Por Decio Machado
Hay momentos históricos en los que la apariencia de los acontecimientos remite al caos mientras su estructura profunda responde a una racionalidad bastante menos contingente. Gobiernos que se suceden aceleradamente, sistemas de partidos en descomposición, liderazgos de extrema derecha que irrumpen electoralmente, parlamentos desacreditados, sistemas judiciales crecientemente instrumentalizados, militarización de la seguridad pública, estados de excepción convertidos en mecanismos ordinarios de gobierno y sociedades atravesadas por miedo, precariedad y resentimiento. América Latina parece haber ingresado en uno de esos momentos. Pero la apariencia del caos no implica necesariamente una esencia caótica. La tarea de todo análisis político crítico consiste precisamente en identificar las contradicciones estructurales que organizan aquello que, observado desde la superficie, parece una simple concatenación de acontecimientos.
El actual desplazamiento latinoamericano hacia formas de gobierno crecientemente autoritarias no puede explicarse como una mera oscilación del péndulo electoral entre izquierdas y derechas. Tampoco como resultado exclusivo del fracaso de los progresismos, aunque sus errores estratégicos, límites estructurales y agotamientos políticos formen parte del problema. Estamos ante una transformación más profunda: una crisis simultánea del régimen de acumulación neoliberal, del orden internacional organizado bajo hegemonía estadounidense y de las capacidades de la democracia liberal para administrar las contradicciones sociales producidas durante cuatro décadas de financiarización, concentración económica y precarización.
En términos de Immanuel Wallerstein (2004), lo que atravesamos debe comprenderse dentro de una crisis estructural del sistema-mundo capitalista. Una crisis de este tipo no significa simplemente que el sistema funciona deficientemente, sino que los mecanismos mediante los cuales históricamente consiguió reproducirse y corregir sus desequilibrios encuentran crecientes dificultades para mantener sostenerse. La consecuencia es una situación de bifurcación gramsciana: el viejo orden continúa existiendo, pero cada vez dispone de menos capacidad para reproducirse en sus términos anteriores, mientras el nuevo todavía no termina de adquirir una forma definida.
Para comprender cómo llegamos hasta aquí hay que retroceder hasta la crisis de acumulación de los años setenta. El agotamiento del modelo fordista-keynesiano, la caída de rentabilidad de determinados sectores industriales, las crisis energéticas y el incremento de la conflictividad laboral desencadenaron una profunda reorganización del capitalismo occidental. La respuesta histórica fue el neoliberalismo: liberalización financiera, desregulación, privatizaciones, apertura comercial, debilitamiento sindical y progresiva subordinación de las políticas públicas a las exigencias de los mercados financieros.
David Harvey (2005) permite entender esta transformación más allá de su presentación doctrinaria. El neoliberalismo no fue únicamente una teoría sobre eficiencia económica y mercados libres. Constituyó un proyecto de restauración del poder de clase mediante la recomposición de las condiciones políticas de acumulación. La reducción del Estado social convivió así con el fortalecimiento de aquellas capacidades estatales necesarias para garantizar propiedad, contratos, disciplina monetaria y mercados.
Es precisamente aquí donde aparece una de las contradicciones fundamentales del neoliberalismo: nunca significó realmente menos Estado. Significa otro Estado.
Menos Estado redistributivo y más Estado disciplinario. Menos protección social y mayor coerción. Menor capacidad de intervención sobre el capital y mayores capacidades de intervención sobre el trabajo y las poblaciones consideradas excedentarias. La posterior expansión del Estado penal no constituye, desde esta perspectiva, una anomalía exterior al neoliberalismo, sino una de las respuestas mediante las cuales se administran políticamente los efectos sociales derivados de la propia desregulación económica.
Giovanni Arrighi aporta otra pieza fundamental. En The Long Twentieth Century, la financiarización aparece como un fenómeno recurrente en las fases terminales de los grandes ciclos sistémicos de acumulación. Cuando las oportunidades de expansión productiva comienzan a agotarse, masas crecientes de capital migran hacia los circuitos financieros buscando mantener rentabilidad. La expansión financiera puede entonces representar simultáneamente el momento de mayor capacidad de una potencia hegemónica y el anuncio del agotamiento de las bases materiales sobre las cuales aquella hegemonía fue construida (Arrighi, 1994).
