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La experta española publica ‘Seis problemas que la ciencia no puede resolver’ y advierte de los peligros del “marco” neoliberal en el que se desarrollan la ciencia y la tecnología actuales

Por Patricia Fernández de Liz

Por Diego Sztulwark

A una semana del fallecimiento del filósofo Paolo Virno, Diego Sztulwark repasa marcas e influencias teóricas y enfatiza la calidad finamente política de su palabra, que tuvo su presencia en la argentina de 2001 en torno a las discusiones –lamentablemente nunca saldadas– sobre la importancia de pensar de otro modo, por fuera del par Mercado/Estado, las capacidades creativas de «los muchos».

Por Diego Sztulwark* / La Tecl@ Eñe

Reconocer la influencia del pensamiento de otro suele ocurrir bajo condiciones de examen, de homenaje y quizá también como parte de un sentimiento de agradecimiento que, para ser honesto, debe verse precedido por una reflexión sobre el modo en que esa actividad intelectual, que viene de otra subjetividad, pasa a funcionar en la propia. La reciente partida de Paolo Virno –hace hoy justo una semana– me lleva a explicitar, de un modo obviamente insuficiente y breve, la conciencia que siempre he creído tener del valor de sus aportes para pensar lo político de otra manera. Es quizá parte de esta “deuda” contraída la que me lleva a anticipar una explicación preliminar, relativa al hecho de que la “enseñanza” de Virno no estuvo restringida entre nosotros a lo que convencionalmente imaginamos como situaciones educativas –escuelas o universidades– de las que surge la idea del profesor (o el “maestro”, que es otra cosa), ni por tanto del pensador como detentador de un sistema de saberes que se imparten para que otro los incorporen a fin de actualizar su valor en un futuro profesional. No. La escena que habría que evocar aquí –muy distinta– es una a la que cabría llamar –realizando las aclaraciones pertinentes– escena política. A diferencia de la pedagógica habitual, por escena política podemos entender aquello que hace que nos descubramos como compartiendo problemas propios de la vida pública más que ideas pertenecientes de antemano a campos disciplinarios y profesionales de saber en los cuales nos insertemos (o ensartamos). Virno, en cuanto teórico y militante, fue, en este sentido, un político cuyas reflexiones suponen un fuerte deseo de política –y uso “deseo” para señalar lo político como aquello que escasea o cuya existencia directamente peligra– presente en sus descripciones de fenómenos sociales contemporáneos, a los que no cabe –precisamente por su filo político– reducir a saber de tipo sociológico. Lo que sigue es un intento de reproducir cinco ideas virnianas que pueden funcionar como marcas indelebles para la política, escritas en cinco párrafos, que no intentan reenviar a sus libros de origen (aunque al final agrego una bibliografía) sino reparar en el modo en que –insisto en esto– han circulado influencias o enseñanzas:

Comunismo del capital: la expresión realza el gusto de Paolo por la paradoja y se apoya en una cita de Marx sobre “la superación de la propiedad privada sobre el mismo terreno de la propiedad privada”. Para construir esta idea es preciso tener en cuenta que los años dorados del capitalismo no se dieron sin un costoso aprendizaje impuesto por el desafío que representó la gran Revolución de Octubre y la consecuente crisis del 29. Lo que hemos conocido entonces bajo el nombre de “socialismo del capital” fue la interpretación burguesa –keynesiana– del rol centralizador y planificador del Estado en el ciclo económico. Décadas más tarde, la derrota de la revolución que trabajadores y estudiantes preparaban en los años setentas contra las formas del trabajo asalariado, la alienación individual y la coerción estatal, fue el terreno –contrarrevolucionario, neoliberal y “postfordista”– de una nueva interpretación pérfida –el “comunismo del capital”– que incorporó el elemento comunista (que, como preveía Marx, se expresaba ya en la cualidad transindividual propia de la moderna cooperación social tecnificada o General intellect) ya no como premisa material de una política emancipativa sino bajo el modo invertido de un despótico sometimiento de la riqueza de la praxis humana al “chaleco capitalista” de la antigua medida del valor-trabajo, y a la destrucción de toda esfera pública. De modo tal que en el “comunismo del capital” el capitalismo subsiste como regla vigente (mando y medida) pero no verdadera (contenido de la cooperación humana), mientras que el comunismo insiste como verdad de la actividad colectiva, aunque no vigente (bloqueado como política efectiva).

Tonalidad afectiva. Una fenomenología de los muchos que como tales participan de la producción social contemporánea remite, pues, a una realidad común que Virno pensó como “situación emotiva”, es decir, como los “modos de ser y sentir” que actúan en la experiencia colectiva del trabajo, la recreación o la política. El tono afectivo de la multitud posee –para Virno– un grado cero o un corazón “neutro” –pues se trata siempre de capacidades vitales previas a sus conjugaciones concretas–, una naturaleza irremediablemente histórica ­–dado que hablamos siempre de la socialización de una multitud metropolitana realmente existente– y una condición ambivalente –que se determina en el modo en que el tono afectivo se conjuga en modalidades de aceptación y sumisión o bien de crítica o conflicto (es decir: que adquiere valores operativos en políticas concretas, incluso de signo opuesto). La situación emotiva de la multitud es para Virno tanto el “oportunismo” –la capacidad de captar y aprovechar oportunidades–, como el “cinismo” -aptitud para calcular (más que solo obedecer) reglas– y también la capacidad de “charla” (o “avidez de novedades”), que remite a las capacidades verbales de la multitud, y a la actualización de una epistemología popular, de una mundanidad de los sujetos –la búsqueda de repaso, de orientación práctica–, y al peso de los fenómenos comunicativos que han devenido centrales en la producción contemporánea. De este modo Virno describe la realidad de la multitud en términos de una intelectualidad de masas que se vale del uso del lenguaje y de las capacidades comunes de abstracción para orientarse –en el sometimiento tanto como en la rebelión–, pero también de “un conjunto de memorias” (aspecto mal discutido durante el debate pueblo/multitud que se dio en Argentina en torno a 2001), pues “nadie puede hacer una huelga siquiera de diez minutos sin contar con una gran tradición a sus espaldas”.

Premio Nobel de Economía en 2001, Joseph E. Stiglitz (Gary, Indiana, 1943) es uno de los economistas más influyentes del mundo. En su último libro, ‘Camino de libertad. La economía y la buena sociedad’ (Taurus, 2025), propone una visión de la libertad basada en la justicia social y la igualdad de oportunidades. Hablamos con él sobre la guerra arancelaria de Donald Trump, la importancia de los medios de comunicación y la academia como contrapesos del poder y la necesidad de ampliar la libertad de elección. 

