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Máriam Martínez-Bascuñán (Madrid, 1979) es profesora de Teoría Política en la Universidad Autónoma de Madrid. También ha sido directora de Opinión del diario El País y sobre todo una estudiosa de Hannah Arendt, de cuya mano visita los desafíos de posverdad y credibilidad que afrontan las democracias actuales en su último libro, ‘El fin del mundo común‘ (Taurus, 2025). Bascuñán abre una grieta nueva al señalar que la gran amenaza que se cierne sobre nuestra sociedad es la fractura de ese horizonte compartido sobre el que se asienta la convivencia. Pero no todo está perdido.

Por Pedro Silverio

Dice que el mundo común se está acabando. Si es así, ¿qué nos depara el futuro?

Yo hablo del fin del mundo común, pero no como algo irreversible. Es el diagnóstico que hago. Me detengo en lo que es el mundo común y mi diagnóstico es que la posverdad es esto, el fin del mundo común. Junto a Hannah Arendt defino esta idea del mundo común como aquello que nos conecta y nos separa a la vez. Nos conecta porque estamos todos en la misma realidad, pero al mismo tiempo nos separa porque cada uno la ve desde una perspectiva distinta. Arendt siempre habló de que la democracia tiene que velar para que exista ese mundo común. Que no se trata de que todos pensemos igual, sino que todos podamos discrepar sobre el mismo mundo. La posverdad no es que el político mienta, ya que los políticos han mentido siempre. Lo que pasa ahora es que el político utiliza la verdad o la mentira como un arma de poder para construir una realidad alternativa, que es una ficción. Lo que ha desaparecido es que hemos dejado de habitar en el mismo mundo. Para que haya un mundo común tenemos que mirar todos a ese mundo y discutir sobre él. El mundo común es también la erosión de todos esos intermediarios, de todas esas instituciones invisibles que ayudaban a sostener el suelo compartido para que fuese posible una conversación, la deliberación pública, e incluso las reglas del juego democrático. En el momento en el que caen todas esas instituciones invisibles con todos los consensos, es posible creer en realidades alternativas y en mundos ficticios que el líder es capaz de imponer. Lo vimos durante la pandemia. Por ejemplo, si alguien llega a decir que el virus no existe o que las vacunas tienen chips para controlarnos, ya no estamos discutiendo sobre el mismo mundo, ya no hay una conversación posible porque hemos roto ese suelo compartido.

«Sin pluralidad no hay mundo común», señala. ¿El problema es que los partidos políticos ahora buscan desprestigiar y deshumanizar al rival?

El problema hoy es que de alguna forma hemos sustituido la pluralidad por la lógica tribal. El tribalismo instala una lógica en la ciudadanía en la que la verdad no exige que la entiendas o que te preocupes; lo que exige es pertenencia. La fidelidad al grupo vale más que su propia opinión o que la evidencia, y el juicio crítico se convierte casi en un lujo innecesario. A los políticos les renta esto porque diluyen la pluralidad de perspectivas. Lo que estamos haciendo es meternos en tribus, en burbujas, y el criterio de validación de la verdad pasa por la palabra del líder. Nosotros repetimos lo que dice el líder frente a lo que dice el medio de comunicación desprestigiado o la evidencia científica. Hay que entender qué ha pasado para que esto ocurra, y hay que hacer una autocrítica. Muchas voces han quedado fuera de la conversación pública, fuera del radar de los políticos tradicionales y de los medios, como, por ejemplo, los chalecos amarillos. Lo que ha hecho el populista es decir: «Yo sí os escucho», se hace cargo desde la manipulación de esas demandas y las canaliza a través de la ira. Al darles voz, lo que ocurre es que homogeneiza esas voces, las manipula y, cuando llega al poder, vacía la propia democracia, ya que el populista acaba representándose a sí mismo.

Hoy cobra sentido lo que apunta en el libro de que la tecnocracia de los Draghi deja el camino abonado para los Meloni…

Yo creo que sí. Lo hemos ido viendo con muchos temas, que por ser muy importantes o por considerar que nos jugábamos todo con eso, han salido de la discusión pública. Se han tomado decisiones políticas en nombre de la autoridad científica. Durante la pandemia esto sucedió muchísimo, y algunos políticos se envolvieron en la bandera de la ciencia y se parapetaron en ella para justificar decisiones. Al expulsar a la ciudadanía de ese tipo de decisión y escudarte en la autoridad científica, de alguna forma lo que estás preparando es el camino para la revuelta populista. Cuando se habla o se parapetan determinadas decisiones en élites de expertos, hay un riesgo de deslegitimar otras opiniones que no están especializadas. Esto genera una centralización antidemocrática, una salida tecnocrática de los problemas, que es la antesala del populismo. Cuando no explicas bien lo que quieres hacer o utilizas la autoridad del experto para justificar una decisión y la suprimes del debate público, la gente empieza a imaginar cosas, como que hay un interés oscuro. Un ejemplo claro fue este verano con los incendios. Las autoridades e instituciones parecían abandonar a mucha gente, que se sentía invisible y fuera de las decisiones políticas. El resultado no solamente es la revuelta populista, sino la antipolítica, que acaba siendo aprovechada por la ultraderecha.

¿Y cómo es posible debatir sobre estas cuestiones en medio de tanta polarización?

Es muy difícil porque todo ya ha tomado forma como una guerra cultural; cualquier tema, incluso el cambio climático, se vuelve una guerra de posverdad. Al final, se ha creado mucha confusión en la que ya nadie sabe a quién creer. Lo peor no es lanzar una mentira, sino dejar de creer en todo. Y dejar de creer en todo implica que si alguien te dice que ha ganado las elecciones cuando las ha perdido, pues hay un porcentaje muy importante de la ciudadanía que lo acaba creyendo. Para que esto suceda, han tenido que desprestigiarse los medios de comunicación, las instituciones electorales, las autoridades y los periódicos. Al final, lo que hacemos es adherirnos a la lógica de la tribu, a la narrativa, que además te canaliza la ira y te presenta un rostro de a quién odiar y contra quién protestar.

