El rostro y la muerte

Por Giorgio Agamben

El siguiente texto fue publicado por Giorgio Agamben en la Neue Zürcher Zeitung el 30 de abril de 2021. El 3 de mayo de 2021 fue retomado en su columna «Una voce» en el sitio web de la editorial italiana Quodlibet.

 

Parece que en el nuevo orden planetario que está tomando forma dos cosas, aparentemente no relacionadas, están destinadas a desaparecer por completo: el rostro y la muerte. Por el contrario, intentaremos averiguar si no están vinculadas de algún modo y cuál es el significado de su eliminación.
Que la visión del rostro propio y del rostro de los demás es una experiencia decisiva para el hombre ya lo sabían los antiguos: «Lo que se llama “rostro” —escribe Cicerón— no puede existir en ningún animal sino en el hombre» y los griegos definían al esclavo, que no es dueño de sí mismo, aproposon, literalmente «sin rostro». Ciertamente todos los seres vivos se muestran y se comunican entre sí, pero sólo el hombre hace del rostro el lugar de su reconocimiento y su verdad, el hombre es el animal que reconoce su rostro en el espejo y se refleja y reconoce en el rostro del otro. El rostro es, en este sentido, tanto la similitas, la semejanza, como la simultas, el estar juntos de los hombres. Un hombre sin rostro está necesariamente solo.
Por eso la cara es el lugar de la política. Si los hombres sólo tuvieran que comunicarse información unos a otros, siempre tal o cual cosa, nunca habría propiamente política, sólo un intercambio de mensajes. Pero como los hombres tienen ante todo que comunicar su apertura, su reconocimiento mutuo en un rostro, el rostro es la condición misma de la política, aquello en lo que se basa todo lo que los hombres se dicen e intercambian.
El rostro es en este sentido la verdadera ciudad de los hombres, el elemento político por excelencia. Al mirarse a la cara, los hombres se reconocen y se apasionan mutuamente, percibiendo similitud y diversidad, distancia y proximidad. Si no hay política animal, es porque los animales, que siempre están en lo abierto, no hacen de su exposición un problema, simplemente moran en ella sin preocuparse. Por eso no les interesan los espejos, la imagen en cuanto imagen. El hombre, en cambio, quiere reconocerse y ser reconocido, quiere apropiarse de su propia imagen, busca en ella su propia verdad. De este modo, transforma el entorno animal en un mundo, en el campo de una incesante dialéctica política.
Un país que decide renunciar a su propio rostro, cubrir con máscaras por todas partes las caras de sus ciudadanos es, pues, un país que ha cancelado cualquier dimensión política de sí mismo. En este espacio vacío, sometido en todo momento a un control sin límites, se mueven ahora individuos aislados unos de otros, que han perdido el fundamento inmediato y sensible de su comunidad y sólo pueden intercambiarse mensajes dirigidos a un nombre ya sin rostro. Y como el hombre es un animal político, la desaparición de la política significa también la eliminación de la vida: un niño que ya no puede ver el rostro de su madre al nacer corre el riesgo de ya no poder concebir sentimientos humanos.
No menos importante que la relación con el rostro es la relación con los muertos. El hombre, el animal que se reconoce en su propio rostro, es también el único que celebra el culto a los muertos. No es de extrañar, pues, que los muertos también tengan un rostro y que la cancelación del rostro vaya de la mano de la eliminación de la muerte. En Roma, el muerto participa en el mundo de los vivos a través de su imago, la imagen plasmada y pintada en cera que cada familia guardaba en el atrio de su casa. El hombre libre se define tanto por su participación en la vida política de la ciudad como por su ius imaginum, el derecho inalienable a conservar el rostro de sus antepasados y a exhibirlo públicamente en las fiestas de la comunidad. «Después del entierro y de los ritos funerarios —escribe Polibio— la imago del muerto se colocaba en el punto más visible de la casa en un relicario de madera, y esta imagen es un rostro de cera hecho a exacta semejanza tanto en forma como en color».
Estas imágenes no sólo eran objeto de una memoria privada, sino que eran el signo tangible de la alianza y la solidaridad entre los vivos y los muertos, entre pasado y presente, que formaba parte de la vida de la ciudad. Por ello, desempeñaron un papel tan importante en la vida pública que podría decirse que el derecho a las imágenes de los muertos es el laboratorio en el que se fundamenta el derecho de los vivos. Esto es tan cierto que quien era culpable de un crimen público grave perdía el derecho a la imagen. Y cuenta la leyenda que cuando Rómulo funda Roma, hace cavar una fosa —llamada mundus, «mundo»— en la que él y cada uno de sus compañeros arrojan un puñado de la tierra de la que proceden. Esta fosa se abría tres veces al año y se decía que en esos días los mani, los muertos, entraban en la ciudad y participaban en la existencia de los vivos. El mundo no es más que el umbral a través del cual se comunican los vivos y los muertos, el pasado y el presente.
Se entiende entonces por qué un mundo sin rostros no puede ser más que un mundo sin muertos. Si los vivos pierden su rostro, los muertos se convierten en meros números que, por haber sido reducidos a su pura vida biológica, deben morir solos y sin funerales. Y si el rostro es el lugar donde, antes de todo discurso, nos comunicamos con nuestros semejantes, entonces también los vivos, privados de su relación con el rostro, están, por mucho que intenten comunicarse con los dispositivos digitales, irremediablemente solos.
El proyecto planetario que pretenden imponer los gobiernos es, por lo tanto, radicalmente impolítico. Más bien propone eliminar todo elemento genuinamente político de la existencia humana, para sustituirlo por una gubernamentalidad basada únicamente en un control algorítmico. Cancelación del rostro, eliminación de los muertos y distanciamiento social son los dispositivos esenciales de esta gubernamentalidad, que, según las declaraciones concordantes de los poderosos, deberá mantenerse incluso cuando el terror sanitario disminuya. Pero una sociedad sin rostro, sin pasado y sin contacto físico es una sociedad de espectros, y como tal condenada a una ruina más o menos rápida.

“Y el Verbo se hizo carne… Una aproximación eco-vygotskiana a la adquisición del lenguaje”

Por Pablo del Río y Amelia Álvarez

Se planteaen este artículo la necesidad de articular la tradición del eco-funcionalismo biológico con la teoría vygotskiana sobre las relaciones entre las funciones naturales y las superiores y el papel central del lenguaje en el desarrollo humano. Desde la tradición eco-funcionalista, proponemos que el ser humano se ha constituido como especie gracias a y mediante la creación de un segundo entorno (Umwelt) de carácter mediado y que ha pasado por tanto a construir y habitar dos ecologías entrelazadas. Desde la tradición histórico-cultural, que explica las funciones superiores en cuanto mediadas por un complejo de psicotecnias de los procesos cognitivos y de los procesos directivos y emocionales, atribuimos al lenguaje el papel de psicotecnia estructurante. El artículo concluye estableciendo la interdependencia de los sistemas de actividad y las arquitecturas de la lengua y proponiendo el Diseño Cultural como la vía deintervención para asegurar la vitalidad de ambos. Introducimos a este respecto conceptos como el propio diseño cultural, Zona Sincrética de Representación o cerebro externo.

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Hacer viable el sistema de pensiones en Ecuador

Por Decio Machado / Director de la Fundación Nómada

El pasado 23 de abril el Banco Mundial hizo público un informe diagnóstico respecto a la situación actual en que se encuentra el Fondo de Pensiones del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS). Los resultados de dicho estudio reafirman alarmantes conclusiones ya existentes en informes elaborados anteriormente.