Por Elena Herrero-Beaumont

En una época de fragilidad emocional y social, hablar de libertad casi suena utópico. ¿Por qué decidió escribir este libro ahora? ¿Qué le llevó a repensar la libertad como tema central del debate económico?

Escribí el libro antes de las elecciones de 2024 en Estados Unidos. Era consciente de que la libertad sería un tema central, y por un momento así fue. Kamala Harris usó «Yes She Can» como himno de su campaña, y hubo debates sobre los derechos reproductivos y otras libertades clave. Algunas de las cuestiones que se planteaban, como la libertad de portar un arma, trataban de algo que es central en el libro: el reconocimiento de que la libertad de una persona puede restringir la de otra. Estos temas surgieron, pero no dominaron la campaña. Fueron unas elecciones en las que mucha gente sentía que no iba bien y Donald Trump prometía un cambio. No creo que entendieran completamente que sería un caos y una desestabilización de las instituciones. Pero fue una elección sobre el cambio, y Harris representaba la continuidad. Los valores de la libertad están tan arraigados en la cultura estadounidense que pensé que merecía un debate más profundo. Porque lo que representaba el Partido Demócrata era la libertad de cada individuo de desarrollar su potencial. Si pudiera cambiar la conversación sobre lo que los republicanos llaman libertad —hacer lo que uno quiera sin importar las consecuencias—, pensé que podría convencer a la mayoría de que mi concepción de la libertad es la que ellos realmente desean. Quienes defendemos posturas progresistas tenemos en realidad una agenda que expande la libertad. Durante mucho tiempo, ha sido la derecha la que ha reclamado la agenda de la libertad. Yo quería recuperar eso y convertirlo en una parte central del debate intelectual y político.

Usted critica la noción individualista de libertad, en gran medida formulada por pensadores como Hayek y Friedman. ¿Cómo entiende la libertad real? ¿Por qué reducir la intervención del Estado no es suficiente para garantizar que las personas sean verdaderamente libres?

Abordo este tema desde la perspectiva económica. Cuando los economistas hablan de libertad suelen preguntarse: «¿Qué eres libre de hacer?». Alguien al borde de la inanición no tiene libertad. La libertad real depende del conjunto de oportunidades que una persona tiene, y eso rara vez se amplía de forma individual. Pongo ejemplos donde cooperar amplía la libertad. Incluso una pequeña restricción puede en realidad ampliar la libertad. Por ejemplo, los semáforos: en una ciudad como Nueva York, son una limitación; no puedes avanzar hasta que se ponga en verde. Pero si no existiera ese semáforo habría caos. Así que una simple regulación nos permite avanzar. Lo mismo ocurrió durante la pandemia. La vacuna de ARN mensajero se desarrolló gracias a recursos públicos. Ningún individuo por sí solo podría haberlo hecho. Requirió inversión estatal, que se financia con impuestos. Esa obligación —pagar impuestos— es una restricción menor frente a la libertad de vivir que nos dio esa vacuna. Cooperar implica aceptar ciertas limitaciones, pero en el panorama general, esas limitaciones amplían enormemente nuestras posibilidades y nuestra libertad real.

Esto está conectado con la visión utilitarista, en el sentido de que tus acciones deben realizarse de una forma que beneficie al mayor número de personas. ¿En qué se distingue de lo que, por ejemplo, John Stuart Mill quería transmitir?

John Stuart Mill vivió en una época marcada por la intolerancia, y por eso centró su defensa de la libertad en el derecho a creer y pensar libremente, siempre que eso no afectara a otros. Fue un gran defensor de la tolerancia. Yo también trato ese tema, aunque su enfoque sobre lo que hoy llamamos «externalidades» era secundario. Pero casi 200 años después vivimos en sociedades densas e interconectadas. Y en estas economías, lo que una persona hace tiene un impacto mucho mayor sobre los demás. Por eso, el problema no es solo la tolerancia sino también de qué manera las acciones de una persona pueden afectar a los demás. Un monopolista que fija precios altos le quita a otro la libertad, quizás incluso la posibilidad de comprar un medicamento vital. Eso es una compensación. Y los economistas trabajamos precisamente con compensaciones. En el libro argumento que una sociedad razonable, tras una buena deliberación, concluirá que es más importante preservar los derechos de los explotados que los del explotador. Que la libertad de vivir sin miedo es más importante que la libertad de portar un arma automática. Habrá desacuerdos, claro, pero creo que puede lograrse un consenso amplio. En los casos más complejos, propongo que pensemos como lo haría el «espectador imparcial» de Adam Smith o bajo el «velo de la ignorancia» de John Rawls. Cuando pensamos en qué tipo de sociedad queremos vivir, deberíamos hacerlo desde la perspectiva de que no sabemos en qué lugar vamos a nacer dentro de esa sociedad. Y creo que la mayoría de la gente estaría de acuerdo en que un sistema impositivo progresivo bien diseñado es el sistema contractual que todos apoyaríamos.

Las contribuciones de John Rawls no han tenido el impacto que una gran filosofía como la suya debería haber tenido. ¿Por qué cree que está ocurriendo esto en Estados Unidos, donde se ha vuelto tan difícil transmitir estos mensajes al público y a los líderes políticos?

El debate en Estados Unidos ha sido secuestrado por una visión muy egoísta del individualismo, promovida por sectores del Partido Republicano. Es un individualismo que no considera el velo de la ignorancia de Rawls ni el espectador imparcial de Adam Smith. El peor ejemplo son Elon Musk y Donald Trump. Tenemos ahora una oligarquía destruyendo las reglas del juego. Porque el Congreso es el único que puede redactarlas, y ellos simplemente las están ignorando mientras arrasan con los distintos departamentos del gobierno. Ni siquiera están prestando atención a las salvaguardas, a las normas establecidas por congresos anteriores. Estas son las acciones más antidemocráticas que hemos enfrentado en la historia de nuestra nación. La naturaleza de los oligarcas es que les resulta muy difícil entender realmente la vida de los estadounidenses comunes, que en toda su vida ganan lo que ellos ganan en una hora. No pueden comprender sus necesidades ni preocupaciones. Al desmantelar el papel del Estado, eliminan servicios que no valoran porque no los necesitan, pero que son esenciales para millones de personas.

¿Cómo hemos llegado hasta aquí? ¿Qué ha fallado por parte de los demócratas?