En el libro señala que «tenemos una ciudadanía más desorientada que un pueblo engañado». ¿Puede ser porque la única ideología propositiva es la de la extrema derecha?

Yo creo que la clave es que se han convertido en buenos narradores políticos. Ellos tienen una forma de ver el mundo que reconoce a esas personas que se han sentido fuera y que da una visión coherente sobre el mundo, aunque sea ficticia. Por ejemplo, cuando Trump dice «Estados Unidos primero», es coherente con querer construir un muro más alto, o coherente con decir «cuidado que los inmigrantes se comen nuestras mascotas y hay que protegernos de estos bárbaros». Ellos son narradores políticos con narrativas perfectamente coherentes y diseñadas. Eso se intenta combatir con datos y con expertos, pero los hechos por sí solos no convencen a nadie. Además de datos y ciencia, lo que se necesita son narradores políticos que sepan contar los hechos de manera que interpelen a la ciudadanía y que nos hagan ver por qué importan.

¿Tenemos que asumir que el debate público va a estar ya para siempre inmerso en falsedades y posverdad?

Un programa político no debería ser reactivo, es decir, no debería estar todo el tiempo contestando las barbaridades del populista y no debería dejarse colonizar por la agenda del populista. Además, los políticos deben ser capaces de llegar a la gente con historias basadas en hechos. Yo creo que hemos menospreciado las emociones. Un político no puede ganar unas elecciones sin movilizar emociones. La clave está en qué tipo de emociones movilizas, si la ira o la esperanza, como hizo Obama. No vas a llegar a la gente solo con autoridad científica. Tienes que, basándote en esa evidencia científica, construir una narración política que convenza a la ciudadanía y la haga sentir protagonista, no espectadora, que la invite a ser parte de la solución, a deliberar, a decidir juntos.

Cuando habla de la autoridad de los expertos, señala que en muchas ocasiones se impone un criterio patriarcal y vale más la opinión de un hombre blanco que la de una mujer experta en el tema nada más que por ser hombre. ¿Hasta ese punto llega la preponderancia masculina?

Bueno, he escrito algunos trabajos sobre esa jerarquía de legitimidad en el espacio público a la hora de opinar. Esto ha sido así a lo largo de la historia; hay voces que gozaban de más autoridad y otras que han estado siempre en los márgenes. Los trabajos que yo cito en el libro tienen que ver con el Brexit y cómo se desprestigiaba a las expertas cuando hablaban de las implicaciones económicas. Ahí el ejemplo claro fue el secretario de Justicia del Reino Unido, Michael Gove, cuando dijo «estamos hartos de los expertos». Pero en el caso de las mujeres, la crítica muchas veces tiene más que ver con la identidad de la propia experta que con los argumentos que da. Esto demuestra la importancia de qué voces cuentan como narradores legítimos en el espacio público y qué voces se han deslegitimado, incluso la voz de la ciencia. Esto nos lleva a distinguir entre la verdad valiente, el discurso valiente, y el otro discurso que pasa por valiente porque dice que habla sin filtros. Y aquí hay una trampa peligrosa: se ha confundido la verdad valiente con el discurso «sin filtros». Verdad valiente es cuando alguien dice algo incómodo basado en hechos, aunque le cueste poder: un científico que advierte sobre el cambio climático contra intereses petroleros, un periodista que investiga la corrupción arriesgando su carrera. Discurso «sin filtros» es cuando alguien dice algo ofensivo o falso y lo presenta como valentía: Trump diciendo que las elecciones fueron robadas, políticos que llaman «valentía» a insultar minorías. No es valentía, es impunidad disfrazada de transgresión. La diferencia es crucial: uno desafía al poder con hechos o desde una voz con conciencia moral. El otro ejerce poder sin consecuencias.

Cierra el libro hablando de los medios de comunicación y el periodismo con una sentencia muy dura: «El objetivo no es tanto salvar al periodismo sino la función pública que realizaba». Si no van a seguir siendo los medios, ¿quiénes serán los nuevos actores que lleven a cabo esta función?

No creo que tengan que ser otros actores, ni que vayamos a volver al mundo de antes. El espacio público ha cambiado y las redes lo han hecho. Hay una lectura positiva en esto: han entrado opiniones que eran totalmente marginales y que han roto el consenso hegemónico. Defiendo la importancia de la crónica y el relato de los hechos a partir de la imparcialidad homérica. La imparcialidad homérica, según Arendt, no guarda silencio sobre el vencido, da testimonio de Héctor y de Aquiles. Lo que hace Homero es mostrar todos los lados con dignidad y preservar esa pluralidad de perspectivas. La imparcialidad homérica no es equidistancia, no es tratar todas las afirmaciones como igualmente válidas, ni es dar el mismo peso a los hechos y a las mentiras. Es dar testimonio de hechos como son. A veces, esa falsa equidistancia hace que se normalicen cosas que nunca deberían haberse normalizado. La clave está en la pluralidad de perspectivas y la imparcialidad, que no es equidistancia. Lo que no podemos es volver a asistir a casos como la cobertura de la BBC en las elecciones de 2024, que ponía al mismo nivel una propuesta de justicia de Kamala Harris que las declaraciones de Donald Trump diciendo que iba a fusilar periodistas.

 

La experta española publica ‘Seis problemas que la ciencia no puede resolver’ y advierte de los peligros del “marco” neoliberal en el que se desarrollan la ciencia y la tecnología actuales

Por Patricia Fernández de Liz

Por Diego Sztulwark

A una semana del fallecimiento del filósofo Paolo Virno, Diego Sztulwark repasa marcas e influencias teóricas y enfatiza la calidad finamente política de su palabra, que tuvo su presencia en la argentina de 2001 en torno a las discusiones –lamentablemente nunca saldadas– sobre la importancia de pensar de otro modo, por fuera del par Mercado/Estado, las capacidades creativas de «los muchos».

