Sobre democracia y castigo

por Jeudiel Martínez

I

Venezuela es un país donde la represión estatal no tiene nada que la limite y donde prácticamente se han abolido los castigos. Es, a la vez, “abolicionista” y “punitivista” al extremo.Eso da mucho para pensar y nos muestra que la postura de izquierda de minimizar o rebajar los castigos y la de derecha de combatir el crimen con represión son profundamente solidarias.

En estas líneas pretendo mostrar que la ruptura tanto con la indulgencia y la tolerancia como con la venganza infinita, institucionalizada en la represión, es justamente el castigo y que tras la evidencia de que lo que es esencialmente democrático es poder castigar a cualquiera que haya cometido un crimen está otra verdad más compleja: que el proyecto democrático no ha sido nunca ni el linchamiento o el terror ni el abolir el castigo sino quitarle el castigo al estado, hacer de él un servicio público y una institución del común y no una potestad de la burocracia judicial o ejecutiva. Ese, en gran medida, es el sentido de las luchas por los derechos humanos que han demostrado, sobradamente, que este proyecto no es utópico.

En Venezuela básicamente el estado mata y encarcela a quien le da la gana, porque tanto el derecho a la vida como las garantías procesales están perdidas y por tanto hay una enorme cantidad de encarcelamientos y homicidios por parte de la policía, principalmente del FAES. Por otro lado, la corrupción y la violencia no se castiga, rara vez se investigan o procesan los crímenes: la gente muere y no pasa nada, el estado es saqueado y no pasa nada, violan a una mujer y no pasa nada, masacran pemones y no pasa nada. Bien difícil es, en la vida diaria, que la policía se ocupe de una violación, un homicidio, un robo, en esencia, los crímenes no tienen consecuencia y la impunidad reina.

Ahora bien: impunidad es la palabra clave: el proyecto izquierdista de abolir o minimizar las penas y el de derechas de reprimir o exterminar a los criminales son los dos modos equivalentes y solidarios de producir la indiferencia, es decir, que la degradación del mundo, de las personas y los seres vivos no tenga consecuencias, se reproduzca e, incluso, se institucionalice.

II

El abolicionismo penal fue un proyecto de reforma moral de los siglos XIX y XX que nace de la idea de que el crimen es un invento o estrategia del estado para oprimir. El criminal es un oprimido, el homicidio, la violación, el robo son simplemente malos entendidos. Debil, muy debil jurídica, antropológica y políticamente, el abolicionismo sobrevivió en los departamentos de las universidades gracias a la critica al presidio, el encierro y la represión estrategias e instituciones que demostraron, muy pronto, no solo ser ineficaces sino productoras de la misma delincuencia que decían perseguir.

Más, tras la sofisticación y la seriedad de la critica del paradigma represivo estaba la debilidad de un pensamiento que nunca pudo entender la realidad del crimen que cualquiera puede entender fuera del mundo universitario: que hay actos degradantes, destructivos e inconvenientes que deben ser evitados, prevenidos, y que cuando no se puede hacer esos actos deben tener consecuencias no solo para que sus efectos no caigan en la indiferencia (que de lo mismo que 10 tipos violen a una muchacha) sino para evitar la repetición e incluso, la institucionalización de esa degradación.

Parasitario tanto de la criminología critica como del análisis de las instituciones de encierro el abolicionismo pervive en los departamentos universitarios y, mãs insidiosamente, en las políticas de muchos partidos de izquierda.

III

El abolicionismo no agota, de ninguna manera, el campo de la “criminología crítica” pero si opera desde dentro de ella constantemente. Su adversario, su gemelo, fueron las distintas formas del proyecto “punitivista” en realidad represivas, disciplinarias o o simplemente genocidas que confunden la lucha contra el crimen con la guerra contra el criminal.

Como el castigo viene, por definición, luego de ocurrido el hecho, su posición en la lucha contra el crimen es secundaria: combatir el crimen es hacerlo imposible, exiliarlo a lo fantástico, por eso reducir el flujo de armas de fuego es mucho más eficaz para combatir el crimen que darle armas de fuego a todo el mundo e impedir que los niños entren en bandas armadas es más eficaz que tener que matarlos o encerrarlos cuando se han convertido en homicidas o pequeños tiranos.

