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por Bruno Cava Rodrigues

El derecho es la resultante del embate político de fuerzas, cristalizando como instrumento de los poderosos; o el derecho es el que garantiza las condiciones para el ejercicio del poder, regulando las reglas del juego político? Es el quid de la cuestión, por ejemplo, en los debates sobre el derecho constitucional entre un Kelsen y un Carl Schmitt.

Otro jurista del siglo pasado, eclipsado por los grandes nombres, reubica el problema en otros términos. Para Eugenio Pachukanis, que el derecho sea un instrumento político de dominación es una premisa indiscutible. Pachukanis plantea la pregunta de otra manera: ¿por qué la clase dominante necesita el derecho para ejercer la dominación en primer lugar? ¿Por qué no lo ejerce directamente, teniendo que interponer la mediación jurídica?

La formulación de Pachukanis es parecida a la de Marx, que pregunta por qué el capitalismo necesita interponer el salario entre el capital y el trabajo. ¿Por qué la mediación del trabajo libre (en inglés, «free»: libre / gratis) en lugar de la esclavitud o la servidumbre? La novedad del capitalismo está en el trabajo asalariado alzado a la base de la organización social. Marx no vislumbra una lucha por la libertad del trabajo, sino por la liberación en relación a él, por la abolición del trabajo; así como Pachukanis no apuesta en la lucha por el derecho, sino en la supresión de la forma jurídica: librarnos de un mundo que en que las relaciones tengan que ser mediadas por la coacción del derecho.

Pachukanis es el primero y quizás el único filósofo del derecho marxiano. Si Marx teoriza que el capital consiste en una relación social mediada por el salario -y no, como haría suponer una lectura acortada de los primeros capítulos del «Capital», en el fetichismo de la mercancía – Pachukanis dice que la relación jurídica repercute estructuralmente la relación social capitalista . Esto no tiene nada que ver con una supuesta vulgata economicista, en que el derecho no pasaría de reproducción mecánica de los intereses económicos o de la (in) justicia de clase.

Pachukanis dice, en realidad, que la violencia fundamental está en la forma jurídica misma. No hay manera de llegar a un derecho justo en el marco del propio mundo jurídico; así como no existe, en el marxismo de Marx, un salario justo, pues el salario es la propia sublimación de la violencia en la normalidad del trabajo.

Otra lectura apresurada diría que, con la teoría del derecho de Pachukanis, recaímos una vez más en los dilemas infernales entre reforma y revolución. Pachukanis estaría simplemente diciendo que no hay como reformar el derecho o que la lucha en el marco del derecho sería últimamente vana, como si el marxismo de Marx fuera indiferente a las luchas en el marco del trabajo en el interior del trabajo, proceso del capital. Sabemos bien que esta dicotomía reforma / revolución, tan elemental en el comercio minorista, es rigurosamente inútil.

No es lo que Marx o Pachukanis están sugiriendo: revolución en lugar de reforma. Lo que están diciendo es que la relación social del capital y la relación jurídica que la repercute son imposibles de ser balanceadas, que hay un desequilibrio intrínseco y que todos los intentos de reequilibrarlas con una teoría de la justicia serán precarias y artificiosas. En otras palabras, no hay paz en el marco de esa relación, sólo pacificación, continua contención de una tendencia de crisis interna.

El trecho más importante del «Capital» no está al comienzo del volumen I, sino en el capítulo 13 del libro III, publicado solamente en 1894, cuando Marx expone la tendencia de caída de la tasa de interés (TQTJ). Quien dice que la explicación de la TQTJ es la rótula fundamental de la crítica de la economía política es el propio autor, en sus manuscritos, los «Grundrisse».

Lo que importa destacar es que, una vez que desloqueamos el problema al considerar la existencia de una mediación tendencialmente en crisis, estamos llevados a abordar: 1) la configuración variable de la mediación del ejercicio del poder, 2) el hecho de que, como supone una la relación desigual de fuerzas, la mediación tiende a una crisis interna que inclina la forma social / jurídica a la disolución.

Es ahí donde otro filósofo del derecho da un paso más en la formulación pachukaniana. En «La forma-estado» (1977), Antonio Negri explica cómo la historia del derecho en el siglo XX es la historia de la constitucionalización del trabajo. El esfuerzo político y jurídico por pacificar a la clase trabajadora en el interior de la mediación, asimilando las luchas y demandas. De ahí surge, como un New Deal resultante de los embates, la forma de un estado que va a regular la crisis por medio de instancias permanentes de pactación, derecho del trabajo, inversión social, incorporación de la fuerza de trabajo en el consumo de masa.