Por Diego Sztulwark* / La Tecl@ Eñe

Reconocer la influencia del pensamiento de otro suele ocurrir bajo condiciones de examen, de homenaje y quizá también como parte de un sentimiento de agradecimiento que, para ser honesto, debe verse precedido por una reflexión sobre el modo en que esa actividad intelectual, que viene de otra subjetividad, pasa a funcionar en la propia. La reciente partida de Paolo Virno –hace hoy justo una semana– me lleva a explicitar, de un modo obviamente insuficiente y breve, la conciencia que siempre he creído tener del valor de sus aportes para pensar lo político de otra manera. Es quizá parte de esta “deuda” contraída la que me lleva a anticipar una explicación preliminar, relativa al hecho de que la “enseñanza” de Virno no estuvo restringida entre nosotros a lo que convencionalmente imaginamos como situaciones educativas –escuelas o universidades– de las que surge la idea del profesor (o el “maestro”, que es otra cosa), ni por tanto del pensador como detentador de un sistema de saberes que se imparten para que otro los incorporen a fin de actualizar su valor en un futuro profesional. No. La escena que habría que evocar aquí –muy distinta– es una a la que cabría llamar –realizando las aclaraciones pertinentes– escena política. A diferencia de la pedagógica habitual, por escena política podemos entender aquello que hace que nos descubramos como compartiendo problemas propios de la vida pública más que ideas pertenecientes de antemano a campos disciplinarios y profesionales de saber en los cuales nos insertemos (o ensartamos). Virno, en cuanto teórico y militante, fue, en este sentido, un político cuyas reflexiones suponen un fuerte deseo de política –y uso “deseo” para señalar lo político como aquello que escasea o cuya existencia directamente peligra– presente en sus descripciones de fenómenos sociales contemporáneos, a los que no cabe –precisamente por su filo político– reducir a saber de tipo sociológico. Lo que sigue es un intento de reproducir cinco ideas virnianas que pueden funcionar como marcas indelebles para la política, escritas en cinco párrafos, que no intentan reenviar a sus libros de origen (aunque al final agrego una bibliografía) sino reparar en el modo en que –insisto en esto– han circulado influencias o enseñanzas:

Comunismo del capital: la expresión realza el gusto de Paolo por la paradoja y se apoya en una cita de Marx sobre “la superación de la propiedad privada sobre el mismo terreno de la propiedad privada”. Para construir esta idea es preciso tener en cuenta que los años dorados del capitalismo no se dieron sin un costoso aprendizaje impuesto por el desafío que representó la gran Revolución de Octubre y la consecuente crisis del 29. Lo que hemos conocido entonces bajo el nombre de “socialismo del capital” fue la interpretación burguesa –keynesiana– del rol centralizador y planificador del Estado en el ciclo económico. Décadas más tarde, la derrota de la revolución que trabajadores y estudiantes preparaban en los años setentas contra las formas del trabajo asalariado, la alienación individual y la coerción estatal, fue el terreno –contrarrevolucionario, neoliberal y “postfordista”– de una nueva interpretación pérfida –el “comunismo del capital”– que incorporó el elemento comunista (que, como preveía Marx, se expresaba ya en la cualidad transindividual propia de la moderna cooperación social tecnificada o General intellect) ya no como premisa material de una política emancipativa sino bajo el modo invertido de un despótico sometimiento de la riqueza de la praxis humana al “chaleco capitalista” de la antigua medida del valor-trabajo, y a la destrucción de toda esfera pública. De modo tal que en el “comunismo del capital” el capitalismo subsiste como regla vigente (mando y medida) pero no verdadera (contenido de la cooperación humana), mientras que el comunismo insiste como verdad de la actividad colectiva, aunque no vigente (bloqueado como política efectiva).

Tonalidad afectiva. Una fenomenología de los muchos que como tales participan de la producción social contemporánea remite, pues, a una realidad común que Virno pensó como “situación emotiva”, es decir, como los “modos de ser y sentir” que actúan en la experiencia colectiva del trabajo, la recreación o la política. El tono afectivo de la multitud posee –para Virno– un grado cero o un corazón “neutro” –pues se trata siempre de capacidades vitales previas a sus conjugaciones concretas–, una naturaleza irremediablemente histórica ­–dado que hablamos siempre de la socialización de una multitud metropolitana realmente existente– y una condición ambivalente –que se determina en el modo en que el tono afectivo se conjuga en modalidades de aceptación y sumisión o bien de crítica o conflicto (es decir: que adquiere valores operativos en políticas concretas, incluso de signo opuesto). La situación emotiva de la multitud es para Virno tanto el “oportunismo” –la capacidad de captar y aprovechar oportunidades–, como el “cinismo” -aptitud para calcular (más que solo obedecer) reglas– y también la capacidad de “charla” (o “avidez de novedades”), que remite a las capacidades verbales de la multitud, y a la actualización de una epistemología popular, de una mundanidad de los sujetos –la búsqueda de repaso, de orientación práctica–, y al peso de los fenómenos comunicativos que han devenido centrales en la producción contemporánea. De este modo Virno describe la realidad de la multitud en términos de una intelectualidad de masas que se vale del uso del lenguaje y de las capacidades comunes de abstracción para orientarse –en el sometimiento tanto como en la rebelión–, pero también de “un conjunto de memorias” (aspecto mal discutido durante el debate pueblo/multitud que se dio en Argentina en torno a 2001), pues “nadie puede hacer una huelga siquiera de diez minutos sin contar con una gran tradición a sus espaldas”.

Premio Nobel de Economía en 2001, Joseph E. Stiglitz (Gary, Indiana, 1943) es uno de los economistas más influyentes del mundo. En su último libro, ‘Camino de libertad. La economía y la buena sociedad’ (Taurus, 2025), propone una visión de la libertad basada en la justicia social y la igualdad de oportunidades. Hablamos con él sobre la guerra arancelaria de Donald Trump, la importancia de los medios de comunicación y la academia como contrapesos del poder y la necesidad de ampliar la libertad de elección. 