Como todos los proyectos disciplinarios, represivos, de encierro siempre fueron más o menos ineficientes y en realidad tenían otros fines distintos a la lucha contra el crimen en gran medida buscaban administrarlo en una economía de la impunidad, el abolicionismo y el minimalismo sacaron su fuerza de la flaqueza y la miseria de los sistemas penales y no de si mismo. De ahí que sea esencial para ellos reclutar, por ejemplo, la crítica de Foucault de la prisión.

Incapaz de distinguir el castigo, como institución, de los mecanismos penales y judiciales que le aplicaban fue, en el mejor de los casos, un suplemento de la critica a las instituciones penales y en el peor mera banalización del crimen o romantización del criminal.

IV

Es en este contexto que entra Venezuela y el chavismo en la historia: un país donde, a la vez, los castigos han sido abolidos y donde la represión no tiene más limite que la conveniencia del gobierno: la cárcel es un instrumento para manejar excedentes de población, para intimidarla, para sacar rentas para policías, militares, jueces, etc. y ha perdido, en la práctica, cualquier relación con el problema del crimen como no sea para multiplicarlo. La policía, particularmente el FAES, mata a placer culpables e inocentes, combatientes e indefensos y el crimen no desciende. Aumenta.

Así, cualquier venezolano tiene perfectamente claras varias cosas: que no hay ninguna consecuencia beneficiosa, ningún provecho en no castigar los crímenes, que los crímenes -no las faltas o los errores- no son meros actos ni invenciones a posteriori del poder sino actos de degradación de la vida que tienden a repetirse, a organizarse, a constituirse y crear instituciones viles como el pranato, la corrupción y el mismo FAES. Que el crimen, al cristalizarse primero en costumbre y luego en instituciones como las mafias, establece a su alrededor relaciones o despóticas, o tiránicas o feudales que son literalmente, normalizadas.

Pero, por otro lado, se ha hecho claro que un estado que tiene el poder de encarcelar o matar a quien quiera, cuando quiera, no hace el mundo más seguro sino peor y se convierte, por eso mismo, en el peor tirano aunque no el único.

Tenemos entonces que pensar como y porqué ocurrió, durante el gobierno de Hugo Chávez, que las garantías procesales como el habeas corpus desaparecieran ahora por completo al mismo tiempo que el homicidio dejó de tener consecuencias incluso cuando la víctima era un militante chavista. El proyecto de las Zonas de Paz, áreas donde la policía entregaba la “gobernanza” local a los grupos criminales, la regularización del régimen del pranato, etc. todos entran sin problemas en la matriz de pensamiento del abolicionismo penal en el sentido de que los criminales más violentos eran vistos como descarriados con los que había que entenderse.

El famoso discurso de Hugo Chãvez invitando a los malandros a volverse “buenandros” es un discurso abolicionista pero privado de todo la potencia que el abolicionismo tomó de la critica del sistema penal: es el abolicionismo desnudo que también practicó con los elementos extremadamente corruptos de su entorno que , por supuesto, no impidió que Chávez mismo criminalizara y encerrara a otros a placer como ocurrió con la jueza Afiuni: dentro del mismo ensamblaje el abolicionismo es un escudo y la represión una espada.

En la tolerancia de Chávez con el crimen no debe verse algo como el Gran Plan que desvela a las derechas, sino más bien una actitud con una gran utilidad táctica. Chávez seguramente prohibió publicar las cifras de homicidios para evitar la mala publicidad más su actitud general hacia el homicidio y los grupos armados indica que los veía menos como un problema que una oportunidad, y actuaba contra ellos cuando, como ocurrió en la cárceles de La Planta y el Rodeo, se volvían en efecto problemáticos a nivel de imagen pública y prestigio. Respecto a la corrupción la veía como un elemento del ambiente que debía ser tolerado o aprovechado.

Aún asi tenemos elementos concretos para pensar que la relación el pranato carcelario se hizo más estratégica y se buscó pactar con unas bandas mientras se destruyó otras: la actitud de Chávez siempre fue entenderse con el crimen es Maduro el que, definitivamente, trata de vencerlo en su propio terreno. Aún asi la transformación del Nuevo Régimen Penitenciario en una fuente de fuerzas paramilitares y el apoyo irrestricto a las milicias paraestatales llamadas colectivos muestra que hay una continuidad en el deseo de cooptar las fuerzas del crimen violento, solo que los medios de selección se han hecho mãs severos.

