Por Raúl Zibechi
El fin del progresismo es mucho más que la desaparición de esos gobiernos y que no le sucederá un ciclo derechista o conservador sino un periodo de inestabilidad. Esto quiere decir que veremos cambios bruscos en el escenario político, virajes de la derecha extrema a la izquierda moderada, y viceversa, sin que ninguna de esas fuerzas consiga estabilizar la gobernabilidad.
Las razones son las mismas que provocaron el fin del ciclo anterior. Pero antes veamos brevemente la situación en los tres principales países de la región sudamericana.
En Brasil el gobierno de Jair Bolsonaro entró en crisis apenas unas semanas después de asumir. A una fuerte caída en su aprobación, se le suma el enfrentamiento con el sector militar, que conforma el núcleo de su gobierno, y las trabas que encuentra para hacer aprobar la reforma previsional, con un trasfondo de estancamiento de la economía. La forma principal que está asumiendo la crisis del gobierno es la puja abierta y pública entre los bolsonaristas y el vicepresidente Hamilton Mourao, que agudiza la inestabilidad.
Por abajo, los movimientos no han parado un solo momento. Entre enero y febrero, en pleno verano, el Movimento Passe Livre (MPL), que desencadenó las jornadas de junio de 2013, volvió a las calles con cinco grandes marchas en Sao Paulo. Estos días las organizaciones indígenas están acampando en la Explanada de los Ministerios en Brasilia, provocando una aguda respuesta represiva del gobierno que movilizó la Fuerza Nacional contra la Articulación de los Pueblos Indígenas.
En Colombia el gobierno uribista de Iván Duque debió enfrentar una oleada de movilizaciones indígenas, negras y campesinas desde el 10 de marzo, que bloquearon las principales carreteras del país, en particular la estratégica Panamericana que corre de norte a sur y es la vía de las exportaciones hacia Ecuador y el resto del continente. La organización correspondió a una amplia confluencia, realizada en febrero, con 380 delegados de 170 organizaciones, que cuestionaron el Plan Nacional de Desarrollo (PND) del gobierno.
La Minga indígena y popular (trabajo comunitario) fue la primera gran movilización nacional posterior a la firma de los acuerdos de paz entre el gobierno y las FARC, enseñó la acumulación de muchos malestares, en particular contra el modelo extractivo en curso. Hubo 25 mil personas en las carreteras, acampadas o movilizadas de forma permanente, lo que forzó al presidente a acudir al Cauca a negociar con los movimientos.
Argentina es el caso paradigmático de la imposible gobernabilidad derechista. La crisis desatada en abril de 2018, que llevó el dólar de 18 a 44 pesos, disparó la inflación a 50 por ciento anual y multiplicó la pobreza pero también la fuga de capitales, comenzó en diciembre de 2017 con las masivas protestas contra la reforma de las pensiones. Los de arriba comprendieron que Mauricio Macri no podía imponer su programa y comenzaron a especular frenéticamente.
En estos momentos el panorama es de una crisis de credibilidad del gobierno, una oleada de protestas con marchas diarias (en la que destaca el activismo del movimiento de mujeres) y la posibilidad de que Macri pierda las elecciones de octubre. En el medio, un impresentable acuerdo con el FMI que multiplica la deuda y hace que los próximos gobiernos, del signo que sean, tendrán enormes dificultades para sacar al país del atolladero.
En esta situación, veo tres aspectos que van a profundizar la crisis de gobernabilidad en los próximos años, generando mayor inestabilidad y planteando profundos desafíos a los movimientos antisistémicos.
La primera es la potencia del campo popular. Más allá de la opinión que se tenga de los gobiernos progresistas, es evidente que en las dos pasadas décadas hubo un fortalecimiento de los sectores populares, aunque sus organizaciones a menudo se han debilitado. Este es el núcleo del déficit de gobernabilidad.