Si el salario es el punto neurálgico en que la relación expresa su condición actual, en el siglo XX, el capitalismo progresa por la corrección del salario antes libremente («libre») pactado con un salario social, gestionado por el Estado por medio de servicios públicos, legislación laboral, sistema previsional, reconocimiento de derechos colectivos y sociales. Es el estado de bienestar social que corresponde a la nueva configuración de la mediación y que predomina en Occidente entre los años 1930 y 1970.

Al escribir a finales de la década de 1970, Negri señaló la crisis de esa forma social / jurídica, que se manifiesta con la disolución del estado de bienestar social. La novedad del autor no está en apuntar otra gran transformación, sino en atribuirle la fuerza motriz a los conflictos intensificados entre trabajo y capital, en el largo 1968. Con ese enfoque, escandalizó toda una tradición de izquierda que se construyó alrededor de la idea que el ascenso post-fordista o simplemente neoliberal fue una iniciativa del propio capital contra el trabajo, y no el resultado de un embate con varios polos, el desdoblamiento multifacético de un devenir mundial.

Esta tradición de izquierda es nostálgica del welfare state porque entiende unidimensionalmente que su disolución fue un retroceso, como si el salario social no implicase, en primer lugar, una crisis intrínseca. Y esa misma tradición, desorientada por 1968, acaba mórbidamente seducida por supuestas alternativas, como la China post-maoísta o el gobierno Putin, que no pasan de experimentos neopatriarcales aún más autoritarios para una masiva deflación salarial.

A finales de la década de los 70, Negri apunta la mutación a una tercera forma, que va a repercutir en el derecho y en las formas estatales. Entra en escena el salario-crisis: una remuneración dispersa, desconjuntada, flexible, no más organizada desde un centro planificador estatal. Para hablar con Foucault, las políticas sociales dejan de ser mecanismos compensatorios de las desregulaciones propias del proceso económico para convertirse en dispositivos directos con que la economía es formalizada a partir del modelo de la empresa.

De ahí la fragmentación de la forma-salario, la tendencia de la tercerización, la centralidad de la relación laboral de servicio. Si, en el estado liberal del siglo XX, el problema consiste en la necesidad de imponer límites al Estado para que la esfera de la libertad económica pueda prosperar; en el neoliberal, el problema pasa a ser como la libertad económica de los mercados puede determinar el Estado como principio inmanente de su eficiencia y competencia. En lugar del mercado local bajo la vigilancia del Estado-nación, se trata ahora del Estado nacional bajo la vigilancia del mercado mundial.

A esto corresponde una mutación profunda en la forma jurídica que hace proliferar instancias societales, arbitrajes, juicios especiales, primado de la celeridad y de la eficiencia. No se trata más bien de la constitucionalización del trabajo que marcó las agendas económicas de la segunda posguerra, sino una desregulación que en realidad implica la super-regulación de las relaciones desde el interior de la sociedad civil, macroeconómicamente, en forma de una marketización y un emprendedorismo generalizado.

Si podemos añadir un punto a ese esquema de larga duración, está en señalar cómo vivimos aún más un momento crucial de crisis de la mediación. El término «populismo», por ejemplo, es índice de esa crisis en la propia teoría. La idea de que, en la crisis de representación, el desencanto con las formas políticas llame a multitudes a anhelar por atajos y festejándolos, vínculos directos con líderes fuertes y carismáticos. Pasados ​​ocho años dentro del ciclo de las primaveras árabes, no se produjo ninguna síntesis, al menos no a la vista. No nos dejan mentir la guerra en Oriente Medio, los empates catastróficos en Egipto o Ucrania, el reflujo del Podemos español, las restauraciones por todas partes, la persistencia de tantos enigmas e impasses. En la carencia de síntesis, sobran los análisis en círculo vicioso, en el espectáculo deprimente de las auto confirmaciones («le avisé»).

Si Pachukanis, Marx o el Negri de 1977 tienen algo que enseñar no consiste en reeditar dicotomías inútiles entre socialismo y capitalismo, derecha o izquierda, reforma o revolución. Estos recortes no llevan a nada. Pero sí que la crisis de las mediaciones es una tendencia, en proceso de actualización como un devenir mundial, y tiene por lo menos dos polos (muchos), porque es la mediación de una relación. No hay retorno de esta crisis, como si hubiéramos adentrado un terreno peligroso y, sensatos, debiéramos reconducir las cosas a un lugar seguro.

