchez, 1984). Pese a estos avances, se mantenía la histórica negativa a la posibilidad de federaciones territoriales o autodeterminaciones.

En el ámbito de lo municipal España también rompió con toda la compleja legislación liberal existente en procesos constitucionales anteriores. Las corporaciones municipales pasaban a ser elegidas por sufragio universal directo entre los ciudadanos de cada localidad, salvo en los casos de concejos abiertos. (9) Quedaban por encima de esta estructura las provincias, donde una ley debería determinar el órgano gestor de las mismas. 

El rupturista modelo de organización territorial implementado en la II República establecía la posibilidad de creación de regiones autónomas. Dichas regiones autónomas nacerían del posible acuerdo entre varias provincias limítrofes, teniendo derecho a un Estado, con un gobierno y un parlamento propio. Para la aprobación del Estatuto autonómico eran necesarias tres condiciones previas: a) debía ser propuesto por la mayoría de los municipios o de aquellos que comprendiesen las dos terceras partes del censo electoral de la región; b) debían ser aprobado en referéndum mediante el respaldo de las dos terceras partes de los electores del censo electoral de cada región, y; c) debía ser aprobado por las Cortes de la República (Legislativo). El Congreso podría modificar, eliminar o reformar los artículos que considerasen oportunos siempre y cuando entendieran que entraba en conflicto con el texto constitucional o las leyes orgánicas. En paralelo, cualquier provincia de una región autónoma podía renunciar a su estatus y volver a la cobertura directa del Estado central siempre y cuando fuera una decisión mayoritaria entre sus municipios.

Por su parte y respecto al ámbito de competencias autonómicas, el Estado se reservaba todo lo relacionado con adquisición y pérdida de nacionalidad; regulación de los derechos y deberes constitucionales; las relaciones con Iglesias y régimen de cultos; representación diplomática, política exterior y defensa; la seguridad pública cuando afectaba al resto del país; el comercio exterior, aduanas y régimen arancelario; la moneda, deuda del Estado y la ordenación bancaria; la política fiscal general y las telecomunicaciones.

De esta manera, las competencias autonómicas quedaban limitadas -previa legislación que debía partir de las Cortes de la República- a: legislación penal, social mercantil y procesal; la protección de la propiedad intelectual e industrial; seguros, pesas y medidas; administración del agua, caza y pesca fluvial; temas vinculados a prensa y radio; así como cuestión de la socialización de la propiedad. Además de lo anterior, estaban todas las competencias propias o específicas que no estuvieran señaladas entre las anteriores competencias del Gobierno Central.

Respecto a posibles conflictos que pudieran darse entre competencias de la administración central del Estado y las administraciones de las regiones autónomas, el Tribunal de Garantías Constitucionales debía emitir un dictamen para que las Cortes decidieran al respecto.

La Constitución de 1931 y su concepto de Estado “integral” significó un notable avance en el proceso de descentralización frente al tradicional modelo centralista español (Varela y Muñoz, 1984). Todo ello a pesar de que el texto constitucional permitía que las competencias autonómicas pudiesen ser aún más limitadas por el Legislativo.

Durante este período apenas se llegó a aprobar el Estatuto de Cataluña (1932), cuya formulación estuvo a manos del partido nacionalista Esquerra Republicana (10). Las Cortes españolas recortaron sustancialmente el texto aprobado por los catalanes, aunque al final lo aceptaron (Arbós, Batet, Carme y otros, 2013). Pese a los reclamos y el descontento nacionalista en aquel momento, aquello fue un avance importante en el ámbito del autogobierno catalán. El Estatuto creaba un gobierno autónomo, llamado la Generalitat y compuesto por tres órganos: parlamento, consejo ejecutivo (gobierno autonómico) y un presidente.

De igual manera en el País Vasco se elaboró su proyecto de Estatuto, aunque accedería a la autonomía de forma muy tardía, ya en octubre de 1936 -momento del alzamiento militar contra el Gobierno constitucional de la II República española- consecuencia no solo de la furibunda oposición conservadora en el Legislativo nacional sino también de las tensiones internas que se vivía entre los mismos partidos vascos. Otros territorios como Galicia, Andalucía, Asturias, León y Castilla, País Valenciano, Aragón, Baleares y Canarias elaboraron sus proyectos de autonomía, pero sus procesos fueron cercenados por la guerra civil española (1936-1939).

Puesta en marcha del modelo autonómico actual tras el fin de la dictadura

El triunfo militar fascista volvió a llevar al país al ostracismo político. Las bases del régimen franquista que se prolongaron hasta la muerte del dictador en noviembre de 1975 fueron, entre otras, el nacionalismo español frente a cualquier posibilidad de reivindicación autonómica o nacionalista, la implementación del catolicismo como religión oficial en el Estado español, el fascismo como ideología política y la persecución a cualquier tipo de disidencia.

En el ámbito del ordenamiento territorial, las cuatro décadas de gobierno del general Francisco Franco se sustentaron bajo la idea del régimen militar como responsable de mantener la unidad nacional; la prohibición y persecución de grupos nacionalistas, así como la limitación de algunas costumbres regionales y la intervención sobre instituciones locales mediante la remoción de sus integrantes y dirigentes, siendo sustituidos por autoridades afines al régimen.

Tras la muerte del dictador se puso en marcha un proceso controlado desde del poder de transición que encaminó al régimen hacia el actual sistema democrático que se vive en España. Esto implicó el nombramiento como rey de Juan Carlos I de Borbón -padre del actual regente- bajo la instauración de una monarquía democrática, la legalización de un amplio abanico de organizaciones políticas y la convocatoria de las primeras elecciones democráticas tras la guerra civil el 15 de junio de 1977. De igual manera, se procedió con la elaboración de un nuevo texto constitucional que fue ratificado en referéndum el 6 de diciembre de 1978.

En ese contexto, el reconocimiento y punto de partida para la construcción de un nuevo Estado de las autonomías en España se da a través de la promulgación de la Constitución española de 1978. Dicho proceso tuvo su arranque en 1979 y terminó en 1995, conformándose diecisiete comunidades autónomas y dos ciudades también autónomas.

En su Artículo 2, la Carta Magna española indica:

La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas.

La redacción de dicho artículo se fundamentó en un extendido consenso respecto a que la descentralización política no solo era una reivindicación histórica, sino también un modelo mucho más eficaz que la centralización. Las discrepancias entorno al estado autonómico radicaban en la intensidad relativa que ésta debería tener en cada territorio. Podríamos decir, en términos clásicos, que mientras las fuerzas progresistas optaban por un modelo más federalista que nunca se llegó a aplicar, el centro y el mundo conservador eran partidarios  de un modelo regionalista o, incluso, por la puesta en marcha de medidas enfocadas a una simple descentralización administrativa. De hecho, desde el arranque de las negociaciones para la conformación del anteproyecto de la Constitución de 1978, la utilización de los términos nación, nacionalidad o España generaron fuertes tensiones y situaciones de discordia.

Así las cosas, en septiembre de 1977 y excepcionalmente sin elecciones previas se restablecería provisionalmente la Generalitat de Cataluña -llamando a ocupar el cargo a su presidente en el exilio- e inmediatamente después se aprobaría el régimen preautonómico para el País Vasco, extendiéndose después al resto de regiones españolas mediante respectivos Reales Decretos-Leyes. Esta fue la fórmula elaborada por el régimen para crear preautonomías provisionales hasta la definitiva puesta en marcha de la Constitución.