Por Elena Herrero-Beaumont

En una época de fragilidad emocional y social, hablar de libertad casi suena utópico. ¿Por qué decidió escribir este libro ahora? ¿Qué le llevó a repensar la libertad como tema central del debate económico?

Escribí el libro antes de las elecciones de 2024 en Estados Unidos. Era consciente de que la libertad sería un tema central, y por un momento así fue. Kamala Harris usó «Yes She Can» como himno de su campaña, y hubo debates sobre los derechos reproductivos y otras libertades clave. Algunas de las cuestiones que se planteaban, como la libertad de portar un arma, trataban de algo que es central en el libro: el reconocimiento de que la libertad de una persona puede restringir la de otra. Estos temas surgieron, pero no dominaron la campaña. Fueron unas elecciones en las que mucha gente sentía que no iba bien y Donald Trump prometía un cambio. No creo que entendieran completamente que sería un caos y una desestabilización de las instituciones. Pero fue una elección sobre el cambio, y Harris representaba la continuidad. Los valores de la libertad están tan arraigados en la cultura estadounidense que pensé que merecía un debate más profundo. Porque lo que representaba el Partido Demócrata era la libertad de cada individuo de desarrollar su potencial. Si pudiera cambiar la conversación sobre lo que los republicanos llaman libertad —hacer lo que uno quiera sin importar las consecuencias—, pensé que podría convencer a la mayoría de que mi concepción de la libertad es la que ellos realmente desean. Quienes defendemos posturas progresistas tenemos en realidad una agenda que expande la libertad. Durante mucho tiempo, ha sido la derecha la que ha reclamado la agenda de la libertad. Yo quería recuperar eso y convertirlo en una parte central del debate intelectual y político.

Usted critica la noción individualista de libertad, en gran medida formulada por pensadores como Hayek y Friedman. ¿Cómo entiende la libertad real? ¿Por qué reducir la intervención del Estado no es suficiente para garantizar que las personas sean verdaderamente libres?

Abordo este tema desde la perspectiva económica. Cuando los economistas hablan de libertad suelen preguntarse: «¿Qué eres libre de hacer?». Alguien al borde de la inanición no tiene libertad. La libertad real depende del conjunto de oportunidades que una persona tiene, y eso rara vez se amplía de forma individual. Pongo ejemplos donde cooperar amplía la libertad. Incluso una pequeña restricción puede en realidad ampliar la libertad. Por ejemplo, los semáforos: en una ciudad como Nueva York, son una limitación; no puedes avanzar hasta que se ponga en verde. Pero si no existiera ese semáforo habría caos. Así que una simple regulación nos permite avanzar. Lo mismo ocurrió durante la pandemia. La vacuna de ARN mensajero se desarrolló gracias a recursos públicos. Ningún individuo por sí solo podría haberlo hecho. Requirió inversión estatal, que se financia con impuestos. Esa obligación —pagar impuestos— es una restricción menor frente a la libertad de vivir que nos dio esa vacuna. Cooperar implica aceptar ciertas limitaciones, pero en el panorama general, esas limitaciones amplían enormemente nuestras posibilidades y nuestra libertad real.

Esto está conectado con la visión utilitarista, en el sentido de que tus acciones deben realizarse de una forma que beneficie al mayor número de personas. ¿En qué se distingue de lo que, por ejemplo, John Stuart Mill quería transmitir?

John Stuart Mill vivió en una época marcada por la intolerancia, y por eso centró su defensa de la libertad en el derecho a creer y pensar libremente, siempre que eso no afectara a otros. Fue un gran defensor de la tolerancia. Yo también trato ese tema, aunque su enfoque sobre lo que hoy llamamos «externalidades» era secundario. Pero casi 200 años después vivimos en sociedades densas e interconectadas. Y en estas economías, lo que una persona hace tiene un impacto mucho mayor sobre los demás. Por eso, el problema no es solo la tolerancia sino también de qué manera las acciones de una persona pueden afectar a los demás. Un monopolista que fija precios altos le quita a otro la libertad, quizás incluso la posibilidad de comprar un medicamento vital. Eso es una compensación. Y los economistas trabajamos precisamente con compensaciones. En el libro argumento que una sociedad razonable, tras una buena deliberación, concluirá que es más importante preservar los derechos de los explotados que los del explotador. Que la libertad de vivir sin miedo es más importante que la libertad de portar un arma automática. Habrá desacuerdos, claro, pero creo que puede lograrse un consenso amplio. En los casos más complejos, propongo que pensemos como lo haría el «espectador imparcial» de Adam Smith o bajo el «velo de la ignorancia» de John Rawls. Cuando pensamos en qué tipo de sociedad queremos vivir, deberíamos hacerlo desde la perspectiva de que no sabemos en qué lugar vamos a nacer dentro de esa sociedad. Y creo que la mayoría de la gente estaría de acuerdo en que un sistema impositivo progresivo bien diseñado es el sistema contractual que todos apoyaríamos.

Las contribuciones de John Rawls no han tenido el impacto que una gran filosofía como la suya debería haber tenido. ¿Por qué cree que está ocurriendo esto en Estados Unidos, donde se ha vuelto tan difícil transmitir estos mensajes al público y a los líderes políticos?

El debate en Estados Unidos ha sido secuestrado por una visión muy egoísta del individualismo, promovida por sectores del Partido Republicano. Es un individualismo que no considera el velo de la ignorancia de Rawls ni el espectador imparcial de Adam Smith. El peor ejemplo son Elon Musk y Donald Trump. Tenemos ahora una oligarquía destruyendo las reglas del juego. Porque el Congreso es el único que puede redactarlas, y ellos simplemente las están ignorando mientras arrasan con los distintos departamentos del gobierno. Ni siquiera están prestando atención a las salvaguardas, a las normas establecidas por congresos anteriores. Estas son las acciones más antidemocráticas que hemos enfrentado en la historia de nuestra nación. La naturaleza de los oligarcas es que les resulta muy difícil entender realmente la vida de los estadounidenses comunes, que en toda su vida ganan lo que ellos ganan en una hora. No pueden comprender sus necesidades ni preocupaciones. Al desmantelar el papel del Estado, eliminan servicios que no valoran porque no los necesitan, pero que son esenciales para millones de personas.