V

Es para otro momento discutir cuál es la matriz histórica y el sentido del proyecto abolicionista-minimalista pero, ciertamente, no viene de luchas democráticas pues la gente común, evidentemente, siempre ha buscado y procurado el castigo para sus opresores.

Hablar de abolición de las penas es proponerlas para el torturador, el corrupto, el genocida, el violador. Es abolirla para la Violación de Nanking y la masacre de Sabra y Chatila, para los asesinatos del Faes y las torturas del Sebin. Por eso sea mediante mecanismos judiciales o rebeliones armadas los que la democracia busca es que el crimen tenga respuesta, consecuencia, que no de lo mismo, que no sea indiferente. Es decir, la democracia es la que procura un castigo puro, sin intenciones secundarias, y por eso si en la demanda de un castigo ilimitado hacia los opresores se distingue siempre la semilla del totalitarismo, en la de la indulgencia está la de todos los pactos y compromisos con los poderes establecidos: más allá de las formas jurídicas solo puede hablarse de democracia cuando se logra vencer tanto al Terror como al Compromiso.

En la práctica toda dominación quiere abolir los crímenes para si misma y criminalizar a los que domina, más aún, reclama un poder de venganza infinita acoplado a una irresponsabilidad absoluta. Lo que el abolicionismo hace es tratar de oponer el discurso del que no quiere responder por sus acciones (“la pistola lo mató no yo” decía el famoso malandro carioca Madame Satá) al discurso de esa venganza infinita, institucional, que es la represión.

Así, el problema democrático es el del castigoel castigo es esencial a la democracia, pues implica no solo la capacidad de castigar al gobernante sino al tirano y a todos los que degradan la vida común: es una regulación de la violencia inmanente a la vida. Si el castigo es imposible pues también lo es la democracia que implica que todos puedan “actuar sobre las acciones de otros” sin que se establezcan estados de dominación. En ese contexto el castigo es un mecanismo de regulación singular pero absolutamente esencial que evita que unos dominen o degraden a otros o que, para evitarlo, haya que recurrir a la violencia. Así, el castigo es una forma de agonismo y una de las instituciones agonísticas más importantes.

El castigo es biopolítica pura: existe en si como respuesta a la destrucción y la degradación, para definir constantemente cual es la calidad de vida que es aceptable (no es aceptable, no da lo mismo y no puede quedar sin consecuencias que el marido pueda golpear a la esposa cuando quiera ni que la esposa descargue las frustraciones en el hijo o en la mascota) pero también existe como continuación de los mecanismos que buscan hacer él crimen imposible, de la seguridad.

De ahí que no se pueda suprimir el castigo pues seria dejar sin consecuencias la degradación de la vida (lo que pasa cuando se puede matar gente sin consecuencias o saquear el tesoro público o destruir la naturaleza está claro en toda América Latina pero sobre todo en Venezuela) pero tampoco reducir la seguridad al castigo pues se está simplemente reaccionando a un acto ya irreversible. Combatir el crimen es empujarlo hacia lo imposible, primero quitándole lo habitual y luego haciéndolo ocasional y, finalmente, raro.

Si en los gobiernos de Chávez y Maduro el crimen se hizo habitual, se institucionalizó, e incluso emergieron aparatos como Ávila TV que cantaban su “gloria” fue menos por un plan que por simpatía: más allá de los ridículos romanticismos de la izquierda y los universitarios de clase media por los “bandidos y asociales” o la idea reaccionaria y compartida por la derecha y la izquierda de que los pobres son criminales, parece que estaba en juego la simpatía con un poder que no responde ante nadie pero pide respuesta a todo el mundo, que no reconoce la dignidad de nada más que si mismo, no ve más alternativas que dominar o ser dominado y cuya gloria es apropiarse de todo lo que puede hasta la muerte: la simpatía no disimulada de Chávez por los “pranes” no fue más que el anticipo de la transformación del chavismo en una coalición de pranes.