Es un tema que traté en mi libro El precio de la desigualdad, publicado en 2012, basado en un artículo que escribí en 2011 titulado Of the 1%, by the 1%, for the 1%. Allí advertía que Estados Unidos había permitido que la desigualdad creciera de forma excesiva y percibida —con razón— como injusta. No acompañamos adecuadamente a quienes quedaron rezagados en la transición de una economía agraria hacia una basada en servicios y conocimiento. Muchos quedaron sin oportunidades ni esperanza. Aunque los demócratas mostraban más compasión, terminaron aceptando muchas de las mismas políticas neoliberales que los republicanos, solo que con algo más de empatía. Eso nos dejó con más de 40 años de creciente desigualdad. En ese contexto, advertí que era terreno fértil para un demagogo. No sabía quién sería, pero finalmente fue alguien tan peligroso como Trump, que supo aprovechar el malestar, amplificarlo y polarizar a la sociedad. Y me preocupaba el hecho de que el mundo está lleno de una gran oferta de demagogos potenciales. Lo preocupante es que esto puede agravarse con la inteligencia artificial y otras crisis. Trump propone destruir nuestras instituciones educativas, imponer aranceles que no generarán empleos y elevarán la inflación. Así que mi lectura de lo que ocurrirá es que, mientras la retórica sea airada y haya una guerra cultural contra los demócratas, el resultado será el empeoramiento de las mismas fuerzas que lo llevaron al poder.

Sostiene que la verdadera libertad requiere de un acceso efectivo a la educación, a la sanidad, a la vivienda, a la seguridad económica. ¿Cómo podemos garantizar estas condiciones sin caer en el paternalismo?

Ante todo, no se trata de quitar la libertad de elegir. La libertad de elección es fundamental, y la agenda progresista que propongo busca ampliarla. Por ejemplo, en Estados Unidos la mayoría solo tiene acceso a una o dos aseguradoras privadas de salud, muchas de las cuales obtienen beneficios negando la atención médica, lo que ha generado una gran frustración. Lo que propongo es una opción pública pero no obligatoria. Una aseguradora sin fines de lucro. Su objetivo no sería explotar a los individuos, sino mejorar sus vidas y ofrecer una buena atención médica. Ese es un ejemplo de cómo podemos fomentar mejores decisiones y dar más opciones. Lo mismo con la vivienda. En 2008, vimos cómo las hipotecas mal diseñadas destruyeron el patrimonio de millones. Una opción pública podría ofrecer condiciones más humanas: flexibilidad ante la pérdida de empleo, reglas más justas y sin afán de lucro. Sería una alternativa segura, no una imposición. Por último, nuestro sistema educativo debería enseñarnos a tomar mejores decisiones. Porque las decisiones son complejas, tienen consecuencias para toda la vida. Y ahora mismo quienes tienen un interés particular en que elijas lo que les conviene son los principales proveedores de información. Sería bueno que la información viniera de alguien sin ese tipo de conflicto de intereses.

Usted aboga por un capitalismo progresista con instituciones que restauren la confianza pública y protejan el bien común. Lo que Donald Trump está haciendo es erosionar y desmantelar las principales instituciones. Tengo dos preguntas al respecto. Primero: ¿ve suficiente resistencia desde la sociedad civil y la academia? Segundo: ¿cree que ese sector sigue siendo lo suficientemente fuerte como para combatir esta guerra? Y si no es así, ¿qué futuro ve para Estados Unidos en los próximos años?

Tienes toda la razón. Hay una guerra en marcha ahora mismo por parte de la administración Trump contra las instituciones que sostienen la democracia. Una democracia es más que elecciones cada cuatro años. Muchos tememos que en 2026 no vayamos a tener unas elecciones justas y libres. Trump ataca todas las instituciones que ofrecen salvaguardas: como la prensa, a la que llama «enemigo del pueblo», las universidades y el sistema judicial. Estamos al borde de una crisis constitucional. En cuanto a las universidades, Trump fue tan lejos que Harvard dijo: «Hasta aquí», y todas las demás universidades estuvieron de acuerdo. Primero fue una intromisión, pidiendo solo un poco, y Columbia cedió. Muchos de nosotros dijimos que había sido un error porque los regímenes autoritarios primero piden un poco, luego piden mucho. El aspecto más decepcionante ha sido la actitud de los despachos de abogados, porque se esperaría que los bufetes defendieran la ley. Pero cedieron, y accedieron a ofrecer lo que se estima que serán hasta mil millones de dólares en honorarios y servicios legales para promover la agenda ilegal de Trump. Afortunadamente, no todos lo hicieron. Las universidades están siendo atacadas porque son fuente de pensamiento independiente. No se trata solo de proteger a los individuos, sino de proteger nuestra democracia. El sistema de contrapesos no solo existe dentro del gobierno. Se trata también de un conjunto de equilibrios dentro de la sociedad donde los medios de comunicación y el mundo académico desempeñan un papel absolutamente central. Donald Trump simplemente no entiende esto, y quiere aplastar la libertad académica. No lo vamos a permitir. Nuestros estudiantes, nuestro profesorado, están unidos en este valor fundamental.

Muchos académicos están pensando en mudarse a Europa. ¿Qué futuro ve para la Unión Europea en los próximos años? ¿Y cómo cree que las guerras comerciales van a afectar la economía europea?

Europa es hoy el principal bastión de la democracia y los derechos humanos. Y eso está atrayendo a muchos profesionales y académicos desde Estados Unidos. Es irónico: durante el siglo XX, el mundo académico estadounidense se fortaleció gracias a quienes huyeron de Europa por la pérdida de libertad. Ahora, el movimiento es inverso. En muchos sentidos, es aún peor que eso, porque una de las fortalezas de Estados Unidos siempre ha sido el poder blando, el respeto que nos tenían, y eso se ha perdido. La cuestión comercial es más simple. Casi con certeza perderemos la guerra comercial. Estados Unidos representa solo el 20% del PIB mundial. Los productos que Estados Unidos exporta a China son productos agrícolas, que puede comprar a cualquier otro país. En cambio, los productos que Estados Unidos importa de China son muy específicos y no pueden adquirirse fácilmente en otros países. En particular, las tierras raras solo pueden comprarse en China. En ese sentido, Trump ha cometido un error aún mayor. Cree que, porque el volumen de importaciones chinas es mayor, tenemos más poder de negociación. En realidad, los aranceles estadounidenses son un shock de demanda para China, pero los aranceles chinos representan un shock de oferta para nosotros, y responder a eso es mucho más difícil y costoso. Para empeorar aún más las cosas, dos de nuestras principales industrias exportadoras son el turismo y la educación. Él no entiende que en una economía del siglo XXI las exportaciones no son solo bienes, sino también servicios. Pero ¿quién querría venir a estudiar o hacer turismo a un país donde puedes ser detenido sin explicación? Estas son acciones propias de gobiernos autoritarios. Pero ni siquiera los peores gobiernos autoritarios del mundo hacen esto, porque no quieren dañar su reputación. Lo que hemos visto en Estados Unidos es lo peor de lo peor, y se hace de forma aleatoria. Es una revolución cultural improvisada, con gente actuando sin pensar, sin ninguna conciencia de las consecuencias de sus actos.