¿Cómo hemos llegado hasta aquí? ¿Qué ha fallado por parte de los demócratas?

Es un tema que traté en mi libro El precio de la desigualdad, publicado en 2012, basado en un artículo que escribí en 2011 titulado Of the 1%, by the 1%, for the 1%. Allí advertía que Estados Unidos había permitido que la desigualdad creciera de forma excesiva y percibida —con razón— como injusta. No acompañamos adecuadamente a quienes quedaron rezagados en la transición de una economía agraria hacia una basada en servicios y conocimiento. Muchos quedaron sin oportunidades ni esperanza. Aunque los demócratas mostraban más compasión, terminaron aceptando muchas de las mismas políticas neoliberales que los republicanos, solo que con algo más de empatía. Eso nos dejó con más de 40 años de creciente desigualdad. En ese contexto, advertí que era terreno fértil para un demagogo. No sabía quién sería, pero finalmente fue alguien tan peligroso como Trump, que supo aprovechar el malestar, amplificarlo y polarizar a la sociedad. Y me preocupaba el hecho de que el mundo está lleno de una gran oferta de demagogos potenciales. Lo preocupante es que esto puede agravarse con la inteligencia artificial y otras crisis. Trump propone destruir nuestras instituciones educativas, imponer aranceles que no generarán empleos y elevarán la inflación. Así que mi lectura de lo que ocurrirá es que, mientras la retórica sea airada y haya una guerra cultural contra los demócratas, el resultado será el empeoramiento de las mismas fuerzas que lo llevaron al poder.

Sostiene que la verdadera libertad requiere de un acceso efectivo a la educación, a la sanidad, a la vivienda, a la seguridad económica. ¿Cómo podemos garantizar estas condiciones sin caer en el paternalismo?

Ante todo, no se trata de quitar la libertad de elegir. La libertad de elección es fundamental, y la agenda progresista que propongo busca ampliarla. Por ejemplo, en Estados Unidos la mayoría solo tiene acceso a una o dos aseguradoras privadas de salud, muchas de las cuales obtienen beneficios negando la atención médica, lo que ha generado una gran frustración. Lo que propongo es una opción pública pero no obligatoria. Una aseguradora sin fines de lucro. Su objetivo no sería explotar a los individuos, sino mejorar sus vidas y ofrecer una buena atención médica. Ese es un ejemplo de cómo podemos fomentar mejores decisiones y dar más opciones. Lo mismo con la vivienda. En 2008, vimos cómo las hipotecas mal diseñadas destruyeron el patrimonio de millones. Una opción pública podría ofrecer condiciones más humanas: flexibilidad ante la pérdida de empleo, reglas más justas y sin afán de lucro. Sería una alternativa segura, no una imposición. Por último, nuestro sistema educativo debería enseñarnos a tomar mejores decisiones. Porque las decisiones son complejas, tienen consecuencias para toda la vida. Y ahora mismo quienes tienen un interés particular en que elijas lo que les conviene son los principales proveedores de información. Sería bueno que la información viniera de alguien sin ese tipo de conflicto de intereses.

Usted aboga por un capitalismo progresista con instituciones que restauren la confianza pública y protejan el bien común. Lo que Donald Trump está haciendo es erosionar y desmantelar las principales instituciones. Tengo dos preguntas al respecto. Primero: ¿ve suficiente resistencia desde la sociedad civil y la academia? Segundo: ¿cree que ese sector sigue siendo lo suficientemente fuerte como para combatir esta guerra? Y si no es así, ¿qué futuro ve para Estados Unidos en los próximos años?

Tienes toda la razón. Hay una guerra en marcha ahora mismo por parte de la administración Trump contra las instituciones que sostienen la democracia. Una democracia es más que elecciones cada cuatro años. Muchos tememos que en 2026 no vayamos a tener unas elecciones justas y libres. Trump ataca todas las instituciones que ofrecen salvaguardas: como la prensa, a la que llama «enemigo del pueblo», las universidades y el sistema judicial. Estamos al borde de una crisis constitucional. En cuanto a las universidades, Trump fue tan lejos que Harvard dijo: «Hasta aquí», y todas las demás universidades estuvieron de acuerdo. Primero fue una intromisión, pidiendo solo un poco, y Columbia cedió. Muchos de nosotros dijimos que había sido un error porque los regímenes autoritarios primero piden un poco, luego piden mucho. El aspecto más decepcionante ha sido la actitud de los despachos de abogados, porque se esperaría que los bufetes defendieran la ley. Pero cedieron, y accedieron a ofrecer lo que se estima que serán hasta mil millones de dólares en honorarios y servicios legales para promover la agenda ilegal de Trump. Afortunadamente, no todos lo hicieron. Las universidades están siendo atacadas porque son fuente de pensamiento independiente. No se trata solo de proteger a los individuos, sino de proteger nuestra democracia. El sistema de contrapesos no solo existe dentro del gobierno. Se trata también de un conjunto de equilibrios dentro de la sociedad donde los medios de comunicación y el mundo académico desempeñan un papel absolutamente central. Donald Trump simplemente no entiende esto, y quiere aplastar la libertad académica. No lo vamos a permitir. Nuestros estudiantes, nuestro profesorado, están unidos en este valor fundamental.

Muchos académicos están pensando en mudarse a Europa. ¿Qué futuro ve para la Unión Europea en los próximos años? ¿Y cómo cree que las guerras comerciales van a afectar la economía europea?