VI

Es natural que a la critica ingenua se le escape la realidad del crimen que es un ensamblaje entre un hecho y una valoración de ese hecho. Nada es crimen “por naturaleza” no hay crimen en las peores crueldades del mundo animal ni en el acto físico: darle un tiro en la cabeza a alguien puede ser un acto de defensa o un homicidio a sangre fria. Pero todo crimen es un acto y por eso mismo tiene un efecto que es real.

Lo que define al crimen es la valoración de ese acto y aquellos efectos: seria ridiculo que le reclamaramos a los griegos por encerrar a las mujeres en una habitación o a los romanos por esclavizar , pero si alguien lo hace aquí y ahora, en nuestro mundo, no nos queda otra que o confinar, sacar del mundo al que lo haga, o aceptar que una cosa y la otra vuelvan a ser la costumbre y luego institución y luego norma: el castigo es, simplemente, una forma de filtrar lo que queremos que esté o no esté en el mundo, por eso todo castigo nace de una decisión política, pero una tomada sobre los datos, los efectos y los signos de la realidad mãs vehemente, es decir, siempre estamos decidiendo que es un crimen y que no lo es pero solamente porque constantemente estamos redefiniendo los valores que definen que calidad de vida estamos dispuestos a aceptar.

Cuando la grosería, la torpeza, la falta y el error son criminalizados ocurre, como con el feminismo, que la diferencia misma se pierde: si un piropo en la calle es una agresión y existen miles de formas de violación el crimen mismo queda vaciado y arrojado al “elemento de lo indiferente”.

Pero cuando se toma el crimen como un “dato natural” un “hecho moral” que está predefinido entonces, irrevocablemente, quedamos atrapados en una imagen realmente reaccionaria de un pasado que se repite: es un crimen matar un animal y comer su carne?. Difícilmente. Es un crimen tratar a una criatura viva, sensible, como si fuese materia prima?. Ya ese es otro asunto.

El abolicionismo, cuyo espíritu quedó fijo en los tiempos del relativismo de Boas (en que la sociedad no es más que una serie de convenciones arbitrarias establecidas sin causa o razón alguna) nunca pudo ser otra cosa que el insumo para el ala más nihilista y cínica de los poderes establecidos. Y esa ala, en América Latina y en este momento, parece ser el ala izquierda.

Además de los intentos para justificar o normalizar los crímenes violentos del gobierno de Maduro tenemos, tras las filtraciones de los chats del Juez Moro, una contraofensiva de la izquierda del continente en defensa de Lula. Pero esa defensa va más allá de lo que haya hecho Moro o si se cree que es indebido o criminal: si la oposición venezolana es la justificación para los crímenes de Maduro y el estado-mafia chavista (iban a matar a Maduro, ergo, podíamos hacer lo que quisiéramos con ellos) las acciones de Moro son, evidentemente, el pretexto para condenar todo el Lava Jato al menos por un ala de la izquierda dentro y fuera de Brasil que ve en esta una oportunidad única no solo en la lucha política interna -liberar al Rey Sol- sino en establecer la corrupción no solo como un hábito inevitable sino como una institución política: era el grito del peronismo contra los “honestistas” la denuncia del “chavismo bravío” (es decir, de la clientela de cleptócratas como Jaua) de que la lucha contra la corrupción es lucha contra la democracia -siendo la democracia las personas de Lula, CK y Maduro.

El asunto es grave porque hay incluso anarquistas, deleuzianos y autonomistas en todo el mundo que están tratando de institucionalizar la corrupción -es decir, el saqueo y la explotación global de toda la sociedad por los empresarios y la clase política- hay incluso, por ahí, una entrevista del mismo Negri diciendo que el mençalao era necesario para corregir los problemas de la constitución brasilera…

VII

Y este es un problema continental: si la hostilidad de Trump y el Grupo de Lima al chavismo se está convirtiendo en la oportunidad de legitimar una violación masiva de los derechos humanos Lula, una figura mucho más simpática comparativamente, sirve para deslegitimar toda la lucha contra la corrupción.