¿Qué ha aprendido a lo largo de su vida sobre la conexión entre la libertad y el sufrimiento? ¿Y qué diría a quienes desde su vulnerabilidad luchan e intentan mantener la esperanza en una sociedad buena? 

Tenemos la capacidad de crear una sociedad mejor. No es fácil, y lamentablemente hay fuerzas que empujan en contra. Las cosas son frágiles, más frágiles de lo que nos gustaría. Cuando comencé mi carrera, hace más de 60 años, me preocupaban los derechos civiles. Marché con Martin Luther King en 1963 en Washington D.C. Hice mi posgrado en parte porque quería ver qué podíamos hacer los economistas, los científicos sociales, para mejorar el mundo. Durante un tiempo, las cosas mejoraron, pero luego empeoraron. Y aunque entendimos mejor las dinámicas que generaban desigualdad, esas mismas fuerzas se intensificaron. La creciente concentración de riqueza y de poder terminó creando el caldo de cultivo perfecto para los demagogos. Y aquí estamos. Así que mi respuesta es que tenemos que seguir luchando. Recientemente apareció un artículo precioso en la portada de un periódico mostrando a Bernie Sanders, un hombre de 83 años como yo, junto a Alexandria Ocasio-Cortez, una joven política muy inteligente, recorriendo el país. Están reuniendo multitudes de 40.000 personas o más. Hay mucho entusiasmo por un nuevo progresismo, y eso es lo que me da esperanza. Creo que, al final, vamos a ganar.

Fuente: Ethic.es

Por Raúl Zibechi

Por Decio Machado

En Ecuador, las cooperativas de ahorro y crédito representan mucho más que simples instituciones financieras. Son herederas de una tradición comunitaria de solidaridad, confianza mutua y gestión autónoma de recursos en territorios que el sistema financiero privado descarta y donde el Estado suele llegar tarde o nunca llega.

Las cooperativas de ahorro y crédito constituyen, además, un contrapeso histórico a la hegemonía de la banca privada, operando bajo lógicas de proximidad social antes que de maximización de utilidades. De hecho, nacieron como iniciativas de organización comunitaria y barrial; creándose desde abajo, para resolver las necesidades de financiamiento de campesinos, comerciantes, artesanos y trabajadores que no tenían acceso al sistema bancario tradicional. Es por ello que su presencia se concentra en parroquias rurales, cantones pequeños y periferias urbanas, consolidándose como el único vehículo financiero disponible en territorios marginalizados, bajo el desprecio del análisis de costo-beneficio de los grupos financieros tradicionales.

Sin embargo, debido a su capacidad operativa mediante estructuras administrativas relativamente ligeras, contratación de personal local y costos menores al de las entidades financieras convencionales, en la actualidad el sector financiero popular y solidario agrupa a más de 6.1 millones de socios (usuarios), administra unos USD 28 mil millones en activos y representa aproximadamente un tercio del sistema financiero nacional.

Lo anterior, sumado a las más de 16.800 organizaciones (cooperativas de servicios, de producción, de vivienda y de consumo, además de asociaciones productivas y organizaciones comunitarias) que constituyen en llamado “sector real” de la economía popular y solidaria, las cuales en su conjunto involucran a más de 540.000 personas, conforma un ecosistema reconocido por el Estado ecuatoriano, sobre todo a partir de la vigente Constitución de 2008, como un sector económico estratégico.

Ese “sector real” en el cual se desarrollan procesos de producción, intercambio, comercialización, y consumo de bienes y servicios, se relaciona con el sector financiero popular y solidario principalmente a través de productos de ahorro y crédito que los socios de la economía popular y solidaria mantienen con las instituciones financieras pertenecientes al ecosistema. Esta interrelación se materializa en que más de 295.000 socios, asociados y miembros del “sector real” de economía popular y solidaria son también socios en el sector financiero popular y solidario; donde cerca de 100.000 personas de este entorno cuentan con operaciones de crédito vigentes y unas 319.000 personas cooperativistas mantienen depósitos en distintas instituciones financieras del sector.

Salud y legitimidad de las cooperativas

En términos de indicadores de solvencia, el índice de morosidad de las cooperativas de ahorro y crédito ronda el 8,33% promedio, más alto que el 3,27% promedio de la banca privada, aunque que se mantiene en un rango sostenible para el tipo de público al que atienden. A su vez, las políticas de prevención enmarcadas en índices de cobertura de cartera y requerimientos de liquidez obligatoria establecidos por la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria (organismo de regulación y control) han operado positivamente evitando cualquier riesgo de colapso sistémico en un sector donde, a la par, el seguro de depósitos COSEDE cubre hasta USD 32.000, lo que brinda una protección importante al pequeño ahorro en cooperativas grandes. Por último, cabe señalar que la solidez del sector financiero popular y solidario radica en que su cartera de crédito se distribuye entre miles de pequeños prestatarios, lo que reduce el riesgo de concentración.

Por otro lado y en lo que respecta al rol social del sistema financiero popular y solidario, la más reciente demostración de su razón de ser tuvo lugar durante la pandemia de 2020, momento en el que mientras los bancos restringían créditos, las cooperativas de ahorro y crédito siguieron financiando microemprendimientos, agricultura familiar y pequeños negocios, lo que reafirmó su legitimidad social.

De hecho, el crecimiento sostenido de este sector durante las últimas décadas se sustenta sobre estos tres pilares estructurales: confianza de los socios en el sector, inserción territorial y legitimidad social.

El apetito de la banca privada

Frente a la amplia diversidad existente en el sector cooperativo, el sistema bancario tradicional se caracteriza por su alta concentración en pocos actores privados. El sistema financiero privado es dominado por tres grandes emporios bancarios que, además, condicionan políticas regulatorias a su favor. La competencia entre estos se enmarca en la disputa por la captación de depósitos y el otorgamiento de créditos de consumo y productivos.

En este contexto, estos grandes bancos privados llevan años interesados en apoderarse de un botín tan apreciable como el capital acumulado en las cooperativas de ahorro y crédito más grandes del país.