La financiarización iniciada durante las décadas de 1970 y 1980 (eliminación de patrón oro), permitió al capitalismo occidental encontrar una salida temporal a su crisis de rentabilidad. Pero produjo simultáneamente una segunda transformación: la internacionalización acelerada de la producción.
Automóviles, computadoras, teléfonos, electrodomésticos y posteriormente buena parte de los componentes tecnológicos comenzaron a producirse mediante cadenas globales de valor que fragmentaron territorialmente el proceso productivo. El capital occidental trasladó segmentos industriales hacia territorios donde los salarios eran menores, las regulaciones laborales más débiles y los costos de producción inferiores. Aquello que desde la racionalidad empresarial aparecía como una extraordinaria estrategia de optimización terminó produciendo una consecuencia histórica inicialmente no prevista: el fortalecimiento acelerado de nuevos centros de acumulación.
China fue la manifestación más importante de aquella contradicción.
Durante décadas, Occidente imaginó la integración china al capitalismo mundial mediante una división internacional del trabajo relativamente estable: China produciría mercancías baratas mientras Estados Unidos y las economías centrales conservarían las finanzas, las patentes, el diseño, la innovación y las actividades de mayor valor agregado. La periferia produciría; el centro capturaría las rentas tecnológicas y financieras.
Pero Beijing nunca asumió pasivamente esa posición.
La crisis financiera de 2007-2008 hizo visible el problema, evidenciando que la arquitectura financiera occidental podía entrar en una crisis sistémica mientras el gigante asiático comenzaba a disputar segmentos tecnológicos cada vez más sofisticados. China comprendió además su vulnerabilidad frente a una caída de la demanda estadounidense y europea, a lo que respondió fortaleciendo su mercado interno, desarrollando infraestructura, elevando capacidades industriales y desplegando una estrategia sistemática de ascenso dentro de las cadenas globales de valor.
Fue entonces cuando la contradicción quedó plenamente expuesta. China no podía depender indefinidamente de salarios bajos si pretendía transformar su mercado interno en una fuente significativa de demanda. La alternativa consistió en capturar mayor valor mediante conocimiento, infraestructura, automatización y tecnología.
La disputa contemporánea entre China y Estados Unidos debe entenderse desde ahí. No estamos únicamente ante una guerra comercial ni ante una rivalidad geopolítica convencional. Estamos ante una disputa por el control de aquellas tecnologías que determinarán las próximas fronteras de acumulación: inteligencia artificial, semiconductores, robótica, telecomunicaciones, computación avanzada, biotecnología, energías renovables, baterías, vehículos eléctricos y tecnologías espaciales.
Quien controla el cambio tecnológico dispone de una posición privilegiada para controlar las nuevas áreas de acumulación de capital.
Samir Amin permite incorporar a esta lectura la persistencia de la estructura centro-periferia. El capitalismo mundial no produce convergencia espontánea. Su dinámica genera una acumulación polarizante en la que determinados espacios concentran las actividades capaces de capturar mayor valor mientras otros quedan especializados en funciones subordinadas dentro de la división internacional del trabajo (Amin, 2013). La financiarización no eliminó esta estructura; la reorganizó.
Y América Latina vuelve a situarse dentro de esta disputa.
Litio, cobre, hidrocarburos, agua, biodiversidad, tierras cultivables, infraestructura portuaria y posiciones geográficas estratégicas convierten nuevamente a la región en territorio relevante para las grandes potencias. Paralelamente, China se ha convertido en socio comercial central para el conjunto de las economías latinoamericanas y en proveedor de financiamiento, infraestructura y tecnología.
La región entra así nuevamente en una disputa geopolítica que no controla.
Pero esta transición hegemónica coincide con una segunda crisis: la erosión de legitimidad de las democracias del subcontinente.
Las democracias surgidas de las transiciones de los años ochenta y noventa prometieron ciudadanía política, integración social y prosperidad. Décadas después y tras un ciclo político hegemonizado por gobiernos progresistas, una parte creciente de las sociedades latinoamericanas vota regularmente mientras vive bajo condiciones de informalidad laboral, endeudamiento, deterioro de servicios públicos, violencia, desigualdad estructural y expectativas decrecientes de movilidad social.