Dos de estas conclusiones destacan por su importancia: la primera de ellas indica que el sistema ecuatoriano de Seguridad Social es en estos momentos insolvente; la segunda  demuestra cuantitativamente que el Fondo de Pensiones presenta déficits de caja desde 2014, es decir, desde hace más de seis años las aportaciones de los afiliados no alcanzan para cubrir el pago de prestaciones a jubilados.

Según el informe, en el 2020 el déficit financiero del Fondo de Pensiones del IESS llegó a 1.895 millones de dólares y se proyecta que este monto alcanzará los 2.800 millones en 2025. El estudio prevé que a partir del próximo año el IESS enfrente serios problemas para cubrir las pensiones jubilares debito al paulatino agotamiento de las reservas líquidas hasta ahora existentes. En pocas palabras, de mantenerse la evolución actual la  quiebra del sistema está asegurada en pocos años.

Conceptos e historia

Los sistemas de pensiones tuvieron su origen en Europa a finales del siglo XIX. Sería Otto von Bismarck, quien gobernará Alemania entre 1871 y 1890, el impulsor del primer sistema de seguridad social moderna y pensiones públicas asegurado por el Estado. 

Otto von Bismarck, ideológicamente muy conservador, implementó estas medidas no por sensibilidad política o identificación con las causas de los trabajadores alemanes, sino como estrategia política destinada a contener la latente amenaza de un estallido revolucionario en el país tras los sucesos insurreccionales de la Comuna de París (1871) y el auge de las movilizaciones populares existente en aquel momento en Alemania.

Aunque esta iniciativa se replicó embrionariamente en otros países europeos, sería tras la Primera guerra Mundial cuando los sistemas de pensiones se expandieron y desarrollaron en otras regiones. 

En 1944 la OIT realizaría un llamamiento en favor de la aplicación universal de estas medidas y un año después la Asamblea General de Naciones Unidas incorporaría en el artículo 22 de la Declaración Universal de los Derecho Humanos su reconocimiento: “toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social”.

En Ecuador, los primeros antecedentes de institucionalización del seguro social nacional datan de 1928, conformándose la Caja de Pensiones como entidad aseguradora. Tras varias iniciativas legislativas sería en 1963 cuando quedaría consolidado el sistema del Seguro Social en el país fusionándose la Caja de Pensiones con la Caja del Seguro, conformándose así la Caja Nacional del Seguro Social. Ya en 1970 la Caja Nacional del Seguro Social sería sustituida por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, nuestro actual IESS. Posteriormente, mediante la Ley de Seguridad Social 2001-55, la cual entró en vigor el 30 de noviembre de 2001, se aseguraría a los afiliados del IESS el derecho a la jubilación siempre y cuando cumplan con los requisitos de edad pertinentes y acrediten los tiempos mínimos de imposiciones mensuales requeridas.

Derivado de lo anterior, el Fondo de Pensiones del IESS se constituyó bajo el objetivo de asegurar las pensiones jubilares a las y los trabajadores afiliados al sistema. Su financiamiento se da mediante dos vías: a) ahorros derivados de las aportaciones de las y los afiliados, y; b) aportaciones complementarias realizadas por el Estado que suponen el 40% del monto total necesario para cubrir las pensiones.

El sistema funcionó e incluso se robusteció con la incorporación de trabajadoras domésticas, la ampliación de la cobertura de salud a hijos de afiliados y la aplicación de jubilaciones especiales para maestros. La crisis del sistema de pensiones llegaría vinculada a lo que podríamos definir como el fin del ciclo de bonanza económica o “economía de hadas” que vivió Ecuador durante la primera década y media del presente siglo. La caída del precio del crudo, momento final del periodo denominado boom de los commodities (2000-2014), supuso la desaparición del excedente petrolero y el inicio de una agresiva política de endeudamiento público que implicó un fuerte crecimiento del servicio de deuda y el desfinanciamiento del Estado. 

En esta coyuntura el entonces presidente Rafael Correa optó por impulsar una medida que a corto plazo tendría resultados devastadores para el IESS y su Fondo de Pensiones. En abril del 2015 la mayoría oficialista existente en aquel momento en la Asamblea Nacional aprobaría, bajo instrucciones de Carondelet, la Ley de Justicia Laboral y Reconocimiento del Trabajo No Remunerado del Hogar. En este paquete normativo se incluía la eliminación del aporte obligatorio estatal al IESS, aunque de forma difusa en su artículo 237 se establecía la garantía del pago de las pensiones por parte del Estado únicamente cuando el IESS no contara con los recursos económicos suficientes para cumplir con dichas obligaciones.

Conscientes de que la eliminación del aporte estatal al IESS atentaba contra el artículo 371 de la Constitución, el cual dispone que las prestaciones de la seguridad social deberán financiarse -sin excepción alguna- con las contribuciones del Estado, la Corte Constitucional restituiría la obligatoriedad del aporte estatal en 2019 pero sin hacer alusión al periodo comprendido comprendido entre 2015 y la fecha de esta disposición.

Sería durante este año en curso cuando el Estado definitivamente restablecería su aporte al sistema de pensiones, quedando sin resolverse los USD 9.000 millones que el gobierno nacional debió aportar en el período comprendido entre 2015 y 2020. Sin los aportes del Estado, el IESS se vio obligado a hacer frente a sus obligaciones jubilares mediante recursos propios, lo que le fue generando un agujero financiero cada vez mayor y la extinción de sus ahorros. En la actualidad el pago de pensiones de sostiene gracias al ahorro/aportaciones de nuevos afiliados, condición que en breve implicará la inviabilidad financiera del sistema. Esta situación se ve agravada por las penurias económicas por las que atraviesa el gobierno nacional, circunstancia que limita su capacidad de inyectar fondos en el sistema de pensiones. 

A todo lo anterior debemos sumar el impacto del cambio demográfico en Ecuador, condición que implica un aumento sostenido de la proporción de adultos mayores en relación a la población total, así como el impacto de la pandemia que ha reducido notablemente los montos de recaudación debido a incremento del desempleo y los retrasos empresariales en el cumplimiento de sus aportes. Según el estudio diagnóstico del Banco Mundial, el sistema de pensiones ecuatoriano necesitaría en estos momentos a ocho afiliados contribuyendo por cada receptor de pensiones jubilado, sin embargo en la actualidad esta relación es apenas de cinco por cada pensionista y se proyecta que en 2040 será de tan sólo tres cotizantes por pensionista. 

Frente a esta situación durante la administración Moreno se decidió transformar el sistema público de jubilación actualmente existente por un modelo similar al chileno. La debilidad política y los altos niveles de deslegitimación social de Moreno y su gobierno hicieron inviable llevar a cabo la durante la anterior legislatura tal decisión, la cual implica que los recursos individuales del sistema de pensiones pasen a ser manejados por fondos privados bajo “supuestos” parámetros de rendimientos mayores a los que proporciona el sector público. En la práctica, esta medida significaría privatizar el sistema de pensiones entregando su gestión a empresas privadas que en Chile son definidas como Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP). Todo ello pese a que en el artículo 367 de nuestra Constitución se indique:

“El sistema de seguridad social es público y universal, no podrá privatizarse y atenderá las necesidades contingentes de la población. La protección de las contingencias se hará efectiva a través del seguro universal obligatorio y de sus regímenes especiales.”