No hay camino de regreso, un despertar para salvar a todo el mundo, una vuelta eufórica a un mistificado status quo ante. Tampoco basta denunciar el mal uso de las instituciones existentes, como si hubiera una forma ideal o un justo reequilibrio. La fuerza motriz del conjunto es el desequilibrio y se precipita en su propia crisis, de donde se engendran las formas.

Traducción del portugués al español: Santiago De Arcos-Halyburton

por Marcus Fabiano

El mayor problema de estas filtraciones, posiblemente editadas, es nuevamente un abuso sobre la buena fe de los legos. Se está orquestando otro escándalo a partir de un hecho ordinario del cotidiano jurisdiccional: el juicio criminal, hecho por el Estado, y la acusación, hecha también por el Estado, se comunican REPUBLICANAMENTE en la lucha contra el crimen más grave que, además de los bienes individuales, lesiona las estructuras cooperativas del bien común. De igual modo, el juicio, hecho por el Estado, también se comunica con la Defensa de los acusados, eso cuando el defensor no es algún mongoloide que sólo se presta al teatro político (para mayores matices, llamen a los «especialistas en diseño institucional») . Por otro lado, hace poco, vimos al tal Presidente del STF, antes incluso de cualquier acción judicial, recibir con reverencias al abogado de la Vale do Rio Doce tras el desastre de Brumadinho, aunque el mismo se negó a recibir a los familiares de las víctimas. También ese mismo Presidente del STF participó de un «pacto político» con Bolsonaro y Rodrigo Maia, extrapolando otra vez su sacrosanta «misión institucional» de modo hasta más descarado. Pues sí. ¿Algo sucedió? Absolutamente nada, pues vivimos bajo el signo de la pesadilla de Montesquieu.

Acabo de leer todas las supuestas filtraciones, que considero, ante todo, el más genuino periodismo amarillista (yellow journalism), algo que incluso demanda una enérgica respuesta penal. Desgraciadamente, las enormes dimensiones y el carácter sistémico del esquema de corrupción enfrentado por la Lava Jato, reconocido como gigantesco incluso en foros como la ONU, exige un mínimo de coordinación entre actores cuya tarea implica la protección del bien común. Esto incluso a nivel internacional (véase la materia de las colaboraciones abajo, por las cuales Judiciales y Ministerios Públicos de muchos países ciertamente intercambiaron cientos de mensajes). Además, observe que, en MOMENTO NINGUNO de estos posibles montajes, el Poder Judicial o el Ministerio Público surgen recibiendo DINERO o FAVORES POLÍTICOS, FORJANDO PRUEBAS o aún planeando la VICTORIA ELECTORAL DE ALGÚN CANDIDATO ESPECÍFICO. Tampoco veo aquí malévolos «direccionamientos» de la actuación ministerial.

Es es el fundamento de la defensa prioritaria de las Instituciones, del Poder Judicial y del Ministerio Público, que fueron víctimas de crímenes gravísimos. Los crímenes, estos, posiblemente perpetrados o por servicios de espionaje extranjeros, o por mercenarios privados de alta calificación egresados de ese mismo ámbito (recuerde que el sistema blindado de Odebrecht era originario de la inteligencia de Israel). Pero la masa manipulable que acude al sensacionalismo, desgraciadamente, no alcanza ese arco de cuestiones. El promedio del brasileño instruido, rehén de un imaginario de espionaje típico del agente 007, ni siquiera logra identificar aquel «profesorcito extranjero camarada» y aquel «traductor apasionado por Brasil» como tentáculos de Agencias de Inteligencia que mantienen sus laboratorios de interacción social, observación y la influencia a través de un campo académico intelectualmente devastado (el llamado «soft power»).

Lo más increíble, en medio de todo esto, es notar que, a la izquierda, pocas voces (o ninguna?) se levantan por la radicalización de Lava Jato dentro de la ley y de las garantías procesales, una Operación histórica que acusó, desde Alberto Youseff, entre otros, a Eduardo Cunha, Sérgio Cabral, Eike Baptista, Aécio Neves, André Esteves, Romero Jucá, Renan Calheiros, Michel Temer, Antônio Palocci, José Dirceu, Geddel Vieira Lima, Guido Mantega, Delcídio do Amaral, Paulo Roberto Costa, Nestor Cerveró, Joesley Batista, Marcelo Odebrecht y, por supuesto, Lula. Y parece incluso haber, entre algunos, una especie de júbilo morboso en la defensa velada de esos y otros parásitos como «pobres víctimas» de un malévolo esquema persecutorio.