La democracia conserva el procedimiento electoral mientras pierde progresivamente capacidad para intervenir sobre las estructuras materiales que organizan la vida social.
Aquí la aportación de Clara Mattei (2022) adquiere particular relevancia. Su reconstrucción histórica de la austeridad demuestra que esta no debe interpretarse únicamente como una técnica destinada a equilibrar presupuestos. Funciona también como tecnología política de disciplinamiento destinada a proteger determinadas relaciones de propiedad y reducir la capacidad de las mayorías para disputar democráticamente la distribución del excedente.
Esta dimensión permite comprender la relación entre neoliberalización y autoritarismo conservador contemporáneo. Cuando determinadas decisiones económicas son progresivamente retiradas de la deliberación democrática y presentadas como imperativos técnicos —equilibrio fiscal, confianza de los mercados, sostenibilidad de la deuda, competitividad—, el perímetro efectivo de la democracia comienza a reducirse. Las sociedades pueden votar quién gobierna mientras disminuyen sus capacidades de decidir qué políticas económicas y sociales deben aplicarse.
La extrema derecha latinoamericana emerge precisamente sobre esta contradicción.
Canaliza electoralmente el malestar producido por precarización, desigualdad, inseguridad y deterioro institucional, pero desplaza la explicación de sus causas hacia otros sujetos. Migrantes, delincuentes, indígenas, feministas, izquierdistas, sindicatos, funcionarios públicos, movimientos sociales, periodistas y organizaciones de derechos humanos pasan a convertirse en significantes capaces de condensar el resentimiento social.
La operación política consiste en sustituir conflicto distributivo por conflicto identitario; desigualdad por inseguridad; precarización por resentimiento; explotación por guerra cultural.
Aquí comienza la configuración lo que podríamos denominar “Estado de no derecho”.
No hablamos necesariamente de dictaduras tradicionales. Las elecciones continúan celebrándose, los parlamentos permanecen abiertos, existen tribunales y formalmente siguen vigentes las constituciones. Precisamente ahí reside la especificidad histórica del fenómeno. El Estado de no derecho contemporáneo no necesita abolir completamente la democracia liberal. Puede conservar su arquitectura formal mientras vacía progresivamente los mecanismos destinados a limitar el poder y su funcionamiento.
Es el territorio del autoritarismo competitivo descrito por Levitsky y Way (2010): regímenes donde las instituciones democráticas formales continúan existiendo y constituyen arenas reales de disputa, pero donde el terreno de juego se inclina sistemáticamente mediante utilización partidista del Estado, desigual acceso a recursos, hostigamiento de adversarios y debilitamiento de los controles institucionales.
En América Latina esta lógica incorpora además formas crecientes de lawfare: utilización selectiva de procedimientos judiciales, administrativos y electorales para alterar correlaciones políticas que deberían resolverse mediante competencia democrática. Así las cosas, las instituciones encargadas de administrar justicia van adquiriendo cada vez mayor selectividad política sistemática y los procesos judiciales comienzan a funcionar, independientemente de sus desenlaces, como mecanismos de incapacitación, proscripción o destrucción reputacional de adversarios políticos y antagonistas sociales.
Y esa excepcionalidad jurídica termina entonces normalizándose.
Estados de emergencia permanentes, expansión de facultades ejecutivas, militarización de la seguridad pública, flexibilización de garantías procesales, vigilancia y creciente indistinción entre adversario político, delincuente y enemigo del Estado producen una gradual modificación cualitativa de la relación entre ciudadanía y poder.
La ley deja progresivamente de operar como límite universal al ejercicio del poder y comienza a funcionar como dispositivo diferencial: hiperpresente frente a determinados sectores sociales y extraordinariamente flexible frente a otros.
Este desplazamiento permite hablar de Estado penal. Frente al debilitamiento de las capacidades sociales del Estado, crecen sus capacidades policiales, militares, penitenciarias y punitivas. Aquello que anteriormente podía conceptualizarse como cuestión social pasa progresivamente a ser interpretado como problema de seguridad. Pobreza, informalidad, migración, protesta y conflictividad territorial pasan a ingresar al campo semántico del orden público.