Europa es hoy el principal bastión de la democracia y los derechos humanos. Y eso está atrayendo a muchos profesionales y académicos desde Estados Unidos. Es irónico: durante el siglo XX, el mundo académico estadounidense se fortaleció gracias a quienes huyeron de Europa por la pérdida de libertad. Ahora, el movimiento es inverso. En muchos sentidos, es aún peor que eso, porque una de las fortalezas de Estados Unidos siempre ha sido el poder blando, el respeto que nos tenían, y eso se ha perdido. La cuestión comercial es más simple. Casi con certeza perderemos la guerra comercial. Estados Unidos representa solo el 20% del PIB mundial. Los productos que Estados Unidos exporta a China son productos agrícolas, que puede comprar a cualquier otro país. En cambio, los productos que Estados Unidos importa de China son muy específicos y no pueden adquirirse fácilmente en otros países. En particular, las tierras raras solo pueden comprarse en China. En ese sentido, Trump ha cometido un error aún mayor. Cree que, porque el volumen de importaciones chinas es mayor, tenemos más poder de negociación. En realidad, los aranceles estadounidenses son un shock de demanda para China, pero los aranceles chinos representan un shock de oferta para nosotros, y responder a eso es mucho más difícil y costoso. Para empeorar aún más las cosas, dos de nuestras principales industrias exportadoras son el turismo y la educación. Él no entiende que en una economía del siglo XXI las exportaciones no son solo bienes, sino también servicios. Pero ¿quién querría venir a estudiar o hacer turismo a un país donde puedes ser detenido sin explicación? Estas son acciones propias de gobiernos autoritarios. Pero ni siquiera los peores gobiernos autoritarios del mundo hacen esto, porque no quieren dañar su reputación. Lo que hemos visto en Estados Unidos es lo peor de lo peor, y se hace de forma aleatoria. Es una revolución cultural improvisada, con gente actuando sin pensar, sin ninguna conciencia de las consecuencias de sus actos.

¿Qué ha aprendido a lo largo de su vida sobre la conexión entre la libertad y el sufrimiento? ¿Y qué diría a quienes desde su vulnerabilidad luchan e intentan mantener la esperanza en una sociedad buena? 

Tenemos la capacidad de crear una sociedad mejor. No es fácil, y lamentablemente hay fuerzas que empujan en contra. Las cosas son frágiles, más frágiles de lo que nos gustaría. Cuando comencé mi carrera, hace más de 60 años, me preocupaban los derechos civiles. Marché con Martin Luther King en 1963 en Washington D.C. Hice mi posgrado en parte porque quería ver qué podíamos hacer los economistas, los científicos sociales, para mejorar el mundo. Durante un tiempo, las cosas mejoraron, pero luego empeoraron. Y aunque entendimos mejor las dinámicas que generaban desigualdad, esas mismas fuerzas se intensificaron. La creciente concentración de riqueza y de poder terminó creando el caldo de cultivo perfecto para los demagogos. Y aquí estamos. Así que mi respuesta es que tenemos que seguir luchando. Recientemente apareció un artículo precioso en la portada de un periódico mostrando a Bernie Sanders, un hombre de 83 años como yo, junto a Alexandria Ocasio-Cortez, una joven política muy inteligente, recorriendo el país. Están reuniendo multitudes de 40.000 personas o más. Hay mucho entusiasmo por un nuevo progresismo, y eso es lo que me da esperanza. Creo que, al final, vamos a ganar.

Fuente: Ethic.es

Por Raúl Zibechi

Por Decio Machado

En Ecuador, las cooperativas de ahorro y crédito representan mucho más que simples instituciones financieras. Son herederas de una tradición comunitaria de solidaridad, confianza mutua y gestión autónoma de recursos en territorios que el sistema financiero privado descarta y donde el Estado suele llegar tarde o nunca llega.

Las cooperativas de ahorro y crédito constituyen, además, un contrapeso histórico a la hegemonía de la banca privada, operando bajo lógicas de proximidad social antes que de maximización de utilidades. De hecho, nacieron como iniciativas de organización comunitaria y barrial; creándose desde abajo, para resolver las necesidades de financiamiento de campesinos, comerciantes, artesanos y trabajadores que no tenían acceso al sistema bancario tradicional. Es por ello que su presencia se concentra en parroquias rurales, cantones pequeños y periferias urbanas, consolidándose como el único vehículo financiero disponible en territorios marginalizados, bajo el desprecio del análisis de costo-beneficio de los grupos financieros tradicionales.

Sin embargo, debido a su capacidad operativa mediante estructuras administrativas relativamente ligeras, contratación de personal local y costos menores al de las entidades financieras convencionales, en la actualidad el sector financiero popular y solidario agrupa a más de 6.1 millones de socios (usuarios), administra unos USD 28 mil millones en activos y representa aproximadamente un tercio del sistema financiero nacional.

Lo anterior, sumado a las más de 16.800 organizaciones (cooperativas de servicios, de producción, de vivienda y de consumo, además de asociaciones productivas y organizaciones comunitarias) que constituyen en llamado “sector real” de la economía popular y solidaria, las cuales en su conjunto involucran a más de 540.000 personas, conforma un ecosistema reconocido por el Estado ecuatoriano, sobre todo a partir de la vigente Constitución de 2008, como un sector económico estratégico.

Ese “sector real” en el cual se desarrollan procesos de producción, intercambio, comercialización, y consumo de bienes y servicios, se relaciona con el sector financiero popular y solidario principalmente a través de productos de ahorro y crédito que los socios de la economía popular y solidaria mantienen con las instituciones financieras pertenecientes al ecosistema. Esta interrelación se materializa en que más de 295.000 socios, asociados y miembros del “sector real” de economía popular y solidaria son también socios en el sector financiero popular y solidario; donde cerca de 100.000 personas de este entorno cuentan con operaciones de crédito vigentes y unas 319.000 personas cooperativistas mantienen depósitos en distintas instituciones financieras del sector.