El pacto constituyente determinó una importante concesión por parte de las izquierdas políticas, lo que implicó que el modelo territorial español quedara limitado a garantizar el derecho de los territorios a constituirse en Comunidades Autónomas con facultades de autogobierno partiendo de la indisoluble unidad de la nación española. 

Llegar a estos acuerdos implicó que el texto constitucional fuera ambiguo y no expresara un modelo de Estado predeterminado en el ámbito de la organización territorial del poder. Esto permitió que quedaran abiertas e indefinidas las formas de evolución del desarrollo territorial en el Estado español. Todo esto se enmarcaba en una compleja tensión política vivida durante el periodo de transición hacia la democracia, la cual a su vez se transversalizaba por el profundo deseo de los pueblos por lograr su autonomía.

Avanzando en el actual modelo de Estado autonómico existente en España, cabe señalar que en su Artículo 137 el texto constitucional indica:

El Estado se organiza territorialmente en municipios, en provincias y en las Comunidades Autónomas que se constituyan. Todas estas entidades gozan de autonomía para la gestión de sus respectivos intereses.

Respecto a cuáles son los procedimientos de acceso al estado autonómico por parte de los territorios, el Artículo 143 indica:

En el ejercicio del derecho a la autonomía reconocido en el artículo 2 de la Constitución, las provincias limítrofes con características históricas, culturales y económicas comunes, los territorios insulares y las provincias con entidad regional histórica podrán acceder a su autogobierno y constituirse en Comunidades Autónomas con arreglo a lo previsto en este Título y en los respectivos Estatutos.

La iniciativa del proceso autonómico corresponde a todas las Diputaciones interesadas o al órgano interinsular correspondiente y a las dos terceras partes de los municipios cuya población represente, al menos, la mayoría del censo electoral de cada provincia o isla. Estos requisitos deberán ser cumplidos en el plazo de seis meses desde el primer acuerdo adoptado al respecto por alguna de las Corporaciones locales interesadas.

La iniciativa, en caso de no prosperar, solamente podrá reiterarse pasados cinco años.

Permitiendo a su vez, mediante el Artículo 151, vías más rápidas para la asunción de plenitud de competencias:

No será preciso dejar transcurrir el plazo de cinco años a que se refiere el apartado 2 del artículo 148 cuando la iniciativa del proceso autonómico sea acordada dentro del plazo del artículo 143, 2, además de por las Diputaciones o los órganos insulares correspondientes, por las tres cuartas partes de los Municipios de cada una de las provincias afectadas que representen, al menos, la mayoría del censo electoral de cada una de ellas y dicha iniciativa sea ratificada mediante referéndum por el voto afirmativo de la mayoría absoluta de los electores de cada provincia en los términos que establezca una ley orgánica (…).

En el ámbito de las competencias, el Artículo 148 de la Constitución española establece:

Las Comunidades Autónomas podrán asumir competencias en las siguientes materias:

Organización de sus instituciones de autogobierno

Las alteraciones de los términos municipales comprendidos en su territorio y, en general, las funciones que correspondan a la Administración del Estado sobre las Corporaciones locales y cuya transferencia autoricen la legislación sobre Régimen Local.

Ordenación del territorio, urbanismo y vivienda.

Las obras públicas de interés de la Comunidad Autónoma en su propio territorio.

Los ferrocarriles y carreteras cuyo itinerario se desarrolle íntegramente en el territorio de la Comunidad Autónoma y, en los mismos términos, el transporte desarrollado por estos medios o por cable.

Los puertos de refugio, los puertos y aeropuertos deportivos y, en general, los que no desarrollen actividades comerciales.

La agricultura y ganadería, de acuerdo con la ordenación general de la economía.

Los montes y aprovechamientos forestales.

La gestión en materia de protección del medio ambiente.

Los proyectos, construcción y explotación de los aprovechamientos hidráulicos, canales y regadíos de interés de la Comunidad Autónoma; las aguas minerales y termales.

La pesca en aguas interiores, el marisque y la acuicultura, la caza y la pesca fluvial.

Ferias interiores.

El fomento del desarrollo económico de la Comunidad Autónoma dentro de los objetivos marcados por la política económica nacional.

La artesanía.

Museos, bibliotecas y conservatorios de música de integres para la Comunidad Autónoma.

Patrimonio monumental de interés de la Comunidad Autónoma.

El fomento de la cultura, de la investigación y, en su caso, de la enseñanza de la lengua de la Comunidad Autónoma.

Promoción y ordenación del turismo en su ámbito territorial.

Promoción del deporte y de la adecuada utilización del ocio.

Asistencia social.

Sanidad e higiene.

La vigilancia y protección de sus edificios e instalaciones. La coordinación y demás facultades en relación con las policías locales en los términos que establezca la ley orgánica.

Permitiendo a su vez el texto constitucional que las Comunidades Autónomas pudiesen ampliar sucesivamente sus competencias dentro del marco establecido en el Artículo 149, el cual hace referencia a las competencias del Estado. A este respecto dicho artículo indica, tras identificar las materias atribuidas a la gestión del Estado, que:

(…) Las materias no atribuidas expresamente al Estado por esta Constitución podrán corresponder a las Comunidades Autónomas, en virtud de sus respectivos Estatutos. La competencia sobre las materias que no se hayan asumido por los Estatutos de Autonomía corresponderá al Estado, cuyas normas prevalecerán, en caso de conflicto, sobre las de las Comunidades Autónomas en todo lo que no esté atribuido a la exclusiva competencia de éstas. El derecho estatal será, en todo caso, supletorio del derecho de las Comunidades Autónomas.

Sin embargo, en el ámbito de las indefiniciones constitucionales y fruto del complejo pulso político entre los años 1976 y 1978, el Artículo 150 plantea la posibilidad de delegación de competencias del Estado a las Comunidades Autónomas no definidas en dicha redacción:

Las Cortes Generales, en materias de competencia estatal, podrán atribuir a todas o a alguna de las Comunidades Autónomas la facultad de dictar, para sí mismas, normas legislativas en el marco de los principios, bases y directrices fijados por una ley estatal. Sin perjuicio de la competencia de los Tribunales, en cada ley marco se establecerá la modalidad de control de las Cortes Generales sobre estas normas legislativas de las Comunidades Autónomas.

El Estado podrá transferir o delegar en las Comunidades Autónomas, mediante ley orgánica, facultades correspondientes a materia de titularidad estatal que por su propia naturaleza sea susceptibles de transferencia o delegación. La ley preverá en cada caso la correspondiente transferencia de medios financieros, así como las formas de control que se reserve el Estado (…)

Mientras el Artículo 145 prohíbe cualquier posibilidad de federación:

En ningún caso se admitirá la federación de Comunidades Autónomas (…)

En resumen, la Constitución de 1977 configuró el desarrollo de un “proceso autonómico” que requirió de décadas para su consagración y que de hecho continúa abierto, pese a que las posibilidades y demandas de un mayor desarrollo por parte de determinados territorios históricos en estos momentos esté implicando fuertes conflictos de carácter político y social en el país.

Lo anterior implica la necesidad de reformas en el texto constitucional actual o de un nuevo proceso constituyente. Será a través del debate y posterior pacto entre mayorías la manera de habilitar mecanismos que den salida a las actuales reivindicaciones nacionalistas existentes en el territorio español, las cuales apuntan a conceptos más en concordancia con lógicas federalistas que autonómicas (Belda, 2015).

