Claude Serfati: Anatomía del Estado radicalizado

Por Paul Rocher

En nombre de la lucha antiterrorista, el Estado francés ha hecho de la lucha contra la radicalización un eje central de su intervención ideológica y coercitiva. Islamistas, islamogauchistas, wokistas, interseccionalistas, ¡todos radicalizados! Pero dada la intensidad de la represión de los movimientos sociales, el cerco de seguridad a los barrios obreros y de inmigrantes y la recurrencia de las intervenciones militares francesas en los últimos diez años, ¿no deberíamos dar la vuelta al estigma y decir que es el Estado el que está experimentando una radicalización autoritaria?

En esta entrevista sobre su libro, recientemente publicado por La Fabrique, Claude Serfati nos habla de la anatomía que propone de este Estado radicalizado, y en particular del papel del ejército en este proceso [ContreTemps].

Paul Rocher: Su libro L’Etat radicalisé (La Fabrique) se publica en un contexto en el que cada vez se cuestionan más los poderes del Estado, como la justicia y la policía, y la violencia que ejercen sobre la población. ¿Qué lugar ocupa el Ejército en esta radicalización autoritaria?

Claude Serfati: En principio, la seguridad interior y exterior son funciones separadas en los Estados democráticos, e incluso en otros Estados. Así que se podría descartar la cuestión diciendo que el Ejército no tiene ningún papel en la radicalización autoritaria interna. Pero esto no sería correcto por varias razones. Sobre todo, porque la nueva coyuntura histórica que se ha desarrollado desde la década de 1990 ha dado lugar a una confluencia entre la seguridad interior y la exterior en las agendas de seguridad nacional de los países dominantes.

La desaparición de la URSS en 1991 parecía marcar el fin de las guerras interestatales, y la amenaza, según los documentos oficiales, procedería principalmente de los obstáculos al acceso a los recursos naturales y a su transporte, o de las poblaciones rurales expulsadas de sus tierras que engrosarían las enormes megaciudades de los países en desarrollo. Más que la defensa contra un Estado identificado, la seguridad nacional se vería amenazada desde dentro y por razones económicas o sociales.

Estos discursos también reflejaban las consecuencias de un cambio importante en la trayectoria económica. El régimen de acumulación con predominio financiero, como lo describió François Chesnais, desembocó en una ofensiva generalizada contra los derechos de las y los asalariados y de la juventud en el marco de políticas de austeridad (neoliberalismo) que las clases dominantes y sus gobiernos sabían que provocarían resistencias.

Esta confluencia entre seguridad exterior e interior se viene observando desde los años 90 y se acentuó tras los atentados terroristas del 11 de septiembre. Los atentados se instrumentalizaron en nombre de la guerra contra el terror. He documentado esta evolución en La mondialisation armée (2001) y en Imperialisme et militarisme (2004). Estados Unidos marcó el rumbo en 2001, la Unión Europea le siguió poco después con su primera doctrina de seguridad, elaborada en 2003 bajo el impulso de J. Solana (que poco después se convirtió en secretario general de la OTAN). El documento de la UE contiene objetivos similares a los de Estados Unidos, salvo en la cuestión de los ataques preventivos, sobre la que los europeos matizaron un poco más.

Francia es ejemplar en esta convergencia entre enemigos exteriores e interiores, con sus 13 leyes de seguridad aprobadas desde 1995. Y sigue en esa línea. En 2022 se presentó un proyecto de ley para criminalizar las ocupaciones ilegales. Amenaza con tres años de cárcel a las personas y familias sin techo que ocupen una vivienda sin muebles para protegerse de la intemperie. En 2023 se aprobará una nueva ley contra las personas inmigrantes y quienes les defiendan.

Este es el contexto general en el que Francia participa resueltamente, dado el lugar que ocupa el Ejército. Porque si bien es sabido que el Estado siempre ha estado en el centro de las relaciones sociales en Francia, hay que recordar una vez más que el Ejército está en el corazón del Estado en la V República. Y sin entrar en los detalles del análisis que expongo en mi libro, el Ejército es una fuente directa de inspiración para las políticas de defensa del presidente. La relación de fuerzas entre el Ejército y el poder político cambia según las épocas, pero el proceso de co-elaboración de la doctrina militar se mantiene.

Esta centralidad del ejército está inscrita estructuralmente en las instituciones de la V República, pero se ve reforzada por el creciente descrédito presidencial, especialmente desde Sarkozy, Hollande y Macron. Este descrédito se debe a la mediocridad de los actores que encarnan el bonapartismo presidencial, al debilitamiento del estatus de Francia en el mundo y, más aún, a la crisis social del país, que provoca un rechazo de las políticas gubernamentales. En el marco de la colaboración en materia de defensa y seguridad, el Ejército tiende a tomar una posición ascendente, al tiempo que discreta. Por ejemplo, las guerras que los medios de comunicación atribuyen al poder presidencial -la guerra de Sarkozy en Libia y la de Hollande en Mali- son en realidad guerras que se decidieron con el Ejército.

A veces, el gran mudo habla. En mi libro analizo los llamamientos de generales publicados en abril de 2021 que pedían a Emmanuel Macron la aplicación de la Constitución y las leyes vigentes para erradicar «las alianzas que se están formando entre islamistas y diversos grupos reivindicativos en la interseccionalidad de las luchas«.

Las guerras libradas en el extranjero han ido de la mano de la radicalización autoritaria en el interior. E. Macron juega constantemente a esta interacción con eslóganes como «estamos en guerra» (¿con quién?), «economía de guerra», etc. Sustituye el Consejo de ministros por el Consejo de Defensa [para el seguimiento de la crisis de la covid] y hace considerables promesas financieras al Ejército. La Ley de Finanzas de 2023 crea 4500 nuevos puestos militares y policiales frente a 2900 nuevos puestos docentes en la enseñanza.

  1. Macron acaba de anunciar que los gastos de la Ley de Programación Militar (LPM) 2024-2030 ascenderán a 413.000 millones de euros. Esto supone 118.000 millones más que la LPM actual, que ya es significativamente alta. Se trata de una aplicación de la política del «cueste lo que cueste» para los trabajadores: 118.000 millones de euros es diez veces más que el déficit del sistema de pensiones anunciado para 2030. La radicalización autoritaria no son sólo acusaciones periódicas de islamoizquierdismo o ecoterrorismo, es una realidad palpable a través de las opciones presupuestarias: más militares y policías, menos profesores y personal sanitario.

La radicalización autoritaria es también la intervención del Ejército en la calle en el marco de la operación Centinela. Pero no es casualidad que lo haya puesto al final de mi respuesta. Aunque es significativa, no debe enmascarar el proceso general de radicalización. Tanto más cuanto que la operación Centinela no satisface realmente a los militares, cada vez les satisface menos.

  1. R.: En su texto sobre los aparatos de Estado, Althusser menciona que los aparatos represivos de Estado funcionan también, aunque de manera secundaria, como aparatos ideológicos de Estado. Hoy vemos que la policía participa plenamente en la batalla de las ideas. ¿Participa también el Ejército?

Las cuestiones ideológicas no forman parte de mi campo de investigación, pero de lo que estoy seguro es de que la ideología necesita una fuerza material para poder expresarse. El hecho de que el Ejército no se exprese públicamente no significa que no intervenga en la batalla ideológica.

Es importante comprender que la ideología se propaga entre la población por vías distintas a los eslóganes y las manifestaciones públicas. Existe una convergencia de fuerzas materiales que permite a la institución militar, desde la discreción, participar en la batalla ideológica. Su actitud es, por tanto, diferente a la de la policía, que usted documenta en su libro, y esta diferencia no es secundaria.

Veamos estas fuerzas materiales: el Ejército es el primer reclutador de la nación. Según Ouest-France, el Ejército y la Gendarmería reclutarán a 40.000 jóvenes en 2023. Campañas de propaganda pueblan el espacio público sobre este tema, y los «apúntate a un empleo» también forman parte de la batalla ideológica. Podemos ver hasta qué punto esta batalla está anclada en una realidad material, que es la de una sociedad con una elevada tasa de desempleo y una alta tasa de precariedad entre las y los jóvenes, y en la que el Ejército se presenta ahora como una institución de formación. Este es un primer ejemplo que me parece típico de lo que usted llama la batalla ideológica que se basa en una realidad social desastrosa.

El parlamento, que es esencialmente una cámara que registra las reivindicaciones militares, es un segundo vector de difusión de la ideología pro-militar. Incluso los parlamentarios de la oposición de izquierdas guardan silencio sobre la militarización de las mentes. Por tanto, sobre estas cuestiones, la unión nacional es permanente en el parlamento. Parece que el Ejército contamina de alguna manera a los parlamentarios para que guarden un honorable silencio. Sin embargo, una campaña en torno a las cifras que he dado -4.500 soldados suplementarios y sólo 2.500 profesores suplementarios- podría hacer reflexionar y tal vez agitar a millones de personas si se imprimiera en el anverso de un folleto distribuido a la población o circulara por las redes sociales.

Siguiendo con el papel del Parlamento, puedo citar el informe Maire-Tabarot sobre la exportación de armas, publicado en vísperas de las elecciones presidenciales. Su principal propuesta era la creación de una comisión parlamentaria para el control de las exportaciones de armas. Este tipo de comisiones existen en Gran Bretaña, Estados Unidos y otros países democráticos. No frenan el militarismo, pero pueden ser un contrapeso a la enorme presión del sistema militar-industrial. Esta propuesta fue inmediatamente rechazada, en condiciones que es interesante describir.

En una nota confidencial revelada por los periodistas de Disclose, la Dirección General de Seguridad Exterior hizo saber pocos días después de la publicación del informe que ¡la creación de dicha comisión equivaldría a poner en tela de juicio la seguridad nacional francesa! Añado que la mayoría de los ponentes de la Comisión de Defensa están estrechamente relacionados con el complejo militar-industrial. Y cuando un ponente, deseoso de hacer su trabajo, envía un cuestionario al Ministerio de las Fuerzas Armadas para documentar su opinión sobre el presupuesto, a menudo se le niega la información.

Por último, además de la formación y el parlamento, se gastan cientos de millones de euros en la comunicación del Ministerio de las Fuerzas Armadas. Este último tiene un programa semanal regular en el canal [de tv] LCP. Desde hace algunos años, el Ejército lleva a cabo una campaña en el sistema educativo nacional y en las universidades.  A las universidades, agotadas financieramente a causa de las políticas aplicadas desde hace años, se les ofrecen contratos de investigación con el Ejército, prácticas y formación. Se trata de pequeños presupuestos -pequeños comparados con lo que hace el Departamento de Estado estadounidense-, pero que permiten una mayor intrusión en las universidades.

  1. R.: Leyendo su libro, uno se da cuenta de que la adicción de Francia a la venta de armas va unida a la necesidad de demostrar con hechos que las armas francesas son eficaces. ¿En qué medida la estructura económica del país, con un sector militar muy desarrollado, produce un Estado especialmente violento, tanto dentro como fuera de sus fronteras?
  2. S.: Evidentemente, cuando usted menciona las dimensiones económicas, estamos de acuerdo en que se trata de analizar la economía política del capitalismo francés. Creo que hay que partir de lo que ocurre a escala mundial, a nivel económico y geopolítico, para comprender cómo se comporta un país. Para mí, ésta es una de las lecciones importantes de las teorías del imperialismo de principios del siglo XX: el comportamiento de un país viene determinado en primer lugar por el lugar (o estatus) que ocupa en el espacio mundial y, por tanto, es del análisis de este espacio mundial de donde debemos partir.

El análisis de la relación entre lo mundial y lo nacional puede inspirarse en la contribución de Trotsky a las teorías del imperialismo. Lenin, Bujarin, Hilferding y Luxemburgo son citados más a menudo como teóricos del imperialismo, pero creo que la hipótesis de Trotsky sobre el desarrollo desigual y combinado constituye una contribución específica en relación con los demás teóricos, con la posible excepción de los trabajos realizados por Rosa Luxemburgo (sobre la destrucción de la economía natural, los procesos de sometimiento de Turquía y Egipto a los imperialismos europeos, etc.).

El desarrollo desigual y combinado es la idea de que, en la época del imperialismo (que Trotsky caracteriza como la época en la que «el capitalismo ha hecho del mundo entero un solo organismo económico y político») no hay lugar para la evolución gradual (en etapas sucesivas) en el desarrollo económico de un país. El «privilegio de una nación atrasada», como él lo llama, es que puede permitirle saltar las etapas por las que han pasado los países capitalistas más antiguos y, en algunos aspectos, ponerse al día. En su aparición en la escena mundial como competidor de las potencias dominantes, un país así combina rasgos ultramodernos, por ejemplo, mediante la integración en su economía de las tecnologías más eficientes producidas por los países más avanzados, con rasgos atrasados.

Trotsky basa su hipótesis general en la observación del espectacular desarrollo de la economía rusa a finales del siglo XIX. Huelga decir que el «privilegio de una nación atrasada» requiere varias condiciones, entre las cuales la voluntad política es decisiva. Por lo tanto, sólo conduce a un desarrollo económico real en una minoría de casos, el más emblemático de los cuales es la China capitalista, dirigida por el Partido Comunista. En efecto, la dominación imperialista de los países occidentales sobre la mayoría de los países sigue siendo tenaz, aunque se esté debilitando, pero ése es otro debate.