Durante los últimos siete años y en especial a partir de la aprobación de la “ley para la defensa de la dolarización” en abril de 2021, los voceros de la gran banca privada nacional no han cesado de arremeter públicamente contra el sector financiero popular y solidario. La narrativa común utilizada por estos combina estrategias de contraste (diferencias normativas) y miedo (crisis inminente).

Ataque al modelo económico popular y solidario

Más allá de la disputa por nichos de mercado, el neoliberalismo y las cooperativas representan dos enfoques económicos opuestos. El neoliberalismo promueve la liberalización del mercado, la privatización y la desregulación, con el objetivo de fomentar el crecimiento económico a través de la competencia individual. Por otro lado, las cooperativas son organizaciones de propiedad conjunta y control democrático, donde los miembros buscan satisfacer necesidades comunes mediante la colaboración y la solidaridad.

Dicho antagonismo se evidenció institucionalmente en la pugna mantenida por años entre los gurús locales del neoliberalismo, reposicionados en los entornos de influencia en la política gubernamental a partir del gobierno de Lenín Moreno, y los funcionarios y operadores de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. Pese a la gradual implementación en el país de una política liberal y pro-mercado, hoy derivado en neoliberalismo pragmático con rasgos autoritarios, sector financiero popular y solidario se mantuvo sin sufrir graves agresiones.

Sin embargo, el Fondo Monetario Internacional (FMI) en su Programa de Evaluación del Sector Financiero con Ecuador (Agosto/2023), sentaría las bases de la reforma legal hoy en curso. Ignorando que cooperativas y bancos son entidades de naturaleza distinta (sentido de identidad y propiedad, nicho de negocio, modelo de toma de decisiones…), en dicho informe se señala que: “considerando que el funcionamiento y los modelos de negocio de las cooperativas de crédito más grandes son más cercanos a los bancos que a las demás cooperativas, las autoridades podrían considerar transferir la supervisión de las cooperativas más grandes a la Superintendencia de Bancos”. El documento sostiene además que dicha transferencia “podría mejorar la eficiencia y eficacia de la supervisión”, indicando que la falta de control no permite “obtener una visión integral del perfil de riesgo” de las cooperativas.

Las recomendaciones del FMI conllevan una gran carga de intencionalidad más política que técnica, pues la Superintendencia de Bancos lleva años bajo control de los principales bancos del país, dejando de ser un organismo de regulación y control para ser una estructura al servicio de quienes dominan el sector financiero nacional.

Lo anterior marca el punto de partida de la actual ofensiva contra la cooperativas de ahorro y crédito, y por extensión, contra el sistema de la economía popular y solidaria en su conjunto. La agenda fondomonetarista propiciaría la actual alianza estratégica entre el poder político y el poder financiero frente a las cooperativas de ahorro y crédito. Mientras el gobierno de Daniel Noboa busca, bajo supuestos criterios de modernización económica, acabar con viejos modelos y estructuras comunitarias históricamente enraizadas en el país; los grandes bancos que controlan el sistema financiero privado buscan desplazar a la economía solidaria de su nicho natural, con el fin de capturar un mercado que ha sabido sostenerse con base en la cercanía comunitaria.

Así las cosas y teniendo en cuenta que el Estado no es un mero aparato de que “administra” la sociedad, sino una condensación de relaciones de fuerza, en la Asamblea Nacional tendrían lugar dos episodios consecutivos que cambiarían radicalmente el escenario hasta entonces existente. El primero tuvo lugar el 12 de mayo de 2025, con la censura -mediante juicio político- de la funcionaria a cargo de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria durante el periodo de resistencia a la captura del sector por parte de los grandes grupos de capital financiero privado. El segundo momento se da apenas un mes después, cuando el 24 de junio es aprobada en el Legislativo la Ley Orgánica de Integridad Pública y su Disposición Transitoria Décimo Primera, mediante la cual dispone identificar a las cooperativas de ahorro y crédito que deban ser transformadas en sociedades anónimas del sector financiero privado y traspasarlas a la supervisión de la Superintendencia de Bancos.

La disposición mencionada actúa como llave para un proceso de transformación forzada de cooperativas en bancos, bajo el argumento de modernizar la gestión, fortalecer la solvencia y aumentar la transparencia, poniendo en juego no solo la autonomía de estas entidades, sino el destino mismo de la economía popular y solidaria.

Por añadidura, es de reseñar que detrás de este discurso tecnocrático se esconde un interés evidente: la conversión de cooperativas en bancos abre la puerta a la entrada de accionistas privados (los grandes bancos), los cuales con mayor músculo financiero se harán con el control mayoritario de instituciones que hasta ahora habían sido propiedad de los socios de las cooperativas.

El gobierno, en sintonía con organismos multilaterales y cámaras empresariales, presenta esta normativa como parte de una agenda de “modernización capitalista”. El relato oficial insiste en que el país debe alinearse con “estándares internacionales” que garanticen confianza de inversionistas extranjeros y la estabilidad macroeconómica.

Sin embargo, modernización aquí se traduce en el desmantelamiento de formas de organización económica enraizadas en la cultura popular para imponer modelos financieros verticales, ajenos a la lógica del territorio. Bajo el ropaje de la eficiencia y la transparencia, lo que se promueve es una redistribución regresiva del poder económico: quitarle a las bases sociales organizadas para entregarle a los grandes capitales.

El trasfondo político: una economía al servicio del capital

No se trata solo de una disputa técnica sobre la regulación financiera. Lo que está en juego es la orientación misma del modelo económico ecuatoriano. Las cooperativas encarnan una tradición de autonomía social y resiliencia comunitaria, vital en un país atravesado por crisis recurrentes. Su desarticulación significa, en términos políticos, la pérdida de un espacio de soberanía económica frente a los intereses del capital financiero.

El Estado actúa aquí como garante del mercado, no como defensor del interés público. El discurso de integridad y transparencia funciona como pretexto para allanar el camino a la concentración de capitales y la subordinación de la economía popular a las reglas del juego neoliberal.

En definitiva, el problema de fondo no es si las cooperativas deben “modernizarse” o no, sino quién controla los recursos financieros del país: ¿los socios organizados bajo principios de solidaridad y proximidad, o un puñado de grupos económicos que ya concentran buena parte de la riqueza nacional?

Estado de situación y perspectivas

En la tarde del 4 de agosto de 2025, la Corte Constitucional del Ecuador informaría de la suspensión provisional de la Disposición Transitoria Décimo Primera de la Ley Orgánica de Integridad Pública.