La realidad política, económica y social del Estado español ha cambiado notablemente durante estas últimas cuatro décadas, pero no así su texto constitucional, el cual solamente a sufrido las reformas provenientes de acuerdos en el marco europeo. Esta realidad se muestra hoy claramente insuficiente y demanda de un nuevo esfuerzo legislativo.

Estructura de los gobiernos autonómicos en España

El Estado español está organizado territorialmente por Comunidades Autónomas. Cada una de ellas se conforma por una o varias provincias que disponen de una organización política y económica común.

Estas disponen a su vez de un Parlamento propio y un Gobierno autonómico donde se organizan los asuntos de cada Comunidad. Cada cuatro años se realizan elecciones autonómicas mediante las cuales los ciudadanos mayores de dieciocho años eligen a sus representantes para sus respectivos parlamentos autonómicos. Es allí donde se elige a su vez al Presidente de cada Comunidad Autónoma, el cual nombra a sus consejeros conformando así el Gobierno de la Comunidad (Consejo de Gobierno). En la mayor parte de las Comunidades este marco institucional se complementa con instituciones propias y similares a otras ya existentes en el Estado pero en el ámbito de las competencias regionales, tales como el Defensor del Pueblo, el Tribunal de Cuentas, los órganos de consulta jurídica correspondientes y el Consejo Económico y Social. (11)

En el territorio español existen singularidades autonómicas tales como las Comunidades Autónomas de Cataluña, Comunidad Valenciana, Illes Balears, País Vasco, Navarra y Galicia, las cuales tienen lengua propia y son consideradas como cooficiales junto al idioma castellano. De igual manera, es singular el régimen de financiación de Navarra y País Vasco, así como en parte lo es el de la Comunidad Autónoma de Canarias y el de las ciudades de Ceuta y Melilla (situadas al norte del continente africano). No todas las Comunidades Autónomas tienen los mismos órganos administrativos, dependiendo estos de sus respectivas asunciones de competencias. Las Comunidades Autónomas también cuentan con Administraciones propias, estructuradas en Consejerías que tienen adscritos organismos con personalidad jurídica propia y que actúan en sus respectivos ámbitos competenciales.

Cuentan a su vez con autonomía financiera, pese a que los recursos dependan en parte del Estado y en parte de recursos propios. Lo anterior implica tributos propios y cuotas emanadas de impuestos recaudados desde el Gobierno Central que son contemplados en el Presupuesto General del Estado y transferidos a cada Comunidad Autónoma según normativa.

España goza de dos modelos básicos de financiamiento autonómico: el régimen común y el régimen foral (12). Además de esto existen otros recursos derivados de fondos de la Unión Europea, pudiendo obtenerse financiamientos adicionales mediante endeudamiento siempre y cuando se cumpla con lo sancionado según normativa vigente.

Las Comunidades Autónomas y el Gobierno Central se coordinan mediante los siguientes instrumentos: la Conferencia de Presidentes (compuesto por el Presidente del Gobierno y los Presidentes de las Comunidades Autónomas); las Conferencias Sectoriales sobre materias concretas (participa el Gobierno Central y el conjunto de Comunidades Autónomas); las Comisiones Bilaterales de Cooperación (entre el Estado Central y cada una de las Comunidades Autónomas); las Comisiones Sectoriales, Grupos de Trabajo y Ponencias de composición técnica y adscritos a las conferencias Sectoriales (cooperación interadministrativa existe de forma permanente); así como las estructuras administrativas implicadas en la financiación estatal, planes y programas adoptados de forma conjunta con otras Administraciones.

Todo conflicto sobre el ejercicio de las competencias asignadas a las Comunidades Autónomas busca resolverse de forma consensuada y mediante el diálogo, si bien en última instancia podrían intervenir organismos jurisdiccionales competentes en función de la materia y el Tribunal Constitucional para la resolución de conflictos.

La compleja arquitectura administrativa que da forma al actual Estado autonómico español es consecuencia de como se configuraron los territorios históricos existentes en la Península Ibérica (Pelaz López, 2006) y el contexto político social en el que se dio la redacción de la Constitución de 1978 en España (Rebollo, 2018).

Sin embargo y más allá de lo anterior, el Estado español ha sido en diferentes momentos de la historia referente para la conformación de Estados modernos. La Constitución gaditana de 1812 fue un espejo donde miraron varios de los países latinoamericanos -tras sus respectivos procesos de emancipación- para conformar sus primeros esquemas territoriales de perfil centralista y corte liberal (Zea, 1976). De igual manera la Constitución republicana de 1931 sirvió de base para el diseño administrativo territorial en un país europeo como Italia (Sánchez Agesta, 1984), Y más recientemente, en los procesos constituyentes que dieron lugar al actual neoconstitucionalismo andino, el modelo autonómico español ha sido observado -como estudio de caso- buscando ejemplos prácticos que sirvieran como base para discutir sobre modelos de descentralización autóctona eficientes en marcos de complejidad política y diversidad cultural.

Neoconstitucionalismo, descentralización y derivas

Tras los distintos procesos de independencia latinoamericana, asistimos en el subcontinente a una fuerte tendencia centralizadora en el marco de la conformación de los nuevos estados. Dicho modelo centralizador se robusteció durante la primera mitad del siglo XX, comenzando su declive a partir de la era postcrisis de la deuda en la década de 1980. Será a partir de entonces cuando se comienza a reducir el protagonismo de los gobiernos nacionales, fruto de su crisis de eficiencia, lo que implicó un impulso a la descentralización del poder hacia los territorios y los ciudadanos. Todo ello en busca de una nueva estrategia de desarrollo.

Sin embargo, el impulso dado a los procesos de descentralización bajo el paradigma neoliberal significó -bajo criterios de reducción de costos asociados al Estado central- procesos de privatización y dramáticos impactos sociales, quedando la periferia productiva sin políticas públicas de apoyo para desarrollar capacidades e iniciativas locales (Filgueira, 2009). Sin planificación y recursos que acompañasen la transferencia de competencias, este proceso descentralizador mostró más deficiencias que virtudes.

El fracaso del modelo neoliberal en la región implicó, en la mayoría de países suramericanos, la recuperación del concepto de Estado regulador, planificador y redistribuidor.  Acompañando a este proceso político definido como ciclo progresista latinoamericano (2003-2015), apareció también, en algunos de los países andinos, un nuevo constitucionalismo que buscaba recuperar el origen radical-democrático del constitucionalismo jacobino. 

En los dos países referenciales del neoconstitucionalismo latinoamericano -Bolivia y Ecuador- surgiría una connotación novedosa de marcado perfil ideológico: mientras la tradición socialista se encuadra en lógicas de centralización política y territorial, estas nuevas constituciones auspiciadas desde gobiernos autoreferenciados de izquierda buscaron combinar fortalecimiento del Estado a nivel nacional con descentralización del poder y participación popular a nivel local.

Este nuevo progresismo intentó encontrar el equilibrio entre desconcentración -presencia del gobierno en los territorios- y descentralización -transferencia de competencias y recursos a gobiernos locales- pese a que mostrara, por general, notables contradicciones fundamentalmente en lo referente al derecho indígena de autogobierno.

En todo caso, estos dos procesos constituyentes coincidieron en la singularidad de analizar el proceso autonómico español como base sobre la cual poder extraer ideas, experiencias y aprendizajes respecto a la implementación del derecho de autonomía para su respectivas nacionalidades y regiones. Posiblemente ello responde, más allá de matrices coloniales o cercanía cultural, a la presencia de expertos en Derechos Constitucional provenientes de dicho país, así como a una valoración positiva respecto al corto plazo de tiempo en el que este modelo se implementó dentro de la complejidad política en la que estaba inmersa España durante aquel periodo.