La segunda radica en las consecuencias del agravamiento de la crisis global, que entra en una fase de caos sistémico. Con ello se reducen las chances de estabilidad económica y política.
La tercera es que ninguna fuerza tiene la capacidad para estabilizar la situación. Para hacerlo, la derecha debería derrotar al campo popular, lo que no está en condiciones de hacer. La izquierda puede gobernar si logra mover el modelo extractivo, romper con las agencias globales que lo sostienen y las élites locales que lo avalan. No tiene la voluntad de ánimo para iniciar un ciclo de luchas que debería ser tan potente, que no sólo barrería el extractivismo sino que podría expulsarla del escenario.
Brasil, Argentina y Colombia…











Mis reuniones con el fundador de WikiLeaks, Julian Assange, siempre tuvieron lugar en la misma habitación pequeña. Como saben los servicios de inteligencia de varios países, visité a Assange en la embajada de Ecuador en Londres muchas veces entre el otoño de 2015 y diciembre de 2018. Lo que estos fisgones no saben es el alivio que sentía cada vez que me iba de allí.
Quería reunirme con Assange por el profundo aprecio que siento por el concepto original de WikiLeaks. Cuando de adolescente leí 1984 de George Orwell, a mí también me inquietaba la perspectiva de un estado vigilante de alta tecnología y su potencial efecto en las relaciones humanas. Los primeros escritos de Assange –particularmente su idea de utilizar la propia tecnología de los estados para crear un inmenso espejo digital que pudiera mostrar a todos lo que estaban haciendo- me colmaron de esperanza de que, en conjunto, podríamos derrotar a Gran Hermano.
Cuando conocí a Assange, esa primera esperanza ya se había desvanecido. Rodeados por bibliotecas abarrotadas de literatura ecuatoriana y publicaciones del gobierno de Ecuador, nos sentábamos y conversábamos hasta bien entrada la noche. Un dispositivo sobre un estante de la biblioteca emitía un ruido blanco agobiante para contrarrestar los dispositivos de escucha. A medida que iba pasando el tiempo, la sala claustrofóbica, la cámara muy mal escondida que me apuntaba desde el cielo raso, el ruido blanco y el aire rancio sólo me producían ganas de salir corriendo a la calle.
Los detractores de Assange han estado diciendo durante años que su confinamiento era autoinfligido: se escondía en la embajada de Ecuador porque huyó tras el pago de una fianza en el Reino Unido para evitar responder por acusaciones de ataque sexual en Suecia. Como hombre, siento que no tengo ningún derecho a expresar una opinión respecto de esas acusaciones. Las mujeres deben ser escuchadas cuando denuncian un ataque. Sólo la violencia que los hombres han infligido a las mujeres durante milenios es más vil que la falta de respeto y la denigración a la que son sometidas las mujeres cuando hablan.
Recuerdo decirle a Julian que, de haber estado en su lugar, habría querido enfrentar a mis acusadoras, y escucharlas cuidadosa y respetuosamente, sin importar si se presentaron o no cargos oficiales. Él me respondió que él también quería eso. “Pero, Yanis”, dijo, “si yo fuera a Estocolmo, me dejarían incomunicado y, antes de que tuviera la posibilidad de responder a cualquier acusación, me habrían despachado en un avión rumbo a una cárcel de máxima seguridad de Estados Unidos”. Para dejar sentada la idea, me mostró el ofrecimiento de sus abogados a las autoridades suecas de ir a Estocolmo si le garantizaban que no sería extraditado a Estados Unidos bajo cargos de espionaje. Suecia nunca tuvo en cuenta la propuesta.
Durante los años que pasó Assange en la embajada de Ecuador, en circunstancias que Naciones Unidas consideró una “detención arbitraria”, muchos amigos y colegas se burlaban de su miedo –y me fustigaban por creer en él-. En septiembre pasado, la historiadora e intelectual feminista Germaine Greer resumió esa idea en una radio pública australiana: “No será extraditado a Estados Unidos”, dijo burlonamente, culpando a los abogados de Julian de engañarlo haciéndole sentir miedo a una extradición mientras cobraban las regalías de su libro.