Ahora bien, es deber funcional -y no opción- del Ministerio Público ofrecer acciones penales contra tales criminales. Y esas supuestas filtraciones (repito: probablemente editados) en nada modifican las condenas o la actuación de protagonistas que no ocuparon sus puestos por criterios políticos y / o ideológicos, sino que fueron investidos por el efecto aleatorio de un concurso público.

Luego, si el Poder Judicial y el Ministerio Público conversaron entre sí al combatir a una mafia que desvió cifras del orden de trillones de reales (incluso para reelegirse perpetuamente), ellos cumplieron sus deberes. Sin embargo, si en algún momento, además del cinismo sensacionalista, el Poder Judicial y el Ministerio Público sobrepasaron los límites éticos y legales del Código de Proceso Penal, eso debe ser demostrado por pruebas lícitas (pruebas de la misma naturaleza que condenaron a los arriba enumerados) . Y si existen nulidades eventuales, que estén bien demostradas y oportunamente consideradas en el debido proceso legal.

Personalmente, no me dejo convencer por rumores provenientes de supuestas «fuentes anónimas» movidas con propósitos explícitamente partidarios de la defensa de una organización delictiva de alcance multinacional. Nada de eso, sin embargo, significa una defensa intransigente de las personas del juez Sérgio Moro o del Procurador Deltan Dallagnol. En primer lugar, se trata de un llamamiento a la razón para que se protejan ante todo nuestras instituciones y sus prerrogativas, considerando el peligroso contexto de actuaciones nebulosas que tal vez hasta hayan provocado la extraña muerte del Ministro Teori Zavascki .

Sin embargo, recuerde la verdad: ya hubo campañas difamatorias jurando de pies juntos que Sérgio Moro era del PSDB. ¿Qué pasó? Se unió al equipo de Bolsonaro. También se movilizaron revelaciones masivas asegurando que Moro era un infiltrado, un agente de la CIA. Y ahora el presunto agente secreto tiene su teléfono pinchado. Ahora bien, veamos y (con)vengamos: en medio de ese estallido, no vimos al Judiciario (sea como juez, sea como TRF4), ni el Ministerio Público conspirando para abrir cuentas en el extranjero a fin de recibir fortunas de empresas o de grupos partidistas.

¿Y cómo queda Lula en medio de todo esto? Para mí, Lula es sólo otro criminal común que ejercía un papel especializado en el mega esquema desarticulado, alguien a quien aún rinde una parte de cierta izquierda que se hundió, tal vez irremediablemente, en el cleptopopulismo y en la mediocridad salvacionista. En el Perú, un ex presidente se suicidó y otro está preso por los desdoblamientos de Lava Jato. Lo cierto es que fuerzas muy superiores al alcance de las campañas de propaganda están en juego en todo este proceso: energías que pretenden hacer creer que la lesión drástica y de alta escala al interés público es un asuntillo de puro «moralismo», una suerte de «comisión » irrelevante a ser pagada con la sangre y el sudor del pueblo.

En el mundo del derecho, todos sabemos que ricos abogados que circulan en sus Porsches y sus Ferraris, comprados con honorarios oriundos se sabe de donde, denuncian en público la Operación Lava Chorro mientras en los bastidores se digladían por sus riquísimos clientes. ¡Instrumentalizando en defensa de la corrupción tanto el garantismo liberal como la teoría de la selectividad (de inspiración marxista!) Tales «juristas» por cierto jamás morirán de cáncer en una fila del SUS. Y lo más lamentable es notar que el principal aliado de esas fuerzas comisionadas es una elite espiritual desertora y simplista, cuya pereza crítica la hace actuar como claque de resonancia para campañas de propaganda cada vez mayores que las de João Santana & Mônica Moura.

En medio de ese caos absurdo, nadie le da la debida atención a un tema indispensable a la soberanía nacional, respecto del cual el general Heleno ya había alertado al país en la gran prensa: el derretimiento completo de nuestros sistemas de Inteligencia. La cuestión para mí no es Moro o Dallagnol. En mi opinión, el Poder Judicial y el Ministerio Público de Brasil son chantajeados por fuerzas que tal vez estén involucradas incluso en los asesinatos de autoridades. Eso es gravísimo. ¿Y qué tratamiento, cierto periodismo, declaradamente partidario, da al episodio? El mismo de los «desnudos» divulgados por Neymar.