La hipótesis del desarrollo desigual y combinado propone, pues, que un país se integre en el espacio mundial, pero que combine las características de la situación internacional aplicándolas de manera específica, según sus tradiciones, es decir, para Francia, la centralidad del Estado y de lo militar.

A continuación, podemos reflexionar sobre los efectos acumulativos de las interacciones entre los niveles mundial y nacional producidos por la centralidad de lo militar en Francia. Desde principios de los años sesenta, la Dirección General de Armamento (DGA), brazo industrial del Ministerio de las Fuerzas Armadas, explica que Francia debe exportar un tercio de su producción de armamento para que su coste sea económicamente soportable para el presupuesto del Estado. La dependencia de la venta de armas está, pues, estructuralmente inscrita en el modelo armamentístico francés.

En el exterior, esta adicción a la venta de armas orienta la diplomacia francesa hacia la búsqueda incesante de clientes, sin tener en cuenta su utilización contra las poblaciones. También exige un intervencionismo militar para que las guerras libradas por Francia sirvan de exhibición a gran escala de la calidad de los sistemas de armamento producidos por los industriales (probados en combate, se felicitan los industriales).

En el frente interno, la centralidad de lo militar exige cada vez más presupuesto militar. En 2017 ascendió a 33.000 millones de euros y aumentará a 60.000 millones anuales con la próxima ley de programación militar (LPM). Tales niveles de gasto tienen considerables efectos preventivos sobre los recursos financieros y el personal cualificado, y producen un desvío de prioridades al descuidar otros sectores industriales.

En resumen, la producción de armamento tiene un efecto global negativo sobre el sistema productivo francés y debilita el rendimiento de las industrias civiles (excepto la aeronáutica) en el mercado mundial, especialmente en Europa. La pérdida de competitividad de la industria francesa es general, y muestra de ello es el vertiginoso aumento del déficit de la balanza comercial. Dedico un capítulo de mi libro al desastre industrial vinculado a la producción de armas.

Con el declive de la influencia económica, el estatus internacional de Francia se deteriora y la búsqueda de países clientes para las armas francesas se hace más obsesiva. Faltan recursos financieros masivos para otros usos. Por supuesto, se sacrifica el gasto social: hay que elegir entre producir armas o contratar profesores y enfermeras. Políticamente, la duplicación del gasto militar en menos de diez años es posible gracias al consenso entre la derecha y la izquierda sobre la posición de Francia en el mundo.

La movilización contra las amenazas exteriores se dirige también contra quienes cuestionan este consenso. Esta fusión de amenazas externas e internas culmina en la ley aprobada en Francia en 2022, que inicialmente se denominó «continuum de seguridad global». Del Sahel a Saint-Denis en pocas palabras. Semejante agenda provoca una radicalización militar en el exterior y una radicalización de la seguridad en Francia, donde la oposición a la unión nacional en lo militar será calificada de separatista. Este es el sentido del mensaje dirigido por E. Macron en su saludo a los ejércitos presentado el 20 de enero de 2023: es necesario «mantener el apoyo mutuo entre los ejércitos y las fuerzas de seguridad interior y las fuerzas de seguridad civil para responder siempre mejor a las crisis, crisis sanitarias o climáticas, por ejemplo», pero rápidamente vienen a la mente otros ejemplos de crisis…”

Cierto, Francia no es el único país occidental que comprime los derechos y las libertades, pero sí es el único en el que la interacción entre el Ejército (exterior) y la seguridad (interior) es tan fuerte.

  1. R.: ¿Hasta qué punto puede considerarse a Francia un país imperialista de pleno derecho? Se caracteriza por una fuerte presencia militar en el Indo-Pacífico y en África, pero también demuestras que su actividad depende de un importante apoyo material de Estados Unidos…
  2. S.: Gracias por plantear la cuestión del imperialismo, ya que es un tema de actualidad. Habrá que responderla tanto más cuanto que la invasión de Ucrania por Rusia ha resucitado el término imperialismo y los actos imperialistas provocan el rechazo de la población, hasta el punto de que Macron lo utiliza a propósito de la invasión de Ucrania por Rusia, calificando a este país de imperialista. De hecho, acepta utilizar el término siempre que el imperialismo sea eslavo y tenga como objetivo la conquista territorial. Su análisis es, por supuesto, inadmisible.

Vayamos, pues, al fondo de la cuestión. El imperialismo es una estructura de dominación del espacio mundial por algunos grandes países, pero también define prácticas nacionales diferenciadas. Unos países dominan a otros, de modo que pueden capturar la riqueza producida por el trabajo y saquear los recursos que ofrece la naturaleza. Las materias primas ya eran una cuestión crucial a principios del siglo XX, pero hoy son una cuestión geopolítica aún más importante. En efecto, la destrucción acelerada del medio ambiente y la búsqueda frenética de recursos naturales ponen de manifiesto la catástrofe a la que el capitalismo está conduciendo a la humanidad.

Los indicadores de capacidad militar y rendimiento económico ayudan a dar cuenta del imperialismo. Por ejemplo, en el caso de Francia, el volumen de su presupuesto militar, su condición de miembro permanente del Consejo de Seguridad, que se basa en la posesión de armas nucleares, y su participación en operaciones militares exteriores a través de sus cuerpos expedicionarios son indicadores de la capacidad militar. En el plano económico, se dispone de algunos elementos, como los flujos de rentas de capital registrados por la balanza de pagos. Estos flujos de rentas se componen principalmente de los beneficios repatriados por las multinacionales a través de sus inversiones en el extranjero (Inversión Extranjera Directa, IED), de las rentas bancarias y de las rentas de la propiedad intelectual. Estos tres componentes indican el grado de opresión financiera.

En 2021, los accionistas repatriaron a Francia más de 60.000 millones de euros en dividendos, intereses y cánones, una forma de tributo que el resto del mundo paga al capitalismo francés. Esto adquiere formas concretas, como la implantación de multinacionales en los países del Sur para aprovechar los costes salariales, la concesión de créditos bancarios y de obligaciones que desangran a los pueblos, como ya analizó Rosa Luxemburgo hace un siglo. La opresión financiera del imperialismo analizada por los marxistas a principios del siglo XX continúa (Lenin calificó a Francia de capitalismo rentista).

Sin embargo, cuidado con el fetichismo económico: la balanza de rentas de capital ofrece datos parciales y sesgados: los economistas del Fondo Monetario Internacional (FMI) estiman que el 40% de la IED de las multinacionales es inversión ficticia, es decir, sin finalidad productiva, que se realiza a través de empresas fantasma y a menudo a paraísos fiscales. ¡Luxemburgo y los Países Bajos acogen la mitad de estas IED fantasma!

En segundo lugar, el imperialismo crea una interdependencia económica y política. Los países dominantes son competidores económicos y rivales políticos y militares. Sin embargo, comparten un interés común en defender la propiedad privada capitalista -en los países dominantes se aplican las mismas políticas favorables al capital- y en preservar su dominio. Por ejemplo, los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad han emitido un comunicado conjunto denunciando el Tratado de Prohibición de Armas Nucleares (TNP) votado en la ONU y que entró en vigor en 2021.

Por último, el imperialismo contemporáneo es una estructura jerárquica de dominación. A principios del siglo XX, las rivalidades interimperialistas por el reparto del mundo enfrentaban a países con niveles de desarrollo comparables. Sin embargo, los teóricos marxistas del imperialismo hablaban de «semiimperialismo», de «semicolonias» (Argentina, Turquía, Egipto, etc.). Sin embargo, la jerarquía estaba menos diferenciada que hoy. Una serie de países aspiran a desempeñar un papel importante en el espacio mundial o regional (Brasil, Sudáfrica, India, Turquía, etc.) y son calificados por algunos marxistas con el término un tanto vago de «subimperialismo».

En el imperialismo contemporáneo, Estados Unidos forma por sí solo el primer círculo. Francia está en el segundo círculo junto con países que a menudo hacen diferentes usos de su mezcla de rendimiento económico/capacidades militares que forjan su estatus de países imperialistas. Por ejemplo, Alemania y Rusia se sitúan en los extremos opuestos del espectro. Alemania se basa principalmente en su poder industrial, Rusia en sus capacidades militares.

Francia ha sido durante mucho tiempo un país imperialista, pero está en declive. No es la primera vez. Tras la Segunda Guerra Mundial, durante la cual los altos funcionarios y oficiales, que constituyen los dos pilares del Estado francés, se habían unido en su gran mayoría al régimen de Vichy, Francia se reintegró con dificultad en el campo de los vencedores. A partir de 1958, el trabajo de De Gaulle consistió en «restablecer el rango de Francia» en el mundo, como le gustaba decir.

Hoy, Francia participa en la reproducción de la estructura de dominación mundial que he mencionado, pero su posición se ha deteriorado tanto económica como militarmente. El activismo militar de las dos últimas décadas, «coronado» por la guerra de Libia (2011) y Mali (2013), atestigua que Francia está ahora actúa por encima de sus posibilidades. La intervención en el Sahel ha provocado una fuerte hostilidad por parte de la población africana, y más aún de la juventud. En el caso del Sahel, se puede hablar de un uso excesivo de la herramienta militar, un comportamiento que el historiador Paul Kennedy calificó de sobredimensionamiento en el caso de Estados Unidos en los años setenta y ochenta.

Sin embargo, un país dominante nunca acepta su declive. Por ello, el gobierno de E. Macron anuncia que la región Indo-Pacífico -que según los dirigentes franceses se extiende desde la costa oriental de África hasta la costa occidental de América, es decir, ¡desde Yibuti hasta California!- es un nuevo horizonte estratégico y una prioridad. El desplazamiento de la economía mundial y de las rivalidades geopolíticas (entre Estados Unidos y China) hacia Asia es evidentemente la causa de esta ambición francesa. Sin embargo, la industria francesa de bienes civiles apenas brilla en la región, mientras que, por el contrario, Asia representa el 30% de las ventas de armas, gran parte de las cuales (20%) se destinan a India, primer comprador de armas francesas.

Así pues, una vez más se utiliza la palanca geopolítica: «Las cuestiones de defensa están en el centro de la estrategia Indo-Pacífica de Francia», según un informe redactado por dos parlamentarios (A. Amadou y M. Herbillon). Es cierto que los territorios que controla en el Pacífico son esenciales para mantener su estatus mundial. Durante años permitieron la realización de pruebas nucleares y otorgan a Francia la segunda zona económica exclusiva del mundo, por detrás de Estados Unidos. La superficie de Francia pasó de 550.000 kilómetros cuadrados a casi 11 millones…, lo que le permitió aumentar su reserva de recursos naturales. Por último, hay 7.500 militares y circulan submarinos con armamento nuclear. Francia espera desempeñar un papel en esta región, que está a punto de recrudecerse, dadas las rivalidades entre Estados Unidos y China.

Sin embargo, las ambiciones indopacíficas de Francia parecen una vez más exageradas, como demuestra la cancelación por parte de Australia de la compra de un submarino a Francia en favor de material estadounidense. Como reconoce el citado informe parlamentario, el error del Gobierno de Macron fue creer que «Francia [podría] ser percibida por su aliado australiano como el otro estadounidense que viene a ayudar a los australianos frente a la presión china» (sic). A esta marginación económica y militar se sumaba la aspiración del pueblo canaco de liberarse del dominio colonial. El éxito de este objetivo debilitaría considerablemente la presencia militar francesa.

  1. R.: Usted señala que, según el jefe del Estado Mayor, «el terrorismo no es, o ha dejado de ser, una amenaza existencial». ¿Para qué tipo de conflicto se está preparando el Ejército?
  2. S.: En el momento en que se decidió, la operación Centinela se consideró un punto de inflexión, una intrusión del Ejército en la vida civil francesa, al menos en cuanto a su alcance en territorio metropolitano. En 2015, el Ejército aceptó inmediatamente la operación Centinela porque los atentados terroristas estaban creando un clima de amenaza «existencial», según los discursos de la época.

Luego, en 2017, el general de Villiers, jefe del Estado Mayor del Ejército, dimitió. La prensa dio como razón que se oponía al recorte del presupuesto del Ejército en unos cientos de millones de euros. Esta explicación es obviamente ridícula cuando se conoce el considerable aumento del gasto militar desde 2017. Puede haber habido razones personales, pero el desacuerdo era sobre las misiones fundamentales del Ejército. En una comparecencia ante la Asamblea Nacional, de Villiers puso en duda que la operación Centinela fuera realmente una operación para el Ejército. Creo que este es el principio de la respuesta a su pregunta.

Tras los atentados de 2015, existe el deseo de presentar al Ejército como el último bastión de la sociedad. Esto forma parte de la campaña ideológica. Sin embargo, cada vez está más claro que los atentados pueden combatirse por otros medios que parecen más eficaces (inteligencia, etc.). El Ejército empieza a hacerse preguntas; sobre todo, porque, desde un punto de vista material e ideológico, el Ejército está para hacer la guerra en el exterior. El papel de los militares no es llevar a los ancianos a cruzar la calle para evitar que los automovilistas los atropellen. Así pues, el Ejército respaldó la operación Centinela en un determinado contexto que favorecía su estatuto, pero hoy parece obstaculizar su redistribución hacia las «guerras de alta intensidad» y su mantenimiento en África, para lo que serían más útiles los 10.000 soldados movilizados por Centinela. En efecto, la doctrina francesa, siguiendo la de Estados Unidos, ya no considera al terrorismo como el principal adversario.