Por su parte, desde el actual gobierno encabezado por el presidente Guillermo Lasso, en funciones apenas tres semanas, no ha realizado hasta el momento pronunciamiento alguno sobre este tema pese a que la reforma de la seguridad social forma parte de sus prioridades políticas. De hecho, en su plan de gobierno -pese a que en ningún momento aparece el término privatización- textualmente se indica: 

“El seguro de salud no puede seguir perpetuando la corrupción dentro de sus hospitales y para ello es necesaria la delegación de la administración de los mismos. Este mecanismo permitiría acabar con la corrupción, reducir los gastos ineficientes y garantizar servicios sanitarios de calidad. Esta decisión fortalecerá la administración del fondo de salud y evitará una afectación al fondo de pensiones, garantizando así jubilaciones dignas para todos.”

Así las cosas, entendamos bien qué es y como funcional el sistema chileno de pensiones…

Si existe un sistema de pensiones construido desde posiciones fuertemente ideologizadas, este es el modelo chileno. Su andamiaje parte de dos pilares conceptualmente neoliberales: exaltación del individualismo mediante la capitalización individual y firme creencia en que la gestión privada es más eficiente que la estatal incluso en cuestiones vinculadas a garantizar la protección, cobertura social y derechos humanos.

A partir de ahí, el sistema de funcionamiento del modelo chileno se convierte en algo muy simple: el trabajador contratado debe elegir en cual de las distintas AFP abrir una cuenta individual de capitalización para su ahorro jubilar y cobertura frente a posibles accidentes y enfermedades. La cuenta del trabajador capitaliza desde dos vertientes: cotizaciones/aportaciones mensuales del 10% del salario del trabajador (se elimina el aporte patronal) y los rendimientos/interés generados periódicamente por el monto de inversión acumulado en el fondo tras descuento de comisiones bancarias.

Sin duda, un modelo de estas características promociona el ahorro y el crecimiento de los mercados de capitales conformados a partir de los fondos acumulados. De hecho, el sistema de pensiones privado en Chile gestiona aproximadamente unos 200.000 millones de dólares. Sin embargo, el hecho de que la aportación de los empleadores haya sido eliminada hace que la contribución del trabajador, fijada porcentualmente en el 10% de su remuneración salarial, resulte escasa. Como resultado de lo anterior, condición que se agrava en países de salarios bajos como el nuestro, más del 80% de los pensionistas chilenos reciben en la actualidad una paga que apenas alcanza el equivalente a dos tercios del salario mínimo. 

En paralelo y como consecuencia de lo anterior, la edad efectiva de jubilación de las y los trabajadores chilenos se ha elevado sustancialmente: mientras la edad legal de retiro está fijada en 65 años para hombres y 60 años para mujeres, la edad promedio efectiva de jubilación se ha elevado hasta los 70 años para ambos sexos. Según proyecciones derivadas de estudios oficiales, la tendencia a futuro es que el monto percibido por los pensionistas sea cada vez menor y la edad de jubilación promedio real continue en ascenso.

Por último y respecto a la “supuesta” mayor eficiencia del sistema de pensiones chileno derivado de su gestión en manos de privados cabe señalar tres cuestiones: los costos de gestión de los fondos en Chile son comparativamente más elevados que los existentes en cualquier otro país de la OCDE; pese a la eliminación de los aportes patronales no se registran avances en reducción del peso de la economía informal y por lo tanto la cobertura del sistema pensiones sigue siendo muy baja en relación al volumen total de la población económica activa; y por último, pese a diferentes reformas institucionales sigue sin solucionarse la brecha existente entre las pensiones percibidas por hombres y mujeres.

Conclusiones

Derivado de todo lo anterior, van algunas notas finales para el análisis:

En primer lugar, la evolución demográfica de la sociedad ecuatoriana proyecta para el 2065 que los adultos mayores tendrán un peso cuatro veces superior al actual en relación al volumen de población total. Lo anterior implicará incremento en las partidas de gasto público destinadas al cuidado y protección de nuestros mayores, así como la necesidad de readaptar los planes de viabilidad financiera y los niveles de cobertura del sistema de pensiones con base a las nuevas realidades y con enfoque hacia escenarios futuros. 

En segundo lugar y enmarcados en la cuarta revolución industrial, tanto el sistema productivo como mundo del trabajo está sometido a una evolución/transformación acelerada que nos obliga a actualizar sistemas y modelos creados bajo parámetros y realidades ya inexistentes.

En tercer lugar y más allá del impacto derivado de la corrupción y decisiones políticas erróneas o inadecuadas, es evidente que el sistema de pensiones ecuatoriano necesita ser reformado dada su condición de inviabilidad en el corto plazo.

Un cuarto punto a considerar es que lo anterior no exime al gobierno nacional de sus responsabilidades inmediatas. El sistema de pensiones ecuatoriano no es sostenible sin las aportaciones del Estado, lo que deposita en el gobierno central la responsabilidad de asegurar su adecuado funcionamiento. 

Por último, un quinto punto a considerar y que relacionado con las alternativas. Pese a que el modelo de pensiones bajo gestión privada aplicado en Chile es concebido como lo “ideal” desde el imaginario neoliberal actualmente dominante, sus falencias son muchas y sus resultados están muy por debajo de lo que se le prometió a la sociedad chilena y expectativas generadas. El promedio mensual actual por pago de pensiones equivale apenas al 20% -en el mejor de los casos el 30%- del último salario percibido por el trabajador antes de su jubilación. Ante el clamor generalizado de emerge de masivas protestas ciudadanas, el gobierno de Sebastián Piñera se ha visto obligado a incorporar en su agenda política un compromiso de reforma de su sistema de pensiones. 

El modelo de sistema de pensiones implementado en Chile durante la dictadura militar pinochetista se muestra en la actualidad como un modelo fracasado. No cumplió sus objetivos en cuanto a cobertura (número de personas incorporadas al sistema), suficiencia (el escaso monto percibido por pensiones contribuye al incremento de la inequidad en el país) y viabilidad financiera (ni se abarató la gestión ni se incrementó la eficiencia). Motivo por el cual, más allá de criterios ideológicos, carece de sentido que  este modelo sea replicado en Ecuador.

Dicho esto y a partir de aquí, abramos el debate sobre como asegurar la viabilidad del sistema de pensiones ecuatoriano…

Rogney Piedra Arencibia: “El papel del trabajo en el desarrollo del pensamiento humano”

Resumen

El trabajo es la piedra angular en la comprensión marxista sobre el ser humano y la naturaleza de su pensamiento. Esto es cierto tanto desde el punto de vista filogenético como del ontogenético. El presente artículo intenta introducirse en esa comprensión partiendo de las ideas de Marx y Engels vistas desde el prisma de la teoría de la actividad. El pensamiento específicamente humano sólo surge cuando el individuo subjetiva las formas socio-históricamente desarrolladas de interactuar con la realidad inscritas en los objetos externos que componen el sistema de la cultura. Esta apropiación tiene lugar no sólo mediante el uso de artefactos, sino también mediante las relaciones que el individuo establece con otros seres humanos en la actividad cotidiana. Casi al final del trabajo, se hace un análisis filosófico de la experiencia educativa con niños ciego-sordo-mudos bajo la dirección de A. I. Meshcheryakov que proporciona un caso paradigmático demostrativo de las tesis sostenidas