Esta mirada hacia el modelo autonómico español por parte de estos países con particularidades de carácter étnico cultural, ayudó a plantear lógicas de refundación de estos Estados bajo criterios de descentralización política, gobiernos compartidos, asunción de competencias por parte de gobiernos locales acompañada de transferencias presupuestarias, y fundamentalmente unidad dentro de la diversidad como parte central de los procesos de democratización emprendidos.

Pese a que la configuración histórica de territorios en el Estado español nada tiene que ver con la realidad latinoamericana, el modelo actualmente implementado en la antigua metrópoli fue analizado como aporte externo y ayuda para la configuración de procesos nacionales propios. Estos dos países buscaron, fruto de su politización territorial, el reconocimiento de subjetividades históricamente negadas y una mayor eficiencia en la modernización de sus respectivos estados. 

En el caso boliviano el sistema de descentralización diseñado en la Constitución de 2009 combina el tema de la plurinacionalidad con el de las autonomías. Ambas surgen de la demandas de actores sociales en principio antagónicos que terminan confluyendo al interior del texto constitucional. Por un lado, la demanda que se formula desde los pueblos indígenas vinculada al derecho a un territorio propio y adecuado a su realidad histórica nacional, así como el derecho a la autodeterminación bajo como objetivo implementar sus propios modelos de desarrollo, defender su integridad cultural y el derecho a la diferencia. Por otro, están las demandas provenientes de los departamentos del oriente, encabezados por el de Santa Cruz, que reivindicaron un modelo de autonomía claramente inspirado en el caso español.

De esta manera, la Constitución boliviana contempla tanto la autonomía indígena originaria campesina, como las formas de autonomías departamental, regional y municipal. A la postre, la relación entre pueblos indígenas y el Estado han constituido una dinámica que podríamos considerar como dialéctica, donde el reconocimiento del derecho a la autodeterminación de estos pueblos ha sido claramente tutelado por parte de la burocracia estatal, limitándose así las formas y el contenido de dichas autonomías. A partir de ahí, debería haber sido entonces desde la autonomía departamental -bastión fundamental para el crecimiento económico y la justicia social- desde donde se articulara un giro verdaderamente autonómico con base a la línea española, constatándose hasta la fecha que dicho cambio no termina de consumarse.

En el caso ecuatoriano, la llamada Constitución de Montecristi de 2008 planteó un proceso de descentralización basado en el ejercicio de competencias exclusivas por niveles de gobiernos y la transferencia complementaria de otras por parte del Estado central hacia los llamados gobiernos autónomos descentralizados: gobiernos regionales que nunca llegaron a constituirse; gobiernos provinciales, municipales y juntas parroquiales. La virtud de actual texto constitucional en materia descentralización, es que hizo que esta dejase de ser un proceso opcional para gobiernos que se veían en condiciones de poder asumir determinadas competencias, para convertirla en un proceso obligatorio y paulatino.

De igual manera y tras acalorados debates constituyentes con el modelo autonómico español de fondo, el texto constitucional admitió como una forma de gobierno especial cantonal a los distritos metropolitanos autónomos. Para ello se establecen requisitos de hecho y de derecho; los primeros basados en la voluntad del cantón o conjunto de cantones de constituirse en distritos metropolitanos -siempre que geográficamente sean colindantes, exista conurbanización y tengan una población mayor al siete por ciento de la población nacional-, condición que en la actualidad cumplen Quito y Guayaquil. El modelo de distritos metropolitanos autónomos implementados en el modelo ecuatoriano parte del equivalente español de las comunidades autónomas, con la diferencia de que el primero parte de la agrupación de cantones con conurbanización urbana y el segundo de la agrupaciones de provincias, quedando los primeros facultados para ejercer las competencias propias de un gobierno cantonal, ademas de las que les fuesen aplicables de gobierno provincial e incluso regional llegado el caso. 

La articulación de los procesos de autonomía de los distritos metropolitanos en Ecuador, mediante la conformación y aprobación de sus respectivos estatutos de autonomía, es otro de los pendientes del modelo territorial diseñado en Montecristi e inspirado en parte en la experiencia autonómica española.

Todo lo anterior implica entender que es desde lo local desde donde se desarrolla la mayor parte de la producción política de nuevas formas de representación y participación ciudadana, donde se habilita la deliberación real de los ciudadanos y los canales de interrelación con el resto de las estructuras del Estado.

La evolución de los acontecimientos políticos, tanto en Bolivia como en Ecuador, sumado a una falta de aplicación coherente de sus respectivos textos constitucionales, así como las limitaciones presupuestarias derivadas a partir del fin del boom de los commodities y por lo tanto de los excedentes, ha hecho que estos procesos de autonomía política y territorial se encuentren en la actualidad semi paralizados. En la práctica, esto afecta a la calidad de nuestras democracias participativas, concepto que corre el riesgo de quedar cuestionado, así como la marginación de discusiones en torno a la profundización de la autonomía de territorios indígenas.

Notas:

(1) Decio Machado  es Licenciado en Sociología y Ciencias de la Comunicación por la Universidad Complutense de Madrid y Magister en Sistemas Tecnológicos por la Universidad Pontificia de Navarra. Como consultor político ha asesorado a distintos gobiernos de la región, formando parte de los procesos constituyentes de Ecuador y Bolivia. En la actualidad ejerce como director ejecutivo de la Fundación Nómada, una institución sin ánimo de lucro dedicada -entre otras cuestiones- a la investigación académica y al desarrollo de foros de debate sobre cuestiones que tienen que ver con la coyuntura política, económica y social de la región.

(2) La Ley Paccionada o Ley de Modificación de Fueros de la Provincia de Navarra fue la norma legal aprobada por las Cortes Generales de España, el 16 de agosto de 1841, mediante el cual quedaron abolidos los últimos elementos del Antiguo Régimen en la provincia de Navarra, instaurándose a partir de entonces un sistema de autonomía económico-administrativa para la provincia ejercido por la Diputación Foral de Navarra.

(3) La guerra hispano-estadounidense, denominada de forma coloquial en España como la guerra de Cuba o el Desastre del 98, fue un conflicto bélico que tuvo su prolegómeno en el arranque del proceso independentista cubano en 1895. La respuesta española fue brutal y conllevó la simpatía estadounidense a favor de las fuerzas independentistas. En enero de 1989, el barco de guerra estadounidense Maine arribó a La Habana buscando proteger los intereses estadounidenses en la isla y demostrar músculo militar frente a los españoles, quienes anteriormente habían insistido en su negativa a vender las islas de Cuba y Puerto Rico a Estados Unidos. Un mes después el buque fue hundido tras una explosión y el 21 de abril el Congreso norteamericano declararía una guerra a España que se resolvería a favor de Washington en tan solo tres meses. Fue el primer paso de la nación americana en transformase en una potencia mundial y quizás el primero de España en perder dicho estatus.

(4) Esta corriente política catalanista surge como movimiento cultural en la década de 1830 y se conforma como movimiento político en las últimas décadas del siglo XIX ya bajo reivindicaciones claramente nacionalistas. El término “catalanismo” comenzó a tomar protagonismo en el llamado sexenio revolucionario -momento de la Restauración borbónica tras la I República- y se conforma como movimiento político a finales de la década de 1880.