Para comprender este paso de la guerra contra el terrorismo a la de alta intensidad, es necesario, una vez más, partir del análisis de la situación mundial y observar la forma que adopta en Francia. La invasión de Ucrania por el imperialismo ruso no creó los enfrentamientos interimperialistas[1], porque yo sitúo el punto de inflexión histórico en la competencia económica y las rivalidades geopolíticas a finales de la década de 2000.

El «momento 2008», como yo lo llamo, es el producto de importantes mutaciones económicas, geopolíticas y sociales. En primer lugar, se trata de una crisis financiera, prolongada en una serie de crisis, que demuestra que el modo de producción dominado por el capital financiero es incapaz de superar sus contradicciones si no es saqueando sin límites los recursos naturales. En segundo lugar, el momento de 2008 pone fin a la ilusión de un mundo unipolar dominado por Estados Unidos. Por último, está marcado por movimientos populares revolucionarios, pienso en particular en las primaveras árabes, que sacudió los regímenes autoritarios, en su mayoría serviles a los países occidentales.

Evidentemente, la guerra de Ucrania es un paso importante en la agravación de las rivalidades interimperialistas del momento 2008, pero en el trasfondo de esta guerra, el antagonismo entre China y Estados Unidos, que amalgama la economía y la geopolítica, constituye la gran apuesta de los próximos años. Y las teorías marxistas del imperialismo siguen siendo valiosas para analizar este antagonismo, que es precisamente el uso combinado de la guerra económica y la movilización de las capacidades militares[2].

Este contexto mundial se impone a Francia. El esmpantanamiento del Ejército francés en el Sahel, en nombre de la guerra contra el terrorismo, era obviamente previsible. Sin embargo, Francia debe encontrar países de acogida para sus militares, porque la presencia del Ejército en la región es una garantía del rango de Francia en el mundo (concretamente su puesto de miembro permanente del Consejo de Seguridad) y es necesario proteger los intereses de los grupos industriales y financieros franceses presentes en África (no sólo francófonos). Quiero señalar que en 2013, la decisión de intervenir en Malí recibió el apoyo UNÁNIME de la Asamblea Nacional. Diez años después, no se ha hecho balance del callejón sin salida africano de Francia y de los 10.000 millones de euros que la aventura militar ha costado al contribuyente.

El Ejército quiere pasar página en la lucha antiterrorista, identificada con la desastrosa aventura de Malí. El Ejército está acostumbrado a hacer la guerra, como dice el título de un capítulo de mi libro, esa es su función. Los conflictos de alta intensidad son por tanto el futuro según el Ejército, y también las ciberguerras. Así pues, la reorientación hacia la preparación de estos conflictos puede devolver al Ejército un estatus que Centinela enmascaró un poco y que el estancamiento en el Sahel corre el riesgo de hacerle perder. La presencia del Ejército en África es indispensable, pero ahora debe inscribirse en el marco más amplio de las guerras de alta intensidad. No se abandona la guerra contra el terrorismo, que seguramente se mezclará con la lucha contra el separatismo, pero debe llevarse a cabo principalmente con medios de seguridad (gendarmería, policía nacional y municipal).

Los importes financieros necesarios para que Francia siga siendo un actor influyente en la estructura de dominación mundial son muy elevados. Las opciones políticas y presupuestarias consolidan el lugar del Ejército cueste lo que cueste a la economía y la sociedad francesas.

Paul Rocher

https://www.contretemps.eu/anatomie-etat-radicalisation-autoritaire-entretien-serfati/

Traducción: viento sur

Notas:

[1] Véase el artículo https://www.contretemps.eu/imperialisme-guerre-russie-ukraine-mondialisme-armee-serfati/

[2] Para más información, véase «L’économie, une continuation de la guerre avec d’autres moyens», Chronique Internationale de l’IRES, 2022/3 (N° 179), p. 48-63, file:///C:/Users/Claudes/Downloads/CHII_179_0048-1.pdf

Embestidas y fracasos de la derecha en América Latina

Por Claudio Katz

Tres importantes reveses afrontaron últimamente los derechistas de la región. El fracasado golpe en Brasil fue antecedido por una fallida asonada en Bolivia y por el naufragio de las conspiraciones en Venezuela. Estas derrotas no anulan la continuada embestida de las formaciones reaccionarias. Han logrado instalarse en Argentina, replantean su acción en Colombia, retoman el legado pinochetista en Chile, despuntan en México y participan de la feroz represión desatada en Perú. En análisis de cada caso ilustra el perfil de esta corriente en América Latina.

Una aventura fallida

Bolsonaro lideró la principal experiencia de la oleada reaccionaria. No logró su reelección, pero consiguió un enorme sostén en los comicios. Se disponía a jugar un papel político protagónico, antes de quedar afectado por la tentativa golpista que perpetraron sus seguidores.

Ya existen documentos probatorios del plan concebido inicialmente por el ex capitán para desconocer su derrota electoral. Esa confabulación fue abandonada, pero los preparativos de la asonada continuaron con la instalación de un campamento en Brasilia para exigir la obstrucción militar de la asunción de Lula. Se acantonaron durante dos meses en las puertas del cuartel general, difundieron sus planes en las redes sociales, intentaron un mega atentado y bloquearon varias rutas.

El asalto al Congreso, al Planalto y a la Corte Suprema pretendió forzar la intervención del ejército. Los atacantes supusieron que bastaba con una chispa para inducir a los generales a sacar los tanques a la calle. Imaginaron que el caos generado por su acción precipitaría esa intervención (Arcary, 2023). El plan B era forzar un escenario de ingobernabilidad para debilitar al gobierno de Lula en el comienzo de su gestión (Stedile; Pagotto, 2023).

Ese delirante cálculo se asentó en la descarada complicidad de los militares que visitaron el campamento para facilitar una incursión, que también convalidó el gobernador del distrito federal. Los asaltantes ocuparon con total impunidad los principales edificios estatales y en tres horas de vandalismo destruyeron muebles, decorados y obras de arte. Numerosos policías custodiaron a los atacantes, participaron de la tropelía y se fotografiaron en los saqueos.

La embestida llevó la típica marca de Bolsonaro, que en los años 80 logró cierto renombre con acciones de ese tipo. Para presionar por un incremento de salarios, organizó en esa época un plan de colocación de bombas que le costó su carrera. Desde la presidencia perfeccionó esa trayectoria apuntalando las milicias, que continuaron ensayando atentados luego del desorbitado ataque en Brasilia.

Los militares consintieron la aventura para perpetuar los privilegios que consiguieron en los últimos cuatro años. Buscaron garantizar su impunidad para las fechorías cometidas durante ese lapso. Junto a los cabecillas de las pandillas bolsonaristas facilitaron una acción disparatada y concebida para cohesionar a los sectores ultraderechistas.

Los ocupantes de los tres principales edificios estatales exhibieron abiertamente su racismo, al destruir un invalorable retrato de muchachas afrodescendientes. También ratificaron su propósito cristo-fascista de coronar una “guerra santa” contra el PT.

Bolsonaro trató de eludir responsabilidades con su silencio y permanencia en el exterior. Pero toda la alianza que lo rodea flaquea como consecuencia del fracasado golpe. Los diputados, senadores y gobernadores de su partido que consiguieron cargos repudiaron la asonada, aprobaron la intervención federal a Brasilia y marcharon junto a Lula, en el acto de revalidación de las instituciones asaltadas.

Los bolsonaristas con puestos en las gobernaciones y las legislaturas ya reconsideran su retorno a la derecha clásica y a la tradicional negociación de votos a cambio de partidas presupuestarias. Con esas tratativas funciona el presidencialismo de coalición, que ahora podría asimilar a los ultraderechistas, si su líder queda derruido por los efectos de la fallida asonada.

Cambio de escenario

La incursión de Brasilia fue una copia del asalto al Capitolio que hace dos años perpetraron los trumpistas. En ambos casos los ultraderechistas pretendieron demostrar que un grupo pequeño y decidido puede apoderarse de las principales sedes del Estado (Borón, 2023). Al igual que Trump, Bolsonaro tiró la piedra y ante la adversidad escondió la mano.

El calco del operativo confirmó los estrechos lazos entre ambas formaciones, bajo el evidente comando del magnate norteamericano. Pero la copia brasileña extendió la arremetida a los tres poderes y contó con un visto bueno del ejército (y de gobernantes distritales), que no tuvo el copamiento yanqui (Miola, 2023). En Brasil se verificó además una contundente reacción de Lula, que determinó el fracaso del motín.

Esa intervención fue categórica en términos retóricos y prácticos. Por ahora no se sabe si también fue premeditada, con un conocimiento previo del plan golpista. Lula denunció a los «vándalos nazis», calificó a Bolsonaro de «genocida» y acusó a los asaltantes de «terroristas». Actuó con rapidez. En lugar de solicitar a los militares el patrullaje de las calles les impuso la evacuación del campamento. Intervino además el gobierno de Brasilia y tomó el control de la policía.

Esa actitud inclinó a los jueces a concretar las medidas de represalia. Dispusieron la detención de 1.200 implicados en el ataque y el arresto del principal sospechoso de organizar el asalto, a su retorno de Florida. Esta decisión podría incidir en la presión ejercida por el sector progresista del Partido Demócrata, para que Bolsonaro sea expulsado de Estados Unidos. El ex capitán ya no es intocable. Próximamente le congelarían sus cuentas y sería imputado como instigador del golpe.

Estas decisiones han sido promovidas dentro del nuevo gabinete por el ministro de Justicia (Flavio Dino) en conflicto con su colega de Defensa (José Mucio), que contemporiza con los militares y sugiere una amnistía para los vándalos.

Se ha creado una gran oportunidad para derrotar a la ultraderecha, que fue neutralizada pero no aplastada. Si no quedan demolidos volverán a la carga y en gran medida esa partida se jugará en el predominio de las calles. El bolsonarismo ha quedado desconcertado frente al oficialismo que retomó los actos masivos en la campaña electoral, en el día de la victoria, en la jornada de asunción y en las marchas de repudio al golpe.

Este nuevo escenario puede modificar las adversas relaciones de fuerza, que no fueron revertidas por la derrota electoral de Bolsonaro. Las conexiones entre ambas variables no son unívocas. En 1989 Lula perdió los comicios frente a Collor, pero obtuvo una victoria política. En 2014 Dilma triunfó en las urnas, pero sufrió una derrota que permitió la coronación del ex militar (Arcary, 2022). Ahora la victoria electoral puede ser sucedida con un corolario directo en el balance de fuerzas. La derecha está desorientada y el movimiento popular puede capturar la iniciativa.

Implantación y flaquezas de bolsonarismo

Lo ocurrido en Brasilia retrata las contradicciones de la ultraderecha. Bolsonaro llegó en forma sorpresiva a la primera magistratura, canalizando un descontento con el gobierno del PT que debutó con marchas callejeras (2013), se afianzó con el golpe judicial-parlamentario (2016) y derivó en la preminencia de un ambiente conservador (2016-18).

La proscripción de Lula le permitió a Bolsonaro encabezar la reacción contra el ciclo precedente que promovieron el establishment y los medios de comunicación, con el sostén de las clases medias defraudadas con el progresismo.

Pero los desastres acumulados durante su gestión frustraron la reelección del furioso militar, que fue penalizado por su criminal manejo de la pandemia. Esa infección tuvo un número de muertos muy superior a los causados exclusivamente por el virus. Nadie olvidó que se negó a comprar vacunas y a realizar testeos, argumentando que podrían convertir a los individuos en yacarés (Boulos, 2022).

Bolsonaro tampoco logró revertir el estancamiento estructural de la economía y agravó la regresión social, recreando la tragedia del hambre que afecta a 33 millones de personas. Ese flagelo es particularmente chocante, en un país que ocupa el tercer lugar en el ranking mundial de productores de alimentos.

Los vaivenes y exabruptos del desorbitado militar erosionaron el aval del establishement y la liberación de Lula precipitó su declive. No pudo mantener a su gran adversario detrás de las rejas y ese desenlace impulsó al PT disputar con éxito la presidencia.

Bolsonaro dio sobradas pruebas de sus pretensiones fascistas, pero no logró introducir ningún pilar de ese sistema. Multiplicó la violencia cotidiana, la intimidación laboral y el miedo, con 40 asesinatos en las semanas previas a los comicios. Pero no logró crear el marco de terror que exige el fascismo.

Tampoco pudo sustituir el régimen político vigente por alguna versión de totalitarismo. Mantuvo su liderazgo con tutelaje militar y cierto equilibro con el resto de los poderes. Las clases dominantes toleraron su falta de serenidad para ejercer una función ejecutiva y el perfil carnavalesco de sus apariciones, pero no convalidaron su continuidad.

El balotaje demostró igualmente la gran envergadura de su base electoral. Logró introducir una inédita polarización política, que cortó geográficamente al país en segmentos diferenciados. Lula ganó en 13 estados y Bolsonaro en 14. Su partido conquistó el estado de San Pablo, 15 de los 27 escaños disputados en el Senado y numerosos diputados (Agullo, 2022). Pero ahora existe un serio interrogante sobre el impacto de la fallida aventura sobre los cuatro pilares de su fuerza política: el ejército, las bandas, el agronegocio y el evangelismo.

Durante su gobierno se duplicaron los militares en cargos oficiales y los uniformados colocaron 2 senadores y 17 diputados, que se presentaron como referentes de la identidad nacional o herederos de la industrialización de los años 60. Los nueve generales más próximos al ex capitán reforzaron, además, sus propios negocios con el equipamiento bélico.