Palabras clave

Marx; Engels; trabajo; teoría de la actividad; humanización
1. Esquema básico de la actividad humana
Marx y Engels valoraron al trabajo, al “proceso entre la naturaleza y el hombre, proceso en que éste realiza, regula y controla mediante su propia acción su intercambio de materias con la naturaleza” como la actividad esencial del ser humano. Por tal razón, el trabajo es para ellos “la condición eterna de la vida humana, y por tanto, independiente de las formas y modalidades de esta vida y común a todas las formas sociales por igual”. En otras palabras, para ambos, se trata de un atributo del género humano sin el cual éste dejaría de existir. La actividad transformadora de la naturaleza teleológicamente orientada hacia el producto deseado es situada, así, como la modalidad concreta-general (originaria) de todas las actividades específicamente humanas.
Esta actividad productiva constituye “el primer hecho histórico” que rompe con la evolución puramente biológica de la especie. Con su concepción sobre el trabajo, Marx y Engels logran establecer continuidad al tiempo que ruptura entre el hombre y el resto de la naturaleza8. Hay un aspecto distintivo de esta concepción que no puede dejar de analizarse: tanto para Marx como para Engels, el trabajo humano sólo aparece con los medios de trabajo creados por el propio ser humano, esto es, artefactos técnicos, herramientas. Es por ello que Marx acoge con agrado la definición de Franklin del ser humano como “toolmaking animal”.

El capitalismo como “orden social institucionalizado”. Notas a la obra de Nancy Fraser

Por Fernando López Castellano 1
Resumen
La extensa obra de la “activista mucho antes de ser feminista” Nancy Fraser tiene como objetivo último analizar la sociedad capitalista para comprender su funcionamiento, sus tendencias inherentes a la crisis y sus líneas de conflicto; y su potencial de transformación. Para teorizar sobre el capitalismo, desarrollar una teoría multidimensional de la crisis y plantear las bases de una salida emancipadora de ésta, se dota de un ambicioso aparato conceptual y analítico, que parte de una interpretación ecléctica de la obra de Polanyi y Marx, y completa con las aportaciones de la economía feminista, el poscolonialismo y el pensamiento ecológico. Fraser
enriquece los instrumentos teórico–metodológicos para el análisis de los movimientos sociales, sitúa la cuestión social en su contexto histórico y reflexiona sobre posibles escenarios futuros para proponer soluciones.
Las teorías económicas ortodoxas excluyen del análisis el proceso de reproducción social de la población y el uso de los recursos naturales, e ignoran el episodio colonial. La Economía Feminista ha ampliado el esquema convencional del flujo circular de la renta
incorporando la dimensión reproductiva a la representación del funcionamiento del sistema económico (Picchio, 1992). Además de este cambio radical en la visión tradicional de la economía, la Economía feminista también ha cuestionado la teoría del valor marxiana, señalando que subestima la cantidad y la naturaleza del trabajo necesario para crear y mantener trabajadores asalariados destinados a producir mercancías (Federici, 2012).
Desde la Economía Ecológica se advierte que el subsistema económico se expande con un gran consumo de energía y de recursos naturales. El crecimiento exponencial de las economías de los países emergentes y el violento y desregulado extractivismo por parte de las naciones más desarrolladas están generando una ingente cantidad de residuos y de contaminación (Harvey, 2020). La teoría poscolonial resalta el papel del episodio colonial en África y Asia, plantea una lectura alternativa de la modernidad y define la “racialización” como un producto de la función “genética” del capitalismo (Mbembe, 2016). El enfoque decolonial insiste en ampliar el periodo de análisis hasta el siglo XVI, cuando se produce una mirada universal sobre el espacio geográfico, y en la necesidad de conformar las diferencias históricas, epistemológicas, culturales y políticas entre Occidente y América Latina.
La obra de Nancy Fraser es un inventario de los debates más relevantes sobre estas problemáticas en las últimas décadas. Nancy Fraser, además de profesora de filosofía en The New School de Nueva York, Titular de la cátedra de Justicia Global en el Collège d’Études Mondiales
de París y docente en el Centre for Gender Research de la Universidad de Oslo, es una intelectual comprometida con la realidad social y política, que se autodefine como “activista mucho antes de ser feminista”. Fraser tiene una visión partisana del estudio y de la investigación, por utilizar la
expresión de Franz Fanon, y pone el análisis teórico al servicio de una buena praxis. Fraser ha desplegado sus tesis en más de una docena de libros y en multitud de artículos, la mayoría publicados en la New Left Review. Su extensa obra culmina, por el momento, en Los talleres ocultos del capital, donde resume el fruto de sus investigaciones en un objetivo: analizar
la sociedad capitalista para comprender su funcionamiento, sus tendencias inherentes a la crisis y sus líneas de conflicto; y su potencial de transformación (Fraser, 2020, 9).
Una teoría crítica del capitalismo y de la crisis capitalista
Para teorizar sobre el capitalismo, desarrollar una teoría multidimensional de la crisis y plantear las bases de una salida emancipadora de ésta, se dota de un ambicioso aparato conceptual y analítico, que parte de una interpretación ecléctica de la obra de Polanyi y Marx, y completa con las aportaciones de la economía feminista, el poscolonialismo y el pensamiento ecológico. Con una reflexión que recuerda la “concepción ampliada” del Estado de Gramsci (1975), y que remite a la idea de significado sustantivo de económico de Polanyi (1976) y a su caracterización del sistema económico como un proceso institucionalizado, Fraser propone una visión ampliada del capitalismo y de la crisis capitalista.
La visión ampliada del capitalismo implica abordar la economía capitalista y los “talleres ocultos”
que hacen posible la sociedad capitalista. Esos talleres ocultos comprenden los procesos de reproducción social, la dinámica racializada de la expropiación, las formas de dominio político y la depredación ecológica sistemática. En este sentido, sentencia, si a las relaciones sociales estructurantes “económicas” se le añaden las “no económicas”, que posibilitan la existencia del “sistema económico”, el capitalismo es más que una economía.
El capitalismo, desde una concepción ampliada, es un “orden social institucionalizado”, basado en una serie de separaciones institucionales constitutivas: la separación entre la “producción económica” y la “reproducción social”; la separación entre la “economía” y la “organización política”; y la separación entre la naturaleza y la sociedad. Concebir el capitalismo como un orden social institucionalizado permite captar su imbricación con la opresión de género, la dominación política –tanto nacional como transnacional, colonial y poscolonial– y la degradación ecológica; en conjunción con su dinámica estructural de explotación del trabajo (Fraser, 2020, 27-28).
Los talleres ocultos, claves para la acumulación, también ofrecen una visión ampliada de las contradicciones del sistema y de sus tendencias a la crisis, que supera las limitaciones de la interpretación marxiana, centrada en las contradicciones internas de la economía capitalista. Fraser destaca otras tantas tendencias a la crisis, derivadas de contradicciones entre el sistema económico y sus condiciones de posibilidad: entre economía y sociedad, entre economía y
naturaleza, y entre economía y organización política.
Estas contradicciones suscitan luchas de clases en el lugar de producción y conflictos en el terreno de la ecología, la reproducción social y el poder político (Fraser, 2020, 31). Lo que le otorga un rasgo distintivo que la separa de los modelos convencionales y hace especialmente
dramática la crisis actual es que en ella convergen una crisis económica y fenómenos “no económicos”, tales como la crisis ecológica, el “déficit de cuidado” y el vaciado del poder público en todos los niveles de gobierno. Para interpretarla y resolverla de forma
emancipadora, Fraser elabora una teoría crítica a partir de las reflexiones de Karl Polanyi sobre la crisis de la década de 1930 contenidas en La gran transformación.
En su opinión, Polanyi concibió la crisis como un proceso histórico multifacético que conectaba las tres dimensiones, económica, ecológica y reproducción social. Polanyi supo captar que la crisis fue más que un colapso económico, originado por contradicciones intraeconómicas, y enfatizó en sus devastadores efectos sobre la forma de vida de las comunidades y la destrucción de la naturaleza (Fraser, 34-35). En su análisis, Polanyi enfatizó en los terribles efectos de
la “mercantilización ficticia”, esto es, la conversión del trabajo, la tierra y el dinero en mercancías ordinarias sometidas al intercambio mercantil que realizó el liberalismo. Según Fraser, la crisis actual y la de la década de 1930 presentan ciertas similitudes, porque ambas tienen su origen en la misma dinámica: la “mercantilización ficticia”. Como en la década de 1930, la “mercantilización ficticia” llevada a cabo por el neoliberalismo ha generado una crisis multidimensional que está desestabilizando la sociedad y la economía, destruyendo medios y formas de vida de personas y comunidades, quebrando solidaridades y
devastando la naturaleza (Fraser, 2020, 50).
La crisis como categoría histórica: las múltiples dimensiones de la crisis en el capitalismo
“financiarizado”
Con una línea argumental próxima a las interpretaciones de la Escuela de la Regulación y a la aportación de Gramsci sobre la historicidad del capitalismo, Fraser sostiene que la sociedad capitalista solo existe en formas históricas o regímenes de acumulación específicos. Así, a lo largo de la historia del capitalismo, se pueden establecer una serie de tipologías: el régimen de capitalismo competitivo liberal del siglo XIX; el capitalismo gestionado por el Estado propio