Esta decisión se enmarca en el proceso de admisibilidad de las acciones públicas de inconstitucionalidad y de suspensión de normas que, a primera vista, podrían afectar derechos fundamentales. Se trata de una actuación técnica y jurídica que busca precautelar el cumplimiento y la supremacía de la Constitución de la República del Ecuador, sin que constituya aún pronunciamiento de fondo sobre dicho proceso.

Lo anterior, pese a que presuponga cierto nivel de avance de las posturas en defensa de la economía popular y solidaria, prolonga en el tiempo el actual escenario de incertidumbre, a la espera, sin fecha establecida, de un dictamen final de la Corte Constitucional al respecto.

Mientras tanto, por esta decisión y otras similares derivadas de la aprobación indebida de leyes consideradas económicas urgentes en la Asamblea Nacional, el gobierno ha convertido estratégicamente a la Corte Constitucional en su principal antagonista político. Posiblemente estemos en los preámbulos de lo que será un nuevo proceso constituyente, en esta ocasión regresivo en materia de derechos.

Por su parte y ante este escenario de acoso y derribo al sector financiero popular y solidario, tanto el espectro político de la izquierda institucional como de la social brillan por su ausencia. Los primeros, inmersos en un proceso de crisis interna tras su última derrota electoral y desconectados cada vez más de la realidad sociopolítica nacional, guardan silencio e incluso fueron cómplices del juicio político que censuró a quien fuera la anterior titular de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, el único organismo del Estado que hasta poco antes había defendido al sector de la economía popular frente a la presión de las juntas regulatorias -financiera y monetaria-, el Ministerio de Economía y Finanzas, la comisión legislativa de desarrollo económico, el lobby del capital financiero y los multilaterales. Los segundos, con una dirección política recién instalada y en franco proceso de renuncia a sus reivindicaciones históricas como movimiento social, abandonan a su suerte al amplio segmento indígena que compone el sector cooperativo financiero nacional. De hecho, hay algunos que de forma muy infantil incluso hablan de derecho de los indígenas a montar bancos.

Por último y en lo que respecto al sector, mientras la actual dirección de la Superintendencia de Economía Popular y Solidario guarda un silencio cómplice respecto al conflicto, la heterogeneidad que transversaliza el mundo de las cooperativas de ahorro y crédito se muestra de diferentes formas. Unos se agrupan y organizan para hacer frente a la embestida gubernamental y bancario, otros buscan negociar una salida particular para sus cooperativas e incluso hay quienes apoyan la desarticulación del sector, pensando ilusóriamente en apropiarse de determinadas instituciones financieras solidarias y la sucesión dinástica de sus gerencias.

Conclusión

La Disposición Transitoria Décimo Primera es una jugada estratégica que redefine el tablero financiero en Ecuador. Bajo el disfraz de un tecnicismo legal y de la falsa necesidad de darle estabilidad al sector de las cooperativas, se abre paso a una reconfiguración estructural: la economía popular y solidaria pierde autonomía, se socava las bases de la economía tradicional, la banca privada gana un nuevo mercado y el gobierno se presenta como un actor modernizador del país mientras cumple servilmente la agenda fondomonetarista.

El desenlace no es menor. Está en juego la posibilidad de que Ecuador siga siendo un país donde convivan múltiples formas de organización económica, o que la uniformidad capitalista, cada vez más feroz e impuesta desde arriba, termine borrando décadas de construcción comunitaria y solidaria.

Por Adrià Rodríguez (IDRA) 

Hablar con Jason W. Moore (Oregón, 1971) es hablar de capitaloceno, concepto que propuso para “ridiculizar el pensamiento autoritario que se remonta a Malthus a finales del siglo XVIII”, donde la superpoblación era la fuente de la desigualdad. Para el historiador, geógrafo y profesor de Sociología, el cambio climático es responsabilidad de la clase capitalista y de esas 150 empresas transnacionales responsables de más del 70% de las emisiones mundiales de carbono y gases de efecto invernadero desde 1850. La crisis climática, concluye, es una cuestión laboral, una guerra de clases.

En esta entrevista, Moore también desarrolla la idea de ‘naturaleza barata’ y los “los intentos, desde arriba, de devaluar la vida humana”. También analiza el genocidio en Gaza –“singular, pero no excepcional”– y facilita herramientas clave para organizar movimientos antisistémicos que puedan dar respuesta a un capitalismo en crisis.

Quisiera empezar preguntándole por el concepto que ha desarrollado de “naturaleza barata”. ¿De qué manera este concepto es relevante hoy en día para abordar la crisis ecológica?

El capitalismo es un sistema de naturaleza barata. La naturaleza barata incluye no solo los suelos y los arroyos, los campos y los bosques, sino que incluye la fuerza de trabajo humana. La historia del capitalismo, desde Colón en 1492 hasta nuestros días, es la historia de una lucha por la naturaleza barata. La naturaleza barata incluye lo que yo llamo los cuatro elementos baratos, o los cuatro baratos: trabajo barato, alimentos baratos, energía barata y materias primas baratas. Para que el capitalismo pueda superar sus crisis necesita reducir el precio de la fuerza de trabajo, los alimentos, la energía y las materias primas, y al mismo tiempo aumentar su volumen. La naturaleza barata no consiste solo en cómo los capitalistas hacen bajar el precio de estos cuatro elementos, también es un proceso de devaluación en el sentido del término en inglés “cheapening”, relativo a privar de dignidad y respeto. Esto es lo que todos los grandes imperios hicieron: devaluar la vida y el trabajo de la gran mayoría.

¿Qué implica incluir la fuerza de trabajo como parte de la naturaleza barata?

A pesar de que hoy se habla de que la humanidad es la causa del cambio climático, la realidad es que durante la mayor parte de la historia del capitalismo casi toda la humanidad fue ubicada en el reino de la naturaleza. En palabras de la gran economista política Maria Mies, el capitalismo se nutre del trabajo no remunerado de las mujeres, la naturaleza y las colonias. Las fuentes de la naturaleza barata están en la trama de la vida, pero los mecanismos para producir y extraer naturaleza barata implican la dominación y la opresión. Por lo tanto, cuando hablamos de naturaleza barata no solo nos referimos a la naturaleza biofísica y biológica, sino también a los intentos, desde arriba, de devaluar la vida humana y el conjunto de la trama de la vida.

Recientemente ha escrito sobre el fin de esta naturaleza barata, el fin del proceso histórico por el cual el capitalismo no paga sus cuentas. La economista Daniela Gabor analiza cómo los poderes públicos reducen el riesgo de los privados invirtiendo sumas de dinero cada vez mayores para desplazar la crisis ecológica. ¿Hasta qué punto podemos decir que el dinero barato es una estrategia para evitar el fin de la naturaleza barata?