Pero ahora se ha creado un escenario que permitiría desarticular esa casta, si Lula traduce en hechos su denuncia de la complicidad militar con el golpe. Está planteado el reemplazo del ministro de defensa, la depuración de la comandancia, la anulación de los privilegios y la investigación de los desfalcos de esa cúpula.

La supervivencia de las pandillas que apadrinó Bolsonaro está igualmente amenazada luego del asalto perpetrado en Brasilia. La preparación de esa acción criminal fue oficialmente apuntalada en los últimos años, con la autorización al uso de armas bajo la cobertura de los clubs de cazadores, tiradores y coleccionistas. Los grupos vandálicos concentran ahora el grueso de las acusaciones por el golpe, con un significativo número de sus integrantes en prisión.

El sostén bolsonarista en el agronegocio quedó graficado en el nuevo mapa poselectoral. Las regiones que alimentan esa actividad apuntalaron las listas del ex capitán, demostrando la incidencia de un sector que representa la tercera parte del PIB. Lucran con el extractivismo y se expandieron al compás de la perdurable crisis industrial. Pero los cabecillas de ese entramado son investigados por su financiación de la asonada y podrían quedar alcanzados por serias acusaciones.

El nuevo contexto también influye sobre la cúpula evangelista que sostuvo a Bolsonaro, a cambio de los 82 diputados que consiguió la Iglesia Pentecostal. El alto clero de los pastores continúo su enriquecimiento, mientras sus predicadores inducían a votar por la derecha para evitar puniciones divinas.

Los comunicadores del bolsonarismo combinaron ese tipo de alocados mensajes con la justificación de las mentiras cotidianas del ex mandatario. Un día el ex capitán describió a las inmigrantes venezolanas como prostitutas y al otro acusó a Lula de mantener pactos con el diablo. Ningún delirio quedó excluido de la retórica que orquestaron para afianzar un liderazgo salvacionista, entre votantes decepcionados con el sistema político.

Ese sustento ideológico puede quedar corroído, si Bolsonaro se convierte en un asiduo visitante de los tribunales. En esa comparecencia el gran crítico de la “corrupción lulista” debería explicar cómo adquirió 107 inmuebles en los últimos 30 años, con su moderado sueldo de diputado. Toda la derecha latinoamericana ha quedado pendiente del devenir de Bolsonaro.

Golpismo frustrado en Bolivia

El fracaso de una asonada en Bolivia anticipó a comienzo de año el desenlace de Brasil. También allí se consumó un fallido intento golpista, para repetir con el Arce el alzamiento que derrocó a Evo Morales en el 2019.

En esa oportunidad, la ultraderecha aportó bandas armadas para secuestrar dirigentes sociales, asaltar instituciones públicas y humillar opositores. Reiteró su vieja conducta de soporte de las intervenciones militares, contra gobiernos enfrentados al establishment o crucificados por la embajada estadounidense.

Ese golpe fue la intervención militar más desenfadada de las últimas décadas en Sudamérica. No tuvo disfraz institucional, ni mascarada blanda. Evo fue forzado a renunciar a punta de pistola, cuándo los generales se negaron a obedecerlo. No dimitió por simple agobio. Fue expulsado de la presidencia por la cúpula del ejército.

Pero la principal peculiaridad de esa operación fue el tinte proto-fascista que aportaron los socios derechistas. Instauraron el reino del terror en las zonas liberadas por los uniformados y bajo la conducción de Camacho pusieron en práctica las proclamas de Bolsonaro. Con biblias y rezos evangélicos quemaron casas, raparon mujeres y encadenaron periodistas.

Los agresores emitieron, además, gritos racistas contra el cholo, mientras se burlaban de los coyas, quemaban la bandera whipala y golpeaban a los transeúntes de la raza denigrada. Implantaron en La Paz el vandalismo que habían ensayado en su reducto de Santa Cruz. La ridícula osadía de esas hordas estuvo garantizada por la protección policial.

Ese odio contra los indios recuerda la provocación inicial de Hitler contra los judíos. Camacho no disimula la irracionalidad de sus diatribas contra los pueblos originarios. Considera que las mujeres de esas nacionalidades son brujas satánicas y que los hombres arrastran una impronta servil. Ha creado legiones de resentidos para humillar a los indígenas (Katz, 2019).

La clase dominante del Altiplano celebró la venganza contra los pueblos originarios. Como no digiere que un indio haya ejercido la presidencia, convalidó las descontroladas tropelías de Camacho. Pero sus expectativas reaccionarias quedaron demolidas por la extraordinaria victoria del alzamiento popular (2019). Ese logro desembocó en elecciones, un renovado triunfo del MAS (2020) y una sucesión de juicios que puso entre rejas a la ex usurpadora Añez (2022).

Este resultado descolocó a los ultraderechistas, que debieron aceptar un repliegue a los refugios de Oriente. Desde allí reorganizaron fuerzas y retomaron la ofensiva, con las milicias de cívicos que apadrina el poder económico local. Enviaron esos grupos a los barrios populares para sembrar el terror y propiciaron cortes de ruta para crear el recrear un clima desestabilizador. Demandaron la libertad de los golpistas y convirtieron la fecha del censo que debía reevaluar el peso de cada distrito, en el nuevo pretexto de una gran beligerancia. Con esa excusa propiciaron la asonada del 2023.

Ese plan contempló incluso la eventual secesión del territorio sublevado, si no lograban reconquistar el manejo del país. Con la mascarada de un status federal para Santa Cruz, conspiraron para perpetrar la fractura territorial. Los cívicos apuntalaron ese complot con una leyenda anticoya que impugna el estado plurinacional y retoma las viejas creencias de superioridad de las elites blancas. Con ese separatismo reaccionario completaron un guion inspirado en las acciones oligárquicas del pasado (Acosta Reyes, 2022).

Pero el nuevo intento golpista fracasó. Empezó con una secuela de paros en Oriente e incluyó la reactivación de los grupos de choque contra las organizaciones sociales. También resucitó la enfurecida prédica de los Pentecostales para cohesionar el motín. En la disputa entre fracciones para exhibir mayor radicalidad, organizaron cabildos manipulados bajo el comando de los mismos líderes de las asonadas previas (Camacho y Calvo) y lograron generar un caos regional mayúsculo.

Finalmente, al cabo de 36 días de traumáticas acciones tuvieron que suspender su asonada. El esperado respaldo de otras regiones no llegó y tanto la falta de abastecimiento como la parálisis del comercio socavaron el movimiento. Los cívicos no pudieron forzar la prolongación del paro con simple exhibición de fuerza (Paz Rada, 2022). Tampoco lograron el acompañamiento nacional de la derecha tradicional o de los sectores indigenistas disgustados con el gobierno. Sólo algunas figuras en declive del espectro burgués aprobaron la nueva aventura de Camacho (Montaño; Vollenweider, 2023).

Pero la principal novedad fue la respuesta del gobierno. Al inicio de la provocación el oficialismo sólo convocó manifestaciones callejeras, para repudiar la denigración perpetrada contra la bandera plurinacional. Concretó marchas que reunieron multitudes, pero no modificó el patrón habitual de simple denuncia de los golpistas.

El gran giro se produjo en las últimas dos semanas, con el audaz operativo de detención y traslado de Camacho a La Paz. El principal cabecilla de las bandas reaccionarias quedó encarcelado, a la espera de un juicio por su participación en el golpe militar del 2019. Si esa acción queda ratificada, el gobierno habrá consumado una contraofensiva, que podría pavimentar una gran victoria. En esta confrontación se juega el repunte o fracaso de la ultraderecha boliviana.

La frustración del referente venezolano

La derrota de Bolsonaro en Brasil y Camacho en Bolivia se enmarca en el fulminante naufragio de Guaidó en Venezuela. Sus escuálidos encabezaron durante mucho tiempo el ranking regional del vedetismo reaccionario. Reemplazaron en ese podio a los gusanos de Cuba y lograron situar sus acciones en la primera plana de los noticieros. En incontables oportunidades supusieron que tenían asegurado el retorno a Miraflores, pero comparten actualmente las mismas frustraciones que sus allegados de Miami.

El perfil extremo de esa derecha no estaba predeterminado en el debut de la confrontación con el chavismo. Ese choque inicial estuvo liderado por los conservadores tradicionales, que perdieron preeminencia con la intensificación del conflicto. Los grupos más virulentos capturaron la dirección, propiciando golpes desde los cuarteles y guarimbas en las calles.

En su obsesivo proyecto antichavista, la ultraderecha intentó seguir las huellas de Pinochet. Diabolizó al proceso bolivariano y propuso extirparlo con un baño de sangre. Ese odio alcanzó la misma intensidad que la denostación fascista del comunismo. Con esa tónica fue motorizada la movilización de los sectores medios antibolivarianos.

Las clases dominantes buscaron sepultar por esa vía el desafío que personificó Chávez e intentaron disolver el empoderamiento popular que acompañó a su gestión. En esa campaña repitieron todos los ítems del libreto reaccionario.

Esa reiteración de guiones corroboró su total sumisión a los dictados de Washington. La ultraderecha venezolana fue organizada, financiada y dirigida por el Departamento de Estado, con el mismo molde de sus antecesores cubanos. También las reyertas suscitadas por el manejo del dinero y las conexiones con la mafia, asemejan a los dos servidores caribeños del mandante yanqui.

El trumpismo jugó todas sus cartas a los escuálidos y la vertiente Obama-Biden contempló también otras variantes. Pero ambos sectores del establishment imperial debieron lidiar con la imposibilidad de enviar marines a Caracas, como se estilaba en la época de Nixon o Kennedy.

Sin contar con el recurso salvador de la invasión estadounidense, el antichavismo ensayó todo tipo de operaciones sustitutas. Incentivó complots militares, adiestró mercenarios en la frontera, desembarcó milicias en las playas y secuestró helicópteros. También tanteó magnicidios, montó la farsa internacional de la ayuda humanitaria e incentivó incansables sublevaciones callejeras. Pero falló en todas las conspiraciones, desmoralizó a su propia tropa, perdió credibilidad y actualmente afronta una crisis terminal.

La autoproclamación del fantasma Guaidó ya es un episodio del pasado. Sus huestes intentaron boicotear las últimas elecciones con una intrascendente farsa de comicios paralelos. El chavismo recuperó la Asamblea Nacional y el grueso de la oposición se sumó a los comicios, cerrando el largo conflicto institucional inaugurado con el desconocimiento de las elecciones presidenciales del 2018.

No es la primera vez que los derechistas regresan a las urnas, pero este retorno se procesa con la cabeza muy baja. Guaidó está manchado por incontables escándalos de corrupción y su proyecto agoniza.

El gobierno logró sofocar primero el ciclo insurreccional del 2014-2017. Posteriormente obtuvo réditos de la crisis migratoria, que desperdigó a la oposición y finalmente neutralizó a todo el espectro de sus adversarios (Bonilla, 2021). Las guarimbas han desaparecido y el golpe de estado ya no figura en ninguna agenda relevante.

Este fracaso de la ultraderecha ha reabierto espacios de intervención para los sectores más convencionales del sistema político. Pero el nuevo escenario tiene gran impacto regional, porque los escuálidos eran ensalzados como la gran referencia latinoamericana del proyecto regresivo. Su declive junto a la derrota de sus émulos en Bolivia y Brasil crea un escenario más problemático para la gestación o reconstitución de las corrientes reaccionarias en otros países.

Viejas recetas recicladas en Argentina

La expansión de la ultraderecha en Argentina es más reciente y, al igual que en Brasil, despuntó en la confrontación con un gobierno de centroizquierda. Los primeros destellos en las marchas callejeras contra el kirchnerismo fueron capturados por el conservadurismo tradicional y catapultaron a Macri al gobierno. Pero en la virulenta impugnación posterior de Fernández y Cristina, emergió la fuerza reaccionaria de Milei (y en menor medida de Espert).

Ambos personajes se nutren de los grupos negacionistas forjados durante la pandemia, reúnen formaciones violentas y aspiran a convertirse en una fuerza electoral de peso en los comicios presidenciales del 2023. Los bolsonaristas argentinos fueron fabricados por los medios de comunicación y llegaron a la política sin ninguna trayectoria previa. En esa carencia se distinguen de sus pares convencionales (Pichetto, Bullrich), que han protagonizado todas las mutaciones camaleónicas de la partidocracia.

En el último bienio los medios instalaron a las nuevas figuras, para inducir la derechización de la agenda política. Toleran sus escándalos, exabruptos y delirios (como la aceptación de la compra y venta de niños), a fin de permitir la imposición de los temas reaccionarios, especialmente en el plano económico (Katz, 2021). Con esa estrategia, las viejísimas y fracasadas recetas de la ortodoxia neoclásica han recuperado centralidad.

Milei es el showman más descollante de este operativo. Adoptó la excéntrica pose de gritos y enojos que le recomendaron sus asesores para capturar la audiencia y transformar la política en una secuencia de chimentos. Ha denostado en forma incansable a la “casta política” que actualmente integra y despotrica contra el Estado, ocultando su utilización de los recursos públicos.

Se maneja con el dinero aportado por varias fundaciones estadounidenses y ha recurrido a la payasada de rifar su dieta de diputado, como un gesto de impugnación de la “casta”. En su fanatismo ultraliberal, no consideró la donación de esa mensualidad a alguna actividad laboral o académica meritoria.