del siglo XX; y el actual capitalismo financiarizado.
Como es sabido, la Escuela de la Regulación explica las pautas de la acumulación de capital en el
largo plazo analizando la relación entre el régimen de acumulación y el modo de regulación, o conjunto de instituciones o “formas estructurales” (leyes, reglas y normas explícitas o implícitas, convenciones y sistemas de valores comunes) históricamente desarrolladas, como resultado de conflictos políticos y sociales (Brenner, 2003). A finales de los noventa, F. Chesnais
(2003) sugirió la expresión “régimen de acumulación dominado por lo financiero”, para designar la nueva configuración del capitalismo resultante de las políticas de desregulación, privatización y liberalización llevadas a cabo en la etapa precedente, y que han derivado en la gran influencia en el orden social y económico de los mercados financieros y de la forma moderna de capital-dinero.
Como subraya Fraser (2020, 56), siguiendo a los estudiosos foucaultianos de la gubernamentalidad, el capitalismo financiarizado es la era de la “gobernanza sin gobierno”. En este régimen, la “racionalidad política neoliberal” ha propiciado la captura y vaciado del poder público por las estructuras de gobernanza transnacionales, que han “constitucionalizado” los
principios económicos neoliberales, obligando a las agendas políticas a plegarse a sus dictados.
En efecto, africanistas como Hibou y teóricos como Mbembe han definido el “gobierno privado indirecto”, como una forma inédita de “gubernamentalidad” nacida en un contexto caracterizado por la desregulación mundial de los mercados y la supresión de controles a los movimientos de capitales. En el África subsahariana, el Estado se adapta a las transformaciones nacionales e internacionales a través de la privatización y delegando sus funciones reguladoras a intermediarios privados. Se asiste a una redistribución del poder estatal a través de estos procesos de “descarga” de funciones estatales y se difuminan las fronteras entre lo público y lo privado (Mbembe, 2016; López Castellano, 2012, 2017).
En otros espacios políticos, como el europeo, en las últimas décadas se está incorporando a las constituciones nacionales una normativa muy estricta en materia de política económica. La implantación del “constitucionalismo neoliberal”, como lo ha llamado Boaventura de Sousa, está imponiendo un despotismo tecnocrático, y las medidas de austeridad y disciplina fiscal están provocando un verdadero proceso de vaciamiento constitucional (López Castellano y García Quero, 2018). El caso griego ejemplifica la idea de “gobierno privado indirecto” como forma de
gestión de la deuda y tecnología de la expropiación al margen de las instituciones, que privatiza lo común y delega el poder soberano a instancias no democráticas.
Como se decía más arriba, la identificación del capitalismo como un sistema económico centra el
análisis de la crisis en las contradicciones internas de la economía, y la concibe como resultado de las disfunciones del sistema económico, omitiendo sus contradicciones y formas de crisis no económicas. Para Fraser, se trata de contradicciones que llevan al sistema a crisis periódicas y que provienen, no sólo de la caída de la tasa de beneficio, sino también de la apropiación por parte del capital del trabajo afectivo, del poder político, y de la riqueza expropiada a los sujetos racializados y a la naturaleza. Estas contra dicciones dan lugar a distintas vertientes de la crisis
que se materializan en el agotamiento de los recursos no renovables del planeta y en la progresiva destrucción de la biosfera, en la tensión entre capitalismo y legitimación democrática, en la aparición de una economía en la sombra basada en títulos-valores sin sustento real y de efectos devastadores sobre la economía productiva y la población, y en la tensión creciente en el ámbito del trabajo afectivo (Fraser, 2020, 33).
En una interpretación que la aproxima al “marxismo ecológico” de James O, Connor (1988), y a las tesis de Jackson Moore (2020), Fraser sostiene que el secreto oculto de la acumulación infinita por parte del capitalismo es que no paga sus facturas. Los capitalistas, en su opinión, expropian a título gratuito trozos de la naturaleza a la que tratan como una fuente de riquezas libremente disponible y aprovechable y como vertedero de residuos (Fraser y Jaeggi 2018,
50). De otro lado, Fraser, siguiendo a Jürgen Habermas, sostiene que el capitalismo contiene una contradicción política que lo aboca a la crisis política y de legitimidad, y la crisis democrática es la forma que asume dicha contradicción en el capitalismo financiarizado (Fraser, 2020, 119; Martín, 2020). En la misma línea, Brown (2016), siguiendo a Foucault, define el modelo de gobernanza neoliberal como proceso de “des-democratización de la democracia”, argumentando que la economización de la vida social, la privatización de bienes públicos y la penetración de la racionalidad neoliberal en instituciones como la ciudadanía altera la naturaleza de la política y debilita la cultura democrática. En definitiva, la aplicación de la lógica hayekiana a la política ha desembocado en lo que Todorov denomina “neoliberalismo de Estado”, que se ha convertido en un “enemigo íntimo” de la democracia.
Por último, no se puede discutir sobre el capitalismo sin tener en cuenta el problema racial-colonial (Ochoa, 2021), y así lo entiende Fraser cuando señala que “Vivimos en un régimen de acumulación racial”, ya que estructuralmente la acumulación de capital va unida a la dinámica racial y a la explotación del asalariado. Como sostiene Samir Amin (2009), una vez constituido, el capitalismo “atlántico” partió a la conquista del mundo y lo reconfiguró sobre la expropiación de las regiones conquistadas y la racialización de sus pobladores.