Desde finales de 1980 hasta hace quizá tres años, la era neoliberal estuvo marcada por una política monetaria expansiva de dinero barato. Lo vimos en Japón, en Europa o en Estados Unidos. Hoy, eso parece haber terminado. Y esto nos dice algo importante en respuesta a su pregunta: el capitalismo nunca resuelve sus crisis. Simplemente, las desplaza de un lado a otro. Pero solo las puede desplazar moviéndose hacia nuevas fronteras de dinero barato, trabajo barato, comida barata, energía barata, materias primas baratas y residuos baratos. Todas esas fronteras hoy han sido cercadas. La fuente de la vitalidad del capitalismo era moverse hacia nuevas fronteras y luego organizar nuevas y vastas revoluciones industriales. Hoy esto ha terminado, definitivamente.

Hoy también asistimos al fin de la comida barata. Desde 2008, los precios de los alimentos se han disparado en todo el mundo, principalmente debido a que el capital huyó de la crisis de las hipotecas subprime a la bolsa de Chicago para especular con materias primas y alimentos. Los poderes públicos están invirtiendo enormes sumas de dinero para contener los precios de los alimentos, porque saben que es una de las causas del malestar social. Esto está acelerando la concentración de poder en las grandes empresas agroindustriales y acelerando la crisis ecológica, que a su vez aumenta el precio de los alimentos. ¿Cómo romper esta espiral?

Analicemos la relación del capitalismo con la agricultura. Si nos remontamos al siglo XVI podemos ver que el modelo de revolución agrícola lanzado por el capitalismo fue exitoso. Lo que hizo fue producir cada vez más alimentos con cada vez menos fuerza de trabajo. Eso liberó a la mano de obra para trabajar en fábricas y astilleros, para trasladarse a las ciudades e impulsar el desarrollo económico moderno. Todas las grandes épocas doradas, desde la inglesa y la holandesa en los siglos XVI y XVII hasta el siglo estadounidense, se basaron en una revolución agrícola que logró producir más y más alimentos para que su precio bajara, haciendo que el precio de la fuerza de trabajo también disminuyera. La relación entre la alimentación y la fuerza de trabajo es muy estrecha, ya que el precio de los alimentos condiciona el precio de la mano de obra. Esa era ha terminado. Lo sabemos por la progresiva desaceleración de la productividad agrícola en todo el mundo, especialmente en las áreas que fueron el corazón de la revolución verde, como Estados Unidos o India. La alimentación es una de las principales cuestiones políticas del presente, una cuestión de orden social y de inestabilidad política. Dos de las principales revoluciones de la historia mundial moderna, la francesa y la rusa, fueron provocadas por problemas alimentarios. El cambio climático ahora hace imposible una nueva revolución agrícola capitalista en los términos que he descrito.

Quisiera que profundizáramos en el concepto de capitaloceno y en qué propone desde un punto de vista analítico.

El antropoceno significa, literalmente, la era del hombre. Se presenta como un hecho evidente, como una nueva era geológica. En realidad, se trata de un argumento político escondido bajo el espejismo de la buena ciencia. No hay nada original en el concepto de antropoceno. No es más que un cambio de nombre del holoceno. El concepto de capitaloceno es una provocación. Es un intento de burlarse y ridiculizar el pensamiento autoritario que se remonta a Malthus a finales del siglo XVIII. Malthus pensaba que la superpoblación era la fuente de la desigualdad, lo cual era muy conveniente para él y sus amigos ricos, porque así no tenían que asumir ninguna responsabilidad por el marcado aumento de la desigualdad en Inglaterra a finales del siglo XVIII. Según su lógica, la desigualdad no era culpa de los capitalistas, de la explotación ni de los cercamientos, era culpa de la naturaleza y la ley natural, de que, según ellos, los pobres tenían demasiados hijos. Otras versiones de este argumento aparecerían posteriormente. A finales del siglo XIX, otro período de profunda revuelta social, fue el darwinismo social y la revolución eugenésica. En 1968, en el momento de las revueltas del Tercer Mundo y en el Occidente imperialista, tenemos un medioambientalismo dominante, lo que Martínez-Alier llama el medioambientalismo de los ricos. Cada vez que la clase dominante se ve amenazada, vuelve a la idea de la naturaleza y la ley natural porque es más fácil justificar ideológicamente la guerra, la violencia y la desigualdad a través de un conflicto eterno entre el hombre y la naturaleza, que explicarlo a través de una guerra de clases entre la gran mayoría, campesinos y trabajadores, y la clase capitalista.

¿Y desde un punto de vista político? ¿De qué manera diría que el capitaloceno es fundamental para las formas actuales de organización y para los movimientos antisistémicos actuales?

El capitaloceno dice que los orígenes de la crisis climática se remontan a la era de Colón. La aniquilación de las poblaciones del nuevo mundo para esclavizarlas contribuyó al severo cambio climático del siglo XVII. El capitaloceno también es una manera de decir que el cambio climático es responsabilidad de la clase capitalista, del 1% o, actualmente, del 0,1%. Y que los responsables del cambio climático tienen nombres y direcciones. Basta pensar en las 150 empresas transnacionales responsables de más del 70% de las emisiones mundiales de carbono y gases de efecto invernadero desde 1850. Al igual que con la trata de esclavos, sabemos quién es el responsable de la crisis climática. Es un crimen contra la humanidad, un ecocidio. Y los responsables deben rendir cuentas. Tienen nombres y direcciones, sabemos quién ha cometido el delito, podemos tomar medidas. Por lo tanto, el capitaloceno es una forma de señalar que los problemas de la vida planetaria y de la crisis climática pueden atribuirse a las clases capitalistas del Occidente imperial.

Antes ha mencionado la obra de Maria Mies y su análisis de cómo el capitalismo se apropia del trabajo de las colonias, de las mujeres y de la naturaleza. En su pensamiento usted ha desarrollado una idea similar, la distinción entre apropiación y explotación, que también ha hecho Nancy Fraser. Esta distinción es fundamental para construir alianzas entre el movimiento ecologista y otras luchas como las sindicales o las luchas por la vivienda ¿De qué forma piensa que esta distinción puede ser políticamente útil?