(5) Este momento histórico coincide con el comienzo del fin de la primera guerra carlista. La guerra carlista fue una guerra civil que se desarrolló en el Estado español entre 1833 y 1840 entre los “carlistas” -partidarios del infante Carlos María Isidro de Borbón y de un régimen absolutista- y los “isabelinos” -defensores de la regente María Cristina de Borbón cuyo régimen terminó asumiendo lógicas liberales-. El mundo rural y las pequeñas urbes del País Vasco y Navarra apoyaron de forma mayoritaria a los carlistas como consecuencia de su tradicionalismo foral y gracias al apoyo que le había sido otorgado por el bajo clero local, sin embargo terminaron perdiendo guerra con condiciones nefastas para sus partidarios.

(6) La Asamblea de Ronda en 1918 fue la primera asamblea regionalista andaluza. En ella se acordó la adopción de las insignias de Andalucía: su bandera y escudo (la figura de un joven Hércules sujetando a dos leones en medio de dos columnas).

(7) La Asamblea de Córdoba de 1919 fue una asamblea autonomista impulsada por la Junta Liberalista de Andalucía en la que se reivindica la abolición del centralismo español y donde se acuerda un Manifiesto andalucista que proclama la urgencia de que andaluza se convierta en una “democracia autónoma”.

(8) La Confederación Nacional del Trabajo, fundada en Barcelona en 1910 y de ideología anarcosindicalista, considerado como una de las estructuras revolucionarias más radicales de la época, tenía en 1919 casi 800.000 afiliados en una España por aquel entonces con apenas veintiún millones de habitantes.

(9) Los concejos abiertos son un sistema de organización municipal existente en España en el que los pequeños municipios, así como las entidades de ámbito territorial de rango inferior al municipio que no alcanza a tener un número significativo de habitantes, se rigen por un sistema asambleario (asamblea de vecinos) que ejerce de igual manera a un pleno del municipal.

(10) Esquerra Republicana de Catalunya fue fundado en 1931 en Barcelona y desde la década de 1990 tiene presencia también en la Comunidad Valenciana, las Islas Baleares y el departamento francés de los Pirineos Orientales. De sensibilidad independentista pregona la conformación de los “Países Catalanes”.

(11) El Consejo Económico y Social es un órgano consultivo de diferentes niveles de Gobierno en materia socioeconómica y laboral. Es un organismo reconocido en el derecho público, con personalidad jurídica propia y autonomía orgánica y funcional en aras a cumplir con los fines que le son encomendados. A nivel del Gobierno Central depende del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, mientras a nivel autonómico su adscripción responde a sus respectivos Consejos de Gobierno autonómico.

(12) Régimen foral es la denominación utilizada en el Estado español para definir las instituciones de administración autónoma y de ordenamiento jurídico existentes en el antiguo Reino de Navarra y de los territorios históricos vascos, lo que marca una diferencia respecto al resto de regiones que componen el Reino de España.

Bibliografía:

Arbós, Xavier; Batet, Meritchell; Chacón, Carme y otros (2013). Por una reforma constitucional federal. Barcelona: Documento de trabajo de la Fundación Rafael Campalans.

Belda Pérez-Pedrero, Enrique (2015). El futuro territorial del Estado español ¿centralización, autonomía, federalismo, confederación o secesión?. Madrid: Revista Española de Derecho Constitucional.

Hildenbrand, Andreas (1990). El estado de las autonomías diez años después de la Constitución de 1978: un balance de la descentralización política en España. Madrid: Mélanges de la Casa de Velázquez.

Filgueira, Fernando (2009). El desarrollo maniatado en América Latina: Estados superficiales y desigualdades profundas. Buenos Aires: Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales – Colección CLACSO-CROP.

Liñeira, Robert (2014). El Estado de las autonomías en la opinión pública: preferencias, conocimiento y voto. Madrid: Centro de Investigaciones Sociológicas.

Matute González, Carlos Fernando (2018). El Estado de las Autonomías y el Buen Gobierno. Barcelona: Tirant lo Blanch.

Pelaz López, Jose-Vidal (2006). El Estado de las Autonomías: regionalismos y nacionalismos en la Historia Contemporánea de España. Madrid: Cuadernos de Cultura y Civilizaciones Hispánicas / ACTA.

Pérez Tremps, Pablo (1987). Comunidades Autónomas, Estado y Comunidades Europeas. Madrid: Ministerio de Justicia.

Rebollo Delgado, Lucrecio (2018). Antecedentes, surgimiento y conformación del Estado Autonómico en la Constitución de 1978. Madrid: Universidad Nacional de Educación a Distancia, Revista de Derecho Político.

Sánchez Agesta, Luís (1984). Historia del Constitucionalismo Español (1808-1936). Madrid: Centro de Estudios Constitucionales 3ra Edición

Varela Suanzes-Carpegna, Joaquien y Muñoz Machado, Santiago (2013). La organiza- ción territorial del Estado en España. Del fracaso de la I República a la crisis del Estado autonómico. Madrid: Fundación Coloquio Jurídico Europeo.

Zea, Leopoldo (1976). El pensamiento latinoamericano. México: Editorial Ariel 3ra Edición.

Entrevista con el pensador italiano Enzo Traverso

«Si la extrema derecha encuentra consensos en las clases populares es porque la izquierda las ha abandonado»

Por Micaela Cuesta

Enzo Traverso responde desde su casa en Ithaca (NY, EEUU) como podría hacerlo desde cualquier parte del mundo. La hiperlocalización a la que lo compelió, también a él, la pandemia, dejó ese aprendizaje: es posible habitar todos los lugares desde alguno de sus rincones… y ello sin perjuicio de que se pueda atesorar uno de ellos como favorito.

El de Traverso es, quizás, aquel que le permita ver desde la ventana algo del Mediterráneo que dejó atrás hace tiempo. Nacido en Italia, Traverso recuerda sus años de juventud, que son los de su militancia política y de su formación teórica, como momentos intensos. El fin de la hegemonía cultural y política del PCI (Partido Comunista Italiano) hacia la década del 80 había dado lugar a la combinación poco feliz de terrorismo fascista, represión estatal y declive socio-cultural. En esa atmósfera un tanto irrespirable, la mayor aspiración utópica, recuerda ahora con ironía Traverso, se condensaba en el estribillo de la canción que sonaba por entonces en todas las radios: «vamos a la playa oh, oh, oooh…».

En esa Italia no había lugar para estudiosos, intelectuales, investigadores. Su destino diaspórico lo llevó no a Alemania -lugar de procedencia de sus autores de referencia- sino a Francia. En su reconstrucción autobiográfica, París aparece como el signo de la liberación de los condicionamientos y la apertura de nuevos comienzos. Es el lugar del encuentro con Michael Löwy y, de su mano, con todos los exiliados latinomericanos, muchos de los cuales eran judíos. La huella de esos encuentros se lee tanto en esa manera descentrada, no etnocéntrica, de interpretar la historia como en la complicidad que uno siente cuando conversa con él. En ese contexto se aboca a estudios que los llevan a desplazar el tropo del Holocausto como prisma exclusivo y excluyente para interrogar las violencias del siglo XX (y las contemporáneas). Desde entonces sus abordajes serán innovadores y sus libros no estarán exentos de fructíferas polémicas.

No es fácil elegir con qué comenzar una entrevista, entonces se me ocurrió partir por una pregunta por los comienzos: ¿cómo explicarías el o los comienzos de esta época en que vivimos? ¿Qué temporalidades convoca? ¿Qué rasgos generales porta y qué inflexiones singulares?