La cuestión de la “reproducción social” y la visión ampliada de la clase trabajadora
La crisis de la reproducción social es un reflejo de las contradicciones sociorreproductivas del capitalismo en cada forma histórica de la sociedad capitalista, y adopta un carácter específico en el capitalismo financiarizado. Con un enfoque que la aproxima a la idea de desarrollo de Sen, entendido como “proceso de expansión de las capacidades de que disfrutan los individuos” (Sen, 1999), y en los argumentos de Nussbaum (1995) en favor de la emancipación humana, a partir de las capacidades y opciones de las mujeres, Fraser también ofrece una visión ampliada de los
“cuidados” o “trabajo afectivo”. Así, prefiere hablar de “capacidades humanas” disponibles para crear y mantener vínculos sociales, y que incluyen “el trabajo de socializar a los jóvenes, construir comunidades y reproducir los significados compartidos, las disposiciones afectivas y los horizontes de valor que sustentan la cooperación social”.
A su juicio, el acierto analítico de los marxistas fue ubicar el secreto de la acumulación en la “morada oculta” de la producción de mercancías, en el lugar donde el capital explota el trabajo asalariado, pero no captaron que ese proceso descansa sobre la “morada aún más oculta” del trabajo de cuidados, que forma y repone la “fuerza de trabajo” y del que la econo-
mía capitalista se aprovecha sin coste alguno (Fraser, 2020, 120). La reproducción social, por tanto, es una de las condiciones que posibilitan la acumulación sostenida de capital; pero, esa tendencia a la acumulación incesante desestabiliza los procesos mismos de reproducción social que la sustentan. Como nos recuerda Gago (2020), la profundización de la crisis de reproducción social está siendo sostenida mediante un gran incremento del trabajo feminizado, que
está reemplazando a los servicios públicos de salud, educación y cuidado privatizados. El endeudamiento de los sectores de menos ingresos amplia el mapa de la explotación y el conflicto social más allá de sus límites habituales (Gago y Cavallero, 2019). Para Fraser, si las raíces de la actual “crisis de los cuidados” se encuentran en la inherente contradicción social del capitalismo, la crisis no se resolverá reformando la política social, sino mediante un cambio estructural
del orden social (Fraser, 2020, 73-74).
Desde una visión ampliada de la clase trabajadora, se puede afirmar que las relaciones de clase no se limitan a la fábrica, sino que se extienden al trabajo reproductivo social, lo que implica integrar a las mujeres en la clase trabajadora. Sin el trabajo en la sombra de producir seres humanos, educarlos, proporcionarles las habilidades necesarias y los valores no habría sociedad. Tal hecho convierte a la reproducción social en el principal foco de tensión y de lucha, y sitúa a las mujeres en la primera línea del activismo social. En las crisis capitalistas anteriores, los trabajadores varones y las organizaciones sindicales estaban en el centro de la lucha; en el capitalismo
neoliberal, la reproducción social pone en el centro de la lucha a nuevos agentes sociales, con el feminismo a la cabeza.
De la teoría a la praxis: política antisistémica
La principal preocupación de Fraser a lo largo de su obra es elaborar una teoría crítica capaz de reflejar las injusticias sociales y servir de guía a las reivindicaciones sociales. Dicha teoría crítica debería integrar “la mejor teoría política feminista reciente” y “la mejor teoría crítica reciente sobre el capitalismo”. Para llegar a la “mejor” teoría feminista explica las modulaciones del feminismo a través del tiempo, avanzando una hipótesis arriesgada. En su opinión, a lo largo de los años 60 y 70, el feminismo se alineó con la nueva izquierda en sus críticas al Estado de
Bienestar, que había ocultado las injusticias de género y raciales. Pero, en los años ochenta, la crítica feminista se fragmentó y enfatizó en las políticas de identidad coincidiendo con el tránsito al capitalismo posfordista y el ascenso del neoliberalismo (Fraser 2015, 17, Fraser, 2020, 14; Arribas, 2016, 7). El neoliberalismo resignificó el antiestatismo feminista y sus críticas al Estado de Bienestar y al salario familiar y las tradujo en políticas de reducción del tamaño del Estado (Fraser 2015, 21). A la postre, sin percatarse de la “astucia de la historia”, las corrientes hegemónicas de las luchas por la emancipación habrían favorecido en cierta medida el “nuevo espíritu” del capitalismo posfordista (Fraser y Jaeggi 2018, 244,
Martín, 2020).
Fraser sitúa la nueva fase del capitalismo en la quiebra de Bretton Woods y la supresión de controles del capital propias de la dirección keynesiana de las economías nacionales, en las políticas de privatización y la liberalización, y en el paso de los Estados del bienestar y desarrollistas, al “Estado de la competencia”. La nueva agenda política se ensayó en América Latina, guió la transición al capitalismo enEuropa oriental y central, y se implantó parcialmente
en el Primer Mundo. En el Tercer Mundo, el neoliberalismo se valió de la deuda para exigir onerosos ajustes estructurales que acabaron con las políticas desarrollistas y obligaron a los Estados poscoloniales a vender sus activos, liberalizar sus mercados y recortar el gasto social.
Ch. Marazzi (2003) ha llamado “periodo de rutina” del mundo keynesiano de las economías nacionales al ciclo inaugurado tras la Segunda Gran Guerra, donde el Estado Nacional de Bienestar keynesiano, como lo ha definido Jessop, era el modelo de Estado ideal del régimen de acumulación fordista. Con el deterioro de las condiciones económico-políticas que fraguaron la larga etapa de crecimiento y el tránsito al nuevo régimen de acumulación posfordista, para