En sociedades atravesadas por violencia criminal, esta transformación encuentra condiciones extraordinariamente favorables: el miedo produce consentimiento autoritario.
Cuando el Estado de Derecho aparece incapaz de garantizar seguridad, una parte de la sociedad comienza a considerar razonable intercambiar garantías por orden. La excepcionalidad se legitima porque promete eficacia allí donde la institucionalidad ordinaria parece haber fracasado.
Bukele constituye probablemente la expresión regional más acabada de esta racionalidad, aunque sería incorrecto convertir todas las experiencias contemporáneas en simples reproducciones del modelo salvadoreño. Milei en Argentina, Kast en Chile, Paz en Bolivia y Fujimori en Perú expresan otra variante: una ofensiva radical contra capacidades regulatorias, laborales y redistributivas del Estado combinada con una fuerte concentración de iniciativa política en el Ejecutivo. Bolsonaro en Brasil y De la Espriella en Colombia representan la articulación conjunta del militarismo, neoliberalismo, conservadurismo moral y guerra cultural. En Ecuador, bajo el actual régimen de Daniel Noboa, la prolongación de dispositivos excepcionales, la centralidad militar adquirida por la política de seguridad y la proscripción de partidos políticos opositores muestran también la capacidad de la emergencia para reconfigurar la relación entre Ejecutivo, instituciones y ciudadanía.
Pese a sus diferencias y particularidades nacionales, estos procesos políticos comparten sus respectivas tendencias hacia la bonapartización del Ejecutivo.
Este concepto, lejos de limitarse a trasladar mecánicamente al presente el análisis marxiano del bonapartismo decimonónico, permite identificar un proceso mediante el cual el Ejecutivo adquiere una autonomía creciente frente a las mediaciones partidarias, parlamentarias y sociales, al tiempo que se presenta como expresión directa de una sociedad enfrentada a un establishment político incapaz de gestionar y resolver las múltiples dimensiones de la crisis contemporánea.
Y es precisamente en este punto donde emerge lo que podríamos denominar cesarismo neoliberal: un Ejecutivo políticamente fuerte destinado paradójicamente a imponer una economía donde las capacidades de intervención democrática sobre el capital son cada vez más débiles. El Estado concentra autoridad política mientras transfiere capacidades económicas; restringe derechos mientras liberaliza mercados; disciplina trabajadores mientras protege movimientos de capital.
No existe contradicción. Contrariamente a buena parte de la interpretación elaborada por el progresismo latinoamericano, el neoliberalismo nunca requirió un Estado débil, sino un Estado selectivamente fuerte: retraído allí donde debía garantizar derechos y bienestar, pero robusto allí donde debía asegurar las condiciones políticas, jurídicas y coercitivas necesarias para la reproducción del mercado.
Esta transformación se conecta directamente con lo que Harvey (2003) conceptualizó como acumulación por desposesión: privatización de bienes públicos, mercantilización de recursos comunes, apropiación privada de activos colectivos, financiarización, endeudamiento y transferencia regresiva de riqueza. Cuando las posibilidades de acumulación mediante expansión productiva encuentran límites, la apropiación de riqueza previamente socializada adquiere una importancia creciente.
América Latina conoce perfectamente este mecanismo.
Recursos naturales, pensiones, servicios públicos, territorios indígenas, infraestructura, sistemas sanitarios, educación y patrimonio estatal pasan a convertirse en nuevas fronteras de valorización. Pero semejante transferencia produce resistencias, lo cual requiere desde el poder administración política y represión.
Ahí se encuentra uno de los vínculos fundamentales entre acumulación por desposesión, Estado penal y cesarismo neoliberal.
Cuanto más regresiva resulta una reorganización económica, mayores han de ser las capacidades coercitivas necesarias para administrarla. El debilitamiento del Estado social y el fortalecimiento del Estado penal dejan entonces de ser procesos independientes, pasando a conformar dimensiones complementarias de una misma reorganización estatal.