Algunas miradas destacan que esa opción por el sorteo ilustró cómo asemeja el progreso individual al puro azar. En su mundo de capitalismo salvaje no sobreviven los más aptos, sino tan sólo los más afortunados (D’Addario, 2022). De paso, indujo a millón de personas a dejar sus datos personales en la base de información que maneja su bunker. Optarán por la apropiación algorítmica más oportuna de ese universo.

Milei integra el pelotón de alocados personajes que auspician los poderosos para canalizar el descontento con los gobiernos inoperantes. Derrocha demagogia para capturar el enojo de la clase media y la desesperación de los empobrecidos. Pero su efectiva prioridad es la erosión de las conquistas democráticas logradas al cabo de muchos años de lucha.

Todas las tonterías económicas ultraliberales que enuncia están plagadas de inconsistencias y se difunden por la simple complicidad del periodismo servil. Nadie le exige ejemplos históricos o ilustraciones prácticas de sus absurdas propuestas de incendiar el Banco Central. Con esa mascarada alimenta la reintroducción de un clima represivo, mediante apologías al terrorismo de Estado y exaltaciones a la libre portación de armas.

Los medios hegemónicos apuntalan esa regresión, difundiendo la falsa creencia que los jóvenes están desinteresados por la tragedia de sangre que impuso la última dictadura. Los fascistas que acompañan a Milei promueven el hostigamiento de los movimientos sociales, con iniciativas de criminalización de los piqueteros. Su co-equiper Espert apuntala la misma agresión con propuestas de limitar la natalidad en los hogares pobres. En su ceguera burguesa considera que los embarazos están motivados por el cobro de un plan social.

Espert se ha embanderado con la demagogia punitiva, ocultando los repetidos fracasos de la “mano dura”. En su celebración del gatillo fácil omite que la violencia policial nunca atenuó el delito. Simplemente convoca a la venganza, desconociendo la estrecha relación de la criminalidad con la desigualdad y la gran conexión de la reincidencia con la falta de educación o trabajo. Para restaurar la represión en gran escala, los dos ultraderechistas participan activamente de la cruzada anti mapuche y la consiguiente escalada de agresiones contra los pueblos originarios.

El fallido intento de asesinato de Cristina ilustra hasta qué punto la nueva ultraderecha no restringe su acción a la esfera electoral. El atentado fue consumado al cabo de una intensa campaña mediática de incitación al odio (Katz, 2022) y el puñado de marginales que consumó esa acción participaba de una aceitada organización de abogados, espías y empresarios.

Antes de apuntar contra Cristina, desenvolvieron las típicas incursiones de los grupos neonazis, lanzando antorchas contra la Casa Rosada, exhibiendo bolsas mortuorias y guillotinas. La mano de los servicios de inteligencia en esos operativos es tan visible, como el parentesco de sus guiones con las guarimbas venezolanas.

La complicidad de altas esferas del Poder Judicial ha quedado corroborada con la obstrucción al esclarecimiento del frustrado magnicidio. Trabajan para restringir la acusación a los tres o cuatros involucrados directos, encubriendo a los financistas e instigadores del atentado. Es particularmente escandaloso el amparo judicial a los políticos derechistas que conocían y dejaron correr la preparación de esa conjura.

Peligros y limitaciones

La capacidad de acción de los personajes bolsonaristas (Olmedo) fue marginal en Argentina durante el macrismo, pero se ha expandido en proporción a la generalizada decepción con el gobierno actual. Ya no constituyen una lejana amenaza y disputan espacios con la derecha tradicional. Mantienen un perfil propio que amenaza la unidad de la oposición en los próximos comicios. En esta potencial división radica la expectativa oficialista de mantenerse en carrera para retener la presidencia.

Pero en cualquier opción electoral, la ultraderecha puede transformarse en una fuerza de peso ante la gravísima crisis social del país. A diferencia del 2001 despuntan como un canal de captación del descontento con el sistema político. El tinte progresista y radicalizado que tuvo ese malestar hace dos décadas, ahora presenta una fisonomía contrapuesta.

En los hechos Milei propugna el retorno al menemismo. No sólo promueve una escala semejante de privatizaciones, con mayor desregulación laboral y apertura comercial. También propone contrarrestar la superinflación actual con alguna reinstauración de la convertibilidad, que arruinaría en forma irreparable la economía del país. El establishment no comparte por ahora esa cirugía por temor a una incontenible reacción popular, pero tampoco rechaza su eventual aplicación.

Milei se sumó con gran entusiasmo al bolsonarismo, exhibió fotografías con sus líderes y reprodujo la misma exaltación del anticomunismo. El fallido golpe en Brasilia lo colocó en una incómoda situación, que disimula con la habitual complicidad de los medios de comunicación. Pero el grueso de la derecha local registró la derrota electoral de sus pares brasileros y desaprobó un asalto a los edificios gubernamentales que no podría repetirse en Argentina. El ejército mantiene un rol político marginal, en un país que ha desarrollado enormes anticuerpos contra el militarismo.

La dictadura brasileña coincidió con un prolongado período de crecimiento desarrollista y sus responsables nunca fueron juzgados. En cambio, Videla y Galtieri acentuaron una regresión económica que desembocó en la aventura de Malvinas. Todos los tanteos conservadores para revalorizar a esos genocidas han desatado repudios masivos. La desmovilización popular y la desmoralización del progresismo que precedieron a Bolsonaro, no tuvieron hasta ahora un correlato equivalente en Argentina.

Pero las diferencias históricas entre un país signado por la convulsión y otro caracterizado por la continuidad del orden deben ser revisadas con cierto cuidado. Brasil nunca vivió el tipo de confrontaciones socio-políticas que ha prevalecido en Argentina, pero protagoniza una inédita grieta de consecuencias desconocidas. Por el contrario, su vecino del sur ha quedado sumido en una crisis social catastrófica que altera de todos los parámetros del pasado.

La pesadilla de los mafiosos colombianos

La ultraderecha colombiana carga con una feroz trayectoria de guerra contra los campesinos y trabajadores. Ha incurrido en un grado de salvajismo inigualable. En ningún otro país de la región se han encontrado tantas fosas comunes con restos de personas masacradas. Durante seis décadas complementó las balaceras del ejército con matanzas de todo tipo.

Esas bandas se especializaron en el asesinato cotidiano de los militantes sociales, con una sistematicidad sin parangón en América Latina. Tan sólo el año pasado ultimaron a 198 dirigentes populares y desde la firma de los Acuerdos de Paz (2016) mataron a 1.284 luchadores. Su terror ha convertido a Colombia en la nación con mayores desplazamientos forzados de población de todo el continente.

Esa ferocidad se remonta al surgimiento de los grupos paramilitares organizados por las Fuerzas Armadas en los años 60, para apuntalar la guerra contrainsurgente que monitoreaba el Pentágono. De esas formaciones emergieron las denominadas autodefensas, que se entrelazaron con las mafias del narcotráfico bajo el amparo del uribismo. En el 2005 fueron formalmente desmovilizadas con todo tipo de beneficios, pero reaparecieron como fuerzas de choque contratadas por las elites regionales (Molina, 2022).

Esos grupos disputan el control de los territorios e integran una estructura de narco-mercenarios que opera en todos los estamentos del Estado. La vieja oligarquía fue sustituida por una narco-burguesía, que maneja gran parte de la economía subterránea del país. Las áreas ocupadas por plantaciones de estupefacientes son más extensas en la actualidad, que en los inicios del Plan Colombia (1999) y la productividad de los sembradíos se ha duplicado. Las fumigaciones aéreas simplemente aceleraron el abandono de los campos comunitarios y la concentración de la tierra.

La estructura narco-militar forjada por los clanes de la droga ha perfeccionado su capacidad operativa y ya exportan mercenarios para distintas labores. La forma en que organizaron el asesinato del presidente haitiano Jovenel Möise, ilustra la gravitación regional de esos criminales. Han conformado un ejército paralelo, que interviene desde hace décadas en la parapolítica de Colombia, para mantener al país en el tope del ranking mundial de exportación de cocaína. Las principales figuras de la derecha colombiana mantienen incontables lazos con esa narco-economía.

Esta asociación es apañada por Estados Unidos, que convirtió a Colombia en el principal centro de operación regional del Pentágono. Las siete bases militares afincadas en el país están conectadas con una vasta red de uniformados de todo el continente. Trump utilizó adicionalmente a Colombia como retaguardia de incursiones contra el chavismo y reforzó el status del país como “aliado extra OTAN”. Biden reajusta esa estrategia para asegurar la preeminencia estadounidense en el hemisferio (Pinzón Sánchez, 2021).

La ultraderecha ha sido durante décadas una pieza clave del sistema político. Pero el agotamiento del urbismo y la revuelta popular del 2021 socavaron ese régimen y el triunfo electoral de Petro desafía seriamente a ese tejido de opresores.

Para impedir ese declive introdujeron en el balotaje a un improvisado personaje del trumpismo latinoamericano. Rodolfo Hernández irrumpió con un discurso vacío contra la corrupción, exhibiendo su condición de millonario, como el principal mérito para acceder a la presidencia. Con ese alocado mensaje pretendió compensar la bancarrota del candidato oficialista (Federico Gutiérrez).

Hernández recurrió a todos los exabruptos imaginables y despotricó contra el resto de los políticos, como si él formara parte de una raza diferente. No disimuló sus convicciones machistas, ni su misógina. Pero cruzó la raya de lo aceptable por sus propias huestes, cuándo declaró su admiración por Hitler (Szalkowicz, 2022).

Tampoco surtió efecto su escandalosa verborragia, la campaña motorizada desde Miami, y su amenaza de acciones violentas. El respaldo de los poderosos no alcanzó para contener la esperanza de cambio que encarnó Petro. La derecha sufrió una derrota histórica y el propio Hernández abandonó inmediatamente la escena.

Ahora Petro afronta la monumental tarea de forjar la paz, frente a sectores reaccionarios que esperan el momento para el contraataque. Han ensayado un atentado contra la vicepresidenta Márquez y sabotean las tratativas en curso (Duque, 2023). Pero han quedado en una posición defensiva y la normalización de las relaciones con Venezuela afianza ese retroceso. El lobby de Miami no oculta su disgusto con un escenario muy alejado de sus propósitos.

El pinochetismo de los nuevos tiempos

La ultraderecha reaparece en Chile con los mismos perfiles pinochetistas del pasado. Kast no puede repetir el golpe de su admirado predecesor, pero retoma todas las banderas del nefasto dictador. Irrumpió abruptamente, frente a la impotencia de Piñera para contener la sublevación popular del 2019. Esa rebelión arrastró a toda la derecha a un abismo electoral, que Kast contuvo forjando la candidatura de emergencia que disputó sin éxito contra Boric.

El principal estandarte del reaccionario transandino fue la restauración de la represión, contra los jóvenes que desafiaron en las calles los treinta años de continuismo posdictatorial. Kast exigió mano dura contra las protestas, como si los manifestantes no hubieran padecido 30 asesinatos, 450 personas con lesiones oculares y centenares de detenidos (Abufom Silva, 2021).

Con la misma virulencia exigió la militarización del sur y el endurecimiento de la campaña antimapuche. Añadió a esa agenda de pinochetismo explícito un discurso antiinmigrante, para incentivar el odio contra la novedosa oleada de trabajadores extranjeros que incorporó la economía chilena.

Kast logró una reconstitución vertiginosa de la extrema derecha, a costa de los candidatos convencionales de ese espacio. Superó a las figuras democristianas (Provoste) y oficialistas (Sichel), mediante una digestión del centro muy parecida a la consumada por Bolsonaro en Brasil. También prevaleció sobre los personajes marginales embanderados con la antipolítica, que optaron por una exótica campaña electoral desde Estados Unidos (Parisi). Ganó la partida dentro del espectro conservador retomando la fidelidad al pinochetismo.

Con esa postura logró reintroducir una gran bancada de legisladores en ambas cámaras, revirtiendo los magros resultados de los comicios anteriores. Estuvo incluso cerca de llegar a la presidencia, pero fue doblegado felizmente por una gran reacción antifascista. Esa respuesta tomó fuerza en las calles, recuperó primacía en los barrios populares y atrajo votos de los indiferentes a las urnas.

Le eventual llegada de Kast a la Casa de Moneda fue incluso resistida por parte del establishment, que temió las consecuencias de un reinicio de la confrontación directa con el pueblo. Estimaron que la partida perdida por Piñera no sería ganada por una versión más extrema del mismo libreto. Evaluaron que la vieja clase política es la mejor garantía de continuidad del modelo neoliberal que Boric nunca propuso erradicar.

La irrupción de Kast expresa la reacción contrarrevolucionaria de los poderosos que defienden sus privilegios. La rebelión popular diluyó las formaciones del centro y la extrema derecha recuperó protagonismo exigiendo la restauración del orden.

Kast incorporó algunas facetas de la nueva derecha como el sustento de los evangelistas, pero se afirmó con los viejos códigos de Pinochet. Buscó retomar el resentimiento de los sectores medios contra los asalariados, aprovechando el nuevo escenario de informalidad y desarticulación del movimiento obrero tradicional (De la Cuadra, 2022).

Su acelerada instalación confirma las raíces sociales que dejó la dictadura para nutrir la permanencia de sucesores (Cabieses, 2021). La tutela militar –que se desmoronó abruptamente en Argentina luego de la aventura de Malvinas– perduró durante más tiempo en Chile. Por eso Pinochet murió con honores militares, mientras sus colegas argentinos eran juzgados, indultados y nuevamente encarcelados.