competir con otros estados, el “Estado competitivo schumpeteriano” sustituye al Estado de bienestar keynesiano (Jessop, 2008).
En definitiva, el neoliberalismo demostró su capacidad de metabolizar y neutralizar toda práctica y toda crítica. El “neoliberalismo progresista” sería, para Fraser, la contrarrevolución de los postulados feministas, convirtiendo esas luchas en una suerte de cosmética multicultural para las políticas de ajuste, desempleo y desinversión social. Pero, como se pregunta en tono crítico Melinda Cooper (2019, 23), la colaboración del feminismo con el neoliberalismo ¿se debió a una coincidencia o a una afinidad perversa entre ambos?
Su teoría crítica del capitalismo le permite diagnosticar la crisis del neoliberalismo progresista en el marco de una crisis general del capitalismo financiarizado. Frente a la interpretación de Brown (2016) del triunfo de Donald Trump como “populismo apocalíptico”, que expresa el secuestro de la política por parte del neoliberalismo, Nancy Fraser lo tildó de “motín electoral” contra la hegemonía neoliberal que había deteriorado las relaciones sociales y laborales. El dilema al que se enfrentó la ciudadanía fue votar a Trump o a Hillary Clinton, que representaba la con-
tinuidad con el neoliberalismo progresista, principal causante de la crisis social.
Fraser explica en términos gramscianos el triunfo de Donald Trump sobre la cosmovisión hegemónica y del “bloque hegemónico” existentes, y subraya que, para desafiar la supremacía de Trump, las clases dominadas deben construir un nuevo sentido común (una “contrahegemonía”) y una nueva alianza política (un “bloque contrahegemónico”). Ello exigiría, a su juicio, cambiar los dos componentes normativos esenciales a partir de los que se constituyen las hegemonías: la distribución y el reconocimiento. El primero refleja la visión existente acerca de la distribución de la renta y pone de manifiesto la estructura económica y las divisiones de clase; el segundo postula cómo reparte la sociedad el respeto y las normas de admisión y pertenencia, y refleja el estatus.
Según esto, el ascenso de Trump y del trumpismo se debió a la quiebra del bloque hegemónico anterior y el desprestigio de su nexo normativo de distribución y reconocimiento (Fraser, 2020, 172-173). En una reciente entrevista, Fraser transmite a Nancy Giampaolo su confianza en que un movimiento político, al estilo de Sanders, pueda captar la atención de los sectores de clase trabajadora común que apoyaron a Trump y desarrollar una alternativa progresista populista.
La justicia debe convertirse, en su opinión, en la virtud primordial tanto en la teoría como en la práctica. A tal fin, reflexiona sobre ella al hilo de lecturas de Platón, John Rawls, Foucault, Arendt y Kazuo Ishiguro, para sentenciar que hay que reescribir el proyecto de Polanyi para el siglo XXI, a partir de una interpretación más amplia de la justicia social (Fraser, 2020, 170). Con estas premisas, Fraser llama a construir una nueva alianza de emancipación y protección social que favorezca el tránsito a una nueva forma de socialismo antipatriarcal y poscolonial.
Una visión ampliada del socialismo como alternativa emancipadora y deseable requiere que sea feminista, antirracista y antiimperialista, ecosostenible y democrático (Fraser, 2020, 201).
La pandemia que azota al mundo en estos momentos está poniendo de manifiesto la gravedad de la crisis social y la idea avanzada por Fraser de que la cuestión de la reproducción social es el terreno estratégico fundamental para la construcción de un futuro; pero, también, la imposibilidad de convivencia armónica entre los humanos y entre éstos y el resto de los
ecosistemas en el contexto del capitalismo (Magdoff, 2012). Como sugería K. Polanyi, habría que “reencastrar” la economía en lo social y lo ecológico, recuperando el significado “sustantivo” de económico que enfatiza en la dependencia del hombre de la naturaleza y de sus semejantes, para subsistir.
Con su obra, Fraser da un importante impulso a la renovación de la teoría crítica para comprender la sociedad capitalista, situando al capitalismo como objeto preferente del análisis y reivindicando una relectura crítica de autores como Marx, Polanyi y Gramsci, a menudo relegados al submundo de la economía, como escribiera Robert Heilbroner. Fraser enriquece
los instrumentos teórico–metodológicos para el análisis de los movimientos sociales, sitúa la problemática en un contexto histórico, reflexiona sobre posibles escenarios para los próximos años y propone estrategias para una salida emancipadora. En definitiva, su obra constituye un enorme foro para que académicos e intelectuales debatan sobre los temas más candentes de la actualidad, y una guía erudita y muy bien documentada para que los activistas luchen por una
sociedad mejor y más igualitaria.
Referencias
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Notas:
1. Universidad de Granada

Se tensa la disputa entre Estados Unidos y la República Popular China por la hegemonía mundial

Por Decio Machado / Director de la Fundación Nómada

Desde 2013, momento en que Xi Jinping sustituyó como presidente de la República Popular China a Hu Jintao, los objetivos del gigante asiático quedaron claramente determinados. En palabras del propio Xi Jinping, “China busca convertirse en la primera economía mundial en 2028” y “ser la primera potencia global en 2049”, fecha en la que se celebrará el primer centenario de la toma del poder por parte del Partido Comunista Chino.

En pocas palabras, vivimos un momento de transformaciones geopolíticas en el cual la República Popular China busca convertirse en el nuevo hegemón global, lo que implica posicionar sus empresas, tecnología, sociedad, valores, fuerza militar, finanzas y demografía en posiciones dominantes a escala mundial. Lo mismo que hemos vivido con Estados Unidos durante los últimos cien años pero reubicando la centralidad político-económica mundial en el eje geográfico Asia-Pacífico-Nueva Ruta de la Seda (red comercial en construcción entre Asia, África y Europa).

Diversos analistas internacionales preveían que la guerra comercial entre China y Estados Unidos, inaugurada en marzo de 2018 cuando el ex presidente Donald Trump anunció su intención de imponer aranceles por 50.000 millones de dólares a los productos chinos, bajaría de nivel con la nueva administración Biden. Sin embargo esto no ha sido así.

El pasado 3 de mayo el actual Secretario de Estado de la administración Biden, Anthony Blinken, definiría la relación de Estados Unidos respecto a China como una relación de “competencia en todos los ámbitos”, diciendo, “mantendremos nuestra ventaja tecnológica y las innovaciones científicas, sin apoyar las prácticas malignas de China y trabajaremos con nuestros aliados para derrotar las prácticas abusivas y coercitivas de Beijing en comercio, tecnología y derechos humanos”. De hecho, las sanciones impuestas sobre China por parte de la administración Trump no han sido levantadas por Biden y la guerra comercial entre ambos países se mantiene e incluso se agrava. Recientemente el presidente Joe Biden declaró públicamente que “China nos ha robado billones de dólares en propiedad intelectual”, reafirmando que empresas como Huawei, Xiaomi, Alibaba, Tencent, Baidu y TikTok son enemigas de los intereses estadounidenses por ejercer espionaje industrial y militar.

El pasado 29 de abril, Biden en su primera intervención ante el Congreso declararía: “mientras yo sea presidente, en la guerra por la primacía del mundo, no permitiré que China nos sobrepase como el país más poderoso del mundo, not on my watch”.

Pero entendamos bien que hay detrás de todo esto…

Estamos inmersos en la Cuarta Revolución Industrial, también conocida como Industria 4.0, la cual se caracteriza por la fusión de tecnologías actualmente en desarrollo en los ámbitos de la robótica, inteligencia artificial, cadena de bloques, nanotecnología, computación cuántica, biotecnología, internet de las cosas, impresión 3D y vehículos autónomos.

Esta Industria 4.0 es la tendencia actual de automatización e intercambio de datos, particularmente en el ámbito de las tecnologías de manufactura y desarrollo, lo que nos encamina hacia la creación de lo que se ha venido en llamar “fábricas inteligentes”. Es decir, procesos de producción donde los sistemas ciberfísicos controlarán los
procesos físicos.

Foto: Meng Wanzhou en arresto domiciliario y con grillete

En ese contexto quien domine la innovación y el desarrollo tecnológico en la etapa actual tendrá condiciones de imponer su hegemonía en los futuros mercados globales. Es así que la red 5G se convirtió en uno de los principales terrenos de disputa si bien no el único, lo derivó en la detención de Meng Wanzhou -directora financiera e hija del presidente de Huawei Technologies Corporation- en el aeropuerto de Vancouver el 1 de diciembre de 2018 bajo la acusación de conspirar contra múltiples instituciones y empresas estadounidenses. Meng fue posteriormente liberada y se mantiene bajo arresto domiciliario después de pagar una fianza de 10 millones de dólares en un proceso que todavía está en marcha y pendiente de resolución judicial. Por su parte, Estados Unidos ha solicitado a Canadá la extradición de dicha ejecutiva.

El 19 de mayo de 2019 y siguiendo instrucciones de la administración Trump, Google anunció que dejaría de proporcionar actualizaciones de su sistema operativo Android para los usuarios de telefonía Huawei y ZTE (empresa china sancionada por Washington por exportar celulares a Irán y Corea del Norte). Con ello buscaban desmantelar la línea de producción de las principales compañías fabricantes de celulares chinos cerrándoles la entrada al mercado global de smartphone. En el fondo y más allá de la competencia por los mercados, se encuentra la disputa por el control de la información que circula en las redes. Algo fundamental para la implementación eficiente de la Inteligencia Artificial.

Pero más allá del conflicto con Huawei y ZTE, es un hecho que China lleva ventaja sobre Estados Unidos no sólo en la tecnología 5G, sino también en la Inteligencia Artificial, la biotecnología y los desarrollos misilísticos. Todo ello bajo una política muy planificada que desde 2015 fue denominada como “Made in China” y cuyo objetivo consiste en convertir al gigante asiático en una potencia relativamente autosuficiente y en una economía cuyo foco esté puesto en la innovación.