No hay luchas ecológicas separadas de la cuestión laboral. Ese es el primer argumento que deben plantear los socialistas; que la crisis climática es una cuestión laboral, como dice Matthew Huber, una guerra de clases. El racismo, el sexismo y el imperialismo existen con un solo propósito: aumentar la tasa de ganancia y ampliar las posibilidades de acumulación de la superclase planetaria. Lo que hizo Maria Mies, la gran socióloga feminista y marxista alemana, fue llamar nuestra atención sobre las dinámicas de la opresión y el trabajo no remunerado en la formación de las clases trabajadoras. El proletariado, la clase obrera, no se define solo por la relación laboral asalariada. Todos los hogares de la clase trabajadora dependen de grandes cantidades de trabajo no remunerado. Se trata de una estrategia de naturaleza barata que reduce el precio de la fuerza de trabajo. El tiempo de trabajo socialmente necesario está determinado por procesos políticos de dominación que extraen el trabajo no remunerado socialmente necesario de las mujeres, la naturaleza y las colonias. El capitalismo no es, en sentido estricto, un sistema económico. Contiene un sistema económico, pero es un sistema social que organiza la trama de vida y que va mucho más allá del control de cualquier civilización, de los ciclos solares, de la órbita de la tierra, de las erupciones volcánicas.

La crisis capitalista y ecológica se despliega a través de lo que Neil Smith describió como desarrollo desigual. Este desarrollo desigual es causa y consecuencia de la competencia interna del capital. ¿En qué punto nos encontramos 40 años después de que Neil Smith escribiera su libro?

La dinámica competitiva, que está en el corazón del capitalismo, ha terminado. En todos los principales sectores económicos del mundo dominan cuatro, quizás cinco empresas. Da igual si nos fijamos en los contratistas militares, en las grandes empresas farmacéuticas, en los medios de comunicación, en la fabricación de automóviles o en las grandes empresas tecnológicas; hay cuatro o cinco empresas por sector. Esto es lo que los estudiosos han llamado capitalismo monopolista, pero lo que vemos hoy supera su imaginación más descabellada. Entonces, ¿qué tipo de capitalismo es este? Es un capitalismo zombi. Bajo el capitalismo zombi, las bases de vitalidad han desaparecido, pero el cuerpo permanece. El capitalismo está muerto por dentro, pero permanece para alimentarse del cerebro de los vivos. Así lo ha descrito Nancy Fraser en El capitalismo caníbal.

¿Qué papel tienen los poderes públicos en sostener las contradicciones inherentes al capitalismo zombi?

Los Estados Unidos han participado en aproximadamente 170 intervenciones militares desde 1999. A medida que la crisis climática se intensifica, también lo hace la maquinaria de guerra que viene de Washington. Los ambientalistas deben tomarse esto muy en serio. La capitalización bursátil de las 50 empresas más grandes del planeta equivale al 30% de toda la actividad económica del planeta. Este es un nivel de centralización extrema y está relacionado con la asociación extremadamente interrelacionada entre el capital y los Estados. En los Estados Unidos, en la relación entre Goldman Sachs, Wall Street y la Casa Blanca, o entre Silicon Valley y la Casa Blanca, o entre los contratistas militares y la Casa Blanca, siempre vemos a las mismas personas. Esto plantea cuestiones fundamentales sobre la democracia, incluso sobre la democracia limitada que se nos ha otorgado bajo el capitalismo. En todo el mundo presenciamos una crisis de la democracia liberal que tiene sus raíces en el fin de la naturaleza barata. No se puede superar, no se superará. Lo que tendrá éxito es alguna forma de acumulación con la política al mando, que por cierto es la condición normal de la civilización antes del capitalismo.

Está hablando de la era de la guerra y de su relación con el colapso ecológico. ¿De qué manera el genocidio en Gaza está relacionado con el ecocidio?

Gaza es singular, pero no excepcional. La historia del capitalismo es una historia de genocidios recurrentes. La lógica básica del imperialismo es la de un proyecto civilizador –por supuesto, lo digo con sarcasmo– que establece dos zonas. Una zona en la que impera una regularidad similar a la de una ley en los centros imperialistas, y zonas de sacrificio en todos los demás lugares. ¿Y quién habita las zonas de sacrificio? Los salvajes –así piensan los imperialistas, así es como hablan–. Primero eran salvajes, más tarde fueron subdesarrollados. Así es como los imperios se ven a sí mismos, como civilizadores. ¿Y a quién están civilizando? A los salvajes, los humanos que no son del todo humanos, que no están preparados para los mercados, para la democracia, para la civilización. Debemos enseñarles, dicen, y si no se les puede enseñar, hay que borrarlos de la faz de la Tierra. Todo esto es, al pie de la letra, la retórica del Gobierno israelí para ejecutar sus crímenes en Gaza. Los alemanes de la Segunda Guerra Mundial tenían la misma retórica. Los británicos en la India tenían la misma retórica. Podemos dar innumerables ejemplos, ya sea del imperio estadounidense, el imperio británico o el imperio holandés antes que ellos. Esta es también la historia de los genocidios indígenas que se sucedieron durante los siglos XIX y XX en América del Norte. Esta dinámica que acabo de describir es también la dinámica de cómo se producen naturalezas baratas, cuando los seres humanos se convierten en parte de la naturaleza y se les trata como un objeto prescindible, como algo que se puede dominar en aras del beneficio.

A lo largo de su trabajo ha desarrollado el concepto de ecología-mundo, tratando de describir cómo, en las distintas eras del capitalismo, el trabajo, la energía, la alimentación y la naturaleza se combinan de diferentes maneras. ¿Qué formas de resistencia imagina o cree que necesitamos en esta etapa de la ecología-mundo?

Necesitamos todas las formas de resistencia, aún más importante, no basta con resistirse. Históricamente, la expansión y el crecimiento del capital a lo largo de los siglos permitieron un modesto proceso de reformas graduales, sobre todo en el Occidente imperial. Algunas partes de la población mundial podrían ser cooptadas dándoles unas cuantas zanahorias más, metafóricamente hablando. Cuando no tienes zanahorias, solo tienes palos. Hoy no hay más zanahorias. Y una cosa que sabemos históricamente, hay un gran libro de Walter Scheidel titulado The Great Leveler en el que se expone este punto, es que ninguna redistribución de la riqueza y el poder de los ricos a los pobres ha ocurrido nunca sin violencia. Eso no se debe a que la gente sea violenta, sino a que las clases dominantes quieren conservar su riqueza y su poder por cualquier medio necesario. El contexto del fin de la naturaleza barata plantea cuestiones políticas nuevas y espinosas para los movimientos sociales de principios del siglo XXI. Debemos desarrollar una estrategia política que vaya más allá de la política fallida del horizontalismo, para que el poder político extienda la democracia en este momento de crisis.