Y ello es posible por una simple razón: más allá de lo que se piense de las revelaciones sobre Moro se está permitiendo que el juez, su agenda y su relación con Bolsonaro sean los temas y sean el problema: el juez es la lunita que eclipsa el sol de la corrupción en la medida en que la mayoría de la gente la olvida, la oculta o deja de preguntarse cuál es el lugar de Lula en todo el esquema de Odebrecht y Mençalao.

Esto es, justamente, lo que la derecha espera a pesar de que, en todo el continente, sea con Derwick u Odebrecht, sabemos que la extracción y circulación de dinero público es la relación más real y material entre las fuerzas que, para fines publicitarios y electorales, se muestran enfrentadas pero comparten, en grados diversos, el mismo autoritarismo, el mismo desarrollismo depredador, la misma corrupción y la misma resignación y falta de imaginación política.

Decir que los podere establecidos se hacen cada vez más criminales no es moralizar la política de una manera que justifique una política histérica del linchamiento -como en el feminismo argentino- o un Comité o de Salud Pública, es lo que hacen los antichavistas al hablar de la lucha entre la gente de bien y los criminales, es reconocer la tendencia latinoamericana y planetaria en que los poderes no sólo coexisten o aprovechan de realidades corruptas degradantes -milicias, paraísos bancarios, favelización del territorio, precarización del salario y desigualdad, cleptocracia- sino en que ya no pueden aportar un estándar de vida superior y por tanto buscan imponer o legitimar distintos niveles de resignación: máximo de indignidad posible en cada lugar y cada momento.

Por eso lugares como Yemen o Palestina son tan importantes en la normalización de la degradación y la vileza, tanto como Venezuela aunque de otra manera que en el contexto de América Latina termina transmitiendo el mismo mensaje que La Oligarquía Roja transmite en el país: “alegrate de que no estas peor, resignate a lo que tienes y no trates de cambiar nada porque puedes arruinar todo”.

El problema es, claramente, pragmático: no solo el perenne de la movilización democrática en sociedades atomizadas y fragmentadas como estas (y entregadas, deliberadamente, al poder de pranes, milicianos y carteles) sino de si es posible usar contra el estado las instituciones judiciales que, como todo lo estatal, son una mezcla de potestades despóticas y nauseabundas con servicios públicos muy básicos. Así, el juez es el reyezuelo -usualmente corrupto- que reparte los beneficios procesales a conveniencia usurpando el castigo de la gente y también el magistrado que limita el poder del ejecutivo -aún más despótico- y un trabajador intelectual calificado que evalúa los méritos de unas pruebas y unos argumentos manteniendo ciertos protocolos.

Esta es una situación difícil porque la conveniencia de la derecha de la derecha de denunciar los crímenes de Maduro o la corrupción de partidos como el PT es limitada: tal vez haya el año que viene un gobierno nuevo en Venezuela al que los medios le perdonaran todo (como se lo perdonan a Guaidó que no ha asumido la presidencia y ya tiene un escándalo de corrupción) y el clan Bolsonaro (y Macri) tiene todas las condiciones para quedar bajo algún tipo de investigación lo que hará que el celo anticorrupción de muchos disminuya (para los antichavistas en venezuela, raza patética donde la haya, ya Bolsonaro y Trump son casi santos varones).

No tenemos solución fácil para este problema que pasa los vericuetos más pútridos del aparato de estado: la lucha democrática se presenta como una lucha contra el crimen -ya habíamos visto eso en los derechos humanos y las luchas ecológicas- pero no puede ser una cruzada moral que, por serlo, puede ser automáticamente cooptada por la derecha.

Pero si hay algo cierto: hay que exorcizar el espíritu de todos los abolicionismos. No admitir la normalización e institucionalización de la corrupción -ni de la violencia estatal- y, más allá, no deduciendo de los aparatos de justicia realmente existentes una definición del castigo que, ridículamente, no es particular sino general, sino de los crímenes -de los actos que queremos sacar del mundo- las estrategias, las instituciones y los mecanismos necesarios, sea que estas ya existan, puedan ser reformadas o inventadas.

Y es en ese “espacio” entre el oportunismo frente al crimen y todos los moralismos, que se puede colar -si es que puede- la lucha democrática en un periodo en que la tendencia es a que el crimen se convierta en un componente normal de la forma en que somos gobernados.

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