Salud y legitimidad de las cooperativas

En términos de indicadores de solvencia, el índice de morosidad de las cooperativas de ahorro y crédito ronda el 8,33% promedio, más alto que el 3,27% promedio de la banca privada, aunque que se mantiene en un rango sostenible para el tipo de público al que atienden. A su vez, las políticas de prevención enmarcadas en índices de cobertura de cartera y requerimientos de liquidez obligatoria establecidos por la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria (organismo de regulación y control) han operado positivamente evitando cualquier riesgo de colapso sistémico en un sector donde, a la par, el seguro de depósitos COSEDE cubre hasta USD 32.000, lo que brinda una protección importante al pequeño ahorro en cooperativas grandes. Por último, cabe señalar que la solidez del sector financiero popular y solidario radica en que su cartera de crédito se distribuye entre miles de pequeños prestatarios, lo que reduce el riesgo de concentración.

Por otro lado y en lo que respecta al rol social del sistema financiero popular y solidario, la más reciente demostración de su razón de ser tuvo lugar durante la pandemia de 2020, momento en el que mientras los bancos restringían créditos, las cooperativas de ahorro y crédito siguieron financiando microemprendimientos, agricultura familiar y pequeños negocios, lo que reafirmó su legitimidad social.

De hecho, el crecimiento sostenido de este sector durante las últimas décadas se sustenta sobre estos tres pilares estructurales: confianza de los socios en el sector, inserción territorial y legitimidad social.

El apetito de la banca privada

Frente a la amplia diversidad existente en el sector cooperativo, el sistema bancario tradicional se caracteriza por su alta concentración en pocos actores privados. El sistema financiero privado es dominado por tres grandes emporios bancarios que, además, condicionan políticas regulatorias a su favor. La competencia entre estos se enmarca en la disputa por la captación de depósitos y el otorgamiento de créditos de consumo y productivos.

En este contexto, estos grandes bancos privados llevan años interesados en apoderarse de un botín tan apreciable como el capital acumulado en las cooperativas de ahorro y crédito más grandes del país.

Durante los últimos siete años y en especial a partir de la aprobación de la “ley para la defensa de la dolarización” en abril de 2021, los voceros de la gran banca privada nacional no han cesado de arremeter públicamente contra el sector financiero popular y solidario. La narrativa común utilizada por estos combina estrategias de contraste (diferencias normativas) y miedo (crisis inminente).

Ataque al modelo económico popular y solidario

Más allá de la disputa por nichos de mercado, el neoliberalismo y las cooperativas representan dos enfoques económicos opuestos. El neoliberalismo promueve la liberalización del mercado, la privatización y la desregulación, con el objetivo de fomentar el crecimiento económico a través de la competencia individual. Por otro lado, las cooperativas son organizaciones de propiedad conjunta y control democrático, donde los miembros buscan satisfacer necesidades comunes mediante la colaboración y la solidaridad.

Dicho antagonismo se evidenció institucionalmente en la pugna mantenida por años entre los gurús locales del neoliberalismo, reposicionados en los entornos de influencia en la política gubernamental a partir del gobierno de Lenín Moreno, y los funcionarios y operadores de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. Pese a la gradual implementación en el país de una política liberal y pro-mercado, hoy derivado en neoliberalismo pragmático con rasgos autoritarios, sector financiero popular y solidario se mantuvo sin sufrir graves agresiones.

Sin embargo, el Fondo Monetario Internacional (FMI) en su Programa de Evaluación del Sector Financiero con Ecuador (Agosto/2023), sentaría las bases de la reforma legal hoy en curso. Ignorando que cooperativas y bancos son entidades de naturaleza distinta (sentido de identidad y propiedad, nicho de negocio, modelo de toma de decisiones…), en dicho informe se señala que: “considerando que el funcionamiento y los modelos de negocio de las cooperativas de crédito más grandes son más cercanos a los bancos que a las demás cooperativas, las autoridades podrían considerar transferir la supervisión de las cooperativas más grandes a la Superintendencia de Bancos”. El documento sostiene además que dicha transferencia “podría mejorar la eficiencia y eficacia de la supervisión”, indicando que la falta de control no permite “obtener una visión integral del perfil de riesgo” de las cooperativas.

Las recomendaciones del FMI conllevan una gran carga de intencionalidad más política que técnica, pues la Superintendencia de Bancos lleva años bajo control de los principales bancos del país, dejando de ser un organismo de regulación y control para ser una estructura al servicio de quienes dominan el sector financiero nacional.

Lo anterior marca el punto de partida de la actual ofensiva contra la cooperativas de ahorro y crédito, y por extensión, contra el sistema de la economía popular y solidaria en su conjunto. La agenda fondomonetarista propiciaría la actual alianza estratégica entre el poder político y el poder financiero frente a las cooperativas de ahorro y crédito. Mientras el gobierno de Daniel Noboa busca, bajo supuestos criterios de modernización económica, acabar con viejos modelos y estructuras comunitarias históricamente enraizadas en el país; los grandes bancos que controlan el sistema financiero privado buscan desplazar a la economía solidaria de su nicho natural, con el fin de capturar un mercado que ha sabido sostenerse con base en la cercanía comunitaria.

Así las cosas y teniendo en cuenta que el Estado no es un mero aparato de que “administra” la sociedad, sino una condensación de relaciones de fuerza, en la Asamblea Nacional tendrían lugar dos episodios consecutivos que cambiarían radicalmente el escenario hasta entonces existente. El primero tuvo lugar el 12 de mayo de 2025, con la censura -mediante juicio político- de la funcionaria a cargo de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria durante el periodo de resistencia a la captura del sector por parte de los grandes grupos de capital financiero privado. El segundo momento se da apenas un mes después, cuando el 24 de junio es aprobada en el Legislativo la Ley Orgánica de Integridad Pública y su Disposición Transitoria Décimo Primera, mediante la cual dispone identificar a las cooperativas de ahorro y crédito que deban ser transformadas en sociedades anónimas del sector financiero privado y traspasarlas a la supervisión de la Superintendencia de Bancos.