Los comienzos del neoliberalismo son ya lejanos. En términos intelectuales, debemos situarlo en los años 1930. Como forma dominante del capitalismo, tiene al menos cuarenta años de vida, desde que fue introducido por Margaret Thatcher y Ronald Reagan hacia comienzos de los años 80 del siglo pasado (América Latina, que fue su laboratorio, lo experimentó mucho antes con Pinochet). Esto significa que casi dos generaciones vivieron dentro de un régimen de historicidad neoliberal. Para los jóvenes, el neoliberalismo es la norma, una «forma de vida» que configura al planeta. Para poder confrontarlo con otros modelos económicos y sociales de los cuales se ha hecho una experiencia, es necesario tener por lo menos setenta años. En pocas palabras, creo que el neoliberalismo es mucho más que un conjunto de políticas económicas; creo que no es, en absoluto, reductible a la privatización de los servicios públicos, a la financiarización de la economía, a la desregulación de los mercados, etc, etc. Sin duda, podemos verlo como una alternativa ganadora del Welfare State, que fue la forma dominante del capitalismo en la posguerra, pero se trata de una simplificación.

El neoliberalismo, como subrayan Pierre Dardot y Christian Laval, es una forma de «conducirse en la vida» (Lebensführung) en el sentido weberiano, un modelo antropológico que prescribe valores, comportamientos y una ética general. Se trata de un modelo antropológico basado en el individualismo, en la competencia y en la organización de la existencia en función de la búsqueda de un interés privado. Cada uno debe concebir su propia vida como «emprendedor» de sí mismo. Algunos lo han definido como una nueva percepción y representación del tiempo; el neoliberalismo es «presentista» porque solo conozco el presente; comprime pasado y futuro en el presente. No existe más la idea de futuro si no es como renovación y cambio permanente en un marco social y económico inmutable; el futuro sólo puede concebirse como un «éxito» individual y, por lo tanto, también está privatizado. Aquello que hizo posible esta mutación antropológica fue el fracaso de las revoluciones del siglo XX. La URSS no atraía ya a ninguno, y en comparación el neoliberalismo parecía ofrecer amplios espacios de libertad individual (muchos, hasta Foucault inclusive, lo creyeron), pero la existencia de la URSS indicaba que el capitalismo tenía alternativa. Hoy, el capitalismo se «naturalizó» y este es su mayor éxito. La fórmula discursiva preferida de Margaret Thatcher era «There is no alternative».

Según distintos autores podría establecerse un lazo entre neoliberalismo y lo que denominás, en Las nuevas caras de la derecha, «posfascismos», cuya figura emblemática sería, en gran medida, Donald Trump. Allí entendés a Trump, entre otras cosas, como un emergente de una reacción al neoliberalismo. Mi pregunta es si no podría pensarse también en Trump y en otras figuras de la derecha radical contemporánea como una continuidad o derivado del neoliberalismo, antes que como una reacción ante él…

Trump es seguramente un producto del neoliberalismo, come Bolsonaro en Brasil, y como antes de ellos tantos otros, partiendo desde Berlusconi en Italia. El neoliberalismo no tiene un color político, es por su naturaleza compatible con (y disoluble en) todos los regímenes políticos respetuosos de la propiedad privada y del mercado. Las elites financieras americanas se acomodaron muy bien con Trump durante cuatro años, y lo mismo sucede hoy en Brasil con Bolsonaro. Pero Trump no era su candidato en 2017 ni tampoco en 2020. En enero de 2021, cuando Trump explicitó sus pulsiones fascistas buscando volver a poner en discusión el resultado de las elecciones y sosteniendo un movimiento abiertamente subversivo, las elites lo abandonaron. No lo hicieron porque amen la democracia o sean antirracistas, sino porque necesitan estabilidad y no tienen ningún interés en empujar al país a una guerra civil. Wall Street, el Pentágono, la gran industria del Midwest y las multinacionales californianas de las nuevas tecnologías nunca apoyarán un movimiento supremacista blanco para evitar que Joe Biden se convierta en Presidente. Hoy el Partido Republicano encuentra grandes dificultades precisamente porque su fidelidad con Trump es difícilmente compatible con su rol tradicional de pilar del establishment estadounidense.

«Hoy el Partido Republicano encuentra grandes dificultades precisamente porque su fidelidad con Trump es difícilmente compatible con su rol tradicional de pilar del establishment estadounidense.»

En Europa, las elites neoliberales no apoyan Alternative für Deutschland, Marine Le Pen, Matteo Salvini o Vox; sus representantes son Macron, Angela Merkel y Mario Draghi. Apoyan a la Comisión y al Banco Central Europeo, no a la extrema derecha que reivindica el retorno a las soberanías nacionales y a las monedas nacionales. Es cierto que el impulso hacia la derecha radical es fuerte. Si estos movimientos llegaran al poder, deberían lograr un compromiso con el neoliberalismo y revisar sus programas: esto es lo que sucedió en Polonia y en Hungría, esto está sucediendo en Italia con el ingreso de la Lega de Salvini en el gobierno de Draghi, y esto podría suceder en Francia, después de que Marine Le Pen haya declarado no querer abandonar el euro. Pero estos pequeños giros indican una subordinación de la derecha al neoliberalismo, no a la inversa. Una forma de neoliberalismo autoritario no necesita de la extrema derecha, basta observar el incremento de la violencia policial en la Francia de Macron. Un planeta «fascistizado» sobre bases neoliberales es una hipótesis que no podemos excluir; nada se opone a ella desde el punto de vista teórico. Hoy, sin embargo, ésta no me parece la hipótesis dominante.

De este lado del continente americano -en el Sur- no tenemos a Trump pero sí a Bolsonaro… Bien, como señalás, los mitos a los que apelan los posfascismos no son equiparables a aquellos del fascismo clásico, creo que estarías de acuerdo conmigo en admitir que existe una dimensión mítico-ideológica indudable en ambos. La pregunta sería: ¿qué «mitologías» o, en rigor, qué retazos de discursos sociales sirven para edificar los castillos ideológicos en los que se asientan estas figuras políticas?

La mitología de la derecha radical es heredada del siglo XIX, es conservadora y no posee la carga «utópica», ni tampoco la proyección hacia el futuro que caracterizaba al fascismo clásico. Quienes en la actualidad planifican el futuro del planeta son las elites neoliberales, no la extrema derecha. Los mitos de la derecha radical son un retorno al pasado. Ella encarna una cultura nacionalista, racista y xenófoba que corresponde a una forma del capitalismo del siglo XIX anterior al giro neoliberal. Decir esto no significa en absoluto defender al neoliberalismo. Pongamos un ejemplo concreto. Las grandes multinacionales como Microsoft, Amazon, Apple, entre otras, tienen una dimensión global. Sus estrategias implican una división internacional del trabajo que supone condiciones de explotación brutales y una semiesclavitud en gran parte del mundo, especialmente en Asia.

Un visionario neoliberal «utópico» como Elon Musk imagina inclusive un planeta Tierra trasformado en un jardín con la producción deslocalizada en planetas satélites habitados por esclavos. Estas mismas multinacionales emplean y pagan muy bien, en sus compañías-jardines de Silicon Valley, a informáticos, arquitectos, diseñadores y técnicos especializados que vienen de India, de Pakistán, de África o de América Latina. Y no se preocupan para nada por las inclinaciones sexuales de sus empleados. El capitalismo neoliberal no le teme a una América multirracial, multicultural y pluralista en el plano religioso, porque este es el ADN de EEUU. La supremacía blanca, el miedo de una sociedad blanca devenida minoría en una nación multirracial es un fantasma racista muy antiguo, anterior al capitalismo globalizado. Es cierto que este racismo se alimenta de las contradicciones del capitalismo global y prospera por todas partes, pero no es el espejo de la visión del mundo neoliberal.