Bajo el pinochetismo se forjó también una clase media conservadora, que condicionó a todos los gobiernos de la Concertación. Siguiendo el modelo de la transición española, esas administraciones pactaron el sostenimiento de la Constitución gestada por la dictadura, para asegurar la vigencia del modelo neoliberal.

La ultraderecha chilena ha sido muy ponderada por sus pares de la región y el frustrado acceso de Kast a la presidencia fue percibido como una derrota propia por los reaccionarios del continente. Por la impactante historia que encarnan Allende y Pinochet, Chile persiste como el gran referente simbólico de los dos polos de la vida política latinoamericana.

Esa centralidad se reaviva con cada pulseada entre ambas formaciones. Las victorias del movimiento popular son rápidamente respondidas por la derecha, en una dinámica de giros constantes y cambios vertiginosos.

Los custodios del fujimorismo

Todas las variantes de la derecha unificaron fuerzas en Perú para consumar el reciente golpe que tumbó a Castillo. Acosaron a ese mandatario hasta que finalmente forzaron su desplazamiento. No toleraron la presencia de un presidente ajeno al contubernio del fujimorismo con sus aliados y adversarios, que sostiene al régimen político más antidemocrático de la región.

Esta vez concretaron una variante extrema del lawfare, mediante un golpe parlamentario con cimiento militar y complicidad de la vicepresidenta Boluarte. De inmediato desataron una represión feroz con decenas de asesinados, centenares de detenidos y toque de queda en varias provincias. Esa criminalización de las protestas supera los antecedentes recientes y ha colocado al ejército en el típico lugar de cualquier dictadura (Rodríguez Gelfenstein, 2022).

Esa brutalidad está garantizada por un compromiso de impunidad que obliga a tramitar cualquier denuncia contra los gendarmes en el propio fuero castrense. La nueva mandataria convalida el salvajismo represivo, premiando con cargos a los responsables de la balacera contra el pueblo. También aceptó delegar el mando efectivo del país en el fanático ultraderechista que preside el Congreso (Álvarez Orellana, 2022). Desde allí se perfecciona el “golpe dentro del golpe” que legitimaría el derrocamiento del secuestrado Castillo, con algún adelanto de las próximas elecciones.

Desde el 2018 los derechistas concretaron el desplazamiento de los seis presidentes que perdieron funcionalidad para la continuidad del régimen. Ese sistema fue creado por Fujimori un año después de asaltar al gobierno (1993), mediante un dispositivo constitucional que otorga poderes omnímodos al Poder Judicial y a su Fiscalía para intervenir en la vida política. La debilidad del Ejecutivo, la atomización del Legislativo y la gravitación de los tribunales apuntalan un sistema que propicia la inmovilidad, la apatía y el descreimiento de la población (Misión Verdad, 2022).

La finalidad de ese esquema es asegurar la continuidad de un modelo neoliberal divorciado de los avatares de la política. El vertiginoso recambio de mandatarios contrasta, por ejemplo, con la perdurabilidad del mismo presidente del Banco Central en los últimos 20 años.

Ese rumbo económico garantizó la privatización de la industria y la entrega de los recursos naturales al capital extranjero, en un marco de chocante pobreza y desigualdad. El alabado crecimiento de los últimos tres decenios se consumó expandiendo la precarización laboral, que en las regiones del interior afecta al 70% de la población. También el campesinado ha sido severamente golpeado por la importación y el encarecimiento de los insumos, mientras el grueso de la inversión se concentró actividades extractivas que deterioran el medio ambiente.

El golpe contra Castillo –que Estados Unidos apoyó de inmediato– apunta a sostener el dispositivo político que garantiza la devastación económica. Toda la derecha apoya ese régimen, mientras sus variantes extremas construyen nichos con figuras cambiantes. Su personaje más reciente es Rafael López Aliaga (Porky), que logró el respaldo de los evangélicos y los católicos ultraconservadores para exponer mensajes cavernícolas. Confiesa que se autoflagela con frecuencia y que anularía cualquier vestigio de la educación sexual, para exorcizar los resabios de la “izquierda diabólica”.

Durante la pandemia rechazó el uso de mascarillas y propuso privatizar la vacunación. Propaga un fanatismo neoliberal y evita el esclarecimiento de las denuncias que lo involucran con el lavado de activos (Noriega, 2021). Porky compite en Lima con otro extremista de derecha acusado de terribles violaciones a los derechos humanos.

Pero la heroica resistencia popular que afrontan los golpistas desafía seriamente a todas las variantes de la reacción. Las cifras de muertos no cesan y los disparos sobre los manifestantes acrecientan el número de víctimas. Esta descontrolada brutalidad de la derecha puede terminar sepultando su propia continuidad.

Otras variantes en gestación

Los modelos de la ultraderecha asentada inspiran a sus pares más rezagados. Es el caso de México, donde ya se avizora la misma disputa callejera que suscitaron los gobiernos progresistas de Sudamérica. Los sectores tradicionalmente minoritarios de la reacción, comenzaron a repetir la secuencia de otras experiencias. Han recuperado la iniciativa con movimientos de rechazo a la democratización del sistema electoral que impulsa López Obrador.

AMLO respondió a ese desafío con la concentración más numerosa de los últimos años. Frente a esa polarización callejera la ultraderecha afinó su repertorio, organizando un gran evento internacional con figuras trogloditas de todo tipo.

En otros países más habituados a la gestión represiva del Estado, la nueva derecha ofrece pocas novedades. En Ecuador o Guatemala, simplemente apuntala la periódica reinstalación de los regímenes de excepción, con la consiguiente militarización de la vida cotidiana. Allí sostiene variantes del golpismo, que sustituyen a las viejas tiranías militares por modalidades más disfrazadas de dictadura civil.

En Haití los derechistas auspician tanto la intervención extranjera, como la expansión de las bandas mafiosas que han destruido el tejido social de la isla. Apuntalan el modelo de golpismo gangsteril que sustituyó al sistema político y oscilan entre promover una dictadura tradicional o precipitar otra ocupación norteamericana.

Frente a tantas versiones del espectro derechista, conviene clarificar la singularidad de ese espacio en comparación a otras regiones. Abordaremos ese problema en nuestro próximo texto.

16-1-2023

Artículo cedido por gentileza del autor. Publicado originalmente en su blog: https://www.lahaine.org/katz/

Referencias

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La Nicaragua de Daniel Ortega: La pedagogía de la crueldad

Por Raúl Zibechi

Las condiciones de reclusión que sufrió Dora María Téllez (comandante dos del sandinismo), la más emblemática prisionera de Ortega durante más de 600 días, recuerdan las que vivieron los rehenes de la dictadura uruguaya durante su largo cautiverio. En la celda que ocupaba en la cárcel El Chipote, la oscuridad era casi absoluta, apena un tenue resplandor «que no dejaba ver bien la mano»; ni siquiera les permitían saber la hora, según relató en su primera entrevista (El País, 10-II-23).

La historiadora Téllez no podía tener libros, papeles ni lápices. «Dormíamos sobre una colchoneta lisa, sin nada, en el suelo frío. No nos daban toallas, nos secábamos poniéndonos la ropa encima. Eran torturas psicológicas constantes», dijo en las afueras del hotel de Virginia donde fue alojada en Estados Unidos. Acabó perdiendo la voz porque apenas hablaba un minuto al día con los guardias, por lo que se dedicaba a «cantar bajito» para contrarrestar la pérdida.

Lo más sintomático, porque retrata el carácter de la dictadura Ortega-Murillo, es el trato a las mujeres. Durante tres meses no recibió ninguna visita, ni siquiera de su abogado, no había ninguna regularidad, por lo que considera que se trataba de «otra forma de tortura». Mientras los varones nunca estuvieron en régimen de aislamiento más de dos meses, las mujeres lo estuvieron durante todo el tiempo, entre ellas, su pareja, Ana Margarita Vijil, además de Tamara Dávila y Suyén Barahona. «Eso es el odio visceral hacia las mujeres de los Ortega-Murillo», explica Téllez.

PEDAGOGÍA DE LA CRUELDAD

Téllez explica que el peor momento que vivieron durante el cautiverio fue la muerte de Hugo Torres (comandante uno), el primer prisionero fallecido en la prisión orteguista. Pese a tener 73 años y ser uno de los íconos de la revolución –que en 1974 arriesgó su vida para rescatar a un grupo de sandinistas de la dictadura de Anastasio Somoza, entre ellos, Daniel Ortega–, no recibió la atención que merecía por el cáncer que lo aquejaba. Todas las versiones aseguran que ingresó en buen estado de salud a El Chipote, pero su deterioro fue muy veloz y falleció en enero de 2022.

La antropóloga y feminista Rita Segato acuñó el concepto pedagogía de la crueldad para dar cuenta de todo aquello que cosifica la vida, las prácticas que «programan a los sujetos a transmutar lo vivo y su vitalidad en cosas».1 No consiste solo en matar, sino también «enseña a matar de una muerte desritualizada, de una muerte que deja residuos en el lugar del difunto».

La trata y la explotación sexual forman parte de esa crueldad, pero también las iniciativas extractivistas para producir commodities para el mercado global, emprendimiento que de modo habitual «es precedido por burdeles y el cuerpo-cosa de las mujeres que allí se ofrecen». Segato sostiene que en el mundo hay dos proyectos en pugna: el proyecto histórico de las cosas y el proyecto histórico de los vínculos.

Asegura que en Nicaragua –pero también en Palestina y en muchos otros sitios, dice la antropóloga– «patriarcado, colonialidad, pedagogía de la crueldad, cosificación de la vida y extractivismo de la naturaleza y de los cuerpos de las mujeres» se encadenan conformando «la ecuación perfecta del poder».

Intenta comprender, de ese modo, las razones por las que el régimen descerraja odio y sadismo contra las personas que lo cuestionan. Lo más notable, empero, es que ninguno de los 222 excarcelados fue quebrado en la prisión. «Sabía que tenía que aguantar, era mi manera de derrotar a Ortega cada día. Cada día que no me lesionaba mentalmente, cada día que no defecaba en la celda, que no me ahorcaba […] era un triunfo sobre Ortega», dijo Téllez en la citada entrevista.

PROBLEMAS INTERNOS

Durante muchos años, el discurso antimperialista de la dictadura Ortega-Murillo logró su objetivo: acallar las críticas desde la izquierda que, con escasas fisuras al principio, apoyó el régimen. Hasta las masivas protestas de 2018, que se saldaron con más de 300 manifestantes muertos, cientos de heridos y presos, y decenas de miles de exiliados.

Aquel era un discurso mentiroso. Prueba de ello es el reciente comunicado del Fondo Monetario Internacional del 27 de enero, en el que el organismo financiero felicita al régimen por sus políticas macroeconómicas, sus avances en materia de transparencia fiscal y elogia «la solidez de las reservas de capital y de liquidez del sector bancario», entre varias otras «celebraciones» al gobierno de Managua.

Por otro lado, Nicaragua está sólidamente integrada en las cadenas de valorización de co-mmodities como el oro (principal rubro exportador), pero también el camarón, cuyo principal destino es Estados Unidos y deja en el país enormes daños ambientales. Este sistema productivo deja, sobre todo, una sociedad arruinada, polarizada y empobrecida, que es controlada militarmente por la cúpula del poder, donde la vicepresidenta y esposa de Ortega, Rosario Murillo, esgrime su puño de hierro (adornado con anillos y brazaletes lujosos) para controlar a la población.

Pero incluso ese poder ultraconcentrado parece estar haciendo agua, a juzgar por las remociones en la cúpula policial y militar en las últimas semanas. A mediados de enero se informó que el general Adolfo Marenco Corea, exdirector de investigación e inteligencia de la Policía y exmiembro del círculo íntimo de Rosario Murillo, fue detenido y enviado a la cárcel de El Chipote (Confidencial, 16-I-23).

Marenco se encontraba bajo el sistema «casa por cárcel», que la dictadura utiliza para controlar a los opositores, pero al ser detenido fue acusado de intentar fugarse del país y haberse negado a trabajar para los Ortega-Murillo.

Es evidente que la pareja ha decidido atornillarse al poder y que no entra en sus cálculos asilarse. Su fortuna está en Nicaragua, amasada en buena medida por corrupción y despojo, y si lo abandonaran, perderían todo, según el análisis de personas que conocen de cerca al binomio. Eso puede explicar la excarcelación de los 222 para intentar recomponer un gobierno desgastado y con escaso apoyo interno.

 

1. Contrapedagogías de la crueldad, Prometeo,
Buenos Aires, 2018.

Argumentos para una reforma fiscal progresiva en América Latina

Por Rubén M. Lo Vuolo

Desde diversas posiciones aparentemente antagónicas se repite que el gasto social debería dirigirse a los más pobres entre los pobres, siempre y cuando hagan «esfuerzos personales». Sin embargo, los mismos sectores no hacen eje en los «más ricos» ni en quienes no registran mayores esfuerzos para obtener ingresos a la hora de pensar la estructura impositiva. Los falsos argumentos abundan en el debate fiscal y evitan una discusión seria sobre cómo construir sociedades más igualitarias en América Latina.

 

Los países latinoamericanos tienen sistemas tributarios muy regresivos y, en general, con bajos niveles de recaudación en términos comparativos. Esto se explica por la fuerte presencia de impuestos sobre los consumos y sobre los salarios, junto con la baja recaudación de impuestos sobre las riquezas e ingresos de las personas.