Ahora Julian está languideciendo en Belmarsh, una célebre cárcel de alta seguridad inglesa, en una celda sin ventanas en el sótano, con menos aire fresco y menos luz que antes. Sin posibilidad de recibir visitas, espera la extradición a Estados Unidos. “Déjenlo que se pudra en el infierno”, es una respuesta frecuente de gente buena en todo el mundo que se enfureció ante la difusión por parte de WikiLeaks de correos electrónicos de Hillary Clinton antes de la elección presidencial de Estados Unidos en 2016, que insufló aire fresco a las velas de Donald Trump. ¿Por qué, preguntan, Assange no ha difundido nada fulminante sobre Trump o el presidente ruso, Vladimir Putin?
Antes de que explique por qué sus detractores deberían reconsiderar su postura, permítanme dejar sentada mi frustración personal por su apoyo al Brexit, sus ataques imprudentes a sus críticas feministas, su editorialización a favor de Trump y, más importante, sus comunicaciones con la gente de Trump. Yo le manifesté esta frustración en la cara varias veces.
Pero castigar a WikiLeaks por no publicar filtraciones que dañen a todos los bandos por igual es no entender la situación. WikiLeaks se creó como un buzón digital donde cualquier denunciante podía depositar información que fuera verdadera y cuya revelación resultara de interés público. Ésa es la única obligación de WikiLeaks. Por naturaleza, no puede controlar quién filtra qué; su tecnología impide inclusive a Assange conocer la identidad de un denunciante. Si esto significa que la mayoría de las filtraciones incomodarán a las potencias occidentales, ése es el gran servicio, aunque imperfecto, que nos brinda WikiLeaks –un servicio que, para mi frustración, se vio disminuido por la editorialización de Julian.
Los acontecimientos recientes demuestran que su situación actual no tiene nada que ver con las acusaciones suecas o con su papel al ayudar a Trump contra Clinton. Ahora que Chelsea Manning está nuevamente en prisión por negarse a confesar que Assange la incitó, o la ayudó, a filtrar pruebas de las atrocidades de Estados Unidos en Irak y Afganistán, la mejor explicación de lo que está sucediendo surge de boca de Mike Pompeo, el primer director de la CIA de Trump y hoy secretario de Estado norteamericano.
Pompeo describió a WikiLeaks como “un servicio de inteligencia hostil no estatal”. Tiene toda la razón. Pero es una descripción igualmente precisa de lo que todo medio periodístico que se precie de tal debería ser. Como han advertido Daniel Ellsberg y Noam Chomsky, los periodistas que no se oponen a la extradición de Assange a Estados Unidos podrían ser los próximos en la lista negra de un presidente que los considera el “enemigo del pueblo”. Celebrar su arresto y hacer la vista gorda al continuo sufrimiento de Manning es un regalo para los mayores enemigos del liberalismo.
Además del liberalismo, la persecución de Assange por el complejo industrial y de seguridad de Estados Unidos tiene otra víctima: las mujeres. Ninguna mujer, en Suecia o en cualquier parte, recibirá justicia si ahora lo encierran en una prisión de máxima seguridad por revelar crímenes contra la humanidad perpetrados por hombres desagradables con o sin uniforme. El continuo sufrimiento de Manning no le sirve a ningún objetivo feminista.
De manera que ésta es la idea: juntemos fuerzas para impedir la extradición de Assange de cualquier país europeo a Estados Unidos, para que pueda viajar a Estocolmo y darles a sus acusadoras la posibilidad de ser oídas. Trabajemos juntos para empoderar a las mujeres, protegiendo a la vez a los denunciantes que revelen un comportamiento infame que gobiernos, ejércitos y corporaciones preferirían esconder.