«Los mitos de la derecha radical son un retorno al pasado. Ella encarna una cultura nacionalista, racista y xenófoba que corresponde a una forma del capitalismo del siglo XIX anterior al giro neoliberal.»

En una entrevista que diste a Massimo Modonesi en el 2008 decías: «hay una expansión de los estudios sobre el comunismo que es paralela al eclipse de la memoria del comunismo en el espacio público». A propósito de esto quería preguntarte si no considerás que hoy, quizás fundado en aquel desconocimiento, el comunismo está llamado a cumplir el rol de espectro a ser conjurado toda vez que fracasa en este rol (de producir espanto) la amenaza del populismo… Y, por otro lado, ¿cómo podría desarticularse esto?

Massimo Modonesi ha captado una contradicción real que merece ser meditada por lo que revela. La desaparición relativa del comunismo de la esfera pública y la expansión paralela de los estudios sobre su historia están indicando la metamorfosis en «lugar de la memoria». Según Pierre Nora, que ha acuñado este concepto, los «lugares de la memoria» nacen cuando la memoria deja de palpitar en el cuerpo social y no es más transmitida de una generación a otra como un conjunto de conocimientos, prácticas y experiencias colectivas. La historización del comunismo coincide con su desaparición de la vida real. Esto no significa que la retórica anticomunista haya desaparecido: ella sobrevive y puede ser movilizada en formas demagógicas en diversas ocasiones; pensemos en la campaña contra Bernie Sanders en 2019-2020, en la de la derecha española contra Podemos, etc., pero en general el anticomunismo no es más un elemento constitutivo del imaginario y de la cultura de la derecha. Permanece en el trasfondo, como parte de su «archivo» cultural e ideológico, listo para ser reactivado en cualquier momento.

Desde este punto de vista, es interesante esbozar una comparación. Aun desplazado del escenario, el anticomunismo permanece presente en el archivo ideológico de la derecha mientras que el comunismo está casi totalmente ausente de la cultura y del imaginario de los nuevos movimientos alternativos. No ha desarrollado ningún rol relevante en las primaveras árabes, en Occupy Wall Street, en el 15M español, en la Nuit Debout francesa, etc. La extrema derecha se apega a su repertorio -nacionalismo, racismo, xenofobia, homofobia, misoginia, etc.- introduciendo algunas variantes (la islamofobia tiende a ocupar el puesto del antisemitismo). Los movimientos alternativos deben reinventarse, pero no reivindican ninguna continuidad con el pasado, con excepción de una cultura anticolonial y antirracista que ciertamente estaba presente, pero no era dominante, en la tradición comunista.

«Aun desplazado del escenario, el anticomunismo permanece presente en el archivo ideológico de la derecha mientras que el comunismo está casi totalmente ausente de la cultura y del imaginario de los nuevos movimientos alternativos.»

Desde este punto de vista, la ruptura de continuidad histórica ha sido mucho más profunda en la izquierda que en la derecha. Los nuevos movimientos alternativos redescubren una tradición libertaria, no en el sentido doctrinario del anarquismo sino más bien como sensibilidad antiautoritaria, indiferencia a las instituciones, democracia horizontal, participación colectiva, rechazo de toda jerarquía…

En sus prácticas, la ecología, la reivindicación de nuevos derechos, la crítica de las desigualdades sociales, la crítica de las discriminaciones de clase, raza, religión y género tienen la misma legitimidad, en una suerte de «interseccionalismo» integral. A veces estos movimientos exhuman tradiciones escondidas, por ejemplo, la Comuna de París, redescubierta como experiencia de democracia directa, fuera de la imagen que le había dado el comunismo durante todo el siglo XX: aquella de una prefiguración, todavía inmadura, de la Revolución de Octubre.

Es un movimiento característico de ciertas corrientes de izquierda el llamado a tomar conceptos, autores o categorías identificadas con la derecha para un uso/refuncionalización en provecho de una acción emancipatoria. Hoy pareciéramos asistir a un movimiento semejante pero de signo contrario: es la derecha la que toma conceptos y categorías de la izquierda para reclutar adeptos. De su lado parece haber quedado la osadía, la «revolución», la rebeldía, la libertad e, incluso, en algunos casos, la república. La pregunta es: ¿dónde podría inscribirse la crítica cuando su elemento más importante, la palabra, el argumento, parece estar tan devaluado?

No estoy seguro de que se pueda hablar de un «intercambio de ideas» tan vasto entre derecha e izquierda. Esta última tomó prestado de la derecha algunas categorías analíticas. Baste pensar en el uso de conceptos como «estado de excepción» o «autonomía del político» de parte de autores que conoces muy bien, desde Walter Benjamin a Mario Tronti. Pensemos incluso en la filiación heideggeriana de toda una veta del marxismo y de la teoría crítica, Herbert Marcuse en primer lugar. Por su parte, algunos intelectuales de extrema derecha han hecho amplio uso de Gramsci (por ejemplo Alain de Benoit). Se trata, como sostenía Jacob Taubes en su intercambio epistolar con Schmitt, de un «diálogo» imposible que implica una distancia irreductible. Más que de un diálogo, se trata de una simetría: tanto el fascismo cuanto el comunismo volvían a poner en discusión la tradición liberal, a partir de perspectivas y con finalidades opuestas. Si luego adoptamos un acercamiento genealógico, los pasajes son constantes: no sería difícil encontrar huellas de Weber y también de Nietzsche en el concepto de racionalidad instrumental elaborado por la Escuela de Frankfurt, o huellas del romanticismo en el marxismo del joven Lukács, etc.

Empero, las categorías analíticas no son valores o principios. No se puede construir una idea de socialismo o comunismo con los valores de la derecha, ni una idea de orden fascista con los valores de la izquierda. Solamente una visión del mundo inspirada en el liberalismo clásico puede confundir los valores de la derecha con aquellos de la izquierda. El ejemplo más obvio de este error es el concepto de totalitarismo, uno de los más ambiguos y engañosos de la historia del pensamiento político. La adopción de una retórica «revolucionaria» por parte del nacionalismo no es nueva -se remonta al fascismo y a la llamada «revolución conservadora»- pero no se relaciona con los valores, sino en todo caso con las formas y los medios de la acción política.

Mi impresión es que hoy, la nueva derecha ha abandonado la vieja retórica «revolucionaria fascista» y no se está apropiando de las ideas de izquierda. Se está convirtiendo al lenguaje y a la retórica -no sé hasta qué punto a los «valores»- de la tradición liberal, integrando en su léxico lemas como democracia, república, libertad, emancipación, derechos, etc. Estos conceptos, sin embargo, han perdido el significado subversivo que tenían en 1848 o todavía en la primera mitad del siglo XX. Se trata de conceptos ahora universales, a tal punto abusados y desgastados que todos los pueden reivindicar porque no significan más nada. El contenido que la nueva derecha confiere a estos conceptos es conservador o reaccionario: «democracia» significa consenso plebiscitario, «emancipación» significa defensa de las influencias de culturas externas (el islam), la defensa de los derechos significa la exclusión de minorías que amenazarían las conquistas de la civilización occidental, «feminismo» significa lucha contra el oscurantismo islámico, etc.