La extrema derecha se presenta como antiestablishment político mientras articula nuevas coaliciones de élites. Se declara enemiga del Estado mientras fortalece sus aparatos coercitivos. Promete libertad mientras expande dispositivos de vigilancia y control. Denuncia la globalización mientras protege intereses de capitales profundamente internacionalizados.
La aparente contradicción desaparece cuando observamos qué funciones estatales son debilitadas y cuáles fortalecidas: estamos ante una transformación funcional del Estado.
La crisis hegemónica global acelera este proceso. Estados Unidos vuelve a observar América Latina bajo parámetros crecientemente estratégicos considerándolo geopolíticamente como el «espacio vital» necesario para mantener su posición de hegemón. La expansión china transforma telecomunicaciones, puertos, minerales críticos, infraestructura, energía y tecnología en problemas de seguridad geopolítica para mantener su hegemonía. El antiguo “patio trasero” recupera centralidad precisamente cuando Washington dispone de menores capacidades relativas para organizar unilateralmente el sistema internacional.
Arrighi permite comprender esta paradoja: las transiciones hegemónicas son períodos de turbulencia porque la potencia dominante conserva extraordinarias capacidades financieras, militares e institucionales mientras las bases materiales de su superioridad relativa comienzan a ser disputadas. Wallerstein añadiría algo todavía más importante: ninguna crisis estructural garantiza un desenlace progresista.
En definitiva, las crisis son campos de fuerzas carentes de predeterminación ideológica.
Probablemente uno de los mayores errores estratégicos de las izquierdas latinoamericanas haya sido interpretar la crisis del neoliberalismo como antesala automática de alternativas progresistas. Frente a tal nivel de simplicidad, el campo de la nueva derecha autoritaria comprendió que era posible apropiarse del malestar producido por el sistema sin necesidad alguna de transformar sus fundamentos. Convirtió frustración en resentimiento, precariedad en demanda de autoridad e inseguridad en necesidad de enemigos.
Construyó una rebelión política contra las consecuencias del neoliberalismo capaz, paradójicamente, de profundizar gran parte de sus estructuras fundamentales.
Mattei ayuda a comprender por qué esta contradicción no es históricamente excepcional. Austeridad y autoritarismo tienden a reforzarse mutuamente porque la reorganización económica también reorganiza relaciones de poder. Una ciudadanía endeudada, laboralmente insegura y sometida permanentemente a la incertidumbre y al miedo dispone de menores capacidades materiales para participar políticamente. La desdemocratización también puede producirse desde la economía y, por supuesto, desde la inseguridad.
El “Estado de no derecho” emerge así de la convergencia entre crisis de acumulación, transición hegemónica, crisis de representación, inseguridad, acumulación por desposesión y agotamiento de expectativas sociales.
No constituye simplemente una desviación ideológica provocada por presidentes autoritarios, sino que se presenta como solución política a contradicciones que la democracia liberal encuentra crecientes dificultades para administrar.
Por eso el problema latinoamericano no consiste exclusivamente en que dirigentes de derecha autoritaria estén ganando en estos momentos distintos procesos electorales. La cuestión es más profunda y radica en la transformación de las condiciones sociales mediante las cuales nuestras sociedades comienzan a redefinir qué consideran democracia. Si seguridad significa excepcionalidad permanente; si estabilidad económica implica retirar decisiones fundamentales de la deliberación colectiva; si gobernabilidad significa neutralizar contrapoderes; y si eficiencia exige concentración ejecutiva, la democracia puede perfectamente mantener su apariencia formal mientras pierde progresivamente su contenido sustantivo.
La cuestión central vuelve entonces, y como siempre, a ser la cuestión del poder.
Quien domina las nuevas tecnologías controla las futuras áreas de acumulación. Quien controla los flujos financieros dispone de capacidad para disciplinar Estados. Quien controla recursos estratégicos obtiene ventajas en la transición geopolítica. Y quien consigue transformar miedo, frustración y precariedad en consentimiento puede utilizar mecanismos democráticos para construir institucionalidades crecientemente autoritarias.
Esa es la contradicción sobre la cual opera actualmente la extrema derecha latinoamericana: su apariencia es caótica, pero su esencia no lo es.