La disposición mencionada actúa como llave para un proceso de transformación forzada de cooperativas en bancos, bajo el argumento de modernizar la gestión, fortalecer la solvencia y aumentar la transparencia, poniendo en juego no solo la autonomía de estas entidades, sino el destino mismo de la economía popular y solidaria.

Por añadidura, es de reseñar que detrás de este discurso tecnocrático se esconde un interés evidente: la conversión de cooperativas en bancos abre la puerta a la entrada de accionistas privados (los grandes bancos), los cuales con mayor músculo financiero se harán con el control mayoritario de instituciones que hasta ahora habían sido propiedad de los socios de las cooperativas.

El gobierno, en sintonía con organismos multilaterales y cámaras empresariales, presenta esta normativa como parte de una agenda de “modernización capitalista”. El relato oficial insiste en que el país debe alinearse con “estándares internacionales” que garanticen confianza de inversionistas extranjeros y la estabilidad macroeconómica.

Sin embargo, modernización aquí se traduce en el desmantelamiento de formas de organización económica enraizadas en la cultura popular para imponer modelos financieros verticales, ajenos a la lógica del territorio. Bajo el ropaje de la eficiencia y la transparencia, lo que se promueve es una redistribución regresiva del poder económico: quitarle a las bases sociales organizadas para entregarle a los grandes capitales.

El trasfondo político: una economía al servicio del capital

No se trata solo de una disputa técnica sobre la regulación financiera. Lo que está en juego es la orientación misma del modelo económico ecuatoriano. Las cooperativas encarnan una tradición de autonomía social y resiliencia comunitaria, vital en un país atravesado por crisis recurrentes. Su desarticulación significa, en términos políticos, la pérdida de un espacio de soberanía económica frente a los intereses del capital financiero.

El Estado actúa aquí como garante del mercado, no como defensor del interés público. El discurso de integridad y transparencia funciona como pretexto para allanar el camino a la concentración de capitales y la subordinación de la economía popular a las reglas del juego neoliberal.

En definitiva, el problema de fondo no es si las cooperativas deben “modernizarse” o no, sino quién controla los recursos financieros del país: ¿los socios organizados bajo principios de solidaridad y proximidad, o un puñado de grupos económicos que ya concentran buena parte de la riqueza nacional?

Estado de situación y perspectivas

En la tarde del 4 de agosto de 2025, la Corte Constitucional del Ecuador informaría de la suspensión provisional de la Disposición Transitoria Décimo Primera de la Ley Orgánica de Integridad Pública.

Esta decisión se enmarca en el proceso de admisibilidad de las acciones públicas de inconstitucionalidad y de suspensión de normas que, a primera vista, podrían afectar derechos fundamentales. Se trata de una actuación técnica y jurídica que busca precautelar el cumplimiento y la supremacía de la Constitución de la República del Ecuador, sin que constituya aún pronunciamiento de fondo sobre dicho proceso.

Lo anterior, pese a que presuponga cierto nivel de avance de las posturas en defensa de la economía popular y solidaria, prolonga en el tiempo el actual escenario de incertidumbre, a la espera, sin fecha establecida, de un dictamen final de la Corte Constitucional al respecto.

Mientras tanto, por esta decisión y otras similares derivadas de la aprobación indebida de leyes consideradas económicas urgentes en la Asamblea Nacional, el gobierno ha convertido estratégicamente a la Corte Constitucional en su principal antagonista político. Posiblemente estemos en los preámbulos de lo que será un nuevo proceso constituyente, en esta ocasión regresivo en materia de derechos.

Por su parte y ante este escenario de acoso y derribo al sector financiero popular y solidario, tanto el espectro político de la izquierda institucional como de la social brillan por su ausencia. Los primeros, inmersos en un proceso de crisis interna tras su última derrota electoral y desconectados cada vez más de la realidad sociopolítica nacional, guardan silencio e incluso fueron cómplices del juicio político que censuró a quien fuera la anterior titular de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, el único organismo del Estado que hasta poco antes había defendido al sector de la economía popular frente a la presión de las juntas regulatorias -financiera y monetaria-, el Ministerio de Economía y Finanzas, la comisión legislativa de desarrollo económico, el lobby del capital financiero y los multilaterales. Los segundos, con una dirección política recién instalada y en franco proceso de renuncia a sus reivindicaciones históricas como movimiento social, abandonan a su suerte al amplio segmento indígena que compone el sector cooperativo financiero nacional. De hecho, hay algunos que de forma muy infantil incluso hablan de derecho de los indígenas a montar bancos.

Por último y en lo que respecto al sector, mientras la actual dirección de la Superintendencia de Economía Popular y Solidario guarda un silencio cómplice respecto al conflicto, la heterogeneidad que transversaliza el mundo de las cooperativas de ahorro y crédito se muestra de diferentes formas. Unos se agrupan y organizan para hacer frente a la embestida gubernamental y bancario, otros buscan negociar una salida particular para sus cooperativas e incluso hay quienes apoyan la desarticulación del sector, pensando ilusóriamente en apropiarse de determinadas instituciones financieras solidarias y la sucesión dinástica de sus gerencias.

Conclusión

La Disposición Transitoria Décimo Primera es una jugada estratégica que redefine el tablero financiero en Ecuador. Bajo el disfraz de un tecnicismo legal y de la falsa necesidad de darle estabilidad al sector de las cooperativas, se abre paso a una reconfiguración estructural: la economía popular y solidaria pierde autonomía, se socava las bases de la economía tradicional, la banca privada gana un nuevo mercado y el gobierno se presenta como un actor modernizador del país mientras cumple servilmente la agenda fondomonetarista.

El desenlace no es menor. Está en juego la posibilidad de que Ecuador siga siendo un país donde convivan múltiples formas de organización económica, o que la uniformidad capitalista, cada vez más feroz e impuesta desde arriba, termine borrando décadas de construcción comunitaria y solidaria.