Beijing elaboró un programa gubernamental conocido como Artificial Intelligence Development Plan en la cual destacan mayor financiación a empresas chinas, apoyo político y coordinación nacional para el avance en materia de desarrollo de la Inteligencia Artificial, buscando que China se convierta en el mayor centro de innovación global en 2030. 

De hecho China desarrolla en la actualidad una agresiva estrategia de fomento de startups, mediante la cual las pymes digitales reciben exenciones de impuestos, contratos estatales y oficinas ya equipadas para el desarrollo de Inteligencia Artificial. De esta manera, China se convirtió en el mercado de startups de Inteligencia Artificial más grande del mundo, publicando la mayor cantidad de papers sobre el tema a nivel mundial y carente de regulación por normativas de privacidad respecto a la recolección de datos personales de los usuarios de sus sistemas.

Pero en paralelo, Beijing lleva desarrollando desde el año 2013 una estrategia de perfil geopolítico destinada a implementar lo que se ha venido en llamar la nueva ruta de seda. Un megaproyecto que pretende unir mediante rutas marítimas y ferroviarias China con Europa pasando por África e integrando a 15 países que suman una población total de 2.200 millones de personas, un producto interior bruto de 22.14 billones de dólares y el 28% del comercio mundial. A este proyecto se suma la ruta digital de la seda, que se extiende más allá de Europa y con el que China avanza con el tendido de cables submarinos a nivel mundial.

La reacción estadounidense fue incorporar a más de 40 entidades y empresas chinas en su Entity List, una lista de empresas, centros de investigación, gobiernos e incluso individuos a los que Washington considera que atentan contra la seguridad nacional o la política exterior de Estados Unidos. Esta política de bloqueos y sanciones busca ser exportada por Washington hacia los países aliados, condición que ha hecho que países como Australia, Japón y Reino Unido traten de evitar también que Huawei participe en el desarrollo de la red 5G en dichas naciones. De igual manera, en la actualidad se desarrollan acciones diplomáticas estadounidenses en los países de América Latina bajo este mismo fin.

En la actualidad y ante la fuerte demanda en el mercado de mundial de los chips -sector en el cual Taiwan ejerce una posición protagónica en la fabricación de los chips más avanzados-, Estados Unidos busca bloquear el suministro de estos a la República Popular China con el fin de generarles un colapso en su fabricación de semiconductores. Estas operaciones de bloqueo están incentivando la producción nacional de chips al interior del gigante asiático, aunque el proceso será largo y complejo. Sin embargo, desde 2019 Beijing lleva invertidos 100.000 millones de dólares y se están generación de nuevas plantas de producción para microprocesadores al interior del país.

En la actualidad, los conflictos armados en el mundo se encuentran en mínimos históricos. Del tradicional uso de acciones militares entre países por el control territorial y sus riquezas hemos pasado a acciones más centradas en la desestabilización política y la disrupción económica. En resumen, las disputas entre potencias ya no se dirimen en el campo de batalla, sino en los centros de investigación, en los laboratorios de alta tecnología y en los mercados, pero esto no exime que el desenlace final por la hegemonía mundial no desemboque en un conflicto bélico tal como ha sucedido históricamente hasta el momento.

Ahora bien, los conflictos armados en los que se han visto involucradas las grandes potencias en el presente siglo vendrían a demostrar que los países más poderosos del planeta buscan evitar el desplazamiento e involucración de grandes contingentes militares al extranjero para defender sus intereses. En definitiva, buscan ahorrarse el costo logístico, humano e incluso político que se daban en las grandes guerras del pasado.

Esto ha hecho que en la actualidad asistamos más a operaciones de carácter quirúrgico que a grandes desplazamientos de tropas de infantería, tanques o artillería pesada. De esta manera el protagonismo militar pasa a estar más bien en equipos de operaciones especiales, quedando el ejercito convencional relegado a un rol de soporte para asistir o evacuar a estos cuerpos de intervención rápida sumamente especializados.

Es así que para hacer frente a los grupos de operaciones especiales estadounidenses bajo el mando del USSOCOM (United States Special Operations Command) y que controla unas 70.000 unidades de estas características -entre ellas los famosos Navy SEAL o los Delta Force- que se hayan desplegados en diferentes partes del mundo, la República Popular China también ha puesto en marcha -aunque de forma embrionaria- los suyos.

Desde la década de 1990, China está desarrollando una fuerte inversión en su aparato militar. El Ejercito Popular de Liberación, así se denominan las fuerzas armadas chinas, ya gozan de cuerpos de operaciones especiales en cada una de sus ramas militares. Entre los quince grupos especiales de los que disponen las fuerzas armadas chinas destacan  la unidad Jiaolong (dragón de mar) creada en 2002 por la marina y cuya acción más espectacular fue la recuperación de un buque de carga secuestrado por piratas somalíes en el Golfo de Adén; así como la unidad Leishen, un cuerpo de élite paracaidista perteneciente a sus fuerzas aéreas. Lejos aún de alcanzar la capacidad militar de las operaciones rápidas estadounidenses, las fuerzas especiales chinas suman entre 10.000 y 14.000 miembros y siguen en expansión.

Esta rápida modernización del músculo militar chino, propio de toda potencia en ascenso, se plasmó en un informe publicado en 2019 por el Centro de Estudios de Estados Unidos de la Universidad de Sídney en Australia. En este se indica que pese a que Washington todavía supera notablemente la capacidad militar de Beijing, la estrategia de defensa norteamericana en la región Indo-Pacífico “está sumida en una crisis sin precedentes” y señala como China ha desarrollado en los últimos años un impresionante arsenal de misiles que estratégicamente apostados amenazan las bases militares claves de Estados Unidos en la zona. 

Este es el área territorial de mayor tensión geopolítica entre ambas potencias. Concretamente en el Mar de la China Meridional se ubican una amalgama de islotes y archipiélagos que son reclamados tanto por la República Popular China como por Taiwán, Vietnam, Filipinas, Malasia e incluso Brunéi. Para reafirmar su posición dominante en la zona de disputa, Xi Jinping puso en marcha un plan estratégico mediante el cual se están construyendo islas artificiales, ciudades en los islotes, pistas aéreas, instalaciones turísticas e infraestructura militar aérea y marítima. Todo ello pese a que en 2016 la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya resolviese que no había “base legal” para las reclamaciones territoriales chinas en la zona.

En la actualidad y tras un informe publicado hace unos años atrás en el cual se indica la existencia de importantes yacimientos marítimos en la zona, las islas Spratly (a las que Beijing denomina Nansha), el banco Macclesfield (denominado por los chinos como Zhongsha), el archipiélago Paracel (para China el archipiélago Xisha) y sus alrededores se han convertido en un abra estratégica de alta tensión donde incluso algún pesquero vietnamita ha sido hundido por la guardia costera china.

En paralelo, Estados Unidos -país sin reivindicaciones en la zona- promueve “misiones militares rutinarias” de incursión tanto aéreas como navales de su VII Flota en las aguas en disputa, buscando posicionar demostraciones de fuerza ante las demandas territoriales chinas. Todo ello mientras Beijing prosigue con su plan de modernización militar por el cual se calcula que para el año 2030 la República Popular China dispondrá de 450 buques de guerra y 99 submarinos operativos.