Este sesgo tributario no permite mejorar su reconocida distribución regresiva del ingreso y de la riqueza –el principal problema de la región— del que se desprende la desigual distribución de las oportunidades de vida que tienen las personas al nacer. La importancia de los tributos en este resultado suele oscurecerse porque el debate distributivo se concentra en el reparto salarios/ganancias y en la distribución y el nivel del gasto público.

En materia fiscal, la mayor parte de los debates se concentran en el llamado «gasto social», tanto en su nivel como en su asignación. Peor aún, la misma discusión sobre el gasto social se concentra en los programas asistenciales, pese a que representan un bajo presupuesto en el total de ese gasto. En estos programas se suele evaluar la «necesidad» y los «méritos» de quienes reciben transferencias asistenciales. Desde diversas posiciones aparentemente antagónicas se repite que el gasto social debería dirigirse a los más pobres entre los pobres, siempre y cuando hagan «esfuerzos personales» para merecer una asistencia. Sin embargo, esta visión de la «focalización» sobre los más pobres y sobre sus méritos –que acota y oculta cuestiones importantes del gasto social— no tiene correlato cuando se discuten los tributos.

Los tributos no se focalizan en los «más ricos» ni tampoco en quienes no registran mayores esfuerzos para obtener ingresos. Por ejemplo, se cobran bajos o ningún tributo a las rentas financieras y a las herencias, legados o donaciones, pese a que se reciben simplemente por ser propietarios de capital y por haber nacido en hogares con recursos (sin ningún mérito ni esfuerzo personal). Aquí el argumento es otro: si se cobra impuesto a estas expresiones de riqueza se afectará el «estímulo inversor» de estas personas pudientes, por lo que no se desarrollará empleo para quienes están obligados a trabajar para vivir. El argumento final se fundamenta en la idea de que cobrarles impuestos a los ricos terminaría perjudicando a los pobres.

Los más recientes desarrollos en la teoría y práctica de la relación entre tributación y distribución (como los de Etienne Fize, Camille Landais y Nicolas Grimprel, y Thomas Piketty, Emmanuel Saez y Gabriel Zucman) avalan estos argumentos. Por el contrario, justifican técnica, ética y políticamente la necesidad  de un sistema tributario que se sostenga en tres impuestos progresivos y comprensivos sobre: 1) las fuentes personales de ingresos; 2) la riqueza personal; 3) las herencias, legados y donaciones entre vivos.

El impuesto a los ingresos (mal llamado a las «ganancias» en Argentina) tiene un primer problema de tasas marginales que favorecen a quienes más ganan. Pero, además, cobra diferentes tasas por fuente de origen de los ingresos. Esto permite, por ejemplo, que quienes reciben ingresos de salarios y de capital puedan elegir desde que fuente declaran sus ingresos, dado que resulta muy difícil fiscalizar flujos de ingresos y consumos cuando los niveles de los mismos son muy altos. La mayor parte de los ingresos del capital se deben a aumentos del valor de los activos y muchos ingresos se declaran como retenidos en las corporaciones de las que las personas más ricas son propietarias. Esto se resolvería con un impuesto progresivo y comprensivo de todos los ingresos, sin excepciones ni tratos especiales, con adecuados mínimos exentos que favorezcan a las personas de más bajos ingresos y con tasas progresivas.

Este tributo debería complementarse con un impuesto progresivo a la riqueza también unificada para cada persona. Son múltiples los trabajos que registran que la desigualdad en la distribución de la riqueza es mayor que la desigualdad en la distribución de los ingresos. Las tendencias a concentrar recursos en los «súper ricos» están documentadas y se señala como una amenaza para el funcionamiento de las democracias. Además, existen evidencias para dudar de la legalidad del modo en que se obtienen y acrecientan muchas de las grandes fortunas, como lo demuestran los fondos ocultos en paraísos fiscales. Por los mismos argumentos previos, el impuesto a la riqueza debería ser progresivo y comprensivo de todas sus formas, para evitar la manipulación según el tipo de activo y pasivo.

Los dos tributos señalados previamente deberían conjugarse con un impuesto a la herencia, legados y donaciones. Es aquí donde la cuestión del mérito y de «igualdad de oportunidades» consagrada constitucionalmente se expone más claramente. Nadie tiene culpa ni hizo ningún mérito para nacer en un determinado lugar y en una determinada familia. La herencia explica hoy gran parte de la desigualdad distributiva inter e intrageneracional y es el elemento decisivo para entender las diferentes oportunidades que tienen las personas para desarrollar sus vidas. Quienes heredan no solo tienen mayor bienestar desde el inicio de sus vidas, sin haber hecho ningún mérito para ello, sino que también gozan de mejores oportunidades para estudiar, conseguir empleo, establecer relaciones sociales, etc. Lo contrario sucede para quienes han tenido la mala suerte de nacer en contextos de carencias de recursos.

Este punto ha sido reconocido incluso por muchos filósofos y economistas que no pueden tildarse de socializantes. Por ejemplo, John Stuart Mill señaló tempranamente que el impuesto a la herencia es el más justo, mientras que al acceder a la presidencia de la American Economic Association en 1919, Irving Fischer indicó como el mayor peligro para la democracia estadounidense la creciente concentración de la riqueza, abogando por la necesidad de un impuesto progresivo a la herencia y a los ingresos al capital.

Hasta la década de 1960 se hizo muy común la aplicación del impuesto a la herencia en los países más desarrollados, pero en las últimas décadas esta tendencia se revirtió. Hoy la herencia es una de las explicaciones centrales de las tendencias abrumadoras a la concentración de la riqueza en todo el mundo.

Algunos datos ilustran lo señalado. Mientras que en la década de 1960 la riqueza heredada con respecto al total de la riqueza nacional representaba el 35% en Francia y el 20% en Alemania, actualmente supera el 59% en ambos países. Se estima que la mitad de la población en Estados Unidos y Francia no recibe ninguna herencia y que los hijos e hijas del 50% más pobre en Francia reciben menos del 5% del total de la herencia transferida, mientras que el 10% más rico recibe entre el 50% y el 80%. En América latina no hay datos claros, pero es lógico suponer que, dada la distribución más regresiva de la riqueza y los ingresos en la región, la situación es más regresiva.

Pese a estas evidencias, el impuesto a la herencia es resistido por gran parte de las personas con el argumento de que representa un mecanismo de «movilidad social familiar»: las personas se ven estimuladas a trabajar y acumular riqueza para transferirla y mejorar las oportunidades de vida de sus descendientes. Este argumento es válido y seguramente explica comportamientos positivos de muchos grupos laborales que han logrado mejorar las oportunidades de vida de sus descendientes.

Esto, sin embargo, se resuelve fijando un piso de herencia no gravable y con medidas como la eximición de una cantidad de propiedades cuya función es ser casa de habitación familiar o la preservación del capital de empresas familiares. Pero esto no justifica la ausencia de un gravamen progresivo para quienes están en la cúpula de la distribución de riquezas. El impuesto a las herencias, legados y donaciones debería gravar todas las transferencias de este tipo realizadas a lo largo de la vida de una persona para evitar elusiones mediante fraccionamiento.

Los impuestos progresivos señalados no sólo tienen propósitos de aumentar los recursos fiscales de forma eficiente y justa, sino también permiten una mejor fiscalización conjunta, porque la información de cada uno sirve para cotejar con los otros. Esta estrategia sería mucho más potente si se coordinara internacionalmente, por lo que sería positivo que se abordara como tema central en las agendas de las diferentes y muchas veces inoperantes instancias de coordinación de políticas de los países latinoamericanos.

Pero para terminar de ser socialmente aceptables los fondos recaudados deberían asignarse de forma coherente y transparente. Para ello, se sugieren dos políticas: un ingreso universal básico y una herencia universal básica para todas las personas a partir de una determinada edad. Como referencia, en Francia se estima que, si se quiere que el 50% de los niños más pobres reciban entre 20/30% del total de la herencia anual transferida en el país, el costo sería cercano a 5% del PBI.

De este modo se podría hacer realidad los discursos vacíos de contenido que reclaman igualdad de oportunidades y movilidad social en sociedades muy desiguales. Ninguno de estos objetivos se logra con la batería de planes asistenciales condicionados y de empleo forzoso que hoy abundan en la región Mucho menos con los actuales sistemas tributarios regresivos y de baja recaudación. Ya hay suficiente evidencia para probar que la actual combinación de políticas fiscales congela la división social, favorece el control social sobre la vida de las personas y premia a quienes más tienen (muchas veces sin mayores esfuerzos).

En contraste, una reforma fiscal sostenida en los pilares señalados previamente generaría incentivos positivos para mejorar la educación, la salud y el bienestar general de todas las personas. Y permitiría recuperar cierta confianza y legitimidad en una democracia desgastada y cooptada por elites sectoriales cuyos privilegios son hereditarios.

Keynes y la izquierda

Por Michael Roberts

Las teorías de John Maynard Keynes proporcionan el marco intelectual sólido para los puntos de vista que los sindicalistas siempre han sostenido instintivamente y considerado correctos» (TUC, 1968, p. 85)

Las ideas y teorías de John Maynard Keynes todavía dominan las opiniones económicas y las propuestas políticas de los líderes del movimiento obrero en las principales economías capitalistas. Keynes es percibido como una «tercera via» entre la economía pro-capitalista del «mercado libre» mayoritaria en las universidades (y entre los asesores estratégicos gubernamentales) y lo contrario de la economía marxista, peligrosamente revolucionaria. Keynes argumentó que, con una serie juiciosa de medidas políticas, se puede hacer que el capitalismo funcione mejor y se puede gestionar para que satisfaga las necesidades de muchos, sin cuestionar la estructura social de la sociedad.

En mi blog y en otros lugares, he desarrollado una crítica amplia y detallada de la economía keynesiana. Pero baste con decir ahora que la teoría economica del libre mercado afirma que la prosperidad se logrará siempre que los capitalistas estén libres de cualquier regulación (ambiental, seguridad, salud, etc.) y de demasiados impuestos, y si los mercados se mantienen «competitivos» y libres de monopolios, particularmente el «mercado laboral», es decir, libre de sindicatos. De esa manera, los capitalistas pueden competir libremente para maximizar sus ganancias y, al hacerlo, invertirán en nuevas tecnologías para aumentar la productividad del trabajo y emplear a más trabajadores, cuyos salarios aumentarán. Todo el mundo gana.

Los keynesianos contra-argumentan que el capitalismo de libre mercado («economía de laisser-faire», lo llamó Keynes) no funciona porque la economía de mercado tiene una serie de defectos que generan una falta crónica de «demanda efectiva». Mantener bajos los salarios para aumentar las ganancias significa que los capitalistas no pueden vender toda su producción y se ven obligados periódicamente a despedir trabajadores y se produce el desempleo. Es necesario que los gobiernos intervengan y aumenten los niveles salariales y/o aumenten el gasto público para llenar el déficit de la demanda agregada. Así se creará suficiente demanda para que los capitalistas vendan sus bienes y obtengan ganancias. Por lo tanto, una gestión macro juiciosa de la economía de mercado puede beneficiar a todos.

La posición marxista es que no se trata de la falta de demanda o los bajos salarios o la desigualdad en la distribución de los ingresos, sino que es un problema del propio sistema de ganancias en la producción. La contradicción del capitalismo es que, a pesar de los esfuerzos de los capitalistas, la rentabilidad media cae con el tiempo. Esto causa crisis de producción recurrentes y regulares que no pueden resolverse con los «mercados libres» o la gestión macroeconómica keynesiana.

Esta posición marxista tiene poco tirón entre los economistas y dirigentes del movimiento obrero. La influencia dominante del pensamiento keynesiano entre la «izquierda» y en el movimiento obrero se expresó muy claramente en el Reino Unido la semana pasada en un informe del Confederación Sindical británica (TUC) sobre el estado de la economía del Reino Unido y qué hacer al respecto.

El informe fue escrito y presentado por Geoff Tily, un destacado economista del TUC. Tily es un viejo y entusiasta seguidor de Keynes, cuya obra considera radical y pertinente para resolver los problemas del capitalismo del siglo XXI. Su libro «Keynes Betrayed» (Keynes traicionado) es considerado como uno de los más destacados a la hora de argumentar que Keynes fue un reformador radical de la teoría económica y las economías de mercado.

El informe del TUC ofrece un relato poderoso (con hechos y cifras) del impactante fracaso del capital británico. Se considera que la economía británica no es solo actualmente «el enfermo de Europa», sino también del G7 y, de hecho, de las 30 principales economías del mundo, al menos según el FMI, que prevé que será la única economía importante en entrar en crisis este año.

El informe del TUC describe la economía del Reino Unido sumida en un «bucle fatal», un término utilizado por la actual portavoz laborista de economía, Rachel Reeves: «Este gobierno ha empujado nuestra economía a un bucle fatal, donde el bajo crecimiento conduce a impuestos más altos, menores inversiones, salarios reducidos y el declive de los servicios públicos. Todo lo cual volvió a afectar el crecimiento»  (Rachel Reeves, respuesta a la Declaración de Otoño, 17 de noviembre de 2022). Según el argumento del «bucle fatal», la vasta erosión de alrededor de un tercio de la economía del Reino Unido y la caida del nivel de vida de los trabajadores es consecuencia de las políticas de «austeridad» fiscal vigentes desde 2010. El informe del TUC cita al ex-marxista (ahora keynesiano) Paul Mason, quien explica así el bucle: «la oferta es deficiente, pero la causa inmediata de esta deficiencia es la demanda agregada. Esto significa que los responsables políticos en 2022 y en 2023 están intensificando la política de contracción ante la demanda agregada deficiente«.