Si la extrema derecha encuentra consensos en las clases populares (esto sucede en todos lados, desde EEUU hasta Brasil, desde Alemania hasta Italia), ello no se debe a la adopción de un lenguaje nuevo sino al hecho de que la izquierda las ha abandonado, que partidos y sindicatos de izquierda se han debilitado y son hoy inexistentes, que una memoria y una cultura de la acción colectiva, de la organización y de la solidaridad no existen más. La izquierda encarnaba una idea de emancipación colectiva; la extrema derecha propone la búsqueda de un chivo expiatorio. El consenso electoral de Trump, Bolsonaro, Le Pen, reside en su capacidad -en algunas circunstancias- de capitalizar un voto de protesta, no en el hecho de apropiarse de un lenguaje de izquierda.

Y, en relación a esta última pregunta… sabemos, entre otras cosas gracias a tus libros, que el rol del intelectual declina al calor del declive de la cultura letrada y de su incidencia en el espacio público. Las imágenes de mundo que esa cultura producía difieren de las propias de la «videoesfera»… En este sentido, ¿qué «visualizaciones del mundo» (pasado o presente), qué modos inconscientes de pensar, o qué narrativas prevalecen en nuestra «digitoesfera» contemporánea -como un poco en serio y otro en broma la llamás en una entrevista reciente-?

Puedo pecar de ingenuo, pero soy bastante optimista acerca de las potencialidades de la «digitoesfera». Claro, mi percepción de este cambio es muy aproximativa, porque pertenezco a una generación que privilegia otros medios de comunicación y no tiene mucha familiaridad con esos nuevos instrumentos, pero algunos hechos macroscópicos son evidentes. Las redes sociales han transformado completamente la estructura misma de la esfera pública, porque por un lado han completado la reificación -todas las redes pertenecen a multinacionales privadas-, pero por otro lado se han vuelto instrumentos subversivos. Un ejemplo de este fenómeno son los «chalecos amarillos» en Francia, en 2018 y 2019. Todos los órganos de la esfera pública tradicional -la prensa, los canales televisivos y la radio- eran unánimes en la condena de este movimiento: populista, rudimentario, violento, culturalmente regresivo, reaccionario en cuanto irrespetuoso de las instituciones de la democracia representativa, etc.

Gracias a las redes sociales este movimiento espontáneo logró crear estructuras propias, formas de deliberación colectiva extremadamente democráticas, discusiones horizontales sobre todos los problemas sociales y ha organizado sus propias manifestaciones. Los sondeos de opinión han revelado que este movimiento, condenado por todos los medios, había obtenido el consenso de más del 70% de la población. Este ejemplo se puede extender: la primavera árabe, desde la revuelta tunecina de 2011 al Hirak argelino del 2019, debe mucho a las redes sociales. Ellas fueron el vector del Black Lives Matter en EEUU y del movimiento de protesta en Hong Kong, más recientemente en Minsk y en Birmania. Las redes sociales constituyen probablemente el lugar privilegiado de expresión de una esfera pública del siglo XXI, en el sentido con el cual Habermas usa este concepto: un espacio de la sociedad civil donde se puede ejercitar un uso crítico de la razón. El neoliberalismo promueve la «digitoesfera» como espacio de reificación y alienación: la comunicación mediada desde el mercado que vincula individuos aislados cuyo estatus de ciudadanos ha cedido el lugar a aquel de consumidores. El uso subversivo de las redes sociales ha transformado estos vectores de cosificación en vectores de movilización y acción colectiva, dirigida a la reapropiación del espacio social y político.

Ahora sí, para ir cerrando, asumiendo la tesis de que vivimos en una época signada por el presentismo, ¿crees que sería adecuado afirmar que la pandemia vino a consumar esa experiencia dado que implica una suspensión en lo urgente, lo necesario, lo inmediato que resta tiempo y posibilidad a la reflexión y el estar con otros, ambas instancias imprescindibles para organizar algo que trascienda esta coyuntura?

El «presentismo» -el mundo encerrado en el presente- permanece como horizonte de nuestro tiempo, pero la pandemia ha sido también el espejo de sus contradicciones. Por una parte, ella ha celebrado el triunfo del neoliberalismo. Por primera vez los destinos de la humanidad -la solución de una pandemia global frenó las agujas del reloj del planeta entero- fueron puestos en las manos del capitalismo. Todos los gobiernos han confiado a algunas grandes multinacionales privadas la tarea de elaborar y producir vacunas; se han puesto al servicio de las empresas privadas y ahora se encargan de vacunar a las poblaciones en función de las dosis (o sea de la mercancía) que adquieren en el mercado.

Fue una elección de principio, porque la investigación ha conocido una extraordinaria aceleración gracias a los financiamientos públicos, pero estos financiamientos fueron atribuidos a empresas privadas que decidieron cómo gestionarlos. Parafraseando a Marx, el capitalismo ha demostrado su superioridad ontológica frente a todas las superestructuras jurídico-políticas, porque el principio de soberanía ha abdicado y se ha sometido al mando del capital. La «autonomía de lo político» fue borrada de golpe. Pero esta es solamente una cara de la moneda. La otra cara muestra que la pandemia ha suscitado una conciencia anticapitalista difundida a escala global. La gente ha comprendido que no se puede salir de la pandemia con soluciones nacionales, más o menos individuales, que una crisis global requiere una respuesta global, y que esta respuesta implica una reactivación de los poderes públicos.

La salud de millares de seres humanos no puede ser confiada a un puñado de multinacionales interesadas exclusivamente en sus beneficios. En todos los países las discusiones se focalizaron en las insuficiencias de los sistemas sanitarios nacionales -en los primeros meses de la pandemia faltaban mascarillas y tubos de oxígeno- fragilizados por decenios de privatizaciones y recortes del gasto público. En fin, la opinión internacional expresa la demanda de un nuevo acuerdo [new deal] global. Las políticas de Biden y los planes de relanzamiento de la Unión Europea son como un espejo deformante, una primera, tímida, respuesta a esta demanda social.

Por último ¿de qué modo considerás que eso que en Melancolía de izquierdanombrás como propio de una operación político intelectual compleja podría abrir una grieta en el presente capaz de trascenderlo y llevarnos a imaginar otros rumbos que hoy parecen estar obturados?

En mi libro sobre la «melancolía de izquierda» he tratado de «rehabilitar», o sea de reconocer la legitimidad de un sentimiento que pertenece desde siempre a la estructura emotiva de la izquierda, pero que ha sido siempre desplazada, ocultada o censurada. He tratado de reconstruir su historia, pero nunca he pretendido atribuirle cualidades terapéuticas más que aquellas de una necesaria «elaboración del duelo» después de las derrotas del siglo XX. Me parece que la melancolía de izquierda puede acompañar a las luchas del presente y favorecer el nacimiento de nuevos proyectos, pero ciertamente no sustituirlos. Aquella es fecunda si ayuda a la izquierda a conocerse y alcanzar una nueva madurez autoreflexiva, pero no posee virtudes demiúrgicas. La izquierda debe inventar una nueva idea de futuro sin y contra el capitalismo. El camino a recorrer es largo, pero no se trata de un proceso acumulativo, lineal; debemos prepararnos a contramarchas, cambios y aceleraciones inesperadas.

* Micaela Cuesta es doctora en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires
Le Monde Diplomatique