Traducción del portugués al español: Santiago De Arcos-Halyburton

Por Sebastiaan Faber

Seymour Hersh es una máquina. Dos semanas después de su 82 cumpleaños, a mediados de abril, concertamos una cita telefónica para un viernes a las 9 de la mañana, aunque normalmente juega al tenis a esa hora. Lo más probable –me dice– es que mande al tenis al carajo: no tiene tiempo, está metido en una historia importante. Cuando, el viernes en cuestión, abro mi correo electrónico a primera hora, encuentro una nota de Hersh enviada a las 4 de la madrugada. Se ha levantado temprano; estar inmerso en una investigación –escribe– siempre le pone los nervios a tope. Pero –agrega– intenta no hacer ruido porque tiene “miedo, un miedo mortal” de despertar a su esposa.

Hersh, cuyo libro de memorias, Reportero, sale con Península en junio, es una leyenda viva del periodismo de investigación. En noviembre de 1969, sacó la primicia de la masacre de My Lai. (Después de una odisea detectivesca de varios meses, logró hablar con William Calley, un primer teniente de 26 años acusado de haber asesinado a más de cien civiles en Vietnam). La pieza le valió un Premio Pulitzer. En 2004, en el New Yorker, Hersh reveló cómo un grupo de soldados estadounidenses había torturado a prisioneros iraquíes en la cárcel de Abu Ghraib.

En los años 70 y 80, Hersh se convirtió en uno de los críticos más temidos del gobierno norteamericano, particularmente en temas de seguridad nacional. Se ha especializado en el uso de fuentes internas –muchas veces, funcionarios jubilados– que suele cultivar durante muchos años. Sus piezas más recientes han sido especialmente controvertidas: han cuestionado los relatos oficiales del gobierno norteamericano sobre los ataques con gas sarín en Siria y el asesinato de Osama bin Laden. (Según sus críticos, Hersh se dejó embaucar por el presidente sirio Assad; otros creen que se fía demasiado de un puñado de filtradores). El pasado mes de enero, la London Review of Books publicó un reportaje de casi 6.000 palabras sobre las operaciones secretas que en los años de la presidencia de Reagan dirigía el entonces vicepresidente George H.W. Bush.

Seymour Hersh —Sy para sus amigos— nació en 1937 en el West Side de Chicago. Sus padres, inmigrantes judíos lituanos, llevaban una tintorería en un barrio pobre afroamericano. Cuando tenía 15 años, su padre enfermó de cáncer y Sy se hizo cargo del negocio durante varios años. En 1959, terminada una carrera de Historia en la Universidad de Chicago, entró como copista en el City News Bureau de Chicago. Cuatro años más tarde, se unió a la Associated Press, mudándose poco después a Washington, DC, donde aún vive. En 1968, trabajó brevemente como secretario de prensa de Eugene McCarthy en las primarias en las que McCarthy se postuló contra Johnson como candidato demócrata antiguerra.

Luego, Hersh se fue a Vietnam para cubrir la guerra como reportero freelance; acabó contratado por el New York Times. En los 70, fue clave en los descubrimientos del Watergate. Horas después de los ataques de 11 de septiembre de 2001, recibió una llamada de David Remnick, director del New Yorker. “No recuerdo las palabras exactas de David”, escribe Hersh en Reportero, “pero el mensaje fue simple: ‘Dedícate en exclusiva a la historia más importante de tu carrera’”. Desde entonces, ha trabajado sobre Oriente Medio.

Hersh es conocido por su mal genio, el extremo cuidado con que comprueba sus datos (adora a sus fact checkers, a los que tiene locos) y su ostentosa falta de cuidado a la hora de vestirse. Habla rápido, desviándose constantemente del tema. Cada minuto o dos, suelta una carcajada entre divertida y sarcástica. Lo que también suelta son tacos, a montones. (“Lo siento”, dice después de 45 minutos de blasfemia constante. “Lo hago sin querer. Suele pasarme cuando hablo de periodismo”).

Es común que sus reportajes contengan menos información de la que usted tiene en el momento de escribirlos. ¿Por qué se cohíbe?

Si no revelo todo lo que sé, es para proteger a mis fuentes internas. No hay otro motivo. En el último reportaje que hice para la London Review, por ejemplo, no pude sacar todo lo que sabía. Estos temas siempre ponen muy incómodos a los servicios secretos.

¿Cómo se asegura de que el gobierno no pueda identificar a sus informantes?

No utilizo Signal ni ningún otro tipo de comunicación cifrada, porque solo llamaría la atención. Así que me limito simplemente al Gmail. De todos modos, gracias al Patriot Act, el gobierno está enterado de todos mis contactos telefónicos. Eso significa que, cuando decido llamar a una persona dentro de la administración, la tendré que llamar tres veces por semana durante el resto de mi vida. Aun así, sabemos que la NSA lo registra absolutamente todo. Es una preocupación constante.