Lo que estamos observando es una reorganización simultánea del capitalismo mundial, de la hegemonía internacional, de las relaciones entre Estado y mercado y de los mecanismos de legitimación política. El ciclo de financiarización neoliberal iniciado durante los años setenta encontró a partir de 2007-2008 su punto crítico: el ascenso tecnológico chino transformó la competencia económica en rivalidad sistémica; la desigualdad, el estancamiento y la precarización erosionaron las bases materiales de legitimidad democrática; y las nuevas derechas descubrieron que podían ofrecer autoridad allí donde el sistema ya no podía garantizar bienestar.
Así las cosas, en América Latina, más que preguntarnos por qué la región gira hacia la extrema derecha, convendría indagar qué transformaciones materiales del capitalismo contemporáneo están creando las condiciones para que sectores cada vez más amplios de nuestras sociedades consideren aceptable renunciar a derechos, garantías y contrapoderes democráticos a cambio de promesas de orden, seguridad y estabilidad.
La respuesta obliga a mirar bastante más allá de las urnas.
Porque si Wallerstein tenía razón y atravesamos una bifurcación del sistema-mundo; si Arrighi acertó al identificar la financiarización como indicador del agotamiento de determinados ciclos hegemónicos; si Amin mostró que la acumulación capitalista mundial continúa estructurada mediante relaciones jerárquicas entre centros y periferias; si Harvey comprendió acertadamente que neoliberalización, restauración del poder de clase y acumulación por desposesión forman parte de un mismo proceso; y si Mattei demostró con atino que austeridad, disciplinamiento social y reducción de soberanía democrática constituyen dimensiones complementarias de una misma arquitectura política, entonces lo que ocurre actualmente en América Latina deja de parecer una anomalía y se convierte en síntoma. Y cuando los síntomas aparecen simultáneamente en sociedades diferentes dejan de poder explicarse como particularidades y pasan a ser consideradas como contexto.
En tales circunstancias y más allá del nombre del mandatario de turno, lo que está en juego no es la definición del tipo de Estado resultará funcional a las necesidades del capitalismo latinoamericano durante esta larga fase de turbulencia sistémica por la que atravesamos; qué derechos serán considerados prescindibles cuando entren en contradicción con acumulación, seguridad o estabilidad; qué grado de lawfare, excepcionalidad y coerción podrá normalizarse dentro de sistemas formalmente democráticos; y hasta dónde avanzará la bonapartización del poder ejecutivo antes de que nuestras democracias dejen de ser reconocibles como tales.
La coyuntura actual demuestra que el vaciamiento sustantivo de la democracia pasó a adoptar formas bastante más sofisticadas que viejos golpes de Estado del pasado siglo: democracias que continúan votando, tribunales que continúan dictando sentencias y constituciones que continúan formalmente vigentes mientras la ciudadanía pierde progresivamente capacidad material para controlar al poder, disputar la distribución de la riqueza y decidir colectivamente sobre su futuro.
Ese sería el punto culminante del “Estado de no derecho”: no la abolición formal de la democracia, sino su progresiva reducción a una tecnología electoral de legitimación de decisiones tomadas cada vez más lejos del alcance democrático de las mayorías.
—
Referencias
Amin, S. (2013). The implosion of contemporary capitalism. Monthly Review Press.
Arrighi, G. (1994). The long twentieth century: Money, power, and the origins of our times. Verso.
Arrighi, G. (2007). Adam Smith in Beijing: Lineages of the twenty-first century. Verso.
Harvey, D. (2003). The new imperialism. Oxford University Press.
Harvey, D. (2005). A brief history of neoliberalism. Oxford University Press.
Levitsky, S., & Way, L. A. (2010). Competitive authoritarianism: Hybrid regimes after the Cold War. Cambridge University Press.
Mattei, C. E. (2022). The capital order: How economists invented austerity and paved the way to fascism. University of Chicago Press.
Wallerstein, I. (2004). World-systems analysis: An introduction. Duke University Press.
Wallerstein, I. (2011). The modern world-system IV: Centrist liberalism triumphant, 1789–1914. University of California Press.