Por lo tanto, el fracaso del capital británico se debe a las políticas de austeridad desde 2010 de reducción del gasto público que han creado una falta de demanda. Lo que le ocurrió al capital británico antes de 2010 se ignora. La respuesta política es revertir la austeridad, aumentar el gasto público y los salarios y la demanda agregada aumentará a través de lo que se llama el multiplicador keynesiano y así se restaurará el crecimiento económico. «Identificados estos mecanismos, se puede restaurar la prosperidad perdida».

El informe del TUC critica a aquellos en la izquierda que creen que la crisis actual se debe a la falta de oferta. En cambio, «lo que está mal es que la capacidad y los recursos existentes se están infrautilizando y no solo que necesitemos invertir para obtener más capacidad». El informe del TUC cita un artículo de James Meadway, quien argumenta que «el núcleo de una estrategia de izquierda hoy, incluido su programa para el medio ambiente, es la redistribución». (Meadway). Puede que no sea lo que quiere decir Meadway, pero el informe del TUC lo interpreta en el sentido de que no es necesario reemplazar el modo de producción capitalista, sino simplemente hacer que la redistribución de los ingresos y la riqueza sea más justa y la economía saltará hacia adelante.

El editorial del periódico Guardian describió, en su panegírico, que el informe del TUC «se basa en gran medida en la literatura de la ‘Nueva macroeconomía’, que a su vez recuerda las contribuciones históricas de J. A. Hobson (1858-1940) y J. M. Keynes (1883-1946). Estos enfatizaron la relación entre un rendimiento demasiado alto de la riqueza y un retorno demasiado bajo al trabajo, y las teorías de la sobreproducción y el subconsumo. En lugar de una oferta deficiente, el problema subyacente de la economía mundial es la oferta excesiva en el contexto de una demanda deficiente». En serio, ¡una oferta excesiva!

Como dice el informe del TUC, el problema es que el «desequilibrio excesivo en contra de la riqueza del trabajo distorsiona la actividad económica a través de una dislocación entre la producción agregada y el poder adquisitivo agregado. Por un lado, los salarios demasiado bajos sitúan los bienes y servicios fuera del alcance de los trabajadores. Por otro, los enormes recursos de los ricos no compensan porque están relativamente menos interesados en bienes y servicios… Por lo tanto, el consumo se queda corto y el resultado es la sobreproducción».

Por lo tanto, Tily nos presenta una teoría de crisis sin adornos basada en el subconsumo. Como él dice, la lógica de su argumento «conduce a la conclusión vital de que el subconsumo y la sobreproducción son concepciones relativas: la producción es solo excesiva en relación con el poder adquisitivo y la remuneración deficientes. Por lo tanto, se deduce que un mejor equilibrio entre el trabajo y el capital permitirá una mayor producción en un sentido absoluto. El análisis siempre ha apelado a la izquierda, sobre todo cuando inspiró el Manifiesto Laborista de 1945: la sobreproducción no es la causa de la depresión y el desempleo; el responsable es el subconsumo (mi énfasis)».

Esta simplista teoría subconsumista de las crisis fue refutada por Marx hace 160 años y se ha demostrado errónea empíricamente a lo largo del tiempo. Ni siquiera es estrictamente la teoría de Keynes. Pero aparentemente es la base del análisis actual del TUC. ¿Cuál es la causa de este subconsumo crónico? Según Tily, es que la inversión no puede ampliar la capacidad de producción si las tasas de interés, el coste de los préstamos, son demasiado altas. Keynes habría demostrado que son las altas tasas de interés establecidas por el capital financiero las que debilitan el capital productivo, no la rentabilidad subyacente del capital productivo. Como dice Tily: «El punto focal de su análisis y gran parte de su trabajo práctico fue asegurar una reducción permanente de la tasa de interés a largo plazo». De hecho, poniendo fin a la dominación del capital financiero por completo, «la eutanasia del rentista», como lo llamó Keynes.

No está claro cómo se iba a lograr esto, dado el papel en expansión del capital financiero en las economías modernas. La reforma del sector financiero a través de la «regulación» es aparentemente la medida política. ¡Buena suerte con eso! El TUC y Tily nunca abogan por la propiedad pública de los grandes bancos y el cierre de los fondos de inversión especulativos y los bancos de inversión. Tales políticas son tabú.

Además, ¿cómo explicamos por qué las muy bajas tasas de interés que Gran Bretaña ha disfrutado en los últimos 20 años no han llevado a una inversión y un crecimiento más rápidos en el sector productivo? La respuesta de Tily es que «se debe hacer una distinción entre las políticas de bajas tasas de interés de Keynes y la forma adoptada por la política monetaria en la última década. Keynes buscó tasas de interés bajas sobre todo para fortalecer la inversión en capital fijo, y previó medidas a nivel nacional en un contexto de control de capitales en la esfera internacional. Las políticas de bajas tasas de interés hoy en día se aplican en el contexto de un régimen global totalmente desregulado. En lugar de fomentar la producción nacional, se han reciclado tasas bajas para obtener beneficios altos en destinos más especulativos».

Tal vez sí, pero eso todavía plantea la pregunta: ¿por qué esta vez los bancos y las grandes empresas han invertido el crédito barato en especulación financiera y no en inversión productiva (como, según Tily, ocurrió en la Edad de Oro)? La razón seguramente es que ahora es más rentable hacer lo primero que hacer lo segundo. En la Edad de Oro después de la Segunda Guerra Mundial, la rentabilidad era alta en los sectores productivos y el sector financiero no era dominante. Es la caída de la rentabilidad lo que ha llevado al giro hacia la especulación financiera.

Curiosamente, Tily se aparta ligeramente de su punto de vista de que es la teoría de Keynes sobre las tasas de interés en lugar de la rentabilidad lo que proporciona la explicación de las crisis, cuando admite que «teóricamente, la idea (del lado de la oferta) de una tasa de ganancia decreciente todavía puede ser persuasiva y considerarse que ha sido reivindicada por los resultados de la productividad en un largo horizonte».

Y Tily acaba admitiendo que Keynes no era un reformador radical, como afirma, y que se oponía firmemente a la teoría economica marxista. «Keynes hizo publicamente comentarios estúpidos, por ejemplo en su (1925) ‘Una breve visión de Rusia’: «¿Cómo puedo adoptar un credo que, prefiriendo el barro al pez, exalta al grosero proletariado por encima de los burgueses e intelectuales que, a pesar de sus defectos, son la sal de la vida y seguramente llevan las semillas de todo progreso humano? (CW IX, p. 258) De hecho, Keynes se negó a apoyar al Partido Laborista en la década de 1930, prefiriendo a los liberales porque el Partido Laborista era «un partido de clase y esa clase no es mi clase. La guerra de clases me encontrará del lado de la burguesía educada».

En cuanto al apoyo a los aumentos salariales para resolver las crisis, Keynes no estaba tan interesado en aumentar los salarios como en buscar una solución a las crisis. «En general, un aumento en el empleo solo puede ocurrir con el acompañamiento de una disminución en la tasa de salarios reales. Por lo tanto, no estoy poniendo en duda este hecho vital que los economistas clásicos han afirmado (con la derecha) como incuestionable». De hecho, Keynes en sus últimos años hizo hincapié cada vez más en la corrección de la «teoría economica del libre mercado, lo que llamó «economía clásica«. «No creo que el tratamiento (neo) clásico funcione por sí solo o que podamos confiar en el. Necesitamos curas más rápidas y menos dolorosas. Pero a largo plazo, estas medidas funcionarán mejor y las necesitaremos menos, si el tratamiento clásico también es utilizado. Y si rechazamos el tratamiento de nuestros sistemas por completo, podemos ir de una medida a otra y nunca volver a estar en forma». Keynes 1940.

Esto es lo que dijo Keynes en sus últimos años: «Si nuestros controles centrales logran establecer un volumen agregado de producción tan cerca como sea posible del pleno empleo, la teoría clásica volverá a tener su razón a partir de este punto». Por lo tanto, una vez que se logra el pleno empleo, podemos prescindir de la planificación y la «inversión socializada» y volver a los mercados libres y a la economía y las política neoclásicas ortodoxas: «el resultado de llenar las lagunas en la teoría clásica no es eliminar el ‘Sistema manchesteriano (los mercados libres’ – MR), sino indicar la naturaleza del medio que requiere el libre despliegue de las fuerzas económicas para alcanzar la plena potencialidad de la producción».

Cuando el liberal Friedrich Hayek publicó su libro, The Road to Serfdom (El camino de la servidumbre), que predicaba que el control estatal pondría fin a la «democracia» y a la libertad de la economía de mercado, Keynes escribió a Hayek: «moral y filosóficamente me encuentro de acuerdo con prácticamente todo; y no solo de acuerdo con ello, sino  profundamente conmovido por él».

Como concluyó: «En su mayor parte, creo que el capitalismo, gestionado sabiamente, probablemente puede ser más eficiente para lograr fines económicos que cualquier sistema alternativo a la vista, pero que en sí mismo es en muchos sentidos extremadamente objetable. Nuestro problema es pensar una organización social que sea lo más eficiente posible sin ofender nuestras nociones de lo que debe ser una forma de vida satisfactoria«. El motivo de las ganancias debe permanecer: «La pérdida de beneficios puede deberse a todo tipo de causas, pero a menos que se instaure el comunismo no hay posibilidad de curar el desempleo, excepto restaurando a los empleadores una tasa de beneficio adecuada». Keynes argumentó que «la prosperidad económica depende… de una atmósfera política y social que sea favorable al empresario medio». Estos no son los comentarios de un reformador radical.

Tily y el grupo de economistas keynesianos que hablaron en la presentación del informe del TUC siempre se refieren a los días dorados de la década de 1960, cuando supuestamente las políticas keynesianas funcionaban y se estaba logrando una economía próspera a través de la gestión de la economía. Pero esto es un mito. En la década de 1970 hubo un aumento del desempleo y la inflación, junto con la caída de la rentabilidad del capital. ¿Cómo fue posible si las políticas keynesiana tenían tanto éxito?

A diferencia de Keynes, Marx penso que la clave para entender el modo de producción capitalista estaba en la naturaleza de la producción para vender mercancias en un mercado con fines de lucro. El beneficio era la clave. Pero los capitalistas tienen que usar parte de ese beneficio para pagar intereses sobre los préstamos o el alquiler de propiedades y, si estos «rentistas» (banqueros y propietarios inmobiliarios) apretaran demasiado al capitalista titular de beneficios, podrían causar sin duda una crisis de la inversión. Pero incluso si las tasas de interés son bajas o cero e incluso si los alquileres son bajos o cero, seguiría habiendo crisis, caídas y depresiones. ¿Por qué? Porque el alquiler, los intereses y las ganancias provienen del valor excedente,de la plusvalia, no al revés.

Keynes y Tily dicen que la crisis se produce como consecuencia de una falta de «demanda efectiva», es decir, una caída irrresponsable de la inversión y el consumo, y esto hace que las ganancias y los salarios disminuyan. Marx dice: empecemos por las ganancias. Si las ganancias caen, los capitalistas dejarían de invertir, despedirían a los trabajadores y los salarios bajarían y el consumo bajaría. Entonces habría una falta de demanda efectiva, como a los keynesianos les gusta decir, pero esto no se debe a una caída de los «espíritus animales», o de la «confianza» (a menudo escuchamos esa frase de los economistas, «falta de confianza»), o incluso debido a las tasas de interés «demasiado altas», sino porque los beneficios han caido. El problema radica en la naturaleza de la producción capitalista, no solo en el sector financiero.

Las políticas diseñadas para reducir las tasas de interés, o incluso para incrementar en parte el gasto del gobierno, a saber, las políticas keynesianas, no evitarían estas caídas ni siquiera pondrían en marcha la recuperación. De hecho, un mayor gasto en beneficios sociales y de desempleo podría aumentar los impuestos y los préstamos adicionales podrían aumentar las tasas de interés. Y más inversión gubernamental que reemplace o limite la inversión del sector privado podría ser perjudicial para la rentabilidad del capital. Así que las políticas keynesiana podrían incluso retrasar la recuperación económica.

De hecho, las políticas de austeridad de la mayoría de los gobiernos no son tan irracionales como piensan los keynesianos. Las políticas de austeridad son perfectamente racionales: se derivan de la necesidad de reducir los costes, en particular los costes salariales, pero también los costes de impuestos e intereses, y la necesidad de debilitar al movimiento sindical para que se puedan aumentar los beneficios. Es una política perfectamente racional desde el punto de vista del capital, y esa es la razón por la que las políticas keynesianas no se aplicaron en ninguna de sus formas en la década de 1930.

El análisis de Marx muestra que el sistema capitalista no solo sufre un «mal funcionamiento técnico» en su sector financiero (debido a las altas tasas de interés), sino que tiene contradicciones inherentes en el sector de la producción, a saber, la barrera al crecimiento causada por el propio capital. Lo que se deriva de esto es que el sistema capitalista no puede ser reformado o corregido para lograr un crecimiento económico sostenido sin auges y depresiones, debe ser reemplazado. Ese es el objetivo político real de la izquierda.

 

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